La Pequeña Política De Uribe Y Sus Grandes Simulaciones (Rafael Ballén)

Derecho Y Realidad Núm. 14 II Semestre De 2009 Facultad De Derecho Y Ciencias Sociales, UPTC Issn: 1692-3936 La Pequeña Política De Uribe Y Sus Grandes Simulaciones Rafael Ballén Resumen Este artículo es un análisis crítico del gobierno del presidente Uribe. El investigador consultó fuentes primarias y secundarias, y utilizó varios métodos, especialmente el histórico y el analítico deductivo. Sus principales conclusiones fueron: no mirar enemigos a la izquierda; lograr un papel decisivo de los intelectuales; propiciar una cancillería y gabinete de los pueblos, según el ejemplo de Latinoamérica; usar la calle como medio de comunicación y lucha; y desarrollar un programa en dos tiempos para salir de la crisis. Palabras Clave: Política y simulación, Estado, Gobierno de Álvaro Uribe, democracia falseada. Nota Introductoria A La Quinta Edición La simulación del presidente Uribe es de tal magnitud y sutileza a la vez, que ha logrado tramar hasta las inteligencias más lúcidas, haciendo de la política una pirámide al engaño y a la falsedad. Según el Drae, la segunda acepción del verbo tramar dice: “Disponer o preparar con astucia o dolo un enredo, engaño o traición”. De acuerdo con la misma obra, la tercera acepción, señala: “Disponer con habilidad la ejecución de cualquier cosa complicada o difícil”. Si el jefe de Estado ha tramado a los más lúcidos ¡Cuántos estragos causará en el imaginario del común! El editorialista principal del diario El Tiempo escribió el domingo 14 de diciembre de 2008: “Pensamos que ha llegado el momento en que Álvaro Uribe debe decirle de manera clara e inequívoca al país que no aspira a ser elegido por tercera vez en el 2010 […]. De tomar esa decisión, garantizará la vitalidad de su legado por una generación más y dará una muestra de grandeza que la historia no olvidará”. Pero como faltando quince minutos para cumplirse la hora veinticuatro del día 16 de diciembre del mismo año, Uribe convocó al Congreso a sesiones extraordinarias, con el único propósito de salvar el referendo que le asegure un tercer mandato. El mismo editorialista–o quizás otro, pero ejerciendo la misma función–, el domingo 21 de diciembre, el mismo diario en la misma sección, dijo: “El acto de visión y grandeza que muchos esperábamos quedó convertido en una hábil jugada parlamentaria”. Es decir, hasta ese día el presidente Uribe tenía tramado al editorialista principal del diario más influyente de Colombia. Al respecto de ese candor político cabría preguntar, ¿cómo puede pedírselo grandeza al hombre que tanto ha empequeñecido la política colombiana? La pequeñez de los gobernantes empequeñece al pueblo, a la sociedad y a las instituciones. Luis David, el pintor y constituyente de la Revolución francesa lo dijo de otra manera con relación a los franceses: “Se han convertido en cobardes, feroces y pérfidos, como su gobierno. ¡Oh verdad humillante! Tal era el francés de los tiempos pasados”. Que la pequeña política de Uribe ha empequeñecido y degradado la sociedad colombiana ya lo sabíamos desde 2005, cuando salió la primera edición de este libro. Pero desconocemos aún todas las “hábiles jugadas”, –para decirlo con las palabras del editorialista–, que tanto él, como sus amigos, habían hecho para lograr tan altas votaciones y mantenerse en el poder. En efecto, pese a que el “pacto de Ralito” se firmó ocho meses antes de las elecciones de 2002, de ese hecho no se supo sino hasta enero de 2007. Se sabía de las maniobras que el gobierno había tramado para que fuera aprobada su reelección, pero de la compra de los representantes Teodolindo Avendaño y Yidis Medina, como mercancía física, no se tenía conocimiento. Se sabía de los falsos positivos, pero estos no se habían vuelto masivos. Sin embargo, aún no había estallado la crisis internacional por el bombardeo al territorio ecuatoriano, ni se conocía que en los operativos militares el Ejército colombiano utilizaba símbolos humanitarios internacionales. Tampoco se sabía que el Ejecutivo les hacía espionaje a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los líderes de la oposición. Lo que hace esta quinta edición, es una síntesis de esas “hábiles jugadas” del presidente Uribe, que ya son verdaderos emblemas de la politiquería, de la corrupción y de la simulación de su gobierno. Y son tan asombrosas y fantásticas como lo fueron los enormes monumentos arquitectónicos de la antigüedad. Con esos símbolos de politiquería, corrupción y engaño del presidente Uribe he agregado al libro un capítulo más: las grandes simulaciones de Uribe. Y para evitar que esta investigación se volviera demasiado extensa, se suprimió el capítulo más trillado de la historia política de Colombia: la negociación con los paramilitares. En cambio, he referenciado aquí la mayor parte de lo que se ha escrito sobre el tema, para facilitar su consulta, en caso de que el lector tenga interés en ello. Rafael Ballén Bogotá, D.C., mayo de 2009. Introducción A La Cuarta Edición En un evento público al que asistí en Bogotá, una lectora de la Pequeña política de Uribe, a quien no había visto nunca, se acercó y me dijo: “Lo felicito por su libro. Uno de los encantos que tiene este librito es que nos dice todo lo que ya habíamos conocido por entregas. Usted lo hace en un artículo extenso que se lee como una novela”. El concepto de esta lectora –a quien no he vuelto a ver– coincide con el de Héctor León Moncayo, quien en la reseña de la primera edición: “Si no fuera porque nuestro padecimiento nos lo impide, esperaríamos una novela de la cual tenemos ya un esbozo”. Los dos lectores tienen razón, aunque se quedaron cortos, pues el presidente Uribe ha escrito un novelón, cuyos protagonistas son, los hermanos Castaño Gil, Arroyabe, Mancuso, ‘Báez’, ‘don Berna’, ‘Macaco’, el Comisionado de paz y el propio jefe de Estado que sucumbe a cada grito de los demás actores. Para hacer creíble su culebrón, el presidente Uribe recurre a repartos y actuaciones menores: envía a “Julián” a descansar en una Suite del Hotel Tequendama; excarcela a 39 guerrilleros de las Farc; concede permiso a “Francisco Galán” para salir de la cárcel de Itagüí; le dice a Estados Unidos que no se entrometa en la política interna de Colombia; simula que ‘don Ber- na’ se escapa de Ralito, que 1.200 hombres de la fuerza pública lo persiguen sin dar con él y que el noble extraditable se entrega; realiza un encuentro con el Eln en la Habana, y acoge la propuesta de Francia, Suiza y España para el intercambio humanitario con las Farc. Pero el novelón del presidente Uribe no puede ocultarse y es ampliamente conocido en Colombia y en todo el mundo. Por eso, los medios de comunicación hablan de la “paramilitarización de Colombia”, del “para-Estado”, de la “para- democracia”, de la “rendición de Colombia a los paramilitares” . En medio de esa injerencia paramilitar se sustituye la Constitución de 1991 para permitir la reelección del presidente Uribe y se expide una ley que simula que hay garantías. Esto es reprochable, pero muchos sectores de la sociedad estarían dispuestos a resignarse si de por medio no estuviese la imposición paramilitar en el proceso electoral que culminará en el primer semestre del año en curso. La injerencia de los paramilitares, como se puede leer en el capítulo 3, es de tal magnitud, que hay una pregunta –como tantas otras–flotando en el ambiente: ¿realmente a quién le interesa más la reelección, al presidente Uribe o a los paramilitares? Después de los gritos lanzados por ‘Ernesto Báez El Tiempo dijo: “El Gobierno, en este y en lances anteriores, ha dejado la impresión de ceder, como si descarta toda posibilidad de ruptura del proceso o vacilara en ‘pararse en las de atrás’ si la situación lo amerita” . Y aquí dos preguntas más: ¿qué tanto saben los paramilitares del presidente Uribe que no podamos saber el resto de los colombianos?, ¿cuándo nos van a decir la verdad? Las inquietudes y las preguntas que hace cuatro años se formularon con cierta timidez los ciudadanos del común, los familiares de las víctimas de los paramilitares y algunos sectores disidentes, hoy son afirmaciones en boca del ex presidente de la República, ex secretario general de la Oea y director único del Partido Liberal, César Gaviria. El vocero del liberalismo le ha pedido reiteradamente al presidente Uribe que de manera explícita diga que no quiere el apoyo de los paramilitares, que no lo está buscando, que no lo acepta” . Pero el jefe de Estado ha guardado silencio una y otra vez. En una entrevista para El Espectador, Gaviria dijo que todo el mundo sabía que los paramilitares estaban en las listas patrocinadas por Uribe, el periodista le preguntó: ¿Todo el mundo? Y Gaviria respondió: “¿Díganme cuáles son los paramilitares que no están con las listas que apoyan al Gobierno? No hay ni un solo paramilitar que no esté allí? . Con todo el apoyo económico, militar y técnico de los Estados Unidos, el Plan Patriota y la seguridad democrática, como instrumentos y repartos auxiliares del gran novelón paramilitar, han fracasado. Para sólo citar un día de esta guerra indigna e inútil, en el centro de ese plan estratégico del presidente Uribe, el martes 27 de diciembre de 2005 cayeron 30 miembros de la fuerza pública: 29 soldados en el Meta y un oficial de la Policía en Caquetá. El único plan visible y exitoso, en este cuatrienio es su novelón paramilitar. Ese es el hecho más oprobioso y humillante para la sociedad colombiana, pero es tan sólo un romance idílico entre la gran oligarquía, todas las instancias de poder y los medios de comunicación. Es la consolidación de la nueva derecha “creada y liderada por Uribe”, según las palabras del ex presidente Gaviria. Es la excepción en este hemisferio, pues en el resto del subcontinente latinoamericano hay un giro promisorio a la izquierda. La mixtura de oligarquía, paramilitares y medios de comunicación está demasiado avanzada y profunda, pero aún así conviene decirlo. A veces es necesario denunciar cosas imposibles de mejorar por lo avanzado de su equivocación, pero hay que hacerlo . “¿Cómo fue posible que nuestro país llegará a este episodio tan aciago de su historia?”, es la pregunta de Moncayo. La respuesta nos la deben sociólogos, politólogos, historiadores, filósofos, analistas en general y por supuesto, la dirigencia colombiana. Ese novelón paramilitar, me obliga a poner un epígrafe más en el capítulo 3: las para-elecciones, y a modificar un poco el capítulo 6, aunque el libro ha sido revisado en su totalidad. Quedó en deuda con todos los lectores, amigos, conocidos y anónimos, pero no puedo dejar de mencionar a tres profesores investigadores, que no sólo se limitaron a realizar la lectura, sino que me hicieron aportes valiosos, tanto para este libro como para ensayos y obras que vendrán luego. Son ellos, Herney Rojas Arenas, Jaime Rafael Nieto y Sandra Villa de Estarita. Sandra tuvo la paciencia femenina y la rigurosidad del investigador para leer con tanto cuidado, que descubrió los gazapos y errores que suelen colarse en todo libro, a pesar de los muchos ojos que hayan mirado las pruebas. Rafael Ballén Bogotá, marzo de 2006 Introducción Así como deviene el mundo no está bien. Por eso no hay motivo para sentirnos felices o indiferentes. Aunque al mundo lo rodea un cúmulo de cosas bellas y embriagadoras, son muchas más las cosas malas: pobreza, hambre, enfermedades, desempleo, corrupción, injusticia, guerras, y locos gobernantes que las hacen y las glorifican. Nada de esto es ajeno a la Colombia que del mundo hace parte, que hizo parte, que hará parte mientras el mundo sea mundo. Pero atravesamos por una coyuntura que por momentos se oscurece más, aunque el optimismo nos haga pensar a los ilusos que nunca fue más negra la noche que un instante antes del amanecer. Es como si todos los males del mundo juntos hubieran tomado como destino esta tierra de ríos, valles, selvas, páramos, nevados y gentes buenas. Aquí, el 67 por ciento de la población es pobre, corre la sangre a raudales – motosierra incluida–, tenemos el único gobernante de Sudamérica que apoyó la invasión a Irak, y la soberanía sólo existe en el papel. Pronto habrá desaparecido de ahí, porque a los necios, aunque posean las armas, los asustan las palabras y la presencia del pueblo en las calles en reclamo de esa soberanía. En realidad, la soberanía tiene dos amos, las transnacionales y el emperador estadounidense, quienes a la vez confían en un administrador de hacienda incondicional y ciego para el resto del mundo. Recientemente, en Colombia han dado un giro de ciento ochenta grados la teoría política, la sociología política y el derecho penal, y en un abrir y cerrar de ojos se ha roto la espina dorsal de la Constitución. Los delitos políticos de rebelión, sedición y asonada se han trocado por el de terrorismo , mientras a los autores de masacres, genocidios y desapariciones forzadas se los denomina combatientes y se les da el tratamiento de delincuentes políticos. Es el mundo al revés. Aquí, la impudicia y el cinismo alcanzan para que quien simboliza la caverna del poder funde un movimiento con el sugestivo nombre de Patria Nueva, destinado a respaldar la arbitrariedad. ¿Sucede en algún país del mundo algo parecido? El ensayo La pequeña política de Uribe. ¿Qué hacer con la seguridad democrática? está hecho de cosas obvias. Hay un par de conceptos para entender mejor esas cosas obvias: el poder y la democracia. Son muy útiles para no morir de depresión ni de ira ni de risa. El desplazamiento de la seguridad democrática en un camioncito, el reparto de platica por voticos, el favorcito del ministro, la furia, el sombrero, el poncho y el carriel del presidente Uribe, así como su prohibición del “gustico” a los jóvenes, no se podrán comprender sin acercarnos, así sea de manera fugaz, al estudio de esa permanente maquinación que es el poder. Tampoco se podrán entender esas pequeñas cosas de la pequeña política sin dar una mirada veloz sobre la democracia. Todo lo demás es la simple obviedad de la política cotidiana de la Colombia del presente. Al final de esta breve investigación, la remembranza de la Constitución de 1991, a manera de tímida prospectiva del futuro inmediato, porque del estratégico nos habló Bolívar hace 190 años. Y en el entretanto, dos preguntas que seguramente se harán millones de colombianos: ¿cuál es la gran verdad? y ¿cuándo conversamos? ¿Cuál es la gran verdad? Existen muchas clases de verdad: la verdad metafísica u ontológica, la verdad lógica o real, la verdad epistemológica, la verdad nominal o formal. Los jueces y los abogados hablan de la verdad procesal y la verdad real. El problema de la verdad es uno de los temas más trascendentales del género humano, así como uno de los conceptos centrales que ocupan la inteligencia de los pensadores . La injusticia, la miseria, el hambre, la guerra y la ruina de las sociedades se deben al ocultamiento de la verdad. En efecto, muchos hombres, quizá de buena fe, se guían por la falsedad, la ilusión o la apariencia, que son modos de negar la verdad y desconocer la historia. En cambio, otros, conociendo la verdad, la niegan, la ocultan o la tergiversan porque sencillamente obran de mala fe para defender sus intereses. Si los grandes líderes del mundo, incluyendo a los pastores de todas las iglesias y los tiranos, conocieran la verdad y actuaran de buena fe, se despojaron de sus vestiduras, sus armas, los bienes usurpados, y se irían a luchar hombro a hombro al lado de los desvalidos, de los miserables, los que carecen de voz y subsistencia. Durante los últimos 25 años, Colombia ha vivido una magna tragedia: masacres, asesinatos selectivos, magnicidios, bombas destructoras, desplazamientos forzados, arrebatamiento de tierras, en fin, sangre y dolor. Detrás de todos estos crímenes hay un tejido de urdimbres y tramas elaborado con finura por narcotraficantes, terratenientes, paramilitares, gremios económicos y políticos . De los autores materiales e intelectuales que dieron la última orden, ya nadie, ni en Colombia ni en el mundo, tiene duda alguna. Por eso, ya hubo dos sentencias que condenan al Estado colombiano, una de la Corte Interamericana de Derechos y otra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y seguramente vendrán más condenas por la cadena de crímenes perpetrados. Pero detrás de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso están otras personas, otros políticos, gremios y organismos del Estado. ¿Quiénes son? Carlos Castaño dijo en Mi confesión: “Todo lo que se va a contar en este libro es verdad pero no diré toda la verdad. La verdad tiene una frontera, justo donde es posible hacerle daño al país” (p. 39). Más adelante, agrega que durante una época recibió instrucciones de un tal “Grupo de los Seis” (p. 237). Y cuando el gobierno del presidente Uribe inició conversaciones públicas con los paramilitares, en una entrevista para El Tiempo dijo Castaño: “¡Por fin vamos a dejar de ser amantes y pasar a ser esposa! Esa sociedad nos devuelve a su seno, porque de ahí salimos”. Castaño fue asesinado pero su segundo hombre –Mancuso– está vivo. ¡Es una bendición! ¿Se atreverá Mancuso a decir la verdad? ¿La verdad que Castaño ocultó en la página 39 de su Confesión? ¿Se atreverá a desenmascarar al nefasto “Grupo de los Seis”? Si opta por decir la verdad, sabremos que los jefes del paramilitarismo no estuvieron siempre en el Nudo de Paramillo ni en las sabanas de Córdoba ni en el sur de Bolívar, ni están hoy en Ralito sino en los verdaderos centros de poder: ¿en los gremios económicos, en el Congreso, en el Ejército, en el gobierno? Lo sabremos cuando sean desenmascarados los sanguinarios amantes de los jefes paramilitares, que los financiaron, los apoyaron y les ordenaron ejecutar tantos crímenes durante los últimos 20 años. ¿Cuándo conversamos? En el mundo de la política y el de los negocios –¿no es lo mismo?– se suele hacer una pregunta mundana: ¿cuándo almorzamos? Los ominosos tiempos que vivimos y la incertidumbre de los que vendrán nos exigen formularnos otro interrogante, menos prosaico: ¿Cuándo conversamos? Y tras ésta, otras más: ¿con quién conversamos? ¿de qué conversamos? El caso es que quien invita al almuerzo tiene un interés personal implícito; quien busca conversar, también: despejar una inquietud u obtener la decisión de una persona que aún se halla en la neblina de la duda. La conversación que más se acerca a la verdad es la socrática: aquella cuya narración se matiza con preguntas y contrapreguntas. En una sociedad en conflicto, como la nuestra, y cuando la dignidad humana se ha degradado hasta el extremo, dialogar no es un camino alternativo sino el único. Si antes que le disparen, la víctima pudiera conversar con el sicario o con quien le dio la orden, muchas verdades conocería el mundo. Así de todas maneras la víctima esté condenada a muerte, siempre será más digno beber la cicuta en plena discusión dialéctica, como Sócrates, que morir en medio de la felonía, con un tiro a mansalva como Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán o Carlos Pizarro. El presidente Uribe se halla secuestrado por la inmensa soledad del poder. Ante esa triste realidad y ante la pequeñez de la política con que gobierna, todos los colombianos a quienes les duela la suerte de este país y estén realmente interesados en reconstruir la sociedad, polarizada hasta el límite del odio y la venganza, deberían preguntarle a Uribe ¿cuándo conversamos? Y luego de esta pregunta propiciar un encuentro para realizar una conversación, en la que se le hagan estas y mil preguntas de su género: ¿Realmente piensa que es imprescindible? ¿Está convencido de que en cinco años más, acabará con la guerrilla? ¿Cuántos gramos de energía gastó en el referendo? ¿Cuántos le quedan para su reelección? Es bueno que el pueblo haga cuentas. Señor presidente Uribe, por favor, ¿cuándo conversamos? Quiero agradecerles a todas aquellas personas me ayudaron a interpretar la sociedad colombiana de hoy y a mirar desde la distancia el futuro de mediano plazo, incluyendo a todos los escritores y analistas sociales que cito en estas páginas. Hago votos por que el conflicto social, político y armado que hoy vive Colombia –y del que se tienen noticias en todos los confines del mundo– se resuelva por vía de la negociación política. Pero si la insensatez y la locura se imponen, uno de los dos bandos será derrotado. En tal caso, a todos los citados en este ensayo les propongo que escribamos el libro Para que la historia no la escriben los vencedores, que recoja los hechos ocurridos entre 1948 y 2010: algo así, como la continuación de Los inconformes de Ignacio Torres Giraldo. A todos ellos les formuló la misma pregunta de este apartado: para debatir el tema ¿cuándo conversamos? Rafael Ballén Bogotá, marzo de 2005. El Poder En El Contexto Universal Para entender el poder hay que conocer al hombre ¿Por qué los gobernantes se parecen tanto? ¿por qué esa semejanza? ¿Por qué quienes ostentan el poder tienen siempre y en todas partes del mundo las mismas pasiones, los mismos vicios e intereses? Porque a todos los marca precisamente esa motivación: el poder. Así que, la diferencia entre uno y otro es de modo, grado e intensidad, según como cada uno actúe en el uso de la fuerza y de acuerdo con los demás factores de poder. Por eso, quien quiera analizar el poder debe comenzar por estudiar al hombre: cómo es el ser humano, cómo proceder frente a determinadas circunstancias, cómo es su personalidad, cuáles son las motivaciones que determinan su conducta, sus pasiones, virtudes e intereses . El poder, a pesar de que todos lo padecemos o de qué sentimos atracción hacia él, no obstante que abrigamos el temor que infunden los tanques de guerra y las tropas que marchan o nos detienen cuando están en servicio; pese a detentar el gobernante que manotea o vocifera, no es una cosa tangible, como una joya, como una planta o como un animal. En efecto, no se puede moldear y darle el brillo que se quiera; tampoco su morfología varía según las propiedades del suelo o del clima. El poder es un concepto abstracto que está localizado en una persona u organización de personas, y funciona a través de una persona u organización concreta. Más exactamente, el poder es una de las grandes motivaciones del ser humano, y en definitiva no puede expresarse, materializarse y hacerse sentir sino por intermedio de un individuo de nuestra especie que utiliza todos los factores posibles y los instrumentos adecuados para amenazar o halagar. Y esas personas naturales, así motivadas, tienen la cabeza puesta en el mismo lugar y tienen las mismas necesidades y miserias. Por eso, el poder es la expresión de tales necesidades y miserias humanas, de modo semejante en cualquier parte del mundo. Lucha Por El Poder El poder es la capacidad de maniobra que tiene una persona, un grupo social o un Estado para producir efectos sobre el medio ambiente, o frente a otra persona, otro grupo social u otro Estado. Es decir, las relaciones de poder se pueden dar tanto entre individuos como entre organizaciones sociales, sociedades y Estados. No se trata del simple predominio o de la mera fuerza de un hombre, grupo social o Estado en relación con la naturaleza, con otro hombre, con otro grupo social o con otro Estado; se trata de que entre quien ostenta el poder y aquel sobre el cual se ejerce hay un objeto, un propósito, una finalidad. En consecuencia, quien ejerce el poder, dependiendo del escenario, tiene la posibilidad de lograr una amplia gama de efectos: desde intervenir el medio ambiente o exigir una subordinación laboral, hasta cambiar la conducta de los hombres y el rumbo de la historia. En suma, el poder no es más que una constante maquinación contra el pueblo, que en definitiva lo padece. La lucha por el poder tiene como punto de partida las grandes motivaciones del ser humano. Observando la historia y viendo cuanto ocurre en el mundo actual, se puede concluir que al ser humano lo motiva, con mayor o menor intensidad, alguna de estas cosas: la riqueza, el poder, el amor, la ciencia, el arte y, en un segmento muy pequeño de la población, lo religioso o lo místico. Y cuando una de las cinco grandes motivaciones, distintas del poder propiamente, se materializa o se hace realidad en cabeza de una persona determinada, a su vez se convierte en factor de poder. Entonces, frente a la motivación de la riqueza encontramos el poder de un magnate o un monopolio económico, el poder de una transnacional; de la misma manera, se puede hablar del poder de un amante, un científico, un artista, un líder religioso. Pero la más pasional y más ciega de esas seis grandes motivaciones es la del poder político: mandar y ser obedecido. Y existe una cosa más clara aún: el poder real, hoy, lo tiene la riqueza. Es esta motivación la que hace de la democracia una farsa. Por ser tan fuerte la motivación del poder político, hay personas a quienes sólo les interesa este poder, aunque bien pudieran realizarse mediante alguna de las demás motivaciones: riqueza, amor, ciencia, arte o religión. Alejandro Magno es el paradigma de estos hombres. Su riqueza o la gloria deportiva no le importaban; sólo le apasionaba lo que tuviera que ver con el poder. En una ocasión le preguntaron si participa en algunas olimpíadas, y contestó: “Sí, cuando tenga reyes por competidores”. Lo propio de estas personas es la captura rápida del poder, su goce inmediato, la fama y sus ansias de nuevas experiencias. Las subyuga mandar y ser obedecidas. No importa sobre quiénes mandar: pobres, ricos, blancos, negros, amarillos, libres o esclavos, desplazados e indigentes. Hay muchos factores de poder, pero se pueden identificar fácilmente tres: la fuerza física, la influencia o maniobra, y la autoridad. La primera incluye la fuerza bruta, la represión y la opresión, y asimismo la sanción o retribución material, como la distribución de bienes o su retiro. En épocas de guerra, como la que hoy vive Colombia, unos cuantos kilogramos de comida o unos medicamentos de primer orden se tornan en factores decisivos de poder. El segundo factor incluye la capacidad de manipulación de las condiciones y los instrumentos que rodean a las personas o los grupos sociales, para que se conduzcan o comporten como lo desea quien controla el poder. Éste, ejercido mediante la publicidad, la propaganda política, las encuestas de popularidad, las noticias periodísticas, hace parte de esta segunda manifestación del poder. El tercer factor tiene su soporte en una norma legal: la elección o el nombramiento, cuyo sustento es la ley. Tal expresión de poder tiene un principio de legitimidad, aunque no siempre las elecciones o los nombramientos son legítimos. La mayor desgracia de los hombres, los grupos sociales, los pueblos y la sociedad en general deviene cuando éstos tienen que resistir a un hombre, una burocracia o un grupo social o político que concentre en sus manos todos los factores de poder. Generalmente, quien alcanza el tercer factor de poder, es decir, la autoridad, no sólo abusa de ésta sino que además ejerce sin pudor ni medida los otros dos, la fuerza y la manipulación. La presión que recibieron los miembros de la Comisión Primera de la Cámara en la segunda vuelta del proyecto de reforma constitucional de la primera reelección de Uribe y el decreto en medio de las tinieblas de la noche del 16 de diciembre de 2008 para buscar su segunda reelección, demostró cómo se manejan todos los factores de poder para aferrarse a él. No hay necesidad de recurrir a los grandes teóricos del poder –Platón, Maquiavelo, Russell, Weber, Parsons– ni a los más conspicuos manipuladores del mismo –Darío, Nerón, Constantino, Justiniano, Churchill, Hitler, Stalin. Aquí y ahora está la mejor escuela del mundo. Quien haya observado al presidente Uribe se habrá dado cuenta ya de que él está motivado, de lejos, por el poder, pero, luego de éste, por la riqueza; en esencia, mandar, desde la Casa de Nariño y hasta El Ubérrimo, su finca, con un paradigma que le cuadra bien: “El Estado soy yo”. Características Universales Del Poder El poder tiene, en todas partes y en todas las épocas de la historia, los mismos vicios, características, pasiones, intereses y virtudes. No importa si el escenario del poder es la burocracia de una universidad, la gerencia de una empresa, la comandancia de un ejército o la dirección de un imperio: dondequiera es igual. Las estrategias y tácticas para detentar un pedazo de poder, alcanzarlo todo paso a paso, mantenerlo, expandirlo, afianzarse en él o transmitirlo son las mismas. Cambian el lugar, el tiempo, las circunstancias, pero no sus principios o su esencia. De ahí que en cualquier lugar de la Tierra y en cualquier tiempo, los