Personas Justiciables Es necesario tener en cuenta que las personas justiciables son aquellas cuyos derechos y/o intereses están sujetos a ser resueltos por parte de los tribunales de justicia, dentro de esto cabe decir que tendrán capacidades atribuidas para poder llevar el proceso, como la capacidad de ser parte de los procesos judiciales, esta capacidad es adquirida por toda persona por el hecho de ser tal, de estas se podrían mencionar: las personas naturales y jurídicas, los patrimonios autónomos, el concebido para la defensa de sus derechos y aquellos otros que sean determinados por la ley. Para ser parte de un proceso se puede ser demandante o demandado, sólo es necesario ser titular de deberes, derechos, obligaciones y cargas procesales.      De igual manera las personas justiciables poseen la capacidad de comparecer ante el proceso, esto dependiendo de la persona justiciable en cuestión, pues en determinados casos se podrá comparecer por sí mismo, por intermedio de un representante y/o para efectos del proceso judicial, deberá ser llevado por un abogado quien ejercerá su derecho de postulación, significando esto que el comparecer ante el proceso no es realizado siempre de forma personal e individual, esto representa muchas veces una dificultad que entra en contraposición a la capacidad de ser parte, mencionada anteriormente, pues puede limitar o truncar el hecho de llevar o ser parte de un proceso judicial.  Es allí donde radica el problema de muchas personas justiciables, que si bien en la gran mayoría de veces desean que sus procesos sean llevados a cabo de manera ágil y eficiente, la realidad es distinta, el sistema judicial suele ser demorado y costoso, lo que coarta las capacidades de ser parte y de comparecer ante el proceso, pues llevar un proceso suele complicarse para muchas personas, concadenando a hacer que sus derechos o intereses que se esperaba fuesen solucionados por los tribunales de una forma, tomasen otro rumbo y no fuesen llevados satisfactoriamente o aún peor, simplemente nunca hubo interés por iniciar un proceso. Para hacer parte de un proceso existen en principio dos caminos, ser la parte que exige el resarcimiento de sus derechos o intereses y la demandada o bien, la parte que afectó los derechos de otro u otra y es acusado. En ambos casos es claro, que se requiere de la acción de demandar o denunciar para que las partes sean entendidas como personas justiciables. Acceder a la justicia en Colombia es sin duda un problema que se plantea para la mayoría de las personas, razón por la cual, muchos delitos ‘menores’, conflictos que se quedan por fuera de los procesos, dado que no existen denuncias de los mismos. Tristemente estas omisiones causan graves problemas a todo nivel, por ejemplo se podría deducir que la delincuencia no se amedrenta, dado que al haber pocas denuncias en delitos como el Robo Simple o el Acoso Laboral, quienes delinquen campean porque saben que no se trata de un espacio donde hayan las suficientes acciones y puede pasarse por alto la recuperación de esos derechos o intereses. Muchos factores acompañan el hecho de que no se denuncien estos delitos. Si bien iniciar un proceso por parte del afectado en materia penal, es sencillo, pues sólo requiere de instaurar una denuncia, que en este país no es un procedimiento complejo, dado que está abierto a cualquier ciudadano y esta puede ser recibida en distintos puntos, incluso puede hacerse de forma virtual; sin embargo si se trata de una demanda, requiere que el afectado se sirva de los oficios de un abogado, lo que ya representa una dificultad para hacer parte del proceso, que aunque es la manera correcta de llevarse a cabo, no se encuentra disponible para muchas personas o el servicio no es brindado de manera idónea.  Si bien es cierto que el estado debe garantizar el derecho a un abogado, en la nación se vive en un déficit de defensores públicos o de abogados que laboren para personas que tienen la necesidad de que su proceso sea llevado por ellos.  De la misma forma, no existen en todo lo ancho del territorio nacional espacios de consultoría jurídica, donde las personas tengan acceso a conocer de la  vías y formas, como la asistencia probono, desconocida por muchas personas, que requieren hacer parte en la justicia a la que se tiene derecho. Notoriamente esta situación termina desembocando en la imposibilidad de llevar a cabo la capacidad dada a las personas justiciables de comparecer ante el proceso, lo que sumado otros factores tales como trámites, costos legales, desconocimiento del sistema y los procesos, temores a consecuencias, como lo referencia el estudio realizado por el Ministerio de Justicia, da como resultado una notoria falta de condiciones para que en Colombia la población acceda a ser personas justiciables.   