gobernantes y los políticos en general utilizan el mismo discurso en situaciones semejantes, hasta el punto de parecer calcados: en la instalación o clausura del órgano legislativo, ante un desastre natural, en el funeral de un hombre público, en la condecoración de unos deportistas. Para justificar y legitimar un hecho de barbarie oficial como el rescate de rehenes a sangre y fuego, dirán, sin que les tiemble la voz: a grandes males, grandes soluciones. Igualmente, en todos los meridianos del globo terrestre, aunque tengan conductas dictatoriales, represivas y autoritarias, los gobernantes elogiaron los valores de la democracia con discursos de panfleto: piedra sobre piedra vamos a reconstruir el altar de la democracia, la democracia se halla en peligro y vamos a verter sangre, sudor y lágrimas para defenderla, vamos a salvar el país a cualquier precio, y también a preservar la seguridad nacional, porque sin ésta no habrá producción, riqueza ni empleo, ni bienestar para todos. A quienes critiquen, disienten o se manifiesten contrarios al discurso oficial, los gobernantes los calificarán de apátridas, enemigos de la democracia y de las autoridades legítimamente constituidas, les atribuye el propósito de tomarse el poder por la fuerza, y clasificará a los ciudadanos en buenos y malos: quienes estén con el gobierno son los puros de la población; los demás, los bandidos enemigos de la patria. Y cualquier pretexto es útil para satanizar la disidencia, civil o armada. Todo gobernante lucha con obstinación por apoderarse de la verdad. Si no la tiene, la fábrica, la falsifica o la tergiversa, para hablar de seguridad, miseria, producción, crímenes o despilfarros. Apoderarse del conocimiento y la verdad, apoyándose en científicos y expertos que carecen de ética para desempeñar determinado oficio, es una vieja costumbre de quienes ostentan el poder, una de cuyas características ha sido descubierta por Eurípides, a quien cita Platón en la República: “Los tiranos son sabios por la compañía de los sabios” . Para manipular masivamente la verdad, no hay como los medios de comunicación: ser propietario, como Berlusconi, o tener el poder de asalto a los micrófonos, las pantallas y las salas de redacción, como Uribe, es un gran recurso de todo gobernante. En la manipulación de la verdad, el superior jerárquico en el ejercicio del poder, para legitimar cualquier actuación absurda, ilegal, criminal o irreglamentaria, presionará al subalterno para que éste actúe, y le pedirá el ajusticiamiento mientras llega la orden porque es mejor cortar la cabeza antes que ésta máquina su defensa: resulta- dos, no importa los medios que utilice para obtenerlos. Por tal razón los crímenes de Estado son parecidos en todas partes, y los criminales bañados en la sangre de sus víctimas tendrán el cinismo de abrazar, acariciar y besar a los huérfanos y las viudas de los inmolados. Y en todas partes, en torno al poder se piden y se pagan favores –y un crimen puede ser uno de estos favores-, y los válidos de cualquier régimen lucharán encarnizadamente por complacer al gobernante. “Por sí solos vendrán muchos volando si se les da su paga”, como enseña Platón. Por doquier, quienes ostentan el poder montan escenarios, usan símbolos, ponen condecoraciones, hacen gestos, sonríen o lloran si fuera necesario, se desplazan al centro, a la izquierda o a la derecha, como el actor lo hace en la pantalla o el tablado, y escogen una palabra precisa en busca de efectos especiales: orgullo nacional, amor a la patria, seguridad democrática. Por eso parecen actores de teatro o de cine, y hay quienes anhelan y simulan ser el propio Rambo en persona. Al igual que los actores, los gobernantes y los políticos en general se maquillan y maquillan sus discursos, estudian los libretos, suben y bajan el tono de la voz. Frente a los espectadores hay una gran diferencia entre aquellos impostores de teatreros y los verdaderos actores, a favor de estos últimos: cuando el pueblo asiste al teatro o al cine, sabe que está frente a un actor cuya profesión le exige acomodar las situaciones para cumplir con su papel; en cambio, cuando ese mismo pueblo escucha un discurso, una promesa o un informe del gobernante, jamás piensa que éste se encuentre tergiversando la verdad. Este papel no es nuevo, y ya desde la Antigüedad había muchos actores en la política y en el gobierno. De ahí que Platón propusiera, en la formación del gobernante, que éste no fuese imitador de ninguna actividad distinta del propio oficio de guardián del Estado. “Por consiguiente –dice Platón– si hemos de mantener nuestra primera regla, según la cual nuestros guardianes deben ser relevados de todos los demás oficios para ser artesanos de la libertad del Estado en sentido estricto, sin ocuparse de ninguna otra cosa que no conduzca a ésta, no será conveniente que hagan o imiten cualquier otra” . Todos los políticos ambicionan el poder con una pasión entrañable, con interés visceral, con anhelo insaciable de gloria, y todo deseo de prestigio no es más que el anhelo de poder. En cualquier parte del mundo los gobernantes tienen como única preocupación su éxito personal, antes que el interés colectivo, y gastan la vida entera buscando los resultados que los favorezcan. Nunca un gobernante les preguntará a sus asesores cómo debe actuar para lograr el bienestar de la sociedad sino cuál ha de ser la próxima jugada para quedar bien ante la opinión pública. Cualquier actuación del gobernante, por noble que parezca –un consejo comunitario, una visita a la tropa en Irak, su presencia en un hospital de guerra o en el lugar de la tragedia–, no se hará sino pensando en la rentabilidad de imagen frente a la opinión pública. El gobernante y el político en general actúan como tahúres, siempre maquinando, siempre cantando, siempre moviéndose entre aquello que puede despertar la resistencia del pueblo, o un sector del mismo, y el beneficio del prestidigitador. En el mejor de los casos –con perdón de los campeones de ajedrez–, como aquellos agudos maestros internacionales que tienen en su cabeza diez o veinte jugadas anticipadas: siempre calculando porque, si le fallan sus planes, la opinión pública lo considera injusto o se resiente, el príncipe pierde popularidad, la gobernabilidad se anarquista y hasta puede ser derrocado. En ese juego de apariencias, lo importante no es obrar con justicia sino “parecer justo sin serlo, que es la mayor de las injusticias”, según el estudio de Platón . Con base en este principio del poder, Greene y Elffers, en su obra Las 48 leyes del poder, dicen: “Tenemos que parecer justos y decentes. Así que necesitamos ser sutiles, agradables pero astutos, democráticos pero arteros [...]. El poder requiere capacidad para jugar con las apariencias [...]. El poder es esencialmente amoral, y una de las técnicas más importantes que hay que dominar es la capacidad de ver las circunstancias, en vez de ver el bien y el mal”. Hipocresía, doble moral, frialdad de espíritu, maquinación, estudiando y midiendo a sus víctimas, buscando o esperando la oportunidad más ventajosa: ¡he ahí las virtudes de un excelente gobernante o político! Salvo muy contadas excepciones, jamás, nadie en el poder busca el interés general, el bienestar del pueblo o de una sociedad. Si el público resulta beneficiado, es por puro azar, por mera casualidad. Si al habilidoso que gobierna le va bien y con sus actuaciones resulta beneficiada la sociedad, es ello una bendición que los pueblos no le adeudan al gobernante sino a su propio destino. Poder Y Lucha De Intereses ¿Cómo puede el Estado ocuparse de lo público si quienes se ocupan del Estado representan a la empresa privada? Los intereses de las personas se pueden clasificar de múltiples maneras: teniendo en cuenta la edad, el oficio, las aficiones, etcétera. Sin embargo, en este ensayo las preocupaciones se hallan puestas en dos tipos de interés: particular y público. Según la concepción que se tenga del Estado en relación con el hombre y con la sociedad, las personas se mueven en medio de dos grandes valores: un interés egoísta, mezquino, particular, personal e individual, y un interés altruista, noble, general o público. Si una persona concibe los ideales, fines y propósitos del Estado para que sirvan al interés particular, buscará que todos los bienes, servicios, acciones e instrumentos con que opera el Estado vayan a servir sus intereses, los de su grupo familiar, o los del sector económico o social que representa. Así es la ambición de riqueza y de gloria: pasional e insaciable. Por el contrario, si alguien concibe los ideales, fines y propósitos del Estado para servir al interés general, querrá que los bienes y servicios se encaminan a llevar bienestar a todos los sectores de la sociedad y todos los individuos de la nación. Es la contrapartida del interés particular. Es la otra cara de la moneda y surgió para tratar en lo posible de equilibrar la fuerza demoledora del interés particular. Este punto de vista está acentuado en muy pocos hombres –los estadistas–, y de no ser por la lucha librada por éstos desde diferentes flancos para defender el interés general, no se hubieran podido construir las grandes civilizaciones de la humanidad. Así, el interés general o público obra como catalizador, bálsamo, freno, atenuante del interés particular. Entre esos dos polos, interés particular e interés público, se han movido los hombres como un péndulo en el reloj de la historia universal. Y con esa concepción han manejado y manejan el Estado. Y han utilizado sus palancas, desde las más poderosas, porque alcanzaron desde la máxima jerarquía –como faraones, reyes, presidentes, legisladores, magistrados, generales– hasta los más simples instrumentos de poder, porque tan solo han logrado ejercer los oficios menores en la función pública. Resulta siniestro que una persona, individualmente considerada, se infiltre en el aparato del Estado con el propósito deliberado de acrecentar su interés particular. Pero definitivamente se convierte en la bestia negra quien se toma las instalaciones del Estado cuando no se inspira en el interés individual sino en el interés organizado de las grandes empresas, porque en adelante sus propósitos se concentran en aumentar sus propias utilidades y protegerse de los vaivenes del mercado, y en dirigir las agendas legislativas y gobernar bajo la óptica empresarial, en detrimento del interés público. Comprar tierras porque se sabe que a ellas llegará el desarrollo urbano o que por ellas pasar la carretera es lo normal. Así se construyó el famosísimo barrio Harlem de Nueva York. Y en la época de Pastrana, el contratista de los uniformes de la fuerza pública estaba en Palacio. Pero jamás en la historia de Colombia había existido tanto interés particular en el manejo del Estado y el negocio de la guerra como en el actual régimen. Fernando Londoño Hoyos jamás debió ser ministro porque él representa los más mezquinos intereses personales. Su caída produjo alivio en la opinión pública. Pero lo sustituyó Sabas Pretelt de la Vega, representante de una de las más poderosas organizaciones de interés particular: Fenalco. En su momento, el senador Germán Vargas dijo de Sabas Pretelt: “Lleva diez años cabildeando asuntos de su gremio ante el Congreso”. Los dos siguientes ministros de esta cartera, Carlos Holguín y Fabio Valencia, representan empresas políticas familiares, clientelistas y corruptas. Y el Ministerio de Defensa es ocupado por el economista Jorge Alberto Uribe Echavarría, representante auténtico del capital financiero, que por supuesto ha recibido con beneplácito el dinero del narcotráfico. No resulta extraño, entonces, que el ministro Uribe Echavarría, en su condición de magnate de las finanzas, haya visitado en la cárcel a una de sus amigas condenadas por el lucrativo e ilícito negocio, que el presidente Uribe se hubiera enterado y que no obstante lo haya ratificado en el cargo. En Colombia, siempre pero Ahora más que nunca, ha existido una trama cuidadosamente tejida con manos artesanales y guardada en el más absoluto secreto entre poder legítimo, narcotráfico y poder paramilitar. Pragmáticos Y Estadistas En El Ejercicio Del Poder Cuando un gobernante adopta actitudes arrogantes y se enfurece, vocifera y amenaza, sus validos y áulicos suelen decir: ¡Qué grande estadista tenemos! Su ceguera les hace perder el sentido y la proporción de las palabras. El concepto de estadista debe reservarse para el político que de manera sincera tiene como mira el interés de toda la sociedad, no su soberbia y terquedad. Es decir, a los gobernantes y a los políticos en general se les debe clasificar en dos grupos: pragmáticos y estadistas. El político pragmático es vanidoso, obstinado y brutal; vacío de nobleza y hambriento de poder; no tiene otro sentido su vida; para él, saber y tener es poder. Para el pragmático, el hombre no vale por sus conocimientos, virtudes y necesidades sino por la utilidad que pueda reportarle en sus planes inmediatos. Los políticos pragmáticos se guían por Maquiavelo, quien enseña que es indispensable disfrazar bien las cosas y ser maestro en el engaño, porque los hombres son tan cándidos y tan sumisos ante las necesidades de cada momento, que siempre estarán dispuestos a dejarse engañar. Los políticos y gobernantes pragmáticos utilizan en sus actuaciones el orgullo y la soberbia, la adulación y la hipocresía, las intrigas y las maquinaciones, las amenazas y los halagos personales, los símbolos y los credos religiosos. Napoleón, uno de los más grandes prag- máticos de la historia política, confesa- ba haber sido católico en Francia, mu- sulmán en Egipto y ultramontano en Ita- lia, y que si hubiera tenido que gober- nar un pueblo judío habría restablecido el templo de Salomón. En el caso de Colombia, el pragmatismo del presidente Uribe está en sus actuaciones y sus palabras. En relación con la maniobra politiquera de enganchar al referendo la prórroga del período a los alcaldes, el presidente Uribe, dijo: “Voy a ser franco. Yo soy político y me gusta que los alcaldes hagan campaña por el referendo, para qué voy a desconocer la realidad, así es”. Pero también en la vida de los pueblos y en el quehacer político se encuentra el estadista, capaz de ejercer influencia espiritual sobre los demás hombres, con la mirada puesta de manera transparente en el interés general. El estadista no es un ser ideal e inexistente sino una persona real de carne y hueso. Grecia dio el más grande estadista de todos los tiempos: Platón. Una vida limpia, entregada al estudio del Estado como instrumento del bien común. Pero también fueron estadistas Solón, Pericles y Aristóteles. En el pueblo romano encontramos a Espartaco, en la Comuna de París a Varlin; en la Independencia de Estados Unidos de América a Jefferson y a Madison –aunque con propósitos imperialistas–, en Latinoamérica a Bolívar y Martí, entre otros; en la India a Gandhi y en Sudáfrica a Mandela. Reparto Del Poder Hoy se habla de muchos poderes o expresiones de poder (político, económico, religioso, mediático, científico) entre otras causas, porque cuando una de las cinco grandes motivaciones del hombre, distintas del poder, se materializa o se hace realidad en cabeza de una persona determinada, a su vez se convierte en poder. Entonces, frente a la motivación de la riqueza, encontramos el poder de un magnate, un monopolio económico, el poder de una transnacional, de un fondo de pensiones, etcétera. De la misma manera, se puede hablar del poder de un amante, un científico, un artista o un líder religioso. En los albores del poder político, es decir, en los primeros esbozos de Estado, no existían esas distintas expresiones de poder en manos de diferentes hombres u organizaciones, porque un solo hombre concentraba todas las funciones. Así que en aquellos oscuros tiempos todavía no se presentaba reparto de poderes, porque el líder político era a su vez dispensador de bienes materiales y más tarde intérprete de lo que vendría después de la muerte. En efecto, en lo que concierne al origen del poder político, en la evolución y formación del Estado se dio una selección cultural en la que se observan estas etapas: cazador-recolector, cabecilla, gran abastecedor, gran hombre, líder o jefe político. Muchos de estos cabecillas y grandes abastecedores y jefes alcanzaron la transición al Estado, pero muchos otros no lograron dar el audaz y peligroso salto, permaneciendo en el estadio de simples cabecillas dentro de sociedades igualitarias. Quien logró la transición al Estado fue el primer gobernante, y en ese momento necesitó empuñar un garrote a dos manos para exigir trabajo y hacerse obedecer, porque no todos aquellos que estaban bajo su dominio lo hacían voluntariamente. Ahora, en esta etapa del proceso, en cabeza de un solo hombre se concentran ya el poder político y el poder económico. En la extensa historia de las comunidades políticas, siempre estuvieron entrelazados el poder político y el poder económico. Pero del poder político, en un momento avanzado de la historia, se hizo un reparto equilibrado en ramas y órganos. Aunque este reparto llegó tardíamente, fue un anhelo presente desde las primeras reflexiones sobre la formación del Estado, con el propósito de ponerles frenos y contrapesos a sus gobernantes. Esta es una discusión bastante vieja y se hizo en forma simultánea con el debate sobre las diferentes modalidades de gobierno. Comenzó con el célebre diálogo entre los persas Otanes, Megabyzo y Darío a la muerte de Cambises (siglo VI a.C.), pues cada uno de los tres defendía un sistema distinto de gobierno: Otanes se inclinaba por la democracia; Megabyzo, por la aristocracia, y Darío, por la monarquía . En este diálogo todavía no se hablaba de un gobierno mixto en que intervinieran el pueblo, la aristocracia y la monarquía. Fue Platón quien, en el siglo IV a.C., en La República y, de manera más didáctica, en el Político , se encargó de analizar cada una de estas formas de gobierno y su degeneración en anarquía, oligarquía y tiranía. El recorrido continuó con Aristóteles en la Política y Polibio en el libro VI de sus Historias, y llegó a todos los pensadores de la Ilustración, siendo Montesquieu quien con mayor precisión se ocupó del tema en su obra Del espíritu de las leyes. La esencia de la división tripartita del poder o sistema de gobierno mixto consiste en establecer el equilibrio de fuerzas, frenos y contrapesos, para evitar que haya desbordamientos y se atente contra la libertad de los ciudadanos. Las inquietudes filosóficas del gobierno mixto, elaboradas a través de más de veintitrés siglos con los aportes de todos los pensadores políticos, fueron recogidas por las dos grandes Constituciones occidentales: la de Estados Unidos de América (1787) y la de Francia (1791), de las cuales se derivaron todos los estatutos fundamentales de Europa y América Latina. Ese sistema ha llegado a su agotamiento porque, tal como fue diseñado y puesto en funcionamiento a partir del último tercio del siglo XVIII, no se le han introducido reformas sustanciales sino que, por el contrario, se ha visto minado con toda suerte de actuaciones propias de la encarnizada lucha de intereses particulares, representados por aquellos que ejercen las ramas del poder público. Quienes ocupan las más altas magistraturas no ejercen el cargo para ponerles frenos y contrapesos a los demás funcionarios sino para negociar más jirones y, a veces, meras migajas de poder. Es decir, cada alto dignatario del Estado se ha convertido en un simple par de los demás, y aprovecha las funciones de su cargo para ejercer presiones legales o ilícitas, conocidas por la opinión pública o encubiertas, para satisfacer sus propios intereses, mas no los intereses de la sociedad. La pasión por concentrar en una sola persona todos los poderes ha sido una constante universal, en todos los tiempos y en todos los meridianos. En los albores del Estado fue así: un impostor que hablaba a nombre de Dios dictaba la ley, él mismo la ejecutaba, y él mismo administraba justicia. Estuvo presente en el absolutismo moderno y fue el instrumento expedito de los grandes dictadores del siglo XX. En Colombia, por tener un régimen presidencialista supremamente acentuado, las ambiciones por asumir el poder absoluto han sido una constante histórica. Miguel Abadía Méndez, Mariano Ospina Pérez y Julio César Turbay Ayala fueron arquetipos de la concentración de las funciones legislativas y judiciales en el Ejecutivo. Sin embargo, durante los dos cuatrienios que comenzaron el 7 de agosto de 2002 se han roto todos los antecedentes: actitudes, conductas, discursos y herramientas jurídicas son en esencia la acumulación del poder en el Ejecutivo y el culto a la personalidad de su titular. Resistencia Al Poder Si el poder es una constante maquinación contra el pueblo, ¿qué debe hacer el pueblo para defenderse del poder? Resistir al poder, a la opresión, al autoritarismo. La resistencia consiste en un conjunto de acciones que emprenden los ciudadanos, individualmente o en grupos políticos y sociales, contra un régimen u órgano del Estado y en general contra aquellos que ejercen el poder. Con palabras más simples, la oposición material y moral contra las fuerzas del poder. La legitimidad del derecho a la resistencia depende del grado de arbitrariedad o quebrantamiento de las instituciones por parte de quienes ejercen y abusan del poder. La resistencia al poder comprende desde los principios morales y legales hasta las distintas concepciones filosóficas que se tengan del Estado. Por eso, la resistencia al poder, en definitiva, es un asunto de decisión individual, y cuyo fundamento se halla en la propia conciencia y en la correlación de fuerzas políticas. Es por excelencia un choque dialéctico entre poder y oposición. En la historia de la humanidad, los pueblos han resistido siempre al poder de mil maneras: esclavos, siervos, trabajadores industriales, indios, negros, mujeres, estudiantes y pensadores lo han hecho. Es precisamente la resistencia al poder lo que dio origen a las teorías y regímenes políticos nuevos, así como al surgimiento de los Estados. Sin contar con las luchas sociales, políticas y religiosas, grandes e históricos ejemplos de resistencia al poder tenemos a la mano: la Carta Magna, de Juan sin Tierra, de Inglaterra (1215); la Bula Áurea, de Andrés II de Hungría (1222); el Privilegio de la Unión de los Aragoneses, de Alfonso III (1287); la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América (1776); la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, formulada en Francia (1789); los procesos de independencia de Latinoamérica, la Comuna de París (1871). Colombia tiene una larga trayectoria de resistencia al poder. Pero a partir del 7 de agosto de 2002, todos los movimientos políticos y sociales, a excepción de quienes cayeron en las redes del embrujo autoritario, han acentuado las acciones de resistencia. Las más claras demostraciones de resistencia al abuso del poder se pueden ver en la derrota del referendo, el 26 de octubre de 2003; las marchas indígenas del 14 al 18 de septiembre de 2004, así como las del segundo semestre de 2008, la huelga de los corteros de caña del Valle del Cauca por la misma época, y los mítines callejeros en defensa de la Constitución de 1991, realizadas en las principales ciudades del país el 12 de octubre del mismo año, Uribe, Un Proyecto Personal ¿Es Uribe como Hitler? Como es natural, sobre el actual Presidente hay muchos conceptos. Para su ex ministro estrella, Fernando Londoño Hoyos, Álvaro Uribe Vélez es un “fenómeno de la política universal”. En cambio, hay intelectuales y analistas que consideran que el presidente Uribe no es más que un ganadero de provincia venido a más gracias al poder con el que tropezó, en un momento de empobrecimiento espiritual de nuestra sociedad debido a la tragedia del conflicto social y armado. Y agregan que Uribe todavía no ha podido penetrar en los grandes clubes y círculos de la burguesía clásica de la capital de la República, ni en la fina, culta y exigente élite de la costa atlántica. Y ahí donde ponen a quien hoy gobierna a Colombia no le dan la dimensión del hombre fuerte y dictatorial que fue Adolfo Hitler. Otros analistas, por el contrario, piensan que estamos frente al mismo aventurero de la Segunda Guerra Mundial. Así lo hacen, por ejemplo, el entonces magistrado de la Corte Constitucional, Jaime Araújo Rentería, un dirigente del Polo Democrático y un lector del montón. Araújo le dijo a Lecturas Dominicales de El Tiempo: “Muy claramente creo que vamos hacia un Estado autoritario. Y no se le olvide una cosa. Los Estados totalitarios no nacieron siendo totalitarios, ni Hitler y Mussolini comenzaron de una vez haciendo todo lo que hicieron al final de sus períodos. Comenzaron con medidas autoritarias, y de tanto autoritarismo terminaron en el totalitarismo”. Petro le dijo a la revista Cambio: “A Hitler lo nombraron canciller, presidente legítimo de Alemania. Sin embargo, usted no puede decir que su gobierno, sobre ese origen legítimo, fuese democrático. Hitler destruyó los pilares de las democracias alemana y europea, y condujo a una catástrofe al mundo […]. Los cambios en el Congreso no significan que sean democráticos” . Mauricio Pombo, periodista de El Tiempo, escribió en su columna un comentario sobre los líderes carismáticos y puso como ejemplo a Hitler, y entre las opiniones que llegaron a su correo electrónico recibió la del lector J. J., quien dice: “Hitler tampoco empezó como lo que llegó a ser; primero fue canciller y poco a poco con su retórica nacionalista se convirtió en carismático idealista y le comenzó a estorbar todo lo que atentaba contra sus deseos de poder. Aquí pasará algo parecido, pero no ahorita sino en cuatro años o en ocho o en el reinado de mil años que nuestro criollo führer pretende establecer maquillando sus errores”. Identificar al presidente Álvaro Uribe con Adolfo Hitler, sin haber realizado un estudio previo de la estructura de la personalidad del mandatario colombia- no, es muy arriesgado. El concepto “personalidad” es uno de los más difíciles de definir y tratar en psicología, filosofía y ciencia política. En medio de ese escollo, se podría decir que la personalidad es el conjunto de afecciones del alma –temperamento, carácter, actitudes, sentimientos, emociones, pasiones, virtudes, valores, intereses, motivaciones, etcétera–, junto con las características fenotípicas que identifican a un individuo. Esta unidad entre lo físico y lo mental de un hombre o una mujer constituye la naturaleza única e inequívoca de cada personalidad. Esta singularidad de la persona determina que no pueda ser duplicada, confundida con otra, suplantada o, para decirlo con el verbo de hoy, clonada en su psicología y su comportamiento cotidiano. Pero se puede decir, por las actitudes del presidente Uribe, que tiene una gran similitud con la conducta de Hitler. También en el marco constitucional y político de la Alemania de los años treinta y cuarenta del siglo XX, y la Colombia de hoy existen algunas semejanzas. Tanto Hitler como Uribe ascendieron al poder mediante procedimientos legales, los dos fueron apoyados por la derecha, y la guerra fue el motor de la campaña para el uno y el otro. Los votos y las encuestas fueron favorables a Hitler como lo son a Uribe: el 27 de febrero de 1933, aquél obtuvo el 52 por ciento, y en el plebiscito del 12 de noviembre del mismo año, ya con todos los factores de poder a su alcance, logró el 93,5 por cientos de los sufragios. Igualmente, existía en la Alemania de aquella época una Constitución reciente y garantista, la de Weimar, de 1919, con la que Hitler no simpatizaba, y por eso lo primero que hizo fue desmantelarla. Y, también después de las elecciones que le dieron su primera victoria, los partidos políticos quedaron trizas y por tanto el tirano arrolló en el plebiscito. En muchas otras aristas del comportamiento y el lenguaje, Uribe tiene cierto parecido con Hitler y aprovecha cualquier oportunidad para reafirmarlo. Pragmático Por Excelencia ¿Quién es Álvaro Uribe (2002-….)? ¿a quién representa? ¿quiénes están detrás de él? ¿Qué gremios o personas hicieron los primeros ‘plantes’, giraron los primeros cheques de la campaña presidencial y pusieron a Uribe donde está? ¿quiénes lo impusieron y dentro de qué círculos encaja un gobernante como Uribe? Son preguntas que cualquiera hace para indagar por la persona que gobierna hoy a Colombia. Mirado dentro de los conceptos de poder, de gobernante pragmático, de lucha de intereses y de democracia, ¿quién y cómo es el presidente Álvaro Uribe Vélez? El hombre que rige hoy los destinos de Colombia es un consumado político pragmático, y como tal representa un proyecto personal, individual, particular, mezquino y antidemocrático, con varios énfasis que se vuelcan sobre sí mismo. En el orden interno se destacan dos puntos: en primer lugar, arrasar con la insurgencia armada y con todos aquellos que disienten de su gobierno, y, en segundo lugar, legalizar a los grupos paramilitares y consolidar con ellos un partido o movimiento político, misión en la que necesita gobernar indefinidamente. En síntesis, mata a unos y legalizar a otros: para unos, el ametrallamiento y la extradición; para otros, la legalización y la impunidad. Y en el campo internacional, la alineación ciega a los dictámenes de Bush, tanto en lo político –guerras, invasiones, ‘lucha antiterrorista’– como en lo económico – tratados de libre comercio, etcétera. Todo el discurso del primer magistrado colom- biano gira en torno a estos temas, bajo un eslogan, distractor, disculpa o pretexto, denominado por el propio Uribe ‘seguridad democrática’. Como sus designios y planes se mueven alrededor del interés particular, privado, personal y mezquino, es ésta la antítesis de un proyecto de país, de sociedad, de Estado, de interés general o interés público. Colombia ha vivido durante los últimos 30 años muchas tragedias como el narcotráfico, el conflicto social y armado, el paramilitarismo y la corrupción. No se conoce ensayo alguno, texto, libro o tratado de Uribe Vélez en el que trace una teoría de Estado para resolver estos problemas. Sólo eslóganes, frases, gritos o amenazas, según el caso. Así Uribe conozca sobre el mapa y en el propio terreno todos los ríos, quebradas, caños, valles, montañas, carreteras y caminos, y tenga en su cabeza todas las cifras sobre hectáreas de bosques y de tierras cultivables, y del presupuesto nacional, del presupuesto de los departamentos y de los municipios. Tener todos esos datos en su cabeza y recitarlos delante del público, como un reto a sus subalternos, es parte de su modo de ser: lo hace para impresionar y para humillar, y por eso los dice con tanto desparpajo, a fin de que todos lo escuchen. Por cuanto el presidente Uribe es un proyecto privado, particular y mezquino, no es un hombre de equipo, y se puede decir que no tiene ministros ni viceministros ni asesores sino siervos. Dentro de la propia estructura institucional del poder, no respeta jerarquía alguna, salta por encima de quienes formalmente ocupan el cargo de ministros, y recurre a subalternos de instancias intermedias o inferiores para pedir cualquier información. Dentro de esa anarquía transcurren los consejos de ministros, que no son precisamente un escenario donde concurran sólo los titulares de cada despacho de lo que la Constitución Política denomina el gobierno sino también todo aquel que tenga el afecto del presidente Uribe y haga parte de sus círculos de poder. No tiene conversaciones privadas con sus ministros, pues el propio Fernando Londoño decía en su época que no había podido hablar con el Presidente por más de cinco minutos. Tampoco tiene generales a quienes respeta según el protocolo militar, tan estricto en todos los ejércitos del mundo, sino capitanes y tenientes a quienes les pide el detalle del camino por donde se llevaron al último secuestrado o del operativo en que murieron miembros de la tropa. Pero cuando se trata de quedar bien con la galería y de que el público diga que “tenemos Presidente”, no hay inconveniente en propinarle un regaño al comandante de las Fuerzas Militares o al responsable de una determinada división. Por cuanto el presidente Uribe no tiene una concepción de Estado sino de dueño de parcela, quiere hacer todo, hasta el último detalle, tanto en las funciones asignadas a los servidores públicos como en las que corresponden al mayordomo o capaz de El Ubérrimo –su finca ganadera de Córdoba. Entonces no es extraño encontrarlo revisando uno a uno los baños de los aeropuertos, barriendo él mismo –el jefe de Estado– el campamento, en alguna de las fronteras a donde ha concurrido para comprobar si los hitos están donde los dejó la última vez, o revolcando los aperos en los salones de la Casa de Nariño, para definir cuál de todas las monturas le viene mejor a tal o cual de sus bestias. Es a la vez amansador de caballos y administrador de fincas, a quien no se le puede escapar ni el más pequeño detalle. Su símbolo en estos menesteres –como el fusil en el caso de la guerra– es la del japonés con una caja de herramientas: atornillador, alicates, martillo, puntillas, bayetilla y aceite a la mano. Como la inmensa mayoría del círculo que rodea el vértice del poder proviene de la empresa privada, no se hace más que reforzar la visión particular, personal y mezquina que Uribe tiene de la función del Estado. Con esta concepción estrecha, recortada y sin vuelo del Estado, el presidente Uribe concibe el mundo con un criterio parroquial. Por eso, sin consultar con nadie, se hinca él personalmente y compromete al país, de manera exclusiva, en la órbita de los Estados Unidos, desconociendo la importancia de los demás continentes y regiones, así como la de los organismos internacionales. El presidente Uribe piensa que la política internacional comienza en El Ubérrimo y termina en Texas, en el rancho del mandatario estadounidense. En las extensas y profundas cavilaciones de Sancho Panza hay un pasaje en que el escudero de Don Quijote trata de satisfacer los interrogatorios del bachiller Sansón Carrasco, a propósito del robo de su jumento. En el contexto de ese discurso aparece una definición de la personalidad de cada hombre, que se acomoda a nuestra conducta individual y por supuesto a la actitud del presidente Uribe: “Cada uno es como Dios lo hizo, y aún peor muchas veces”. Y es aplicable porque el propio primer mandatario de la Nación hace gala de su modo de ser con cierto aire de vanidad: “Terco como una mula”. En todos sus actos, como jefe de Estado, como jefe de gobierno y como suprema autoridad administrativa, el presidente Uribe puede obrar con tenacidad y perseverancia de manera provincial; pero en la concepción que él tiene de las Naciones Unidas, Colombia está quedando como un zoquete, porque ninguno de sus consejeros o asesores se atreve a decirle para qué fue creada la Onu. Es cosa de información: saber que en Colombia existe un conflicto interno y conocer el papel que la Onu puede jugar para ayudar a resolverlo. La obsesión de Uribe por endilgarle tareas imposibles a la Onu no es de ahora. Desde cuando era gobernador de Antioquia, clamaba porque a Colombia llegan los Cascos Azules. Y aunque en junio de 2002 le pidió al Secretario General de la ONU que ejerciera sus buenos oficios en el conflicto colombiano, el 3 de octubre del mismo año volvió a insistir en los Cascos Azules, pero con una modalidad que ese Organismo Internacional no puede patrocinar. De acuerdo con lo que la opinión pública conoció en ese momento, consistía en que tropas colombianas, comandadas por las Naciones Unidas, acompañarán a los desplazados en el regreso a sus hogares. En sus grandes desvelos por internacionalizar el conflicto –que sistemáticamente niega–, el presidente Uribe logró que 18 de los 19 países del Grupo de Río, el 23 de mayo de 2003, en Cuzco (Perú), pidieran a la Onu que ésta diera un ultimátum a las Farc. Y como el Secretario General no puede conminar a nadie, tan solo dijo: “Se toma nota con interés”. Esta respuesta sacó de casillas al presidente Uribe y el 19 de junio en Costa Rica reclamó airado: “A ratos Naciones Unidas da la impresión de que les tiene miedo a las descalificaciones que los grupos violentos de Colombia le hagan”. Y agregó: “Es pero que la petición del Grupo de Río produzca una profunda reflexión en Naciones Unidas”. Y seguramente Kofi Annan reflexionó profundamente, al menos sobre aquel principio de la Carta de la ONU que dice: “Las Naciones Unidas no podrá intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados”. Como se vio en el primer capítulo de este ensayo, para lograr el éxito, todo tiene valor en el político pragmático. Oportunismo y habilidad son sutiles pero poderosas herramientas, de las cuales el presidente Uribe ha hecho un principio. Así, por ejemplo, en 2003, antes de viajar a Estados Unidos a explicar su proyecto de ley de alternatividad penal para favorecer a los paramilitares, con el propósito de demostrar ante la comunidad internacional su generosa amplitud, habló de la excarcelación de Francisco Galán y Felipe Torres, líderes del Eln presos en Itagüí. En ese mismo tema, el Jefe de Estado actúa con una habilidad consumada, aunque no logra convencer de su bondad a la opinión pública nacional e internacional. El manejo de la palabra en el político pragmático tiene generalmente tres características: gravedad, ironía y agravio. El grito y la amenaza valen más que el pensamiento lógico. En este marco se inscribe el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien sube o baja los tonos, grita o modula la voz, frunce el ceño y manotea frente a la tropa, o posa de niño bueno y lee como un seminarista ante la asamblea general de las Naciones Unidas y en el Parlamento Europeo, casi siempre ante las sillas vacías. El Sufrimiento Oculto De Uribe El sufrimiento es una afección del alma que experimenta una persona debido a una desgracia, torturas físicas, presiones psicológicas, graves preocupaciones, enfermedades terminales, pérdida de un ser querido, desengaño, decepción o ingratitud de los amigos. Si la estructura anímica tuviera tejidos musculares, de manera gráfica se podría definir el sufrimiento como un desgarramiento del alma. El sufrimiento no es propiamente una virtud sino un estado de ánimo que puede fortalecer todas las virtudes y mejorar el comportamiento general de una persona; es como el yunque donde se moldea y se templa el alma, hasta el punto de que quien no ha experimentado un intenso sufrimiento no tiene de qué alegrarse, vanagloriarse y honrarse en la vida . Pero forzosamente no todo sufrimiento produce grandes resultados, ni todas las almas son capaces de soportarlo con valor y dignidad. Puede suceder que una persona o una sociedad se vea tan afectada por el sufrimiento que no sea capaz de asimilar el dolor y reaccione violentamente, llegando a causar daños individuales y sociales como respuesta. Es decir, se pueden presentar dos hipótesis: se afronta con valor y dignidad el sufrimiento, y al final se vence, o el sufrimiento es de tal magnitud que produce abatimiento y desesperación, odio y venganza. Más allá de El Ubérrimo, finca con la que se comunica el Presidente todos los días porque ello es parte de su plan personal, particular y mezquino, Uribe tiene una idea fija que lo convierte en cruzado y hace que esa misión sea su proyecto de vida: pulverizar a las Farc. “Acabar con la culebra”, según las propias palabras del primer magistrado de la Nación. Muy pocas personas, Los analistas y observadores se han ocupado de un tema supremamente delicado, que no se puede dejar de mencionar, pues se trata del Presidente de Colombia y como tal nos interesa a todos. Al presidente Uribe es preciso entenderlo como hombre, en quien confluyen todas las virtudes y miserias, dolores y sentimientos que acompañan a la criatura humana. Según se dice, su padre murió en un intento de secuestro por parte de las Farc, y su madre falleció cuando Uribe estaba fuera del país, y no pudo asistir a su sepelio por razones de seguridad. Es difícil auscultar el pensamiento del hombre, pero Uribe – en algunas palabras, frases y conductas– deja traslucir su intención íntima. “Es un hecho que el sufrimiento humano está presente por doquier, a veces imperceptible pero otras tan brutalmente evidente como para anular todo lo demás”. En su obra Así gobierna Uribe, María Jimena Duzán, al analizar la historia personal de Uribe y concretamente estos tristes episodios, dice: “Aunque él mismo siempre se ha apresurado a negar que su decisión de acabar con la ‘amenaza de las Farc’ no es una cruzada personal, cuesta trabajo creerle. Sé que no le gusta que le toquen el tema” . Hay hechos y declaraciones que delatan su recóndito estado de ánimo. Decir que en Colombia no hay un conflicto sino grupos terroristas es una obsesión. Pero en el fondo hay algo más: si las Farc le piden perdón, entregan sus armas y sus líderes van a las cárceles nacionales o de los Estados Unidos, el presidente Uribe sentiría que ha cumplido su misión, y alcanzaría la paz su alma, que es en realidad lo que se halla en guerra constantemente. Así de simple ve el conflicto interno el presidente Uribe. Por eso, en un foro celebrado en la Universidad del Rosario de Bogotá (miércoles 20 agosto, 2003), el Jefe de Estado contó ante los medios de comunicación que en Asunción, en el marco de la posesión del presidente paraguayo Nicanor Duarte, le dijo al presidente Hugo Chávez: “Deja de preocuparte por la política de seguridad de Colombia; hazles saber a las Farc que, si están muy aburridas con ella, conmigo negocian en cinco minutos”. Las Incoherencias De La Guerra Llevado por el sufrimiento, el odio y la venganza, el presidente Uribe actúa con tanta incoherencia frente a la guerra, que en forma ostensible pone al descubierto los sentimientos que le perturban su inteligencia. De una parte, vive para la guerra; todo el aparato del Estado y todo el presupuesto están al servicio de la guerra; recorre el mundo buscando apoyo para la guerra, le pide a Bush que saque la tropa de Oriente Medio y la ubique en el Amazonas, y dice ante los pupitres vacíos de la Onu que el mundo debe volcar sus ojos sobre Colombia porque aquí hay una tropelía de facinerosos que representan una amenaza para el mundo, pero eso sí, se empeña en decir, todos los días y a toda hora, que aquí no hay una guerra ni un conflicto. Como abogado, el presidente Uribe no lleva en su alma un jurista sino un mariscal de campo. Él ha hecho de la guerra su proyecto de vida, y al asumir la Presidencia de la República ha acentuado la razón de ser de su existencia y deja oír su voz de mando. Para Uribe, como para Bush (los dos pertenecen a la misma escuela, la neoliberal), quien disienta de este mundo de miseria, inequidad y exclusión es terrorista, y a los terroristas hay que echarles la tropa, matarlos o encadenarnos y confinarlos. Esa es la esencia de su política de seguridad democrática, y así lo dice y lo ha demostrado durante sus dos mandatos. El presidente Uribe Vélez representa lo más regresivo de lo que se denomina el “establecimiento”. Incluso se aparta radicalmente de los puntos de vista de otros sectores de la élite burguesa, que en un momento dado ha llegado a pensar en una salida política al conflicto social y la resistencia armada. No habían transcurrido veinticuatro horas de su primera posesión cuando el primer mandatario ya estaba tomando su primera decisión de guerra. A las seis de la mañana del 8 de agosto de 2002 inició en Valledupar la protocolización de la red de informantes civiles o cooperantes del ejército, los primeros de un millón que Uribe prometió en el transcurso de su campaña. Ese mismo día, ante la observación que alguien hizo sobre el peligro que podían correr los informantes, el presidente Uribe, más como comandante de división frente a una guerra internacional que como primer magistrado civil de la República, dijo: “Que nos maten a todos”. Y cinco días más tarde declaró el estado de conmoción interior con el propósito de conseguir 2,4 billones de pesos en impuestos para atizar la hoguera de la guerra. En su primer encuentro con las tropas, el 15 de agosto de 2002, el presidente Uribe les prometió recursos económicos suficientes pero se adelantó a pedirles resultados. Desde entonces, los operativos de guerra y la exigencia de resultados a la tropa continúan, hasta el punto de generar molestias entre la alta oficialidad, y se ha cometido más de una arbitrariedad por parte de miembros de la fuerza pública cuando se trata alcanzar un “positivo” . “Aquí no hay conflicto […] sino gobiernos que se han dejado engañar”, volvió a decir Uribe en la ceremonia de relevo de generales. Y agregó: “Señor general, mientras más se replieguen, usted más los persigue. Que no encuentren lugar en el mundo para ese repliegue, que para ese repliegue no les sirvan a estos bandidos los 578 mil kilómetros de selva que todavía conserva la Patria […]. No vamos a caer en esa trampa de que ahora se replieguen esperando un gobierno al que puedan engañar” . Pero sus generales no sólo saben que están en guerra sino que ésta no da tregua. “En el ejército todos entendemos –dicen los generales Ospina y Carreño– que la guerra no es de lunes a viernes. Los bandidos no se van a descansar los fines de semana” . Durante el feroz ataque que Estados Unidos lanzó contra Irak –la agresión más humillante, cruel y cínica que imperio alguno haya realizado en la historia de la guerra–, el presidente Uribe, fiel a Bush y a su alma de guerrero y en contra de toda Sudamérica, apoyó la invasión. El argumento del pragmático gobernante colombiano fue: “Para pedir solidaridad hay que ser solidarios” . Y agregó uno más, de corte filosófico y aleccionador para la insurgencia de nuestro país: “El flagelo del terrorismo tiene que ser obligado a desintegrarse para poder vivir tranquilamente”. En ese contexto, en una visita a Nueva York, Uribe se presentó ante la Asamblea de las Naciones Unidas como el exterminador del terrorismo que golpea el mundo “Angustiados como estamos por el terrorismo –señaló–, que afecta a tantos países, acudimos a reiterar nuestro compromiso para luchar hasta dejar atrás este flagelo”. Poco antes de cumplir el primer año de gobierno, en un amplio reportaje concedido a El Espectador, los periodistas le dijeron a Uribe que al país le llamaba la atención el nuevo lenguaje oficial, en el que se desconocía el conflicto y simplemente se hablaba de terrorismo. Y Uribe manifestó, en otras palabras, que ese era su proyecto de vida. “Estoy resuelto –dijo– a que los años de vida que Dios me dé los dedicaré a trabajar, desde la Presidencia o desde afuera, para que Colombia derrote el terrorismo. Uno tiene que tomar decisiones en la vida; entonces, cuando uno está resuelto, poco calcula, uno está jugado, ya no hay cálculo, sólo convicción”. Dos meses y medio más tarde, en el discurso más violento que haya pronunciado desde cuando asumió el mando, el día de la posesión del nuevo comandante de la Fac, ante la tropa recalcó una y otra vez que aquí no hay conflicto ni guerra sino sólo grupos terroristas: “Esta no es una guerra. Este no es un conflicto. Esta es una democracia garantista al servicio de 44 millones de ciudadanos, desafiada por unos terroristas ricos”. Y en su gira por Europa, en febrero de 2004, otra vez invocó al Altísimo en sus juramentos de guerra, y así dijo en Estrasburgo el presidente Uribe: “Mi lucha contra el terrorismo terminará cuando se den una de estas dos cosas: o cuando lo haya derrotado o cuando el Creador haya puesto fin a mi existencia”. El conflicto existe desde hace un poco más de 50 años, y los gobernantes de las dos últimas décadas han celebrado algún tipo de negociación con los movimientos guerrilleros. El conflicto no sólo existe sino que además, a partir del año 2000, se internacionalizó con el Plan Colombia. Pero desde antes de oficializarse la ayuda estadounidense para la guerra, también los Estados Unidos habían reconocido el conflicto, y en un momento determinado estuvieron dispuestos a participar en un proceso de negociación con las Farc. En efecto, en diciembre de 1998, en Costa Rica, en la casa de Álvaro Leiva se reunieron Phillip Chicola, funcionario del Departamento de Estado encargado del área andina, y Raúl Reyes, negociador de las Farc. Estos acercamientos se rompieron por el asesinato de tres indigenistas estadounidenses a manos de un frente de ese movimiento guerrillero. No registra la historia de Colombia un antecedente de incoherencia igual frente a la guerra; un presidente de la República que haya hecho del conflicto armado su proyecto de vida, pero que a la vez niegue la existencia de tal conflicto. Ni siquiera los generales del país durante el siglo XIX y en las primeras décadas del XX, ni Laureano Gómez en las peores épocas de la Violencia dijeron o hicieron algo parecido. Nadie en Colombia puede desconocer esta gran verdad: existe un conflicto social y una guerra irregular. Sobre nuestro conflicto se han escrito varias docenas de libros, de autores nacionales y extranjeros, de manera individual y también como trabajos colectivos, e infinidad de documentos y capítulos de otros libros. Ninguno de los autores de esos textos y ensayos, o de los miembros de grupos de investigadores, desconoce que aquí, en el territorio colombiano, hay tres ejércitos: uno oficial, uno insurgente, disidente o guerrillero, y un tercero, para oficial, paraestatal o paramilitar. El oficial y el paramilitar son dos ejércitos contrainsurgentes que durante los últimos 27 años (eso hace que nacieron los paramilitares de hoy) no han logrado derrotar las distintas expresiones de ejércitos disidentes o guerrillas. Entre los muchos libros que se han escrito sobre el tema del conflicto o guerra irregular, solamente quiero mencionar dos. El francés Daniel Pécaut hizo un balance del primer año de gobierno de Uribe, y, aunque en él examina las decisiones políticas, económicas y sociales, así como la erradicación de los cultivos ilícitos y las relaciones internacionales, sus 208 páginas giran en torno de la guerra interna. Y para que no queden dudas, Pécaut denomina su libro Midiendo fuerzas. En esta obra, su autor reconoce la existencia de las tres clases de ejércitos en el siguiente párrafo: “Prácticamente ningún territorio del país ha quedado libre de este conflicto. Mientras las Fuerzas Armadas están lejos de poder abarcar todo el territorio, guerrillas y paramilitares hacen sentir su influencia en el conjunto del país”. El segundo es el Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia 2003, investigación adelantada por las Naciones Unidas bajo la coordinación de Hernando Gómez Buendía. Y para que al presidente Uribe no le asista duda alguna, también esta obra se denomina El Conflicto, callejón con salida. En un párrafo de sus 514 páginas se sintetiza lo irregular de nuestra guerra, para señalar que, en su expansión, no se sabe dónde se ubica ni cuándo llegó a determinada región. “Aunque parece obvio –dice– que el conflicto ha tendido a expandirse con el paso del tiempo, no es fácil precisar ‘dónde’ se ubica o ‘cuándo’ llegó a determinada zona: las mediciones de incidencia o intensidad de la guerra son discutibles, los límites entre ‘regiones’ son borrosos y la movilidad geográfica es connatural a los actores armados”. Entre el 20 y el 22 de octubre de 2004 se reunieron en Sant Cugat, localidad catalana a unos 14 kilómetros de Barcelona, un poco más de 50 personas que de algún modo han intervenido en uno o varios procesos de paz de los que se han realizado en Colombia durante los últimos 22 años. Participaron en tal evento quienes lideraron el tema de la paz en los últimos cinco gobiernos – Betancur, Barco, Gaviria, Samper y Pastrana–, además de tres voceros del presidente Uribe, uno de la Onu, tres de la iglesia católica y tres por los desmovilizados. Según María Alejandra Villamizar, periodista de El Espectador, “a pesar de la insistencia de Carlos Lozano, ex miembro de la Comisión de Notables del proceso de paz Pastrana-Farc, y de Camilo González Posso, de la Comisión de Paz del gobierno de Betancur, para que se produjera un documento final, el gobierno se opuso”. De acuerdo con la misma periodista y con uno de los asistentes, quien me envió un correo electrónico al respecto, en esa reunión hubo consenso en dos sentidos: que sólo un alma cegada y nublada por alguna pasión oculta se atreve a negar que aquí sí hay un conflicto y que la única salida debe ser política. Hasta el propio comandante de los paramilitares, Salvatore Mancuso, reconoce que en Colombia existe un conflicto desde hace muchísimos años. En reportaje concedido a El Espectador, María Alejandra Villamizar le preguntó cómo interpreta el concepto del gobierno según el cual en Colombia no existe un conflicto sino una amenaza terrorista, y el jefe paramilitar contestó: “Definitivamente este no es un conflicto entre terroristas. No somos terroristas. La guerrilla sí ejecuta actos terroristas. Existe un conflicto interno desde hace muchísimos años, no es bueno desconocerlo. Es bueno asumir la responsabilidad que vivimos a partir del 11 de septiembre”. El presidente Uribe pone todos los recursos del Estado al servicio de la guerra, y constantemente hace discursos y apela a simbologías de guerra pero niega la existencia del conflicto. Éste, sin embargo, tiene otra connotación, tan real como propia de la guerra. La guerrilla tiene en su poder a varios oficiales y suboficiales del Ejército y la Policía, capturados en acciones de guerra, y el Estado mantiene tras las rejas a combatientes de la guerrilla; y mientras los parientes de los retenidos por la guerrilla, las Ong protectoras de derechos humanos, los organismos internacionales y los ex presidentes de la República señalan mecanismos jurídicos para un posible intercambio humanitario, Uribe sólo tiene lenguaje duro y amenazante. En el mejor de los casos, propuestas irrealizables, como una reunión en Bogotá, en alguna embajada o en cualquier iglesia del país, mientras ordena y acosa a la tropa para que a sangre y fuego vaya al rescate de quienes se hallan privados de la libertad en las profundidades de la selva. Satanización Del Proceso Pastrana-Farc Desde cuando Pastrana inició conversaciones con las Farc, Uribe como candidato no hizo otra cosa que satanizar ese proceso, y hoy como Presidente no desmaya en ese propósito. Después de todo el estropajo que el presidente Uribe les ha restregado en el propio rostro a todos sus antecesores, Pastrana rompió su silencio y habló con dignidad en reportaje concedido a El Espectador el 16 de julio de 2004. Pocas veces un político colombiano –o mundial: la esencia de la praxis política es mentir– dice tantas verdades juntas. Durante toda una semana, las palabras de Pastrana fueron el plato fuerte de políticos y medios de comunicación, ocupándose únicamente de las críticas hechas a la reelección inmediata. Sólo Uribe, ante La tropa, en el aniversario 181 de la Armada Nacional, hizo referencia sin mencionar a Pastrana, a los coqueteos, sonrisas y abrazos del ex presidente con las Farc cuando era huésped de la Casa de Nariño. Sin embargo, el tema grueso del reportaje fue el conflicto, y el papel que Pastrana jugó antes y después de su elección. El día en que se escriba la historia de Colombia sin el apasionamiento de la venganza y sin el odio por el otro, sus páginas reconocerán que hasta 1998 ningún Presidente hizo tanto por acabar con el conflicto armado, aunque con alguna ingenuidad. Es claro que en San Vicente del Caguán sólo hubo negociación para acordar la liberación de 360 militares y policías retenidos por las Farc en operaciones de guerra. Lo demás fue muñequeo político-militar entre las dos partes, a la mejor manera que ha muñequeado la humanidad en asuntos de guerra desde que el mundo es mundo. Pero, ¿de quién fue la ingenuidad? De Pastrana, del establecimiento y de las Farc. Pastrana fue ingenuo al pensar que un reloj de campaña, un abrazo a Manuel Marulanda, unas fotos, la supuesta afinidad o empatía –‘química’, dicen los entendidos en la psicología ‘profunda’– y todo un día en sus propios campamentos eran suficientes para acabar el conflicto. Más ingenuo fue el sistema que rige los destinos de Colombia desde su independencia, al confiar en que Pastrana lograría el milagro. Por eso lo apoyó. Iluso fue el régimen al creer que un ejército insurgente de 40 años de lucha, sin una baja ni una captura en la cúpula de su estructura, fuera a entregar las armas a cambio de nada. Ingenuas también fueron las Farc al pensar que el establecimiento tenía el propósito de negociar la agenda que ellas proponían; incautas si creyeron que el régimen iba a tolerar el muñequeo de guerra que ese ejército irregular jamás dejó de ejercer. Esa triple ingenuidad le arrancó a Marulanda esta pregunta: “¿Qué es lo negociable para el Estado?”. Lo hizo el 20 de noviembre de 2001 en carta dirigida a las tres ramas del poder público, al Consejo Gremial y también a la Conferencia Episcopal. La cuestión recobró vigencia con el reportaje a Pastrana, pues la periodista le preguntó si se vería de nuevo con Marulanda para buscar la paz. Y con la duda que mata, el ex presidente respondió que “la pregunta es: ¿Volvería Marulanda a reunirse conmigo para buscar la paz?”