En suma, para las personas que requieren ser sujetos justiciables por haberse afectado sus derechos, resulta muchas veces que desisten de hacerlo, por las razones explicadas; sin embargo, qué sucede con los sujetos justiciables que deberían a su vez responder por los derechos afectados de las otras personas? La justicia es una responsabilidad compartida de muchas maneras, personal cuando se trata de denunciar y enfrentar una denuncia y de estado, cuando se trata de allanar los caminos de acceso y la garantía del restablecimiento de los derechos de los ciudadanos. Por parte de las otras personas que requieren ser justiciables tales como los agresores y/o demandados, dependen cien por ciento de que este primer grupo descrito, accedan a servicios de justicia.  Como se puede inferir dadas las anteriores líneas, muchos delitos y por lo tanto delincuentes no son incluidos como personas justiciables y la impunidad es uno de los factores más relevantes si se busca determinar la acción de la justicia. En el Boletín Técnico del DANE resume no sólo las cifras descrestantes de la impunidad por falta de denuncia en Colombia, sino que también expone las causas de la negativa a denunciar, entre las que se reconocen razones como la falta de confianza en la administración de justicia, las autoridades, así como la no necesidad de hacer las denuncias. Acompaña a esta cifras el estudio de la percepción de inseguridad, lo que a todas luces refleja la falta de acción de la justicia porque por un lado las personas no denuncian, la inseguridad campea y por lo tanto las personas que deberían ser justiciables de uno u otro lado de la ley, “son  pocas”. De otra parte, si las personas justiciables llegasen a cumplir sus capacidades de hacer parte y de comparecer ante el proceso, se enfrentarán a la dinámica del mismo, pues ya hacen verdadera parte de él, y es momento de entrar a considerar la legitimación de la causa como la capacidad de las partes pertenecientes al proceso de instaurar las pretensiones de la demanda, como de contraponerse a las mismas. Esto hace parte de los procesos y de las capacidades atribuibles a las personas justiciables. Desde luego en este punto se entretejen varios factores, tales como el reunir los materiales probatorios y el evidente trámite de curso legal propios de la burocracia colombiana. Ejemplo de ello son los informes de la Fiscalía General de la Nación frente al desarrollo proporcional de los diferentes delitos luego de que se inician los procesos, en los gráficos por proporciones, se denota que muchos de los procesos demoran bastante en indagación, investigación y otros diferentes estados dentro del curso del proceso, sin embargo, en ejecución de penas, la proporción es sustancialmente menor, lo que sin duda refleja un extenso y a veces tortuoso camino para resarcir los derechos y/o intereses de las personas justiciables que buscan justicia y al mismo tiempo, un alivio y a veces oportunidad de escape, para aquellas personas justiciables que le deben a la justicia. Sin lugar a duda alguna, las personas justiciables encuentran en este país trabas y ventajas, depende del lado en que se encuentren del proceso, pero en lo que se refiere a la responsabilidad del estado colombiano a quien se le atribuye el papel fundamental, pues mediante sus tribunales de justicia es donde las personas justiciables buscan encontrar la solución a sus conflictos, es así que las labores estatales  para hacer del servicio de justicia un espacio accesible y eficiente, deja muchas preocupaciones en el ambiente. Las problemáticas enunciadas dan cuenta de una serie de factores que hacen ver a la administración de justicia como más un problema que una solución para la persona justiciable, porque no importa de qué lado se encuentre la persona su derecho es poder hacer uso de sus capacidades frente al proceso, esto debe darse de manera diligente y efectiva, ya se trate de un demandante que requiere que se le garanticen sus intereses y se restablezcan sus derechos, como de un demandado, que a su vez requiere que se ejecute su pena a partir de la claridad del debido proceso, así como la proporcionalidad de la pena con el delito. En ambos lados del camino está el estado como garante de esa administración.  Es muy largo el camino que debe recorrer ante estas necesidades, pero sin duda el compromiso que debe asumir el gobierno nacional es inaplazable, pues las personas justiciables requieren que se les trate con dignidad, diligencia y respeto, frente a sus derechos. Ojalá los cambios necesarios se tramiten y se tome conciencia de que una justicia ágil, eficiente y sobre todo ecuánime, nos dará paso a las garantías que necesita un país cansado de atropellos.        Bibliografía Congreso de la República de Colombia (2012). Ley 1564 de 2012 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Congreso de la República de Colombia Departamento Nacional de Planeación. (2017). Índice de Acceso Efectivo a la Justicia Colombia 2017. Recuperado de https://sej.minjusticia.gov.co/AccesoJusticia/Paginas/indice-de-Acceso-Efectivo-a-la-Justicia.aspx  DANE. (2019).  Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC). Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/convivencia/2018/Bol_ECSC_2018.pdf  Fiscalía General de la Nación. (2021). Estadística de Denuncias por Delitos. Recuperado de https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/delitos/   .