. El escepticismo de Pastrana, las exigencias de las Farc y los resultados del Plan Patriota son elementos de juicio para que el establecimiento piense seriamente, mientras se gasta hasta el último centavo en la guerra. Actuarían con sensatez el Ejecutivo, los gremios económicos y la Iglesia si se pusieran de acuerdo en qué van a ceder de sus poderosos intereses el día en que las Farc sean derrotadas militarmente y vuelvan otra vez a la mesa de negociaciones. Entonces será la hora de responderle la pregunta a Marulanda. Politiquero De Oficio Una de las características del político pragmático es desconcertar, desacreditar, descalificar a sus contendientes. Como carece de argumentos para vencerlos en la controversia dialéctica, los desacredita, los descalifica, los desconceptúa. El presidente Uribe es un experto en desconcertar y desacreditar a quienes no estén con él o hagan un análisis crítico de su gestión. Una de las formas de desconcertar a sus contradictores consiste en tildarlos de “politiqueros” o “terroristas”. El Diccionario de la Real Academia Española (Drae) dice que politiquero es el que politiquear. Y, a la vez, sobre el vocablo “politiquear” dice: “Tratar de política con superficialidad o ligereza. Hacer política de intrigas y bajezas”. Si algo tiene el presidente Uribe es eso: toma la política de manera superficial y ligera. La nota biográfica que Uribe presentó con los 100 puntos de su campaña dice: “Fue eximido de exámenes finales en todas las materias cuando cursaba los grados 5º y 6º, gracias a su excelente rendimiento académico. Fue declarado el mejor bachiller”. Agrega su hoja de vida que fue Jefe de Bienes en las Empresas Públicas de Medellín, Secretario General del Ministerio de Trabajo, Director de la Aeronáutica Civil, Alcalde de Medellín, Senador de la República y Gobernador de Antioquia. Lo que no dice la leyenda es que para ocupar todos y cada uno de esos cargos haya llegado mediante un concurso de méritos o de oposición. Entonces hay que concluir que fue politiqueando cómo logró escalar todas esas posiciones: halagando, gritando, gritando, dando codazos, amenazando, incluso yéndose a los puños o sacando revólver como cualquier politiquero exaltado. A falta de concurso de méritos para obtener los cargos que ha ocupado, muchas plazas de ferias, muchas inauguraciones, muchos caballos y caballistas; es decir, muchos contactos, manejo de hilos, tramas y maniobras politiqueras. En la campaña por el referendo de 2003, Uribe recurrió a las más prosaicas salidas politiqueras, como repartir auxilios y dictar un decreto estableciendo beneficios para quienes votaran esa consulta. Y lo más indigno, en su condición de jefe de Estado: se metió a la casa del reality “Gran Hermano” y se hizo ungir por una secta religiosa, sólo para captar votos. Cosas parecidas no habían hecho ni siquiera los más veteranos politiqueros de la dirigencia colombiana. En suma, el presidente Uribe Vélez es un politiquero de oficio, que, no siendo capaz de convencer con dialéctica limpia a sus contendientes, los desacredita y los de conceptúa, clasificándolos de politiqueros. Y lo hace con suma habilidad, ya que le traslada la carga de la prueba de los conceptos, a su contendiente o a la víctima; es decir, para desconectar al otro utiliza la prueba diabólica. ¿Cómo hará el contendiente o la víctima para quitarse de encima el horrible mote de politiquero si se lo puso quien “no es” politiquero y quien, además, hoy es el jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa? En su manía de desconcertar a su adversario, durante el hostigamiento publicitario por el referendo el presidente Uribe tildó de terroristas a quienes estuvieran por la abstención. En ese momento, el referendo no era simple- mente para hacer unas reformas consti- tucionales sino “para salvar a Colom- bia del terrorismo”. ¿Es Uribe demócrata? ¿Qué es la democracia? Todos sabemos que la democracia nació en Grecia pero no con la misma facilidad con que aparece el Sol cuando amanece. Fue en medio de controversias, luchas y vertimiento de sangre, debate filosófico y praxis política. En lo que respecta al debate, éste comenzó en el corazón del imperio persa –como ya se ha dicho– una vez que murió el rey Cambises, hacia el siglo VI a.C. En efecto, se reunieron en torno a su herencia política quienes con el devenir del tiempo habrían de convertirse en los más antiguos ascendientes de las distintas formas de gobierno: Otanes, Megabyzo y Darío, cuya discusión relata Herodoto. Otanes era partidario de la democracia, Megabyzo de la oligarquía, y Darío, quien ganó esta primera partida, de la monarquía. Antes que el debate sobre la democracia y las demás formas de gobierno fuera continuado por Sócrates, sistematizado por Platón y divulgado por Aristóteles y Polibio, transcurrieron en Grecia casi 200 años de luchas sangrientas y de regímenes tiránicos y democráticos. Por graves problemas económicos, las clases media y popular impulsaron un proceso revolucionario, y todos los partidos políticos eligieron magistrado a Solón en 594 a.C., con amplios poderes para adelantar una reforma política y económica. En cumplimiento de este mandato, Solón promulgó una Constitución de estirpe popular en 591 a.C., en la que lo esencial era la participación de la ciudadanía en las decisiones de interés general. Este hecho dio nacimiento a la democracia. Pero en 560 a.C., Pisístrato derrocó a Solón e instauró la tiranía que duró 50 años, ya que entre aquél y su hijo gobernaron hasta 510 a.C. En este año fue depuesto el dictador por el aristócrata Clístenes, quien apoyado por el pueblo procedió a reformar el sistema de gobierno, de manera tan radical que ello le mereció el título de “padre de la democracia”. Aunque la democracia ateniense nació con Solón y se le atribuye a Clístenes la paternidad de la misma, alcanzó su altura estelar durante el gobierno de Pericles, quien por más de 30 años (461-429 a.C.) fue presidente de la Junta de Generales, algo así como primer ministro. El extenso período de gobierno de Pericles lo vivió Sócrates en su niñez y en su juventud, y es claro que transmitió sus experiencias a sus discípulos. Platón, el más grande entre ellos, captó con avidez ese sistema de gobierno que regía en Atenas, la democracia, cuando el autor de La República apenas despuntaba a la vida. Pero el debate sobre la democracia entre Sócrates y Platón tendría como telón de fondo la sangrienta guerra de Esparta y Atenas, conocida como la Guerra del Peloponeso. Es así como al lado de las enseñanzas de Sócrates, Platón tuvo una enorme conmoción intelectual cuando Atenas cayó en manos de la tiranía. Ocurrió una vez que finalizó la Guerra del Peloponeso (404 a.C.), y los vencedores acabaron con el sistema democrático, asumiendo el poder los denominados Treinta Tiranos. En ese contexto teórico-fáctico, Platón estructura su teoría del Estado, y dentro de ésta la primera definición de la democracia que conoce el pensamiento político. En el diálogo la República, Platón enseña que hay cinco formas de gobierno, a cuya cabeza se halla aquel sistema que corresponde al Estado que funda el propio pensador ateniense, que califica de excelente. Además de esta perfecta modalidad de gobierno, hay muchas formas malogradas, aunque sólo cuatro de ellas son dignas de mención: timocracia, oligarquía, democracia y tiranía. La democracia, según Platón, tiene su origen en la codicia insaciable de la oligarquía, que considera como sumo bien el ser lo más rico posible. Los pobres, enjutos y soleados, son menospreciados por los ricos, que son criados a la sombra y cargados de carnes superfluas. En estas circunstancias de desigualdad, “así como un cuerpo enfermizo –dice Platón– necesita un pequeño estímulo externo para volcarse hacia la enfermedad, un Estado oligárquico al menor pretexto enferma y arde en lucha interna, sin necesidad de nada externo”. Y agrega: “Entonces la democracia surge, pienso, cuando los pobres, tras la victoria, matan a unos, destierran a otros, y hacen partícipes a los demás del gobierno y las magistraturas, las cuales la mayor parte de las veces se establecen en este tipo de régimen por sorteo”. Luego viene la definición: “Puede ser que éste sea el más bello de todos los regímenes. Tal como un manto multicolor con todas las flores bordadas, también este régimen con todos los caracteres bordados podría parecer el más bello. Y probablemente, tal como los niños y las mujeres que contemplan objetos policromos, muchos lo juzgaran el más bello” . Pero Platón no se queda estancado en la teoría del Estado que concibe en la República, y evoluciona su pensamiento político en dos obras posteriores: Político y Leyes. En el Político, señala que hay siete formas de gobierno: la de uno, la de pocos y la de muchos, cada una de las cuales en dos versiones, la que cumple las leyes y la que está por fuera de éstas. Y además de estas seis formas, está la séptima, que corresponde al Estado fundado por Platón. El gobierno de uno es la monarquía, “cuando el sistema está unido al yugo de esos buenos escritos a los que llamamos leyes”. Cuando se aparta de las leyes, aparece la tiranía, la forma de gobierno “más difícil y la más dura de sobrellevar”. El gobierno de pocos es la aristocracia, cuya degeneración es la oligarquía. Y el gobierno de muchos es la democracia que, según el propio Platón en la República, lo concebía “simple, ahora, en cambio, esa forma de gobierno debemos considerarla doble: conforme a las leyes y en contra de ellas”. Al ampliar el concepto de democracia en el político, Platón dice que no es bueno ni malo, en comparación con los demás, “porque en él la autoridad se distribuye en pequeñas parcelas y entre numerosos individuos. Por tanto, de los regímenes políticos de carácter legal, éste es el peor, pero de todos aquellos que no observan las leyes es, por el contrario, el mejor. Si todos carecen de disciplina, es preferible vivir en democracia; pero si todos son ordenados, de ningún modo ha de vivirse en ella sino que de lejos será mucho mejor vivir en el primero si se exceptúa el séptimo”. Es sorprendente el avance que logra Platón sobre el estudio de la teoría política en el diálogo de las Leyes, y la manera como todos los pensadores que han sucedido al ateniense se dedican a copiarlo sin citar las fuentes. En las Leyes, Platón reduce las formas de gobierno a dos grandes sistemas de los cuales se derivan los demás. “Hay como dos madres –dice– de los sistemas políticos, de cuyo entrelazamiento con razón podría decirse que surge el resto. Es correcto llamar a la una monarquía y a la otra democracia. De una es la expresión más alta la raza de los persas, de la otra, la de los atenienses. Casi todas las formas restantes, como dije, son variaciones de éstas. Por tanto, es necesario e imprescindible que los sistemas políticos participen de estas dos”. He ahí el origen no sólo de la democracia sino igualmente del gobierno mixto que rige hoy en todos países del mundo, aun en los regímenes dictatoriales y a pesar de que en la ‘seguridad democrática’ se haya comprado el Congreso con halagos y migajas de poder, y se pretenda domesticar a los jueces mediante amenazas. Con esta misma clasificación tomada de las Leyes comienza Maquiavelo El príncipe, sin darle crédito a Platón. De la teoría del Estado de Platón partió Aristóteles, haciendo sus propias interpretaciones y divulgando los regímenes de gobierno en su libro Política. “Es evidente –dice Aristóteles–, pues, que todos los regímenes que tienen como objetivo el bien común son rectos, según la justicia absoluta; en cambio, cuantos atienden sólo el interés personal de los gobernantes, son defectuosos y todos ellos desviaciones de los regímenes rectos, pues son despóticos y la ciudad es una comunidad de hombres libres”. A continuación, Aristóteles repite las desviaciones que Platón hace de las formas de gobierno, y luego enseña la definición de cada una de ellas: la tiranía de la monarquía, la oligarquía de la aristocracia, y la democracia de la república. “La tiranía es, como se ha dicho, una monarquía que ejerce un poder despótico sobre la comunidad política. Hay oligarquía cuando los que tienen la riqueza son dueños y soberanos del régimen; y, por el contrario, democracia cuando son soberanos los que no poseen gran cantidad de bienes, sino que son pobres” . Y al ampliar el concepto de democracia, el estagirita señala: “El hecho es que en todas partes los ricos son pocos y los pobres muchos. Lo que diferencia la democracia y la oligarquía entre sí es la pobreza y la riqueza. Y necesariamente cuando ejercen el poder en virtud de la riqueza, ya sean pocos o muchos, es una oligarquía, y cuando lo ejercen los pobres es una democracia”. De acuerdo con las definiciones de los pensadores griegos, en principio se podría decir que en ninguna parte del mundo y en ninguna época de la historia ha existido democracia, porque jamás han gobernado los pobres, que son mayoría, ni los buenos, que por carecer de ambición jamás se preocupan por alcanzar el poder. Siempre ha manejado las palancas del Estado una exigua minoría, en representación de los dueños de la riqueza mundial, que cambia de nombre a través de las diferentes etapas de la historia: esclavistas, mientras existió esta forma de discriminación; señores feudales, aliados de la iglesia católica, en el medievo; industriales y comerciantes, en la modernidad; banqueros y transnacionales del comercio y las comunicaciones, en el mundo de la globalización neoliberal. Las ideas de los griegos atravesaron el mundo, siendo Roma su primer destino. Aquí, debido a que la república romana contempla algunas libertades, al régimen republicano se le identifica con la democracia, y así continuaría por el resto de la historia: mundo medieval, Renacimiento, Ilustración. Finalmente, esas ideas filosóficas fueron recogidas por las dos grandes Constituciones del mundo occidental: la de los Estados Unidos de América en 1987 y la de Francia en 1791, de las cuales se derivaron todos los estatutos políticos de Europa y América Latina. En el marco de la Constitución de los Estados Unidos, el más conspicuo de sus voceros, Abraham Lincoln, dio la siguiente definición al apagarse el fuego de la lucha intestina de esa extensa nación: “La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Podría considerarse este momento como el cenit de la democracia y la definición más poética del sistema de gobierno que Platón llamó de la muchedumbre. ¿En qué momento esa hermosa definición de democracia que había transitado desde Platón hasta Lincoln desapareció del papel? Si hasta entonces la democracia había estado más en los tratados de teoría política y en las Constituciones, es decir, más en el papel que en realidad, al finalizar el siglo XIX vendría a ser una farsa, y en el mejor de los casos una caricatura: la democracia pasaba, en la propia teoría, del gobierno de las muchedumbres al gobierno de las élites. No sólo dejaba de ser realidad sino que además desaparecía del papel, porque ahora resultaban nuevos teóricos que cambiaban el valor simbólico de las palabras, su etimología y su esencia, para legitimar a la exigua minoría gobernante y excluir a la inmensa mayoría en el reparto del poder. En efecto, para los pensadores Ludwig Gumplowicz, Caetano Mosca y Wilfredo Pareto, la democracia y la soberanía popular son conceptos ideales que jamás pueden corresponder a una realidad fáctica porque, cualquiera que sea la forma de gobierno, quien lo ejerce es sólo una minoría. He ahí la nueva moral de las élites convertida en filosofía y textos constitucionales. Ahora, con una gran tranquilidad de conciencia, los dueños del poder convocan periódicamente a los pobres para que voten por los ricos, verdaderos voceros del poder económico, financiero y mediático, como quedó escrito en el primer capítulo de este ensayo. Pero en el instante de abandonar la urna, nada decidirán. El poder real lo tiene la riqueza, expresada en el mercado de las transnacionales, cuya sede está en cualquier lugar del mundo. Mientras los pobres estén muriéndose de hambre, sin educación y sin medios de comunicación, decir que hay democracia resulta obsceno y cínico. Para el común de la gente y aun para los retrasados mentales, resultan menos ofensivos los discursos sobre la democracia que el ultraje a la razón. La Democracia En Colombia En Colombia, en lo que respecta a la democracia, se sigue la regla general: jamás han gobernado los pobres. A pesar de esto, el pueblo siempre responde cuando se le convoca, pero muchas veces, en el clímax de su fervor, ha sido defraudado por las élites gobernantes o por los líderes en las fronteras del poder. En ese inescrutable misterio de la conciencia humana, no se sabe exactamente cuándo ha faltado audacia y decisión para dar el timonazo que el pueblo reclama, o hasta dónde ha llegado la traición a las masas hambrientas de resultados definitorios. La historia de Colombia se halla cruzada por la lucha vibrante del pueblo, por la represión de los gobernantes unas veces, y otras por la indecisión y freno de sus líderes. Es así como por breves períodos algunos mandatarios han estado acompañados por el pueblo. Se podrían mencionar algunos ejemplos. Durante el siglo XIX, debemos recordar que José Hilario López, José María Obando, José María Melo y Manuel Murillo Toro llegaron al poder y estuvieron acompañados en él por los campesinos y los artesanos organizados en las llamadas “sociedades democráticas”. Durante el siglo XX, Alfonso López Pumarejo tuvo su momento estelar el 1º de mayo de 1936, en plena Revolución en Marcha, cuando creó el Frente Popular con los obreros, los artesanos y el sector progresista del liberalismo. El 9 de abril de 1948, el pueblo dolido y humillado por el asesinato de su líder Jorge Eliécer Gaitán, pero sin rendirse, marchó hacia el Palacio Presidencial para pedirle cuentas al presidente Mariano Ospina Pérez, pero los voceros del liberalismo lo atajaron. En los años subsiguientes y hasta 1953, el pueblo liberal alzado en armas pidió orientación y respaldo de la Dirección Nacional Liberal, pero sus dignatarios, como en la noche del 9 de abril, volvieron a ser inferiores a las circunstancias. El campesinado del país, organizado en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) exigió siempre una reforma agraria a fondo, pero el liberal Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) no llegó más allá de repartir unas pocas parcelas, organizar unas cooperativas y establecer unos distritos de riego. El 19 de abril de 1970, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla ganó las elecciones y la oligarquía le escamotea el triunfo, el pueblo que lo apoyó en las urnas estuvo dispuesto a hacerse matar por defender la victoria, pero el otrora militar golpista fue inferior a sus seguidores. Finalmente, en 1999, el magisterio colombiano quiso tomar las instalaciones del Congreso de la República para impedir que fueran burlados sus derechos, pero sus líderes lo atajaron. Principal Protagonista De La Democracia De acuerdo con la definición de “democracia” en el pensamiento político de Platón y de sus discípulos, el principal protagonista de este régimen gubernamental es el pueblo. ¿Cuál ha sido la actuación de este protagonista en la permanente maquinación que los dueños del poder ejercen contra el pueblo? Si en Colombia no ha existido una democracia real, no ha sido por falta de participación de los pobres sino porque sus anhelos no han logrado coronar la cum- bre de su lucha. Ésta ha sido ondulante, de ascenso y reflujo, en sus dos grandes vertientes: los trabajadores del campo y los urbanos.  Hablar de los trabajadores del campo es hablar de la historia de Colombia, por- que a las masas campesinas las encontramos protestando por el impuesto de la alcabala (1592) en la revolución de los comuneros (1781), y con otros objetivos en la guerra de la Independencia, en las guerras civiles del siglo XIX, durante la violencia de los años 50 del siglo XX, en la lucha por la tierra en los 70 de esta misma centuria, en los paros y movimientos cívicos, en la guerra del narcotráfico, en la resistencia contra el paramilitarismo. Aunque es imposible dedicar siquiera unas líneas a cada una de estas etapas de la lucha de los campesinos, especialmente los asalariados, conviene no olvidar las epopeyas de los trabajadores del café en la zona andina ni la de los trabajadores de las bananeras en la costa atlántica. La lucha de los trabajadores del café comprende la colonización, las peleas por la tierra, el empleo de la mano de obra, mejores salarios y prestaciones sociales. En cuanto a la colonización, desde la época colonial los pobres del campo tendían a construir sus ranchos y plantar sus sembrados en territorios no lejanos de las haciendas. Con el paso del tiempo fueron ampliando gradualmente sus posesiones y, si nadie controvertir sus derechos, las legaron a sus hijos. Así, algunos colonos habían heredado su condición, y algunas familias, especialmente en áreas muy remotas, continuaban ocupando esas tierras a través de generaciones. Los colonos eran de diverso origen social y racial; algunos eran negros, indígenas otros, pero de ancestro mezclado la mayoría. En las tierras altas del oriente, la disolución final de las comunidades indígenas en la primera mitad del siglo XIX dio origen a poblaciones de colonos indígenas. Las primeras luchas por las reivindicaciones salariales y prestacionales las dieron en algunas haciendas de Quipile (Cundinamarca) los trabajadores del café, quienes ya en 1925 presentaron peticiones tendientes a mejorar la alimentación y la vivienda, reducir la jornada de los trabajadores contratados libremente, disminuir las obligaciones nacidas de la renta de la tierra, poner fin al trabajo no remunerado de los arrendatarios en tareas distintas de las estipuladas en los contratos, y por último suspender la expulsión de arrendatarios sin justa compensación por las mejoras. A los reclamos de los trabajadores de Quipile siguieron los de la hacienda cafetera de El Chocho, en Fusagasugá (Cundinamarca), con peticiones más avanzadas: libertad para vender fuera de la hacienda el café y los productos alimenticios cultivados en sus parcelas, pago de la renta en dinero, fijación de la renta de la tierra cada tres años y bajo la supervisión de inspectores laborales, estipulación de los términos legales bajo los cuales podían los arrendatarios ser despojados legalmente de las tierras que ocupaban, establecimiento de normas legales para el pago de mejoras y eliminación de las multas por infringir las obligaciones contractuales. En la segunda mitad de la década de los años 20 del siglo pasado entraron en el escenario de la lucha los trabajadores del banano en la costa atlántica. La United Fruit Company (Compañía Frutera Unida), fundada por tres norteamericanos en 1899, fue la partícipe de esa lucha. El sistema que la compañía desarrolló para conseguir los resultados esperados se basaba en el trabajo a destajo. En lugar de pagar salarios por día, por semana, por quincena o por mensualidad, la empresa pagaba por trabajo cumplido: por limpiar terreno nuevo, sembrar matas de banano, y desherbar o cosechar. Durante los períodos de corte intenso de banano, grupos de obreros asumen trabajos especializados: los puyeros cortaban la fruta, los coleros cargaban los racimos al borde de los campos, y los carreros los apilaban sobre las góndolas que las mulas llevaban hasta las estaciones del ferrocarril. El sistema de trabajo a destajo funcionaba bien para la compañía y no les disgustaba a los trabajadores. Lo que enojaba a éstos era el sistema de contratación de la compañía, que no lo hacía directamente sino a través de intermediarios (ajusteros), quienes acordaron el trabajo por realizar con la compañía y reclutaban a los trabajadores para hacerlo. Así se produjo una situación paradójica: la compañía producía millones de racimos cada año, pero no tenía trabajadores a su servicio,  De modo que los productores directos, esto es, los trabajadores reales, carecían de asistencia médica a pesar de que les descontaban el 2 por ciento de su salario para servicios hospitalarios. También les preocupaba, entre otros servicios, la vivienda, pues la compañía alojaba a la mayoría de los obreros en campamentos de las bananeras que eran insalubres debido al hacinamiento de los trabajadores, dentro de muchas otras limitaciones. En ese contexto, los trabajadores presentaron un pliego de peticiones el 6 de octubre de 1928 con 10 puntos, entre los que se encontraban: seguro colectivo obligatorio, indemnización por accidente de trabajo, descanso dominical remunerado, pago semanal, abolición del sistema de intermediarios y habitaciones higiénicas. Como la compañía se negara a discutir el pliego de peticiones, los trabajadores entraron en huelga el 12 de noviembre, con la movilización de unos 32.000 trabajadores que duró entre el 12 de noviembre y el 5 de diciembre, fecha en la que se produjo una masacre cuyo número de caídos todavía no se ha podido precisar . El movimiento obrero urbano de Colombia se desarrolla de manera oscilante, en ascenso y reflujo. De 1919 a 1921 se halla en crecimiento, y tras una breve pausa éste continúa en forma notable entre 1923 y 1928. Luego, con la matanza de las bananeras, desciende en absoluta verticalidad hasta 1930, cuando cae el régimen conservador. En 1933 se inicia un nuevo ascenso que adquiere su mayor fuerza en el cuatrienio presidencial 1934-1938. En 1939, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, se produce un receso y luego nuevas y vigorosas acciones reivindicativas, pero en 1946, al caer el régimen liberal, desciende vertiginosamente y es golpeado el movimiento sindical durante todo el período de la violencia conservadora. En la década de los años sesenta del siglo XX, el movimiento obrero vuelve a levantar la cabeza con mucha fuerza, en una gran actividad huelguística que en 1965 involucra a 172.000 trabajadores. Entre 1966 y 1969 retrocede, recuperándose ligeramente en 1972 para luego entrar de nuevo en reflujo. En 1974 comienza un ciclo de ascenso, cuyo punto culminante se sitúa en el 14 de septiembre de 1977, fecha en la cual estalla una huelga general, el paro cívico, que comenzó el día miércoles y concluyó en el fin de semana con saldo de más de 50 muertos, y muchos heridos y encarcelados. A partir de 1978, el movimiento obrero y sindical es reprimido y se nota un bajonazo en la lucha, que sólo volvería a recuperarse un poco hacia 1983-1984, cuando pierde toda iniciativa de reivindicación política. Sólo en 1993, una gran marcha del magisterio oficial por las calles de Bogotá, con epicentro en la Plaza de Bolívar, les dijo a los desprevenidos transeúntes que aún quedaban reductos de trabajadores organizados en Colombia, pero el movimiento obrero concluyó el siglo muy deprimido y no volvió a recobrar fuerzas hasta 2003. No es una simple coincidencia sino una consecuencia lógica que mientras el movimiento obrero se aleja de la calle son barridas todas sus reivindicaciones de los textos laborales: en diciembre de 2002, los trabajadores habían perdido todo lo ganado en 100 años de lucha y estaban en cero, para volver a comenzar. La clase trabajadora volvió a jugar el mejor papel político de los últimos 25 años cuando por intermedio de la Central Unitaria de Trabajadores (Cut) se puso a la cabeza de la Gran Coalición Democrática, que derrotó el referendo como proyecto personal del presidente Uribe. Y sin perder el impulso, volvió a la calle el 16 de septiembre de 2004 en mítines que se desarrollaron en las principales ciudades del país, y cuatro semanas después, el 12 de octubre, realizó la más grande concentración política de los últimos 20 años: en Bogotá, 300.000 trabajadores se tomaron las calles, en tanto que más de un millón se manifestó en todo el país. La Constitución De 1991 Ha Dejado De Existir A los jóvenes que apenas despuntan en la vida y a los adultos mayores que ya han perdido la memoria, la reforma constitucional de 1991 no les dice nada si sólo leen su articulado de manera literal, y sin mirar el contexto social y político que la precedió. Ese contexto no es otro que la lucha campesina, obrera y estudiantil que se desarrolló intensa- durante unos veinte años antes de ser convocada la Asamblea Nacional Constituyente que la expidió. Con esos antecedentes sociales y políticos, la Constitución de 1991 –que si bien no es la más florida expresión del lenguaje jurídico– elevó a normas fundamentales algunos derechos sociales reconocidos en leyes y convenios internacionales, declaró la descentralización como principio esencial de la democracia y estableció la acción de tutela. Pero ese Estatuto, acogido como la carta de navegación de un ‘nuevo país’, no hizo cambios en las estructuras del poder social, económico y político. Al contrario, dejó intacta a la clase política tradicional y consolidó una amalgama de poderes feudales, financieros y militares, y en su articulado le abrió las puertas institucionales al neoliberalismo. Sin embargo era, al fin y al cabo, la democracia reflejada en el papel, a la cual también le temen los dueños del poder real. Por eso, con los días, el establecimiento –por procedimientos acelerados y sin la participación y el debate necesarios– comenzó a desmantelar los nuevos derechos consagrados en esa Carta. De este modo, más allá de la gaceta y la internet, llegamos al nuevo siglo con un régimen de la democracia más menguada. Es así como las reformas promovidas y auspiciadas por los dos últimos gobiernos, pero especialmente por el presidente Uribe, han quebrantado la espina dorsal de los principios estatuidos por la Asamblea Constituyente de 1991. El presidente Uribe llama “artificios jurídicos” a la Constitución, dice que se jugará a fondo y que no entregará el poder el 7 de agosto de 2006 a “unas manos blanditas”. La voz de alarma ya la han dado algunos analistas, pero ni la opinión pública en general ni la academia ni los sectores sociales son conscientes de la violenta amenaza lanzada por el presidente Uribe en su intervención radial (RCN, 20-04-2004) para enfrentar al senador Héctor Helí Rojas: “Voy a jugarme –dijo– hasta el último gramo de energía para que esto no vuelva a manos de la politiquería […]. Me preocupa que un artificio jurídico niegue la posibilidad de un debate democrático”. Uribe Polariza A La Sociedad Debido a la explosiva pobreza, el desplazamiento forzado y la exclusión que las élites hacen de los sectores y minorías más vulnerables, la sociedad colombiana ha devenido en un fraccionamiento cada vez más acentuado. Sin embargo, desde 1994 hasta la fecha, el país ha estado polarizado por dos razones distintas del simple enfrentamiento social y político. En primer lugar, entre 1994 y 1998, por el poder corruptor del narcotráfico, que infiltró a todos los sectores de la sociedad y del Estado, hasta el punto de decidir la elección del presidente Ernesto Samper. En segundo lugar, desde 1998 hasta hoy, por la concepción que del conflicto social y la disidencia armada tienen los altos círculos del establecimiento. No obstante la tragedia personal del presidente Ernesto Samper y la natural frustración de Andrés Pastrana, en ninguno de los dos mandatarios fue notorio el odio, ni ellos se dejaron tocar por la diosa de la venganza. Nunca estimularon conscientemente el choque violento de unos sectores contra otros. Quizás otras pasiones o carencia de virtudes afloraron en el comportamiento de quienes en ese momento ocuparon la silla presidencial, pero no la vindicación. En cambio, el presidente Uribe, durante todo el tiempo no ha actuado como jefe de Estado y mucho menos como símbolo de unidad nacional –al tenor de la Constitución Política– sino como una persona particular, pero no como el término medio de los hombres que se ocupan sin aspavientos de sus tareas cotidianas. El presidente Uribe se ha empeñado en personificar a cierta estirpe de hombres que propician, estimulan, incitan o inician el choque violento: como a un caballista de feria pueblerina pasado de tragos, como a un gallero de redondel que no sabe perder, como a un púgil de la agresión verbal, como al matasiete de la cuadra que amenaza por doquier. Claro, cualquiera puede actuar así pero no el presidente de una Nación. Son múltiples los casos en que el presidente Uribe ha descendido de la dignidad de su cargo para caracterizar a un miembro cualquiera de esa clase de hombres borrascosos y temibles. “Que nos maten a todos”, “aunque me llamen paramilitar”, “no entregaré el poder a una manos blanditas”, “usted es un mañoso”, “acabar con la culebra”, “guerrilla y narcotráfico quemaron el Palacio de Justicia”, “a mí que no me pinten palomas sino fusiles”, son todas expresiones de combate del presidente Uribe. Puesto que quien ocupa la dirección de un Estado –sea rey, presidente y un tirano– es por excelencia un pedagogo, orientador de la sociedad, guía que educa con el ejemplo, e invita a la cordura y la tolerancia, con su conducta el presidente Uribe está conduciendo a Colombia al sitio de no retorno en el odio, la venganza, el temor y la depresión. Uribe Hace Su Ley Y Su Constitución Con La Paciencia Del Orfebre La definición clásica de “ley” que los maestros enseñan en las escuelas de Derecho dice que es “una declaración general, impersonal y abstracta”. Pero hoy, bueno, hace ya bastante, de esa definición de la ley no queda sino la palabra “declaración”. Lo general, impersonal y abstracto desapareció. Hoy la ley no es sino una simple careta que sirve para cubrir el rostro y las manos de los grandes delincuentes. Por eso, todo aquel que deba interpretar la ley por estar investido de autoridad, como el juez o el magistrado, o el simple ciudadano, cada vez que tropieza con un conjunto de normas o cuerpo jurídico, lo primero que debe hacer es levantar esa carpeta y ver a qué criminales va a proteger y, hecho ese análisis, ahí sí proceder a aplicarla. Es una medida de profilaxis sociológica y jurídica. En su proyecto personal, Uribe necesita acomodar los instrumentos legales a su medida, y en este reto el Presidente trabaja con la paciencia y la maestría del relojero manual. El mejor instrumento para aferrarse al poder, consolidar sus palancas, someter a un pueblo y cometer todos los atropellos posibles, es la ley. Ésta también es la mayor fuente de corrupción, la que lava los más atroces crímenes y encubre las más grandes defraudaciones contra el Estado. El presidente Uribe, con la proyectada ley de “justicia y paz” – antes, de “alternatividad penal”–, pretende blanquear a los más grandes criminales que haya tenido nuestro país, y legalizar sus fortunas provenientes del narcotráfico y la usurpación de tierras a los campesinos. El presidente Uribe ha dedicado todo el tiempo que lleva como gobernante de los colombianos a construir su ley y su Constitución. Aplazó por siete años la vigencia del Estatuto de Roma; en consecuencia, antes de ese tiempo la Corte Penal Internacional no podrá juzgar a ningún criminal que no haya sido procesado por nuestra justicia. Hizo reformar la Ley 418 para negociar con grupos armados que carezcan de status político, acomodándose a su necesidad de simular la negociación con los paramilitares. Promulgó el Estatuto Antiterrorista para cercenar las libertades públicas, pero la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Tal estatuto no era para explicárselo a los terroristas sino a los disidentes y para criminalizar la protesta social. El Jefe del Estado ha intentado varias veces una reforma judicial para quitarle a esa rama del poder público –como lo han dicho magistrados y juristas– los controles que hoy tiene el gobierno y que son un principio universal de la democracia liberal. Y, finalmente, reformó la Constitución para hacerse reelegir, porque la del 91 era un “artificio jurídico” que le impedía tan ‘noble’ empresa. Y ahora, como hace cuatro años, mueve todos los factores de poder para lograr una segunda reelección. Compra De Conciencias: Mil Millones Por Voto El domingo 21 de septiembre de 2003, el presidente Uribe le manifestó al país su férrea voluntad de no permitir el libre juego democrático para escoger su sucesor. Así se lo dijo al periodista Roberto Pombo: “Lo que sí hay que pensar en Colombia es que esto no se le puede entregar a una mano blandita, porque la culebra la podemos debilitar pero seguirá viva mucho rato. Este problema va a tomar tiempo para resolverlo” . Este fue el anticipo de Uribe a su propósito de permanecer en el poder. Pero como la Constitución de 1991 prohibió la reelección, Uribe tuvo que ocuparse a fondo, utilizando todos los factores de poder a su alcance para lograr las mayorías en las cámaras legislativas, y así modificar la Carta fundamental. A eso lo denominó el ex presidente Andrés Pastrana “compra de conciencias”. El proyecto de reelección fue bien orquestado: la primera iniciativa fue presentada en 2003 por los senadores uribistas, Mario Uribe Escobar –primo del Presidente– y William Vélez Mesa, pero el proyecto quedó sepultado desde el primer momento. Sin embargo, fue un mensaje inequívoco para que la idea se agitara a través de los amigos personales en los consejos comunitarios, escenarios donde Uribe hace demagogia y populismo todas las semanas. De ahí pasó a la feria de confecciones de Medellín en enero de 2004. Logrado el ambiente popular, vino la voz ‘autorizada’ de Noemí Sanín, quien un mes más tarde, después de una conversación con el presidente Uribe a propósito del viaje de éste por Europa, concedió una rueda de prensa y dijo que había que reformar la Constitución para poder reelegir a Uribe en el 2006. En marzo de 2004, el asesor de Palacio, Fabio Echeverri Correa, concedió una entrevista a Yamid Amat para El Tiempo, y en ésta no dejó piedra sobre piedra en la historia de nuestro país, pues ni siquiera los héroes de la Independencia habían hecho tanto como Uribe. “Para mí –dijo– es el mejor presidente que hemos tenido en la historia del país. Y este país merece presidentes así”. Los argumentos centrales de la reelección son dos. El del propio Uribe, quien dice que necesita más tiempo para “acabar con la culebra” –léase Farc–, que a él no le importa nada más; y el de sus escuderos: Uribe es el mejor líder que ha producido Colombia en toda su historia y no se puede desperdiciar. Terminado su mandato, “¿qué lo ponemos a hacer?”, es la angustiosa pregunta que hace el asesor de Uribe. Hecho público el proyecto de reelección, el senador Héctor Helí Rojas fue invitado por Rcn para que hablara del tema, y estando el legislador al aire, el presidente Uribe –sin estar programado– lo interrumpió abruptamente. En su intervención, Uribe regañó a Héctor Helí, le dijo que era mañoso y sentenció: “Se oponen con artificios jurídicos. Dejen que el pueblo decida”. Estas ‘demoledoras’ palabras las tomó José Obdulio Gaviria Vélez, asesor personal de Uribe, para escribir un libro así titulado: Reelección. Que el pueblo decida. La culebra es una bendición para Uribe. Al final de su mandato será necesario que le hagan una estatua, no a Uribe sino a la culebra. Ese reptil le dio el triunfo en el 2002, se lo ratificó en el 2006, y, ahora vuelve a evocar el animal para buscar un tercer mandato. El miércoles 17 de noviembre de 2004, el presidente Uribe le dijo a Leopoldo Gómez, a través del chat de la BBC de Londres, que él no tenía ninguna ambición personal sino que el problema era acabar con el terrorismo, y que el juicio de la gente estaba por encima de la Constitución. “El problema no es de ambición reeleccionista –dijo Uribe–; el problema es de garantizar que este país tenga suficiente tiempo para acabar con el terrorismo […]. El problema no es de ambición personal, es de una generación que no ha tenido un día de paz […]. La gente es superior a las prohibiciones o a las autorizaciones constitucionales. El juicio de la gente está por encima de que una Constitución autorice o prohíba la reelección”. Leopoldo Gómez le pregunta a Uribe si no le parece que se verá un poco mal que la reelección sea para beneficio propio, en su caso. “¿Por qué en beneficio propio?”, se vuelve a preguntar Uribe, y a su vez responde: “Es más fácil ser candidato en un país tan pobre y con tantas dificultades, desafiando al titular, que ser candidato buscando la reelección”. El mismo miércoles 17 de noviembre le concedió una entrevista a Caracol Radio y allí el presidente Uribe, con esa capacidad que tiene para negar la verdad, dijo: “Olvídense de que yo tengo intereses particulares”. Y sobre la reelección, agregó: “Eso me parece sano y me parece correcto”. ¡Si Uribe se atreve a negar algo tan objetivo y real como el conflicto interno, cómo no va a negar un aspecto del fuero interno de su personalidad, la ambición! Por eso, si mil veces le preguntan sobre el mismo tema, mil veces dirá que el problema es la culebra y no las ambiciones personales. Los únicos que tienen ambiciones personales, como lo dijo el asesor de Uribe, son quienes se oponen a la reelección. Por eso, el tema de la culebra volvió a manifestarse al público el lunes 22 de noviembre de 2004, en Cartagena, en el marco de la visita del presidente estadounidense, George W. Bush. Por su parte el ex presidente Pastrana, en diálogo con W Radio el jueves 18 de noviembre, reiteró su punto de vista al respecto de la compra de conciencia, que ya había señalado en entrevista con El Espectador. “He dicho que el Presidente ha comprado las conciencias de buena parte del Congreso, y ha entregado los puestos y los auxilios. Yo creo que ya el proyecto de reelección es un hecho, ese es un tema que el país ya conoce. Por esa razón no me voy a reunir con ningún parlamentario […]. Pero ese es un tema que el país sabe […], esa compra de conciencias ya se dio y ya lo que falta son los trámites finales para que se apruebe el proyecto”. Claro que la compra de conciencias se ha hecho no sólo en el Congreso sino directamente a la masa de pobres, semana a semana, durante todo su mandato, en los consejos comunitarios. María Jimena Duzán, en su libro Así gobierna Uribe, cuenta que el presidente Uribe dice en esas asambleas sabatinas: “Vamos a tener que hacer un gasto a cambio de ese dinerito que les vamos a dar. Vamos a tener que pedirles que ayuden con información a la fuerza pública para que ustedes puedan vivir sin guerrilla y sin paramilitares. A ver, comandante, explícales a estos señores cómo hacer para conseguir que nos presten esa ayudita”. Sobre el mismo tema de la reelección, Portafolio le hizo un reportaje al ex presidente Alfonso López Michelsen en noviembre de 2004. Dijo López: “Lo que no me gusta es el cambio de las reglas del juego orientado y manejado desde el gobierno. Uno no sabe qué hay de cierto y qué es fábula, pero el ambiente de corrupción del Congreso radica en la creencia de que para adquirir votos a favor de la reelección no hay escrúpulos en utilizar el presupuesto nacional y los cargos públicos. No sé si es cierto, pero eso cree todo el mundo”. El Nuevo Siglo de la misma fecha en que fue aprobada la reelección –30 de noviembre de 2004– denuncia en su editorial la compra física del Congreso. “Es pública la denuncia –dice el diario capitalino– por medio de la cual el gobierno se compromete a facilitarle a cada coordinador de ponentes y a cada miembro de la mesa directiva sumas gratificantes, y a los parlamentarios del común comprometidos con la reelección, en auxilios parlamentarios, mil millones de pesos por voto, mediante la figura de inversión regional”. ¿Es Uribe demócrata? Como todo poder es una permanente conspiración contra el pueblo, todo poder tiene algo de ilegitimidad. Pero el grado de ilegitimidad desborda en la tirania cuando las maniobras para consolidar, afianzarse y permanecer en el poder son demasiado grotescas, prosaicas e irrespetuosas de la inteligencia media del pueblo. Así ha obrado el presidente Uribe para imponer su reelección: además de quebrantar las reglas, lo ha hecho de una manera ostensiblemente irrespetuosa con el Congreso y con el pueblo. ¿Es demócrata el presidente que es elegido según determinadas normas, y mediante la compra de conciencia de los legisladores las quebranta para hacerse reelegir? ¿Es demócrata quien aun desde antes de quebrantar esas reglas dice que no entregará el poder a quien gane en las próximas elecciones? ¿Es demócrata quien aun antes de vulnerar esas reglas jura que se jugará a fondo para no entregar el poder? Quién es más tirano: ¿quien quebranta la ley o quien para quebrantarla compra la conciencia de los legisladores? ¿Es demócrata quien desde el día en que llega al poder comienza a comprar la conciencia del pueblo a base de dádivas y promesas? ¿Es demócrata quien impide que sus posibles competidores puedan participar en los comicios en los cuales él salga elegido? ¿Es demócrata, en fin, quien cambia la Constitución para hacerse reelegir? ¿Es demócrata quien polariza a la sociedad de manera tan radical? ¿Es demócrata el presidente que todo lo simula: el lenguaje, la negociación, la democracia? ¿Es demócrata un presidente que empequeñece la sociedad? El lector tiene la palabra. ¿Es la hora de la pequeñez? En las sociedades hay épocas de crisis en las cuales las personas de todas las capas sociales, por motivos de índole material, están dispuestas a estropear el respeto por sí mismas, a pisotear su propia dignidad y también a mancillar sus valores a cambio de migajas. Son épocas en que los seres humanos caen tan bajo que se atreven a arrojarles rosas a los cerdos para obtener sus desperdicios a cambio. Son momentos de hondos sufrimientos en que las sociedades se deprimen y ven marchitarse la esperanza colectiva. A este grado de postración hemos llegado. En Colombia nos han empequeñecido tantas cosas (masacres con motosierra, asesinatos de nuestros mejores hombres, destierros), que –en vez de crear un líder con estatura de estadista– la sociedad ha creado un caudillo sin grandeza; y es tal el grado de nuestra miseria, que muchos se sienten frente a un epígono del propio Hitler. Y este pequeño caudillo, pequeño como la pequeñez de nuestra sociedad, grita, ultraja y humilla a la población. Niega cualquier gestión gubernamental de sus antecesores y los responsabiliza de todas las desgracias. Su conducta causa depresión, pero ésta llega al límite del suicidio cuando se observa que sus antecesores –con una sola salvedad–, en vez de sacar algún arresto de dignidad, tiemblan y se atemorizan, enmudecen, se les va la voz y no tienen capacidad para protestar. También responsabiliza a los defensores de derechos humanos y asimismo a los pobres que reclaman el cumplimiento de la Constitución, por su miseria, y argumenta que si los ricos reciben grandes ganancias, los pobres están bien. Nuestro grado de postración es tal que comenzamos a sentirnos culpables de las desgracias, incluyendo los pobres, por comer demasiado. Y todos vamos dándole la razón a quien más nos empequeñece con su pequeña política. ¿Le está ocurriendo a la sociedad colombiana lo que Leibniz llama “pequeñas percepciones”? Según el pensador alemán, “hay en nosotros en todo momento una infinidad de percepciones, pero sin apercepción y sin reflexión, esto es, cambios en la propia alma de los cuales no nos damos cuenta, porque o las impresiones son demasiado pequeñas y demasiado numerosas o demasiado unidas entre sí, de modo que no tienen nada que las distinga suficientemente”. Leibniz pone como ejemplos el hecho de que no nos percatamos del movimiento de un molino o de la caída del agua de una cascada cuando estamos acostumbrados a los ruidos producidos. ¿Nos acostumbramos a los rui- dos de las pequeñas cosas de la pequeña política de Uribe: lavar los baños de los aeropuertos, simular consejos comunitarios, revolcar los aperos para sus bestias en la Casa de Nariño, mandar a “Julián” a una suite del Tequendama (“y si le ponen problema, yo pago la factura”), borrarles sus crímenes a los paramilitares, capturar a Granda en Caracas, extraditar a “Sonia”, matar la culebra, culpar a los militares muertos por el ataque de la guerrilla? ¿Se acostumbraron nuestros sentidos a esos ruidos, sin que nos afecte la conciencia? ¿Por qué una sociedad se deja gobernar por un hombre que se aventura a negar la realidad? ¿Por qué una sociedad se atreve a ridiculizar a un ex presidente que encaró el conflicto y hasta corrió el riesgo de dormir en el campamento central de la insurgencia? ¿Niega la realidad porque está convencido de que así es, o es ésta la estrategia de su discurso? Y tal resulta la pequeñez que no alcanzamos a tener el vuelo para decirle: ¡Hola! ¿cómo así? ¿Los guerrilleros que se entregan son guerrilleros, pero quienes permanecen en la resistencia son terroristas? ¿Cómo así? ¿Los guerrilleros que saca de las cárceles son guerrilleros, pero los que allí se quedan son terroristas? ¿Cómo así que los insurgentes que llama el Estado por todos los medios de comunicación, para que vengan al paraíso son guerrilleros, pero quienes conservan sus ideales y perseveran en la rebeldía son terroristas? Si la sociedad se come ese cuento, es porque todos estamos locos o todos estamos ciegos. “Algo muy malo tiene que haber pasado para que esa escala de valores llegue al poder, y la aceptemos”. ¿Por qué si está de día o de noche, lloviendo o bajo el sol radiante, alguien se atreve a negar la realidad tangible, la certeza que comprueban los sentidos, la verdad incuestionable de los hechos que ocurren hora tras hora, y sin el más mínimo rubor afirma lo contrario? Si ese alguien es cualquiera, la sociedad se ríe de él porque se trata de un lunático, un pobre infeliz, un miserable que no merece ni consideración porque ni siquiera alcanza a producirle daño a nadie. Pero si ese alguien es nadie menos que el propio gobernante, el daño no tiene cálculo: en bienes materiales y mensajes pedagógicos a los niños, los adolescentes y la población en general. ¿Por qué no hay una autoridad judicial, disciplinaria o política, individual o colectiva, que emplace, conmine y sentencie a ese gobernante a decir la verdad y resarcir a la ciudadanía por los daños causados? ¿No hay un grupo de juristas que interponga una demanda, un alegato, un recurso ante un tribunal nacional o internacional, para que éste llame al gobernante y bajo interrogatorio confronte su dicho con la realidad de la sociedad? ¿Quién es culpable de esta mediocridad de la inteligencia colectiva? Quizá todos somos culpables pero especialmente quienes asumen la conducción de los sectores sociales y políticos alternativos, quienes no han tenido la audacia, el sacrificio, la sinceridad y la entrega que las circunstancias exigen. Pero también somos culpables quienes de algún modo tenemos la misión de educar. ¿Qué hemos enseñado en los distintos niveles de la educación? ¿Qué les hemos transmitido a nuestros niños y adolescentes de la educación básica? ¿Qué les hemos dicho a los jóvenes de la educación superior? ¿Les hemos cercenado su conciencia, su imaginación, sus sueños, sus ideales? ¿Por ventura les hemos enseñado antropología, sociología, biología, historia, o les hemos transmitido dogmas mentirosos y sostenedores de la injusticia y la miseria? La Seguridad Democrática ¿Qué es seguridad? ¿Qué es seguridad para el presidente Uribe? ¿A qué clase de seguridad se refiere cuando ata este concepto al de democracia? A primera vista, no es fácil desentrañar el significado que le quiso dar a esta palabra, porque el político o el gobernante son impredecibles cuando utilizan un eslogan para conspirar contra la conciencia del pueblo y sacar ventaja de su engaño. La dificultad estriba en que el dueño del poder tiene una gran capacidad de maniobra en todos los frentes, y el lenguaje es uno de éstos, sin que existan las más pequeñas reglas de juego, así que puede utilizar las palabras en forma arbitraria y artera. Como tampoco hay moral alguna, el gobernante no necesita hacer exámenes científicos de los conceptos que utiliza, ni siquiera acudir al lenguaje llano. En medio de esas dificultades, es preciso recurrir a dos ejercicios. En primer lugar, a la lectura del Drae y al estudio de diccionarios especializados, y, en segundo lugar, a examinar el texto y el contexto de la seguridad del presidente Uribe, que, por sus resultados, desde ahora se puede decir que se trata de una seguridad que intimida, amenaza, destierra, excluye y con frecuencia mata. El Drae trae como primera acepción de seguridad, “cualidad de seguro”. A la vez, la primera acepción de seguro es “libre y exento de todo peligro, daño o riesgo”. En la segunda acepción de seguridad, acompañada de “jurídica”, dice: “Dicho de un ramo de la administración pública cuyo fin es el de velar por la seguridad de los ciudadanos”. Unidas las dos acepciones, la palabra “seguridad” comprende un variopinto conjunto de necesidades y riesgos que tiene que cubrir el hombre para lograr su convivencia y su realización como miembro de la sociedad. La seguridad de la vida, la honra, la dignidad, la libertad, la alimentación, la vivienda, la educación, la recreación, el trabajo, el descanso remunerado, el ambiente sano, en suma, de la materialización de todos los derechos humanos. Lo más parecido al concepto de seguridad que define el Drae es la denominada “seguridad personal”, a la que se refiere Guillermo Cabanellas en su Diccionario enciclopédico de Derecho usual. Según Cabanellas, este tipo de seguridad consiste en la garantía que el poder público le ofrece a la ciudadanía en general, es decir, a cuantos residen en el territorio de su jurisdicción, de no ser ofendidos impunemente y de ser amparados en sus reclamaciones legales. Agrega Cabanellas que la seguridad así concebida es el sistema de organización de la fuerza pública que cuida de manera eficaz de impedir o reprimir las agresiones de que pueden ser víctimas las personas honradas, y que infunde la tranquilidad de poder circular sin preocupaciones especiales por cualquier punto del territorio nacional que sea de libre tránsito, y el frecuentar o visitar cualquier lugar sin temor a atropellos, ultrajes y violencias. Apoyándose en otros autores, Cabanellas remata su concepto de la seguridad personal como “el hecho que resulta de la persuasión de que nadie perturbará nuestra existencia mientras no traspasemos el límite de nuestro derecho, persuasión que, llevando la tranquilidad al ánimo, permite que cada cual se dedique a su fin particular”. Pero cualquiera que haya vivido en Colombia a partir del 7 de agosto de 2002 o quien en el exterior haya seguido de cerca el desenvolvimiento del actual régimen habrá de sacar la conclusión de que “seguridad”, como la definen el Drae o Cabanellas, no es precisamente la que se respira en nuestro país sino todo lo contrario; aquí imperan el temor, el miedo, la amenaza. Entonces, la realidad que se vive es con otro tipo de seguridad: militar, policial, política o del Estado, que el mismo Cabanellas u otros autores traen, y que es tan antigua como la formación misma del poder político. Es la muralla o el anillo defensivo del búnker donde la exigua minoría que tiraniza al pueblo se encierra a conspirar contra éste, para que no piense ni se movilice ni se resista a la fuerza del poder. Seguridad, como la que ahora se vive en Colombia, comprende aquellos órganos del Estado encargados de la recolección de información política, militar y policiaca sobre los distintos componentes de la sociedad, a quienes se considera enemigos potenciales de las llamadas instituciones y autoridades legítimamente constituidas. En sus orígenes, este tipo de seguridad miraba como enemigos potenciales principalmente a aquellos pueblos, Estados o movimientos que se hallaban en el límite de sus fronteras. Pero con el devenir de los tiempos y la generalización de la injusticia causada por la esclavitud, la servidumbre y la condición de los trabajadores industriales, y por la lucha que éstos y los intelectuales emprendieron, los dueños del poder comenzaron a dirigir la fuerza del Estado contra su propio pueblo. Y definidas las fronteras entre las distintas comunidades políticas mediante tratados internacionales, la mayor parte de los Estados carece de enemigos externos, así que enfocan todo su poder y sus recursos económicos contra los componentes de la sociedad, a quienes considera sus enemigos. Es lo que hace ahora el Estado colombiano a través de las autoridades. Una mirada fugaz sobre el pasado y el presente de los pueblos permite observar que la historia del Estado es la historia del espionaje y la paranoia de quienes gobiernan las naciones. Los antiguos persas utilizaron este tipo de seguridad, mientras que espartanos y romanos elaboraron sistemas para la transmisión secreta de las informaciones militares. Entre tanto, Julio César inventó un código alfabético cifrado que sustituye el significado de las letras. En la Edad Media y en la Edad Moderna, este sistema de seguridad tuvo un avance significativo en la medida en que se agudizaron las rivalidades y las luchas entre Estados y grupos políticos, siendo practicado el espionaje en nombre de intereses políticos, étnicos, militares y religiosos. El primer sistema de seguridad moderna fue organizado por Napoleón con una estructura análoga a la del ejército, con cuadros permanentes y jerárquicamente ordenados, organismos de reclutamiento y asignación de fondos. El servicio secreto napoleónico fue puesto bajo la dependencia del estado mayor, que determinaba la finalidad, los métodos de incorporación y todo el proceso. Desde el comienzo del siglo XX y hasta la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los Estados organizaron este tipo de seguridad. Por ejemplo, Alemania estructuró su sistema de seguridad en las secciones de espionaje, sabotaje y agitación política, administración, contraespionaje y seguridad. Gran Bretaña lo organizó en tres sectores operativos: espionaje, contraespionaje y vinculación entre las dos actividades. Francia, en cambio, articuló sus sistemas de seguridad en seis secciones: guerra, aeronáutica, marina, exterior, colonia e interior. La Unión Soviética organizó su seguridad en tres secciones: espionaje estratégico, espionaje bélico y espionaje operativo. Los Estados Unidos de América crearon el Federal Bureau of Investigation, el Buró Federal de Información (Fbi) en 1908, cuyos agentes hicieron espionaje en los frentes de batalla de la Segunda Guerra Mundial; y de manera paralela organizaron la Oficina de Servicios Estratégicos, que en 1947 se transformó en la temible Agencia Central de Inteligencia, la Central Intelligence Agency (Cia), que desde el exterior se ocupa de la seguridad del Imperio. La Seguridad En Colombia Mucho antes de la época en que fueron creados estos organismos de seguridad de los Estados Unidos, Colombia había entrado en la estirpe policiva y autoritaria de seguridad, que ahora se vive con mayor intensidad en nuestro país, siempre con asesoría externa. Desde 1903 , Colombia recibió asesoría y capacitación extranjera en seguridad del Estado, específicamente de Chile. Y para la década del 30 del siglo XX mejoró la calidad de sus maestros, siendo los alemanes sus asesores y consejeros: un coronel, un teniente coronel y tres capitanes de la Fuerza Aérea alemana fundaron una Escuela de Aviación en Cali. Pero a partir de 1939, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, salieron los alemanes y entraron los estadounidenses. En este mismo año llegó a Colombia la primera misión militar de los Estados Unidos y nunca aban- 74 donarán nuestro territorio. Aquí se encuentran los antecedentes más remotos de la ‘seguridad democrática’ del presidente Uribe. Bien sabemos que con la derrota de Alemania y Japón en 1945 comenzó la guerra fría; lo que no tenemos claro todos es que aquélla, en lo que concierne a Latinoamérica, nació en Bogotá en 1948, en el marco de la IX Conferencia Panamericana. En el Acto Final de este evento se dijo: “Por su naturaleza antidemocrática y su tendencia intervencionista, la actividad política del comunismo internacional o cualquier doctrina totalitaria es incompatible con el concepto de libertad americana”. Y agregó el texto del Acto Final de esa Conferencia que se debían erradicar e impedir las actividades del comunismo tendientes a derrocar las instituciones por la fuerza, fomentar el desorden de la vida política interna, o “molestar el libre y soberano derecho de sus pueblos a gobernarse ellos mismos”. Hasta ese momento, la colaboración militar entre Colombia y Estados Unidos era limitada pero se incrementó a raíz de la guerra de Corea en 1953, cuando nuestro país envió tropas a combatir el comunismo internacional al lado del ejército estadounidense. En ese mismo año, Colombia compró a los Estados Unidos los primeros equipos bélicos obsoletos, de los que este país había usado en la Segunda Guerra Mundial, razón por la cual, detrás de la chatarra, llegaron 36 mecánicos civiles para arreglarla. Era la época de lo que aquí se denominó la Violencia, y los Estados Unidos seguían vendiendo armamento y dando capacitación al Ejército, pero no se involucraron directamente en el conflicto nacional. En 1959, los Estados Unidos tuvieron una disculpa para alertar a los países latinoamericanos, a fin de evitar que los comunistas se afianza en el continente: en Cuba había triunfado la Revolución. Pero la mayor alerta anticomunista la dio el presidente colombiano Alberto Lleras Camargo en reunión con su homólogo estadounidense, Dwight D. Eisenhower, anfitrión de turno en Camp David de los mandatarios latinoamericanos. Allí, el 7 de abril de 1960, Lleras Camargo dijo que el ejército colombiano no estaba preparado para responder a las necesidades, porque el presidente soviético Nikita Khruschev fomentaría las guerrillas en las áreas débiles del mundo. La guerra fría se calentó en 1961, ya que los misiles de Rusia y Estados Unidos se apuntan mutuamente: Khruschev amenazó con apoyar las “guerras de liberación” en todas partes del mundo y Kennedy respondió a la amenaza estableciendo en toda América Latina un programa antisubversivo denominado “Alianza para el Progreso”, con dos componentes: zanahoria y garrote. La zanahoria consistía en acciones ‘cívico-militares’, para mitigar la miseria y la exclusión, y presentar una imagen positiva del Ejército; el garrote estaba destinado a matar a los líderes subversivos a medida en que fueran surgiendo, a la vez que disuadió a los potenciales herederos. Es interesante observar que la lucha contrainsurgente, apoyada por los Estados Unidos, nació en Colombia antes que hubiera surgido formalmente la guerrilla, que como todo el mundo sabe fue fundada en 1964. ¿Qué es la seguridad democrática? La seguridad democrática no es más que una estrategia de guerra integral y total que no sólo se dirige contra la insurgencia armada sino también contra los sectores sociales, intelectuales, docentes y de la comunicación que disienten de las políticas del gobierno. ¿Quién duda de que la seguridad democrática del presidente Uribe sea una continuación de la llamada Seguridad Nacional diseñada conjuntamente por el Pentágono y la CIA, y con el adiestramiento de sus ejecutores en la Escuela de las Américas? ¿Quién duda de que la seguridad democrática y el Plan Patriota sean la continuación del Plan Lazo estrenado en 1964 con la Operación Marquetalia? Los métodos son los mismos, las tácticas las mismas, las estrategias las mismas. Sólo que ahora la tropa estadounidense con presencia en Colombia es superior, el armamento de guerra más técnico, y el apoyo en dólares a raudales. Para cualquier duda, basta responder esta pregunta: ¿Quién trazó las líneas generales de la llamada seguridad democrática? La respuesta nos la da la ministra de Defensa de la época, Marta Lucía Ramírez, quien señala que desde cuando el presidente Uribe le encomendó la tarea de desarrollar las bases de la seguridad democrática en un documento que recogiera tanto el marco conceptual como las políticas del gobierno, reunió “un equipo del Ministerio de Defensa, el comando General de las Fuerzas Militares, la Escuela Superior de Guerra y la Policía Nacional para estudiar y estructurar las soluciones más adecuadas a los problemas del país en esta materia. El resultado de este trabajo es el documento que aquí presentamos”. Es decir, quienes diseñaron el plan de la seguridad democrática fueron los veteranos egresados de la Escuela de las Américas, desde 2001 denominado Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en la Seguridad. El presidente Uribe, en carta de presentación de la seguridad democrática, se apresuró a decir: “Este Gobierno no hace suyas concepciones de otra épocas como la ‘Seguridad Nacional’ en América Latina, que partía de considerar a un grupo ideológico o partido político como enemigo interno”. Esta aclaración que nadie le había pedido es claramente la confesión manifiesta del hilo conductor que se desprende de las primeras lecciones de la Escuela de las Américas para Latinoamérica y que llega hasta nuestros días. Como bien se sabe, el presidente Uribe tiene un problema de lenguaje en relación con el conocimiento, y consiste en que cuando niega una cosa no se sabe si está afirmando lo que niega o viceversa: si afirma una cosa es porque hay que entender lo contrario. Cabría preguntar si Uribe se niega a la Cooperación en la Seguridad que hoy traza el Instituto del Hemisferio Occidental que reemplazó a la Escuela de las Américas. Si es así, vienen otras preguntas: ¿Para qué pide dólares destinados a incrementar la guerra? ¿para qué pide que las tropas estadounidenses salgan de Oriente Medio y se trasladen al Amazonas? ¿por qué tantas visitas de generales y altos funcionarios norteamericanos a nuestro país? ¿Por qué condecora el presidente Uribe al jefe del Comando Sur de los Estados Unidos? Pero hay algo más; es la identificación entre la Seguridad Nacional de la Escuela de las Américas y la seguridad La democracia democrática del presidente Uribe: el diseño general y los resultados –muertos, desplazados, exiliados. En cuanto al diseño, formula principios, intereses nacionales, amenazas, instrumentos, presupuesto y red de cooperantes de un millón de personas con el estímulo de lunes de recompensa. Y para la ejecución de este diseño, la creación de Zonas de Rehabilitación –por fortuna negadas por la Corte Constitucional–, nuevas brigadas móviles, batallones de alta montaña, soldados campesinos, grupos antiterroristas urbanos, pequeñas unidades autónomas con entrenamiento especial y gran poder de fuego, aviones fantasmas, Plan Patriota de 17.000 hombres y 12 comandos élite del Das con 300 hombres y mujeres cuidadosamente escogidos. Todo lo anterior, según el documento que contiene la seguridad democrática, para fortalecer el Estado y las instituciones. Esta es la palabra, fortalecer, que se repite cerca de 50 veces a lo largo de sus páginas, cuyo título exacto es Política de Defensa y Seguridad Democrática. En cuanto a los resultados de la seguridad democrática, es el tema del punto inmediato de este ensayo. Algunas Víctimas De La Seguridad Democrática El tema de las víctimas de la seguridad democrática es uno de los más difíciles de abordar porque la inmensa mayoría de los muertos, encarcelados, desplazados, violentados en sus viviendas, pertenece a sectores pobres, y para éstos ni siquiera la muerte violenta es noticia. Por otra parte, los sobrevivientes de una masacre, un asesinato, una amenaza, no se atreven a denunciar los crímenes para evitar otras y severas represalias; prefieren callar, sufrir y llorar en el límite de la impotencia y la depresión. Pero hay asesinatos, amenazas y exilios que son inocultables porque recaen en reconocidos líderes sindicales, investigadores, intelectuales y educadores de diversos niveles de la enseñanza. Existe una gran coincidencia entre las tácticas de la Escuela de las Américas, el paramilitarismo, el discurso del presidente Uribe y los hechos de violencia estatal que ocurren hoy. Son los líderes sindicales, educadores, intelectuales, y dirigentes estudiantiles y agrarios los sectores más perseguidos por la Escuela de las Américas. A la vez, la consigna de los paramilitares, acordada en una de sus cumbres, que ya he citado, dice: “Insistimos en que nuestra misión no es el enfrentamiento con la guerrilla; sería además más mortal. Pero hay que barrer con su apoyo, sus redes, sus alcahuetes, sus políticos, todos los que la justifiquen”. Y el presidente Uribe, haciendo alusión a uno de los puntos de la seguridad democrática, lanzó una clara intimidación contra los defensores de derechos huma- nos con motivo de la publicación del libro El embrujo autoritario, cuya parte pertinente dice: “Son unos traficantes de derechos humanos que se deberían quitar de una vez por todas su careta, apare- cer con sus ideas políticas y dejar esa cobardía de esconder sus ideas detrás de los derechos humanos […]. Serán capturados por complicidad y ocultamiento porque hay una política con una estrategia. Y en uno de sus puntos esa estrategia ordena aislar a los terroristas”. El presidente Uribe utiliza constantemente una figura muy ilustrativa de este propósito. “Hay que destruir la culebra. Matarla por completo. No se puede dejar con signos de vida”. Los terratenientes, hacendados y aun los campesinos pobres tienen otro dicho: “A la culebra hay que matarla por la cabeza”. El presidente Uribe tiene claro quién es la culebra, pero también tiene claro, de acuerdo con el discurso citado en el párrafo anterior, que todo aquel que se aparte de las políticas del gobierno se convierte por esa simple circunstancia en un nicho protector de la culebra, y mientras más claridad intelectual y ma- yor ascendencia colectiva tenga una persona en su contexto social, el nicho es más proclive a la culebra. Y la estrategia de la seguridad democrática, es clara: a la culebra hay que aislarla y finalmente matarla. En ese aislamiento de la culebra es como se han producido capturas masivas, amenazas, exilios, desplazamientos forzados, masacres y asesinatos selectivos. Este es el día a día de la seguridad democrática: sindicatos que denuncian asesinatos, amenazas y persecuciones a sus líderes o afiliados; maestros que no pueden volver a su escuela; investigadores que son asesinados; periodistas que tienen que silenciarse, huir, y dejar de ejercer su profesión o exiliarse si quieren conservar la vida; defensores de derechos humanos y presos políticos que permanentemente son hostigados por comandos paramilitares.  Algunas cifras globales de las víctimas de la seguridad democrática entre el 7 de agosto de 2002 y el 30 de junio de 2004 son las siguientes: detenciones arbitrarias, 2.126; amenazas, 801; desapariciones forzadas, 244; ejecuciones extrajudiciales, 1.794; heridos, 292; tortados, 303; violencias sexuales, 19, para un total de 5.591 víctimas. La Escuela Nacional Sindical da cuenta de las siguientes víctimas, miembros de alguna organización de trabajadores, por hechos acaecidos entre el 7 de agosto de 2002 y el 25 de agosto de 2004: amenazas, 681; allanamientos ilegales, 14; atentados con lesiones o sin ellas, 28; desapariciones forzadas, 10; detenciones arbitrarias, 111; desplazamientos forzados, 98; asesinatos, 178 (entre éstos, más de 40 dirigentes); hostigamientos, 63; secuestros, 17; torturas, 1. La Organización Nacional Indíge- na de Colombia (Onic) denuncia las siguientes víctimas durante el mandato del presidente Uribe: desplazamientos forzados, 3.500; asesinatos, 150; detenciociones arbitrarias, 375; suicidios, 14. Bajo el régimen de la seguridad democrática se ha puesto en práctica una modalidad de ajusticiamiento en tres etapas. En la primera se captura a un líder sindical o comunal, a un investigador, y se muestra ante los medios de comunicación con la sindicación de que es terrorista o auxiliador de terroristas. Este es el mensaje para que las bandas de asesinos identifiquen a su víctima. En la segunda etapa, por falta de pruebas, se deja en libertad al capturado. En la tercera, las bandas de asesinos cumplen su papel. Sólo tres ejemplos de asesinatos en estas circunstancias: en septiembre de 2004 Fue asesinado en Barranquilla el sociólogo y agrónomo investigador Alfredo Correa de Andreis. En la primera semana de octubre del mismo año, fue eliminada Ana Teresa Yarce, líder de la Comuna 13 de Medellín; y el 7 de noviembre de 2004 fue asesinado José Joaquín Cubiles, ex concejal de Fortul (Arauca) que había sido detenido y puesto en libertad por cuanto no se le pudieron concretar cargos. También bajo el régimen de la seguridad democrática se ha desarrollado otra innovación en el crimen: ahora no se asesina con arma de fuego, para que los muertos no pasen a formar parte de las estadísticas del conflicto, sino a cuchillo limpio. Así, quienes resulten asesinados pasan a engrosar las estadísticas de atracos. Esta es una de las modalidades que se utilizan para eliminar a tres o cuatro jóvenes en cada fin de semana, en Ciudad Bolívar de Bogotá. Las Grandes Simulaciones De Uribe Los Símbolos De Su Perfidia Según el Drae, la palabra “simulación” tiene dos acepciones: la primera, “acción de simular”; la segunda, “Alteración aparente de la causa, la índole o el objeto verdadero de un acto o contrato”. A la vez, simular, significa “representar una cosa, fingiendo o imitando lo que no es”. La palabra simulación se deriva de dos vocablos latinos simul y actio, que indican alteración de la verdad. Así que la simulación tiene por objeto cambiar la auténtica realidad de un acto. En palabras más simples, la simulación es simple y pura hipocresía. Por medio de la simulación se consigue crear la apariencia de algo que en realidad no existe, y su finalidad es engañar. Durante las últimas semanas de 2008 y las primeras de 2009 los colombianos vivimos el novelón de las pirámides financieras. Se trata de la pura y simple estafa. Pero durante siete años un segmento muy grande de la población, quizá la mitad de los 45 millones de colombianos, ha estado ciego ante la gran pirámide politiquera del presidente Uribe. La parte esencial de la definición del tipo penal denominado estafa, dice: “El que induciendo a una persona en error por medio de artificios o engaños”. El estafador no es el mero violador de una norma legal sino un timador de la sociedad, no sólo en el contexto de un país sino del mundo, pues para el estafador no hay fronteras de tiempo, ni de espacio, ni tampoco de clase social. Todos los doctrinantes de derecho penal están de acuerdo en que la estafa es un delito esencialmente intelectual y de naturaleza múltiple. De ahí que los estafadores no guardan ninguna similitud con los demás delincuentes, por ejemplo, con quienes ejercen violencia contra sus víctimas, que despiertan el instinto de miedo que tenemos todos los seres humanos. El estafador utiliza una técnica, una destreza, una habilidad, una astucia, una genialidad y una picardía de las que carecen todos los demás delincuentes. El campo de acción del estafador es, por excelencia, la situación emocional de la víctima: la falta de lógica ajena, que el estafador recrea, explota y maneja con la habilidad con que lo hace el teatrero, que mueve magistralmente los hilos en una pieza de títeres. Es enorme la diversidad de procedimientos engañosos, pero el contexto en el que se mueve el estafador es de naturaleza subjetiva. Es la disposición anímica de la víctima lo que facilita el engaño. Siempre habrá muchas personas predispuestas al engaño, pero hoy, la miseria de la población y el abandono del Estado, han generado falsas ilusiones en el alma colectiva. La escasez de recursos y el sufrimiento oscurecen la función intelectual de las personas y facilita el timo. Esto hizo que en el contexto de nuestro país brotara una abundante simiente de embaucadores que indujeron al error no sólo a los individuos aislados, sino a las clases sociales más necesitadas. Hay épocas en que todos somos víctimas: esta es una de ellas. A la estafa también se le denomina “estelionato”, palabra que se deriva del vocablo salamanquesa o estelión: reptil salpicado de estrellas que cambian con la exposición del sol. Es el mimetismo de color o simulación óptica, que utiliza estafador y que evita que el estafado lo descubra con mediana malicia. En el presidente Uribe, todo es simulación: la seguridad democrática, el Plan Patriota, la paz con los paramilitares –simulación por excelencia–, los consejos comunitarios, el Estado comunitario, el paternalismo, la anti política –politiquería, la llama él– , la anticorrupción, el intercambio humanitario y hasta sus rabietas son fingidas muchas veces. Todos estos ingredientes son simples simulaciones que, por el factor engaño así como en el delito de estafa, embrujan a la víctima de tal manera que ésta se siente culpable si no acepta el discurso o la cantaleta del simulador, y peor aún si saca fuerzas para controvertir y resistir al timador. En ese grado de postración psicológica de la víctima –individual o colectiva–, ya nada necesita hacer el simulador, pues aquélla comienza a darle una mano generosa a su victimario. Y la desgracia se come a los pueblos si el simulador encuentra amplificadores que lleven su simulación hasta el último rincón adonde llegan la radio y la televisión. ¿Cuántos hombres y mujeres no han llevado a su estafador a la caja de ahorros y le han entregado hasta el último centavo, a cambio del número premiado de la lotería que el timador le ofrece aparentemente con tanta generosidad? Entre todas esas actitudes, rabietas y bondades simuladas del presidente Uribe, hay unas que resultan simbólicas y que la historia, la comunidad internacional y la sociedad colombiana le cobrarán en su momento: las numerosas bajas guerrilleras en combate; la transparencia de la reforma constitucional para su primera reelección; el proceso de paz con los paramilitares; la “impecable” operación Jaque; el respeto a la autodeterminación de los pueblos, y el pago de recompensas a quien señale los autores del espionaje telefónico. En cada una de estas manifestaciones presidenciales hay una alta dosis de embuste. Por eso, como en las pirámides financieras de los estafadores, aquello que el presidente Uribe quiso presentar como los emblemas de su gobierno, son simples símbolos de su politiquería, gigantescos monumentos a la mentira, y a la vanidad. Conocida la verdad esos símbolos se van derrumbando y sólo queda una leyenda del engaño y de la simulación. Los hechos reales que Uribe no le podrá ocultar a la historia, son: los falsos positivos; la ilegitimidad de su reelección; la legalización del paramilitarismo; la invasión al Ecuador; la suplantación de la Cruz Roja en la operación Jaque, y hostigamiento y persecución a la Corte Suprema de Justicia y a los miembros de la oposición. Los Falsos Positivos Los falsos positivos sencillamente son crímenes de Estado. Esta es la verdad que avergüenza, que humilla y que empequeñece a la sociedad colombiana. La verdad que hizo exclamar al vicepresidente de la República Francisco Santos, así: “¡Siento vergüenza por esta situación. Pido perdón a las víctimas y prometo que ninguna de estas acciones quedará en la impunidad!” La confesión de vergüenza la hizo Santos en Ginebra (Suiza) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De esta manera el gobierno de Uribe reconoció la responsabilidad del Estado en crímenes de civiles ejecutados por el Estado. Es decir, la segunda pirámide de Uribe se vino a tierra. Y el derrumbe fue tan espectacular que con esta pirámide cayeron 27 militares, entre ellos tres generales, cuatro coroneles y siete teniente coroneles. “Colombia sin guerrilla”, dice el punto 26 de su programa de Uribe. Y agregó: “La autoridad legítima del Estado protege a los ciudadanos”. Pero ahora, la autoridad no sólo no protege a los ciudadanos, sino que los asesina y los presenta ante la opinión pública como guerrilleros muertos en combate. El presidente Uribe que tiene el don de la oportunidad, cuando su segundo mandato semana tras semana se evapora, llega a esta conclusión: “¡La culebra está viva!”. La confesión la hizo el Presidente en su alocución de fin de año, el miércoles 31 de diciembre de 2008: “No permitamos que la politiquería nos lleve a aflojarle las horquetas de la seguridad democrática al terrorismo, porque esa culebra vuelve a envenenar la patria”. Que la guerrilla no se haya extinguido no es ningún descubrimiento, eso lo sabemos los colombianos. Lo sospechoso de reconocer esa realidad es el momento en que lo hace y la figura que utiliza. ¡Qué tan particular! El gobierno y las Fuerzas Militares han dicho que 2008 fue el año de la derrota de las Farc, el año del “fin del fin” de esa guerrilla. Sin embargo, en 2004, cuando Uribe estaba en campaña para su segundo cuatrienio, también echó mano de esas cuatro palabras mágicas: “La culebra está viva”. Y la figura hiperbólica le dio la primera reelección, ahora, como experto culebrero saca de la caja el mismo anfibio para buscar un tercer mandato. Aunque el escándalo de los falsos positivos estalló cuando a la fuerza pública le fue imposible ocultar el reclutamiento masivo y posterior asesinato de jóvenes, con episodios como el de Soacha –municipio de Cundinamarca sin fronteras con Bogotá–, esos crímenes ya se venían cometiendo desde mucho tiempo atrás. En el marco de la investigación Los males de la guerra. Colombia 1988-2008 un estudiante de la Universidad Libre, en su condición de auxiliar del proyecto, me increpó: “Falso positivo, profe, ¿no es una contradicción?”. Claro que es una contradicción, una mentira, una pirámide de ilusiones: acabar con la guerrilla. El escepticismo reflejado en su rostro y en el contenido de sus palabras era el testimonio del desconocimiento de la dolorosa situación que vive Colombia en la hora actual. Ni siquiera se había dado cuenta, como tantos otros estudiantes, de que estamos en guerra y que uno de sus males es precisamente lo que la inteligencia del vulgo ha dado en llamar “los falsos positivos”. Así que el profe debió explicarle al grupo de auxiliares de investigación, que en Colombia se vive un conflicto interno, y que en el contexto de esa confrontación armada, desde el Comandante en Jefe de la fuerza pública hasta el último de los oficiales troperos les exigen a sus subalternos resultados positivos, es decir bajas en el “campo enemigo”. Como no es fácil para los miembros de las escuadras militares y policiales que salen a patrullar lograr positivos todos los días, entonces se ven obligados a inventarse uno. ¿Cómo? Asesinan a cualquier labriego, líder sindical o indigente, lo visten de guerrillero, le ponen unas armas cerca de su cadáver, y, reportan a sus superiores que el “bandido” murió en combate. Pero con el correr de los días, de los meses o de los años se descubre que el positivo no era real sino inventado. Así nació el concepto que para el estudiante, como para cualquier extranjero resulta contradictorio: “falso positivo”. Al principio los falsos positivos fueron “graneaditos”, es decir de uno en uno, o de tres en tres, como los tres dirigentes sindicales de Arauca. Pero luego los falsos positivos se volvieron masivos: 45 NN en Ocaña…18 en Risaralda…4 en Popayán, de enero a octubre de 2008 (Semana, edición 1.378). Son cadáveres de jóvenes que desaparecieron de su entorno territorial y social y que luego fueron reportados por el Ejército como dados de baja en combate. Y, ante el escándalo causado por la ejecución masiva de jóvenes, el ministro de Defensa con cara de perplejidad dijo ante una asamblea de suboficiales: “Me dicen por ahí que todavía hay reductos dentro de nuestra Fuerza Pública que están exigiendo como resultados cuerpos. Yo me resisto a creer que esto sea cierto”. Aunque el Ministro aparezca más asombrado que el estudiante de la Universidad Libre, su discurso es delator. “Me dicen por ahí que todavía”. Ningún periodista le preguntó al Ministro ¿quiénes le dicen? Pero lo más comprometedor para la política oficial es el adverbio de tiempo “todavía”. Este adverbio sencillamente es la confesión de que durante un tiempo fue política oficial impartida de manera general para toda la tropa. No se sabe en qué momento esa política general cambió, pues al Ministro le parece extraño que aún haya dentro de la Fuerza Pública “reductos que exijan como resultados cuerpos”. El primo hermano del Ministro, el Vicepresidente Francisco Santos, inmediatamente se enteró de la noticia, y, antes de hacer su vergonzosa confesión ante la comunidad internacional, también se puso furioso y lanzó amenazas, que también resultaron delatadoras: “Esta es una investigación que llevaremos hasta las últimas consecuencias, esté metido quien esté metido en este tema”. ¿Cuántos agentes del Estado y paramilitares están metidos en esos asesinatos? Es la respuesta que espera la inmensa mayoría de los colombianos, pues los grandes bandidos son la exigua minoría. En relación con la política oficial de matanzas de civiles, que estaba orientada desde el comandante de las Fuerzas Militares, el ministerio de Defensa y compartida por el presidente Uribe, la periodista Salud Hernández Mora dice que conoció falsos positivos desde 1999, cuando un oficial y un “paraco” le confesaron en un pueblo del Catatumbo, que las autodefensas “le regalaron al Ejército cuatro campesinos asesinados para que los mostraran como bajas guerrilleras”. También señala que cuando era ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe ella conoció un documento en el que primaban las bajas, porque había hecho carrera la cultura de la muerte, propiciada por el general Montoya, quien repetía en sus proclamas de guerra: “Quiero estadios llenos de muertos”. Según Hernández Mora, Montoya estaba convencido de que las Farc se acababan, entre otras matándolos combatientes, estrategia compartida por el presidente Uribe, que fue quien lo nombró”. En materia de cifras, entre 1996 y 2007 se registran 515 casos de falsos positivos, en los que fueron ejecutados 1.097 personas. Sin embargo, investigaciones adelantadas por la Procuraduría demuestran que el crimen se ha incrementado en los últimos años, pues entre 2002 y 2007 ocurrieron 887 casos. El aumento de las ejecuciones que relaciona el organismo de control, es supremamente notorio: en 2002, 10 casos; en 2003, 38; en 2004, 113; en 2005, 200; en 2006, 274, y en 2007, 252 . Por su parte, la Coordinadora Colombia-Europa-Estados Unidos, denunció que entre enero de 2007 y junio de 2008, al menos 535 personas murieron extrajudicialmente a manos de miembros de la fuerza pública. La Ilegitimidad De La Reelección De Uribe En 17 de los 100 puntos del programa de la primera campaña de Uribe, el candidato se despachó contra la politiquería. En algunos puntos el vocablo se encuentra solo y en otros el concepto va acompañado de la palabra “corrupción”. Con este énfasis en su lucha contra la politiquería y la corrupción, Uribe construyó ante la opinión pública la pirámide de la pulcritud y de la transparencia, que caracterizaría todos los procesos de su administración. Sin embargo, cualquier colombiano que lea esos diecisiete puntos y observe la conducta demostrada por Uribe en el ejercicio del po- der, concluirá que a él se le pueden aplicar dos principios de la sabiduría popular: “caradura”, y, “tras de ladrones bufones”. En efecto, como se dijo en el capítulo 2 de este libro, el ex gobernador de Antioquia, además de finquero exitoso, es un politiquero de oficio. Como el propio Uribe lo reconoce, en su vida pública han existido “muchas fincas, muchos caballos, muchos tiples y mucho aguardiente”, o como lo dice su asesor de cabecera “muchas fondas camineras”. O, como es la realidad: muchas plazas de ferias, muchas inauguraciones –entre éstas “Medellín sin tugurios” de Pablo Escobar–, muchos caballos y caballistas; es decir, muchos contactos, manejo de hijos, trampas y maniobras politiqueras. Todo lo anterior era lo suficientemente conocido por la opinión pública, pero Uribe insistía siempre en edificar una pirámide transparente y pura. Cuando abiertamente comenzó su lucha por la primera reelección, dijo en una entrevista radial que se aplicaría a fondo para que el poder en Colombia no regresara a unas manos blanditas”. Cualquiera pensaría que iba a sacar de su haber intelectual toda la artillería dialéctica, primero para convencer a los congresistas que reformarán la Constitución y luego a todos los ciudadanos para que lo volvieran a elegir. Pero como el país conoce ampliamente, no fue con argumentos dialécticos como convenció a los congresistas sino comprando sus conciencias, a base de auxilios, de puestos y de dádivas. La historia política de Colombia de comienzos del siglo XXI tiene un capítulo especial, que constituye un monumento, ese sí una verdadera pirámide a la picardía, a la maniobra, al engaño, a la estafa de la conciencia, al respeto a la inteligencia media de los colombianos. Dos representantes a la Cámara del cuatrienio 2002-2006 personifican ese monumento a la politiquería y a la corrupción: Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. En particular, Yidis, es como lo dice este epígrafe: la majestad de la politiquería. El procedimiento como se construyó esa pirámide de la corrupción y de la politiquería, se conoció en detalle cuatro años después, y, hace de la reelección de Uribe un acto ilegítimo, porque ilegítima fue la reforma constitucional que la permitió. ¿Cómo ocurrió todo? Lo sabe la opinión pública medianamente informada. Yidis Medina, “jugadora de fútbol, repartidora de tintos, ‘escobita’, concejal” y luego representante a la Cámara por el departamento de Santander, el 2 de junio de 2004 cambió su voto en la Comisión I de esa corporación. Hasta el día anterior la corriente por el no a la reelección del presidente Uribe contaba con un voto más sobre la coalición de gobierno. ¿Cómo hacer mayoría por la reelección? El jefe de Estado ya había dicho que “se jugaría a fondo”, y así lo hizo, no sólo él sino todo su gobierno. En consecuencia había que quitarle dos votos a la oposición. ¿Cómo? Elemental: comparándolos. Así lo hicieron –de acuerdo con lo dicho por Yidis, convertida en objeto de mercancía junto con su colega Teodolindo–, los ministros Sabas Pretelt y Diego Palacios y el secretario general de la presidencia de la República, Alberto Velásquez. En el campo de batalla en que el gobierno convirtió la conciencia de los legisladores hubo varias reuniones con Yidis y Teodolindo. Una de las crónicas de esos angustiosos momentos en que vivía Uribe y su coalición dice: A la nueva reunión acudieron Sabas Pretelt, Alberto Moreno y el propio presidente Álvaro Uribe. Según Yidis, ella habló con el jefe de Estado y éste le dijo que lo ayudara, “que él necesitaba que votará el proyecto de reelección porque eso iba a ser bien para el país y que eso era hacer patria, que Alberto Velásquez iba a dar algunas ayudas y que lo pactado sería cumplido de acuerdo con las necesidades de mi región de lo que yo quisiera” […]. También llegó el ministro Diego Palacio a ofrecerle instituciones que estuvieran a cargo de su ministerio en el Magdalena Medio. Además se planeó la estrategia de llevarse a Teodolindo Avendaño, y que se inventara que su hijo había sufrido un accidente. Como es de público conocimiento la Corte Suprema de Justicia condenó a Yidis Medina, en mayo de 2008 por el delito de cohecho. “No hay duda –dice la Sala de Decisión Penal– de que las dádivas, halagos y promesas burocráticas captadas por la congresista y ofreci- das por varios funcionarios del Gobier- no, fueran determinantes para que Yidis Medina Padilla ejecutara un acto contrario a sus deberes oficiales […]. Por lo tanto, el voto no puede ser apreciado como independiente de los actos de corrupción que lo originaron”. Y en relación con el acto legislativo que aprobó la reelección del presidente Uribe, el alto tribunal dijo: “La aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara desviación de poder en la medida en que el apoyo de una congresista a la iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas”. La Corte Suprema también condenó a Teodolindo Avendaño, pues llegó a la conclusión de que el legislador “recibió prebendas a cambio de ausentarse de la votación clave del proyecto de reelección”. En la práctica, los dos congresistas constituyeron una sociedad, al menos con uno de los nombramientos que el gobierno hizo para comprarles sus votos: la Notaría 67 de Bogotá, se la compró Yidis a Teodolindo por 220 millones de pesos. “Según la Corte, los 220 millones de pesos que entraron a las cuentas de Teodolindo y de su señora, entre enero y septiembre de 2006, no corresponden a préstamos, sino a los pagos por la Notaría 67 de Bogotá”. En el caso de la sentencia contra Yidis Medina la Corte Suprema compulsó copias a la Corte Constitucional para que se pronunciara sobre la legitimidad del acto legislativo que aprobó la reelección de Uribe, pero este tribunal ratificó lo que había decidido tres años antes. En él, con el fallo contra Teodolindo Avendaño, la Corte Suprema compulsó copias a la Fiscalía para que investigara la “compra- venta” de la Notaría 67 de Bogotá. Con las actuaciones promovidas por el presidente Uribe, se ha derrumbado la pirámide que construyó contra la politiquería y la corrupción, durante su campaña, y que reiteró 17 veces en el programa de gobierno que les ofreció a los colombianos. Como todas las maniobras politiqueras y fraudulentas concluyeron en la reforma constitucional que aprobó su reelección, ese acto legislativo fue ilegítimo. A esa conclusión llegó un segmento de la opinión colombiana. “La crisis llegó a la cúpula de los poderes públicos. Ya no sólo es el Congreso. Ahora es el propio Gobierno el que tiene su legitimidad impugnada”. “Por dos flancos, está reelección de Uribe está signada por la ilegitimidad. El primero de ellos es por cuenta del escándalo de la ‘parapolítica’ […]. Es claro que su reelección está íntimamente ligada a la crisis de legitimidad que se ha apoderado del Congreso […]. En la cárcel está Ciro Ramírez, ponente del articulo que permitió la primera reelección de Uribe”. El Resurgimiento Paramilitar “Vuelven los paramilitares”, es lo que dicen las crónicas. No es que hayan vuelto sino que jamás se fueron –ni siquiera los extraditados–, porque son hechura del establecimiento y porque su desmovilización es una de las pirámides que construyó el presidente Uribe. En el lenguaje de Platón son muchos los “males” que la guerra interna le ha causado a la sociedad colombiana y a cada una de las personas que la integran. Sin embargo, el más inhumano y dañino es el aparato que el establecimiento creó para enfrentar la subversión: los grupos paramilitares. El mal es de tal naturaleza y magnitud que por sí mismo engendra sus propios males: masacres, destierros de campesinos, usurpación de las mejores tierras, desapariciones de personas, eliminación de líderes políticos, sindicales, comunales e indígenas, asesinato de intelectuales e investigadores, apoderamiento de los gobiernos locales y departamentales, infiltración de todos los organismos oficiales, corrupción, crisis general e ilegitimidad del Estado. En cuanto a su origen, en un principio apenas se tenía la sospecha de que los grupos paramilitares eran apoyados por algunos sectores de la fuerza pública y por empresarios del agro. Pero con el correr del tiempo, quedó al descubierto la estrecha relación de esas bandas con el Estado y con la empresa privada. El propio Mancuso dijo ante los tribunales judiciales que era imposible crear esos ejércitos contrainsurgentes sin el apoyo estatal y de los gremios económicos. En efecto, en mayo de 2007 admitió que “con el comandante Carlos Castaño, y a través de la Convivir Papagayo, se acordó el pago de tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada”. Uno de los “notables” del proceso de negociación entre Pastrana-Farc, Carlos Lozano, en entrevista realizada para la investigación Los males de la guerra que adelanta el Grupo Hombre-Sociedad- Estado, dijo: “Los grupos paramilitares, que algunos investigadores llaman paraestatales, son apoyo fundamental en la lucha contrainsurgente de un régimen. Por lo general asumen la guerra sucia, que le es vedada al Estado por el control que ejercen sobre éste los organismos internacionales y las ONG. Estos grupos paramilitares surgen al amparo del Estado pero también con la colaboración y protección de los empresarios”. Desde los años 50 del siglo XX existen paramilitares en Colombia, a la manera como estos grupos armados han tenido presencia en muchos países de América Latina, pero la versión actual tuvo su origen en el seno del narcotráfico –que también es parte del establecimiento–, pues fue en las entrañas de ese negocio ilícito donde se gestó, nació y dio los primeros pasos en su trayectoria criminal. Y algo más: sus finanzas giran en torno al narcotráfico. Acaparar tierras usurpadas a los campesinos, proteger los cultivos y comercializar droga son sus principales actividades. Efectivamente, las primeras bandas paramilitares las organizó el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Ga- cha, y el cartel de Medellín creó el aparato armado Muerte a Secuestradores (Mas) en 1981, con el fin de perseguir guerrilleros y familiares de éstos. El 3 de diciembre de ese año, un helicóptero lanzó miles de volantes sobre la ciudad de Cali, anunciando públicamente la creación del Mas. En ese comunicado se advertía que 223 jefes de la mafia se habían unido y habían aportado dinero para crear un escuadrón de 2.230 hombres, cuya misión sería ejecutar sin fórmula de juicio a cualquier persona comprometida en algún secuestro. Poco tiempo después, en conversación con un líder guerrillero, Pablo Escobar dijo: “Yo sí fundé el Mas. Yo fui su jefe, pero resuelto el problema de los secuestros que usted sabe, desapareció el Mas. Lo que sucede es que hoy la sigla la siguen usando los que defienden la ley para hacer su trabajo sucio”. Catorce meses después del lanzamiento de los volantes sobre la ciudad de Cali, en la segunda semana de febrero de 1983, el ministro de Defensa del gobierno de Belisario Betancur, general Fernando Landazábal Reyes, convocó a lo más representativo de los empresarios agrícolas del departamento de Córdoba a una reunión en el Club Montería. La reunión Tenía como propósito crear el primer grupo paramilitar con base en el decreto 3398 de 1965, que autorizaba la conformación de núcleos de autodefensa campesinas. Después de una arenga del ministro Landazábal Reyes, los terratenientes y empresarios asistentes a esa asamblea – un centenar– se comprometieron a sufragar cada uno un millón de pesos con el objetivo de ejecutar el plan propuesto por el vocero del gobierno. Por la misma época hizo su aparición en Montería un grupo contrainsurgente denominado “Organización contrarrevolucionaria” – El Horcón–, uno de cuyos mensajes distribuidos en 1984, decía: Hemos llegado a esta región y aunque no nos vean estamos para limpiar la zona de guerrilleros, informantes y colaboradores de la guerrilla, ladrones, bandoleros, extorsionistas y demás. Comenzaremos a exterminar en Sinú, y San Jorge en la parte alta. No dejaremos mala semilla. Los sacaremos de sus cuevas, casas, fincas, parcelas, pueblos, etc. No quedará una cuarta de tierra que no limpiemos desde Palmira hasta Betancí, pasando por Tierralta, Flores, La Apartada de Valen- cia, Los Morales, Aguadita, Ralito, Machuca, Caramelo, Los Volcanes, San Francisco del Rayo, Todos Pensamos, Vivano, El Burro, Campamento y todas las fincas y haciendas que quedan en esos alrededores […]. Somos una organización estructurada, bien financiada, estamos entrenados por extranjeros, poseemos armas y tecnología. Hay una perfecta coincidencia entre las amenazas de El Horcón, las declaraciones de Castaño y la realidad social y política del paramilitarismo. En efecto, es inocultable el fino maridaje que existió y continúa existiendo entre los organismos del Estado, los mercenarios pagos o protegidos por el gobierno, y los paramilitares. Carlos Castaño dice en Mi confesión que cuando cumplió 18 años, en 1983, estuvo estudiando en Israel; que el curso de manejo de armamento y psicología de operaciones duró un año, distribuido en tres meses de instrucción y uno de descanso, el cual aprovechaba para venir a Colombia. Respecto de sus vínculos con militares colombianos en Israel, Castaño dice: “Tuve la oportunidad de conocer militares de nuestro país, los hombres del batallón Colombia, en el desierto del Sinaí. No conocía el batallón, pero en mis días de descanso nos encontrábamos en sitios que usualmente frecuentaban; compartía con amigos oficiales y sargentos”. Por su parte, el general Rito Alejo del Río le dijo a la Fiscalía en versión libre: “En 1983 llegué al país procedente del batallón Colombia destacado en el Sinaí, donde me desempeñé como oficial de operaciones en la fuerza Multinacional de Paz, era Mayor”. Entre 1982 y 1989, una serie de poderes y circunstancias convirtió a Puerto Boyacá se convirtió en capital del paramilitarismo en Colombia, y pronto el nombre de Más fue cambiado por el de Autodefensas. Luego, la empresa denominada Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), con personería jurídica, canalizó “legalmente” los proyectos militares, financieros, educativos, sanitarios, de infraestructura y vías, mediante los cuales los paramilitares buscaban conquistar y ganar toda la población. De manera simultánea se constituyeron las primeras escuelas o centros de formación de sicarios, de torturas y exterminio: “El Tecal”, “Cero-Uno” y “El Cincuenta”. Poco tiempo después, la experiencia de Puerto Boyacá se reprodujo en Córdoba […]. Poco a poco las instituciones públicas y privadas se integraron en el sistema de una especie de Estado paramilitar”. El propósito de la creación de los grupos paramilitares fue desde el principio defender los intereses particulares de terratenientes, esmeralderos y narcotraficantes. “Podría decirse que el paramilitarismo nace principalmente de la codicia o de la desesperación. De la codicia, cuando la guerrilla entra a disputar la riqueza de industrias protegidas por ejércitos privados (narcotráfico, esmeralderos); de la desesperación, cuando los propietarios de la zona no encuentran otro modo de enfrentar a la guerrilla o cuando el militar concluye que dentro de la ley no es posible derrotar a la insurgencia”. “Hay que entender que las autodefensas son una confederación en la que hay diversos grupos con intereses propios”, le dijo Miguel Arroyave a Semana, 10 días antes de ser asesinado. Producto de esa conexión de intereses – de terratenientes, ganaderos, narcotraficantes, políticos y fuerza pública–, el paramilitarismo ha realizado el más cruento y prolongado baño de sangre en toda la historia de Colombia: 25 años de masacres, fosas comunes, asesinatos selectivos de los más valiosos los líderes de nuestro país (políticos, intelectuales, investigadores, sindicalistas, periodistas), desarraigo de campesinos, robo de las mejores tierras. La razón: ser disidentes del sistema, establecimiento o régimen que conforman los componentes de ese maridaje. Con todas las pasiones, vicios y virtudes propias del poder y de su personalidad, Álvaro Uribe Vélez, desde mucho antes de ser presidente, ha simulado ante Colombia y ante el mundo, que jamás ha visto, ha escuchado, ha vivido, ni se ha relacionado con ninguno de los componentes de esa alianza criminal. Sin embargo, precisamente en medio de los charcos de sangre y encima de las fosas comunes, entre los gritos de dolor y desesperanza de las víctimas, construyó una pirámide aparentemente creíble para todo el mundo –para los líderes de las Auc, para los partidos políticos que lo apoyaron, para la oposición, para la sociedad colombiana y para la comunidad internacional– que lo llevó al poder. Lo cierto es que a los líderes paramilitares les prometió convertir sus crímenes en acciones políticas y ante la opinión nacional e internacional simuló un proceso de paz, un desarme y una desmovilización de esos ejércitos paraestatales. Para nadie es un secreto, porque es historia mil veces contada y escrita, que las bases de esa pirámide comenzaron a construirse cuando el actual presidente de la República era gobernador de Antioquia y apoyó sin reservas las cooperativas de seguridad privada, denominadas Convivir, cuya esencia era paramilitar. También es ampliamente conocido, en Colombia y fuera de sus fronteras, que a esa pirámide se le fijó una proyección ideológica y política inocultable el 29 de abril de 1999, en el Hotel Tequendama de Bogotá, fecha en que el precandidato Uribe Vélez fue el oferente principal del homenaje que los gremios económicos y los políticos le tributaron al general Rito Alejo del Río, hoy privado de la libertad, por sus nexos con los paramilitares. Igualmente, el país y el mundo conocen la satanización de que fue objeto el proceso de paz adelantado por el presidente Andrés Pastrana con las Farc, no tanto por el proceso en sí, sino porque no les daba el mismo tratamiento a los paramilitares. Hay otros hechos menos conocidos en la construcción de esa pirámide, que conviene recordar. En diciembre de 2000, ya como candidato presidencial, Uribe, ante una asamblea de jóvenes cordobeses dijo que una de las prioridades de su administración sería adelantar una negociación con los grupos paramilitares, ofreciéndoles las mismas prerrogativas políticas que Pastrana les había ofrecido a las Farc. Una vez elegido presidente de la República, asistió, en su condición de padrino, al bautizo de la hija del senador Miguel Alfonso de la Espriella, en la iglesia de San Pablo Apóstol de Montería, donde no desaprovechó la oportunidad para consolidar las bases de la más grande de sus pirámides. En efecto, a la salida de la ceremonia religiosa reiteró el propósito que había dicho año y medio atrás, ante las juventudes del departamento de Córdoba: que uno de los asuntos prioritarios de su gobierno, era establecer diálogos con los dirigentes de las Auc. Dijo, además, en esa ocasión, que los diálogos que proyectaba serían abiertos a la opinión pública y no en la clandestinidad. Con tan claras proyecciones ideológicas, los distintos componentes de las fuerzas paramilitares –narcotraficantes, políticos y gremios económicos– tenían que darle una mano al constructor de esa pirámide para preparar el terreno político que comenzaría el 7 de agosto de 2002. Así fue como ocho meses antes de las elecciones legislativas del cuatrienio 2002-2006, se reunieron en Santa Fe de Ralito 32 políticos nacionales, regionales y locales con la cúpula de las Auc – Mancuso, “don Berna”, “Diego Vecino” y “Jorge 40”– para “refundar la patria”. La proclama suscrita por paramilitares y políticos dice: “Conciudadanos, como enuncia nuestro preámbulo; el pueblo de Colombia, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, hoy nos confiere la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, de firmar un nuevo contrato social”. Lo que vendría después serían las “para elecciones de 2002” y cuatro años más tarde las “para elecciones del 2006”, con un reparto milimétrico entre los distintos partidos políticos que apoyaron tanto la primera como la segunda elección de Uribe. Efectivamente, como se conoció después, con la sola excepción del liberal Juan Manuel López Cabrales, quien apoyó a Serpa, todos los firmantes del pacto de Ralito, respaldan al ex gobernador de Antioquia. En la última semana de septiembre de 2004, los cuatro medios de comunicación escrita más influyentes del país prendieron las alarmas sobre la penetración de los paramilitares en todos los estamentos de la sociedad. El domingo 26 de septiembre, El Tiempo tituló así un informe especial de cuatro páginas: “La paramilitarización de Colombia”, y dedicó su principal editorial al mismo tema, en el que habló del “para-Estado de los paramilitares”. En la misma fecha, El Espectador tituló a seis columnas en su primera página: “La ‘chequera’ pública de los paramilitares”, y a continuación dedicó tres páginas más al paramilitarismo. Las revistas Semana (1.169) y Cambio (587) –septiembre 27- octubre 4– consagraron sus artículos centrales al tema de los paramilitares. ¿Se pusieron estos medios de acuerdo o fue simple coincidencia?, ¿qué los llevó a destapar la olla de manera extensa y profunda?, ¿interpretaron a la sociedad porque a ésta se le llenó la copa? Fue demasiado tarde para el llanto y el crujir de dientes, pues la aceptación de los paramilitares fue de tal magnitud que, apenas dos meses antes de ese destape, el ex ministro Fernando Londoño escribió en su columna de El Tiempo: “En manos de Mancuso está la historia de Colombia”. Tardía fue la hora en que los medios de comunicación descubrieron el verdadero propósito de suspender por siete años la vigencia de las decisiones de la CPI. Siempre fue demasiado tarde: un día después de que los narcotraficantes crearán el escuadrón denominado Muertena Secuestradores (Mas), en 1981, y un día después de la convocatoria que hizo el ministro Landazábal a los gremios de Córdoba y Antioquia para crear el primer frente paramilitar, nacimiento real de los paramilitares de hoy, como ya se dijo. Fue demasiado tarde porque el Estado no sólo guardó silencio en ese momento sino que, además, a poco andar los armó y los asesoró, de acuerdo con la propia manifestación de los líderes que por un buen tiempo estuvieron protegidos en Santa Fe de Ralito. Desde el momento mismo en que los paramilitares comenzaron a perpetrar masacres y asesinatos selectivos, los defensores de derechos humanos y los dirigentes de la Unión Patriótica hicieron la denuncia pública. En 1987, el entonces ministro de Gobierno César Gaviria, en un debate en el Congreso, dijo que había más de 100 bandas paramilitares, y en octubre del año siguiente el mismo funcionario informó que las autoridades habían desmantelado 17 grupos pero que aún quedaban más de 80. A pesar de las denuncias y la aceptación por parte del gobierno de la época, el Estado jamás realizó una ofensiva contra las Auc. Que diga algún general de la República u otro vocero oficial cuándo las Fuerzas Militares organizaron operativo alguno contra campamentos paramilitares, tal como lo han hecho contra la insurgencia durante 40 años. Así el gobierno del presidente Uribe lo negara, el país se paramilitarismo. Por la complicidad, la tolerancia, la aceptación y las redes de apoyo entre la dirigencia gremial y política, los paramilitares fueron penetrando a la sociedad, o al revés: terratenientes, políticos, ganaderos, banqueros e industriales penetraron a los narcoparamilitares en busca de respaldo militar y económico. No es un secreto: a partir de las elecciones de 2002, se comenzó a hablar en la costa atlántica de una hiperdemocracia, que, como lo dijo El Tiempo, devino en un “para-Estado”. Y en medio de la paramilitarización de Colombia ¿cómo respondió el presidente Uribe a sus promesas de campaña? Colombia y el mundo lo saben, pero recordémoslo de la manera más breve. Todo transcurrió como una exhalación, y los ciudadanos, incluso los de cultura media, no nos dimos cuenta. El gobierno de Uribe comenzó conversaciones públicas con los grupos paramilitares el primero de diciembre de 2002, y por vías de hecho y con mucha precariedad en el derecho, se convirtieron las bandas paraestatales –es decir, aliadas del Estado para cometer crímenes atroces– en actores de delitos políticos: rebelión, sedición y asonada. Pero por si esto fallaba, el presidente Uribe, en un abrir y cerrar de ojos, echó mano de dos herramientas jurídicas. En primer lugar, dos días antes de posesionarse –y ahí cayó Pastrana– se suspendió por siete años la vigencia del Estatuto de Roma, a fin de que no sean juzgados por la Corte Penal Internacional los criminales de guerra y de lesa humanidad. Hecho esto, había otro escollo: ¿Cómo negociar con criminales que no tenían estatus político, como sí lo tenía la guerrilla? Fácil: modificar la ley 418 de 1997, para que de su texto desaparecieran las palabras que lo impedían. De ahí en adelante, la vía despejada. Con esas dos herramientas, comenzaron las “negociaciones”. Pero como había que tranquilizar a la opinión nacional e internacional, el gobierno exigió” un poderoso requisito para sentarse a conversar con las Auc: el cese de hostilidades, que jamás ha existido. Todo el mundo denunció en su momento los asesinatos selectivos, las masacres, los desplazamientos, la usurpación de tierras. A pesar de las dos herramientas jurídicas señaladas en el punto anterior, como los jefes paramilitares no son tontos, también hicieron sus exigencias: una ley que borrara todos sus crímenes. El primer anuncio de ese proyecto de ley lo hizo Uribe el 28 de mayo de 2003 en San Andrés, y en ese momento tenía nombre propio: Castaño y sus hombres. En efecto, ante las primeras reacciones frente al proyecto de ley de impunidad, Castaño dijo: “Llevo veintidós años intentando que no haya impunidad para los asesinos de mi padre, y ahora mucha gente quiere que no haya impunidad para mí”. Ese proyecto de ley lo denominó el gobierno “de alternatividad penal”, pero pronto la opinión pública nacional e internacional lo identificó como de impunidad. Seleccionar y transcribir sólo una muestra de todo lo que se escribió en ese lapso es ya muy difícil. El periódico The New York Times sobre el proyecto de ley, dijo: “Aunque se puede aplicar por igual a los ejércitos privados de derecha conocidos como paramilitares y a las guerrillas izquierdistas, en la práctica sólo la utilizarán los paramilitares. El motivo es comprensible, pero la oferta va muy lejos. Los jefes paramilitares, asesinos que han masacrado a docenas de civiles, podrían evitar la cárcel o salir de ella con sólo una firma. La ley también daría impunidad a los carteles de la droga, pues muchos de los jefes del narcotráfico también son paramilitares”. En carta dirigida por 56 congresistas de los Estados Unidos a Uribe le reclama- ron lo siguiente: “Increíble que, con las lecciones de los procesos de verdad y reconciliación en Latinoamérica y alrededor del mundo como parte de nues- tras experiencias colectivas, funcionarios colombianos de alto rango consideren seriamente un choque de palmas y un cheque de gerencia como substitutos equiparables a la justicia real y plena”. El senador estadounidense James P. McGovern, en una intervención de cinco minutos, hizo entre otros los siguientes enjuiciamientos: “De hecho, el paso más importante del presidente Uribe para terminar con el terrorismo en Colombia es investigar, enjuiciar y castigar a todos los responsables de violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, incluso los paramilitares y sus aliados militares. Es la impunidad, y no los defensores de derechos humanos, lo que está socavando las perspectivas para la paz, democracia y ley en Colombia”. La periodista Isabel Hilton escribió en el periódico The Guardian, de Londres: “Lejos de desmantelar el terror proveniente de sectores de derecha y el narcotráfico, Uribe ha protegido la alianza del Estado con la extrema derecha a tal punto que algunos observadores hablan de una toma de control del Estado por parte del terrorismo perpetrado por las Auc, el brazo armado de una alianza de grandes propietarios de tierras y empresas y narcotraficantes”. El proyecto fue tan impopular que el gobierno tuvo que disminuir la presión y abandonar esa iniciativa, cambiarle de nombre y volver a hacerle ambiente en el Congreso y la opinión pública. La pared internacional contra la que se estrelló el gobierno, así como las propias exigencias de los paramilitares, surgieron al Ejecutivo a fabricar una ley que dejará impolutos a los jefes de las Auc. De acuerdo con todos los interesados en ese ordenamiento jurídico, necesitaban una ley que cumpliera varias funciones a la vez. En primer lugar, como les dijo Luis Carlos Restrepo a los paramilitares–según grabación que conoció la opinión pública–, debía evitar que cualquier tribunal internacional de justicia venga por ellos el día menos pensado; en segundo lugar, debía legalizar la usurpación de tierras a los campesinos por parte de los paramilitares, y asimismo legitimar todas las demás acciones criminales; y en tercer lugar, debía borrar la huella que pudiera existir entre la cúpula paramilitar y el “Grupo de los Seis”, al que hizo referencia Carlos Castaño en Mi confesión, y toda la estructura económica, política y estatal que ese grupo representaba. Así, pues, el nuevo proyecto tuvo un nombre más ajustado a la nomenclatura universal: verdad, justicia y reparación. Sin embargo, del proyecto desaparecieron las palabras “verdad y reparación”, y la ley salió con el nombre de “justicia y paz”. Por cuanto el marco jurídico que exigían los paramilitares y anhelaba el gobierno era una ley que les pusiera blindaje a las puertas de todos aquellos que han intervenido en la cadena de crímenes, la simulación desplegó todas sus fuerzas, tamaños y colores hasta el punto de parecer prosaica frente a la finura de otros días y otros hechos. En esa cuadratura del círculo, el presidente Uribe en persona o por intermedio del anillo más estrecho de sus ayudantes y ventrílocuos (Santos, Pretelt y Restrepo) se jugó a fondo, o –como el propio jefe de Estado dice para otros menesteres– “hasta el último gramo de energía”. Gracias a esa faena la ley fue expedida. Con ese ordenamiento jurídico y en medio de pugilatos y amenazas verbales, entre gobierno y paramilitares, Uribe tuvo el valor o el temor de someter a todos sus amigos, a quienes una y otra vez le dieron su apoyo político, con quienes una y otra vez compartió “un mundo sano de fincas, caballos, tiple, aguardiente y poesía”, como el propio mandatario le declaró a El Meridiano de Córdoba (28 de febrero de 2008, p. 1B). Y por el incumplimiento de esa ley, Uribe también tuvo el valor o el extremo temor, de extraditar a 14 de sus amigos, cuando éstos comenzaron a contar a cuentagotas la verdad. “Lo que no soportó el presidente Álvaro Uribe fue que los paramilitares convirtieran la información en una poderosa arma de chantaje que amenazaba con descuadernar aún más el país. La estrategia de los ‘paras’ era golpear al gobierno, hundir aún más el Congreso y salpicar a la Corte Suprema, Crear una sensación de inestabilidad que pusiera al Presidente, al gobierno, y en general a las instituciones, contra la pared”. Es decir, la primera y más grande de las pirámides de Uribe se derrumbó. La simulación de acabar con los grupos paramilitares no le dio resultado, porque éstos siguen ahí. No es que hayan vuelto sino que jamás se fueron. Los paramilitares siguen hoy apalancados en las ramas y órganos del poder público: Congreso, Fiscalía, gobernaciones, alcaldías, universidades, dependencias de salud. Basta leer un solo testimonio, el de Monseñor Leonardo Gómez Serna, obispo de Magangué: El paramilitarismo está vivo, sólo que cambió de nombre, “grupos emergentes”. Concretamente en el Sur de Bolívar se encuentran las “Águilas Negras” quienes amenazan, asesinan y desaparecen a los líderes sociales y trabajadores de derechos humanos. Se recuerda las amenazas en Abril 2008 a sacerdotes de la Diócesis de Magangué por su compromiso con los pobres y a los trabajadores del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y los Espacios Humanitarios en el Sur de Bolívar. Dos preguntas como conclusión del derrumbe de esta pirámide ¿Cuánta verdad se esconde detrás de los grupos paramilitares? Se sabrá el día en que los 14 extraditados a los Estados Unidos y quienes se encuentran en las cárceles colombianas se atrevan a contar todo lo que saben, sin cálculos ni chantajes. Carlos Castaño en el libro Mi confesión dice muchas cosas que algún juez, fiscal o fiscal nacional o internacional debería averiguar. Tan sólo citar tres de esas afirmaciones: 1) “Todo lo que se va a contar en este libro es verdad pero no diré toda la verdad. La verdad tiene una frontera, justo donde es posible hacerle daño al país” (p.39). 2) “Fui un consentido del Ejército, instruido por el Ejército, capacitado por el Ejército, apoyado y hasta protegido” (p. 154). 3) “En una época sostuve reuniones con el Grupo de los Seis” (p.237). En relación con la primera confesión, averiguar toda la verdad que sabía Castaño es físicamente imposible por la razón elemental de que ya no vive. Sobre la segunda, que el Ejército lo consintió, lo instruyó, apoyó y protegió, no hay duda por todo lo que la opinión nacional e internacional conoce. En cambio hay un secreto del que no sólo era dueño Castaño: ¿quiénes formaban parte del “Grupo de los Seis”? No más conjeturas, no más cabos sueltos. Todos o algunos de quienes se congregaron en Ralito deben saber. ¡Por favor diga la verdad! La Invasión Al Ecuador Todo el mundo sabe que la política internacional de Colombia, durante los dos cuatrienios de Uribe ha sido un desastre. En asuntos internacionales Uribe no ha construido una pirámide a la sabiduría sino a la ignorancia y a la agresión. ¿Qué dijo al respecto el programa de los 100 puntos de su primera campaña? Dos cosas que parecen una broma. Pero es que si no fuera por el sufrimiento y todos los males que causa la guerra en Colombia, todo en esta administración son bromas de mal gusto. En el punto 31 de su programa, Uribe dijo: “Necesitamos nuevas formas de cooperación internacional contra la violencia: que Naciones Unidas envíe una misión humanitaria a uno de nuestros municipios en donde la ciudadanía sufre de represalias guerrilleras […]. Que esa misión humanitaria para proteger a la comunidad tenga el apoyo de soldados colombianos avalados por Naciones Unidas”. Y en el punto 92 del listado de promesas, señaló: “Nuestra política internacional honrará la tradición colombiana de respeto a la autodeterminación de los pueblos”. Sobre la primera propuesta, habría que preguntar ¿quiénes son los asesores de la política internacional de Uribe? Si ninguno de los consejeros de Palacio o si ninguno de los ministros es capaz de informarle al presidente Uribe, para qué fue creada la Onu, ya es hora de que algún amigo suyo, de aquellos que hayan cursado octavo grado de educación básica lo haga, en el tono más mesurado y coloquial: “Hombre, Álvaro..., mirá mijo..., no la embarrés más, negrito...” o como acostumbren a decirle los amigos a quien hoy simboliza la unidad nacional (art. 188 Const. Pol.). Pero si nadie se atreve a hablarle al presidente Uribe, por temor a que éste se enoje, que alguien le obsequie un libro –bueno, ni tan librito, 379 págs.– que se titula A B C de las Naciones Unidas. Si no se encuentra en el mercado colombiano, lo venden en la librería de la Biblioteca de las Naciones Unidas, ahí en Nueva York. El embajador ante ese organismo puede cumplir esa misión: comprarle al Presidente el valioso regalito. La patria se lo agradecerá. Es cosa de información: saber que en Colombia existe un conflicto interno y el papel que la ONU puede jugar para ayudar a resolverlo. Y que la ONU se creó para promover la paz, lo enseña el libro en mención. La obsesión de Uribe por endilgarle tareas imposibles a la ONU, ha sido constante. Se recordará que desde cuando era gobernador de Antioquia clamaba porque a nuestro suelo llegaran los Cascos azules. Aunque en junio de 2002 le pidió al Secretario General de la ONU que ejerciera sus buenos oficios en el conflicto colombiano, el 3 de octubre del mismo año desempolvó el contenido del punto 31 de su programa de campaña, y volvió a insistir en los Cascos azules, pero con una modalidad que ese organismo internacional no puede patrocinar. De acuerdo con lo que la opinión pública conoció en ese momento, consistía en que tropas colombianas comandadas por las Naciones Unidas acompañarán a los desplazados en el regreso a sus hogares. En sus grandes desvelos por la guerra el presidente Uribe logró que, 18 de los 19 países del Grupo de Río, el 23 de mayo de 2003, en Cuzco, Perú, pidieran a la Onu, que ésta diera un ultimátum a las Farc. Y como el Secretario General, no puede conminar a nadie, tan sólo dijo: “Se toma nota con interés”. Esta respuesta sacó de casillas al presidente Uribe y el 19 de junio del mismo año, en Costa Rica, reclamó airado: “A ratos Naciones Unidas da la impresión de que le tiene miedo a las descalificaciones que los grupos violentos de Colombia le hagan”. Y agregó: “Espero que la petición del Grupo de Río produzca una profunda reflexión en Naciones Unidas”.Y seguramente, Kofi Annan reflexionó profundamente, no sin antes sonreír a nuestras espaldas, porque uno de los principios de la Carta de la Onu dice: “Las Naciones Unidas no podrá intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados”. En Colombia también sonrieron los expertos. Y, es mejor sonreír a morir de rabia. Si el primer punto del programa en materia internacional produce risa, el irrespeto a la “autodeterminación de los pueblos”, no es una broma sino la violencia a la soberanía de un país limítrofe, que ha causado la más aguda crisis de política internacional de la región en toda la historia colombiana. “El presidente Álvaro Uribe es un terrorista porque piensa que puede resolver el conflicto armado en Colombia por la vía militar y no por la negociación política”. Las palabras no son de nin- gún exaltado y extremista manifestante de la Plaza de Bolívar de Bogotá, sino del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, a quien le respondió el embajador colom- biano ante la Oea, Camilo Ospina, así: “Es necesario denunciar aquí que el gobierno nicaragüense protege, promueve y hace apología abiertamente a grupos terroristas”. Ese es el tono en la interlocución entre Nicaragua y Colombia, derivada de la invasión al territorio ecuatoriano. El episodio, por demás delicado, se llevó a cabo el 1 de marzo de 2008, fecha en la que Colombia bombardeó el territorio de esa nación, eliminó a Raúl Reyes y a veintidós acompañantes, “en pleno sueño. Entre los muertos hubo un ciudadano ecuatoriano, cuatro jóvenes estudiantes mexicanos y, como víctima número veinticuatro un soldado colombiano que murió no en ‘fuego de batalla’, como pretendió Bogotá al rendirle honores fúnebres nacionales, sino por un árbol que se derrumbó sobre él”. Finalmente, la Interpol se encargó de examinar los ordenadores del comandante guerrillero eliminado en Ecuador. Así estalló la más amplia y aguda crisis internacional. La temperatura con Venezuela se atenuó por veinticuatro horas, gracias al reencuentro de los presidentes Chávez y Uribe, quienes decidieron “voltear la página” el 11 de julio de 2008 en Paraguaná. La distensión fue efímera, pues dos días después el ministro Juan Manuel Santos encendió de nuevo la hoguera al insinuar que Chávez toleraba la presencia de las Farc en Venezuela”. En Nicaragua, no pasa una semana en que la guerra verbal no avive la llama de ese incendio. En reunión de la Oea celebrada el 24 de julio de 2008, otra vez se agredieron los dos Estados, a través de sus voceros, –que no parecían voceros sino boxeadores–: “Presidente Ortega, ayúdenos a sepultar el cadáver de las Farc. No se sepulte con ellas”, fueron las palabras del representante de Colombia. “Es justamente la existencia de un ‘narco-Estado’ que además aplica el terrorismo de Estado y pone en peligro la estabilidad de los gobiernos”, fue la respuesta del embajador de Nicaragua. Y las palabras del presunto árbitro Insulsa, Secretario General de la Oea, fueron de escepticismo: “La retórica en el hemisferio está subida de tono y así no se arregla nada”. Este acto de locura, le produjo a Colombia roces diplomáticos como pocas veces había tenido. Al respecto de hechos inamistosos dijo el presidente ecuatoriano Rafael Correa: “El canciller colombiano ha reiterado que no debemos inmiscuirnos en asuntos internos de Colombia –¡asuntos internos de Colombia!–. Ese conflicto está desbordando a los países vecinos y está desestabilizando a toda la región”. En relación con el bombardeo y con la preocupación de Ecuador por el intercambio humanitario, agregó: “¿Por qué no dijeron lo mismo cuando nos bombardearon, que eran asuntos internos de Colombia, y se permitieron bombardear otro país? Tenemos todo el derecho y el deber de intervenir en acciones humanitarias, como la liberación de rehenes sin pedirle permiso a nadie”. Y en esa cascada de oscilaciones y bandazos de proclamas bilaterales, en su penúltima declaración Correa dijo: “Ustedes posponen el restablecimiento de relaciones bilaterales, nosotros las cancelamos indefinidamente hasta que haya un gobierno decente con el cual tratar”. Así que, lo que pudo ser un instante de gloria para Uribe, se le convirtió en el más garrafal error táctico: eliminó físicamente el segundo hombre de las Farc, no ganó la guerra interna y en cambio abrió un inmenso boquete en el orden internacional. Literalmente el conflicto se le salió de las manos al Gobierno colombiano y le tocó recurrir a la comunidad internacional: Grupo de Río, Asamblea de Cancilleres y de la Oea. Esa es la realidad. Así la reconocen los más serios analistas, como el editorialista de El Espectador: “Lo que queda para Colombia hacia delante es aprender a convivir con la diferencia, enviar mensajes claros sobre su posición frente al conflicto y hacer valer que esta sea respetada. El resto, como bien decidió hacerlo el Gobierno ante las nuevas declaraciones de Ortega, debe ser el camino de la multilateralización”. El mismo editorial le aconseja a Uribe no seguir vendiendo el discurso terrorista porque en Latino- américa no hay quien se lo compre: “Seguir intentando que Venezuela, Nicaragua o Ecuador compren el discurso del Gobierno colombiano –muy bien complementado por el discurso estadounidense después del 11 de septiembre y mayoritariamente aceptado por la opinión colombiana– de que las Farc son un grupo terrorista, no es realista”. Cruz Roja, Telesur Y Gringos En Operación Jaque Ninguna guerra es limpia. Todas se hallan empañadas de felonías, engaños y traiciones: manchadas con el carmesí de sangre inocente. En las guerras no existen pactos, ni promesas, ni principios, como no existen juramentos de lealtad entre lobos y corderos. No es combatiendo limpiamente, con la lealtad del adversario honrado que pone en juego su fuerza y su inteligencia, sin gabelas ni dobleces, como se ganan las guerras, sino con toda una cadena de artimañas y consejas: tendiendo emboscadas, instalando minas, creando grupos paramilitares, sitiando pueblos, cortando provisiones, aniquilando por hambre al enemigo, vistiendo a civiles asesinados con uniforme de guerrilleros o terroristas, utilizando mujeres para obtener información, tejiendo muchas mentiras y declaraciones hipócritas para engañar y distraer. Pero la suciedad de la guerra no se queda ahí, en el engaño y la matanza. También están el robo y el saqueo: del territorio y los tesoros de los pueblos vencidos, de las parcelas de los campesinos, de los relojes, anillos, cadenas y hasta de los dientes de oro de los soldados caídos. Hoy como ayer, aquí y allá, la guerra es un sucio lodazal. El más antiguo y celebrado de los cantos épicos, la Ilíada, es una sinfonía testimonial de insidias, engaños y perfidias, en la que hasta los dioses traicionan. Dolón, espía de los troyanos, tenía la misión de hacer un reconocimiento a las naves de los aqueos, pero fue descubierto por Diomedes y Ulises, quienes con lisonjas le sacaron la información que necesitaban del campo enemigo y luego le dieron muerte sin compasión. La muerte de Héctor, el héroe de Troya, se produjo como consecuencia de la traición de Atenea. En efecto, la “ojizarca diosa” incitó al general troyano a enfrentar a Aquiles con estas palabras: “Ahora vayamos derecho contra él y luchemos con furia sin escatimar para nada las lanzas. Veremos si Aquiles nos mata a los dos y si lleva nuestros despojos ensangrentados a las huecas naves, o si es él quien sucumbe bajo tu lanza”. El encuentro se dio y, en el clímax del combate, Héctor percibió la traición y exclamó: “¡Ay! Sin duda los dioses ya me llaman a la muerte. Atenea me ha engañado”. Uno de los hechos más sórdidos y deshonestos es el asedio a pueblos y ciudades, aceptado, por desgracia, como legítimo en el impúdico paisaje de la guerra. La historia es prolija en este sucio procedimiento bélico, mediante el cual mueren lentamente padres, hijos, hermanos, amigos y amantes, siendo todos testigos mutuos de su deterioro físico y moral a medida que pasan los días, hasta el punto de que hombres y mujeres carecen de fuerzas para llorar a sus muertos. Jerusalén fue sitiada por los romanos en el año 72 d. C., y, según Josefo, “el hambre preponderar sobre todos los afectos. Y todos los que aún vivían contemplaban sin lágrimas a quienes, hallándose ya muertos, descansaban en paz ante sus ojos. No se oía el menor ruido en el interior de la ciudad”. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Leningrado fue asediada por los alemanes y, como consecuencia de tan artero mecanismo, murieron, víctimas del hambre y las enfermedades, más de un millón de civiles, es decir, más de los inmolados en Hamburgo, Dresde, Tokio, Hiroshima y Nagasaki juntos. Es claro que el engaño es la más poderosa arma de guerra, que existió desde las conflagraciones más antiguas y que se ha perfeccionado con el devenir de los tiempos. Tanta ha sido la perfección, que hoy se habla de una teoría del engaño en la guerra, con dos componentes: la inteligencia humana y la inteligencia electrónica. Todo eso es propio de la guerra. Lo cuestionable de la denominada “operación Jaque”, es que se hayan suplantado símbolos internacionales de paz, que se haya dependido del visto bueno de Bush –no propiamente de los dos partidos estadounidenses–, y que se haya presentado el rescate como una pirámide a la limpieza y a la pulcritud, que en la guerra no tienen porqué existir: “perfecta e impecable”, dijo el gobierno. En la operación Jaque, son cuestionables, por lo menos cuatro suplantaciones o mentiras: el uso indebido de los símbolos de la Cruz Roja Internacional, Telesur y Ecuavisa, de otros organismos internacionales humanitarios y la presencia de los Estados Unidos. En relación con los colores y símbolos del más antiguo organismo humanitario de orden internacional, un despacho de las agencias de prensa Efe, ABN, El Espectador y Colombia Plural, del 6 de agosto de 2008, dijo que con la operación Jaque Colombia había violado las Convenciones de Ginebra. “Tanto el presidente –dice la nota– Álvaro Uribe Vélez como su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, mintieron de manera grave nuevamente al ocultar el uso premeditado de los símbolos humanitarios de la Cruz Roja y de los medios de comunicación Telesur y Ecuavisa, canales de información alternativa, con cuyos países Uribe y Santos mantienen tensas relaciones en cubrimiento de su principal aliado el presidente Bush”. El despacho de prensa agrega: “La Cruz Roja Internacional dijo este miércoles que Colombia violó las Convenciones de Ginebra al utilizar su bandera humanitaria en una operación militar para rescatar rehenes de manos de la guerrilla de las Farc. Serán denunciados ante la Corte Penal Internacional, dijeron fuentes humanitarias suizas”. Si la Cri intentara una acción en ese sentido, habría muchas probabilidades de ser condenado el Estado colombiano, pues fue un operativo militar de rescate utilizando una aeronave del Ejército nacional de Colombia, pintado de blanco y con la insignia de la Corte Penal Internacional. Sobre la suplantación de las cadenas de televisión Telesur y Ecuavisa, como es ampliamente conocido por la opinión pública, con anterioridad a la operación Jaque las Farc habían hecho dos liberaciones unilaterales en las que habían estado presentes esas dos cadenas de información alternativa, así que era en las únicas en las que confiaba esa guerrilla. La versión oficial del rescate militar dice: “En cuanto a la indumentaria, se buscó imitar en forma precisa el aspecto de un reportero de Telesur, la cadena de televisión que había tenido la exclusividad en las dos operaciones de liberación previas”. Agrega que era la única manera de darle credibilidad al personaje, pues no se entendería que el periodista y el camarógrafo representarán a un medio distinto o desconocido, porque podría ser “considerado hostil por los guerrilleros”. Y remata la narración prologada por el ministro Juan Manuel Santos: “Luego de estudiar los videos, se pidió al departamento de logística que hiciera una réplica exacta del chaleco usado por el periodista, el cual incluía unos parches con los logos de Telesur y de la cadena ecuatoriana Ecuavisa. Se procuró actuar con el máximo de realismo para garantizar el éxito del rescate”. La intervención de los Estados Unidos en la operación Jaque, así como en todo el desarrollo del Plan Colombia-Plan Patriota, en el marco del cual se llevó a cabo el rescate, es un hecho innegable. “Estados Unidos desempeñó un mayor papel en los antecedentes del rescate de 15 rehenes en la selva de Colombia que lo que ha sido en verdad reconocido, incluyendo el despliegue de más de 900 efectivos militares estadounidenses, al comienzo de este año, empeñados en localizar a los rehenes”, según versión del New York Times. Aparte de esta gran verdad, como lo es la internacionalización del conflicto colombiano, hay otros detalles que cuenta el mismo libro referenciado en el párrafo anterior. Utilizada la tropa y la tecnología –inteligencia electrónica– estadounidense es para localizar los rehenes y para suplantar la voz de los guerrilleros, el plan se llevó a feliz término sí y sólo sí, con la anuencia de autoridades estadounidenses: primero se consultó al embajador William Brownfield , éste al Departamento de Estado y aquél, a Bush. “Acuérdese –le dijo Uribe a Juan Manuel Santos– de que yo le di mi palabra al presidente Bush de tenerlo al día sobre cualquier cosa que hiciéramos con respecto a los contratistas secuestrados”. Como puede observarse el compromiso era perso- nal entre Uribe y Bush, por eso no consultaron con el candidato demócrata, y, hoy presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, mientras que la operación Jaque se hizo coincidir con la presencia del candidato repu- blicano en Colombia, John McClein. Lo único que hizo falta fue que éste hubiese viajado a la base militar de Tolemaida y hubiese regresado con los tres norteamericanos liberados a su país. Quizá así la ventaja entre Obama y McCain, habría sido menor. Eso es lo que Uribe denomina en su programa “la autodeterminación de los pueblos”, pero esta pirámide a la mentira también se le derrumbó. Otras suplantaciones no menos importantes en el éxito de la operación Jaque, fueron: decir que se trataba de “una misión internacional humanitaria que llegaba a la zona para efectuar un traslado a los secuestrados”, y montar “una página web que soportara la existencia de la organización internacional ficticia”; asimismo, suplantar a dos guerrilleros de las Farc, uno del Bloque Caribe y otro del anillo de seguridad de Cano. El Espionaje A La Corte Suprema Y A La Oposición En las interceptaciones telefónicas, como en todas las demás arbitrariedades, Uribe simula no tener nada que ver. Simplemente aparecen las noticias ante la opinión pública como capítulos de un gran novelón: por entregas. En medio del hostigamiento del que ha sido objeto la Corte Suprema de Justicia, los altos tribunales judiciales, en la primera semana de mayo de 2009, le pidieron al Presidente un pronunciamiento directo, “con indicación de las medidas tomadas como garantías de no repetición de los irrespetos, ataques y vejámenes contra la rama judicial y particularmente contra la Corte Suprema de Justicia”. El presidente Uribe, con su acostumbrada actitud de simularlo todo, se vino con una parrafada democrática, para anunciar un “diálogo presencial, sincero, abierto, constructivo, en busca de mejor relación institucional con todas las Cortes, para el bien de la democracia colombiana”. Por tratarse de un asunto tan delicado y cuyas miradas se enfocan en el Palacio de Gobierno, al presidente Uribe le tocó aplicarse a fondo en su arte. Así que, esta aparecerá en el devenir de los tiempos como la más grande de todas las simulaciones. Efectivamente, Uribe convocó a los presidentes de las altas cortes a la Casa de Nariño (lunes 11 de mayo de 2009), reunión de la que los colombianos del común sólo supimos que duró tres horas, tiempo del cual el anfitrión utilizó más de una hora en distractores, sin hacer un pronunciamiento directo sobre el espionaje a la Corte Suprema. Dos días después aparecieron en los medios de comunicación tres interceptaciones telefónicas sin orden judicial, realizadas por el Das, durante las elecciones de 2006, entre éstas, una al candidato del Polo Demo- crático, Carlos Gaviria. Entonces, el presidente Uribe simuló su gran preocupación por el espionaje telefónico y ofreció 200 millones de pesos “para quienes ayuden a encontrar a los responsables de esas actividades”. Parece una broma, pero no lo es: quien debe cobrar la recompensa ofrecida por Uribe debe ser su gran amigo, el procurador general, Alejandro Ordóñez, pues el jefe del ministerio público abrió investigación a tres altos subalternos del presidente de la República: Bernardo Moreno, César Mauricio Velásquez y Jorge Mario Easman. Ante los nuevos hechos, el silencio que habían guardado la Corte Suprema y el Consejo de Estado, durante cuarenta y ocho horas, después de oírle el discurso al presidente Uribe en la Casa de Nariño, se rompió e hicieron nuevos pronunciamientos. La Corte dijo: “Los hechos recientemente denunciados modifican notoriamente los lineamientos fijados en la reciente reunión que los representantes de las altas cortes sostuvieron en la Casa de Nariño”. La Corte, además, le pidió al Gobierno que fijará fecha para que la Onu, a través de su Relator para la Independencia Judicial, “haga presencia en nuestra República”. Su par en la cúpula de la justicia contencioso-administrativa, se pronunció, así: “El Consejo de Estado no encuentra suficientes las explicaciones que al respecto ha expresado el Gobierno y observa que el ofrecimiento de no repetir esas prácticas resultaría ineficaz si no se acompaña de medidas inequívocamente encaminadas a garantizar efectividad”. En relación con la petición del Relator solicitado a la Onu, por la Corte Suprema, se sabe que el tema quedó en la agenda, y que será decidida siguiendo una de estas dos opciones: por canales diplomáticos, es decir, por petición del Gobierno –que Uribe seguramente no hará, pues sería reconocer que su gobierno no ofrece garantías– o de oficio. En el marco de los crímenes de Estado o falsos positivos, también aparecen los tribunales internacionales, que se mencionaron en la primera edición de este libro (2005). En efecto, el senador Juan Manuel Galán, dijo al referirse a esos delitos de lesa humanidad: “El Estado colombiano y sus autoridades deberían pensar en facilitar la acción de la justicia para que no tengamos que pasar por la vergüenza ante el mundo de que la Corte Penal Internacional sea la que tenga que intervenir para que haya justicia en Colombia”. ¿Qué hacer? Entendiendo La Realidad Que nadie se llame a engaño. Derrumbadas sus pirámides de politiquería, corrupción y las mentiras, a los colombianos no les puede quedar ninguna duda: Uribe pretende perpetuarse en el poder. Su tercer mandato, que espera iniciar en 2010, lo viene trabajando desde el 7 de agosto de 2006, simulando y disfrazando la verdad: él en persona y en tono airado les había dicho a los congresistas de su bancada que “hicieran lo que quisieran con el proyecto de referendo reeleccionista”. Y su ministro del interior, Fabio Valencia Cossio, había simulado igual despreocupación de otra manera: “El gobierno no moverá un solo dedo por ese proyecto”. Sin embargo, son muchos los signos inobjetables que ponen al descubierto las ambiciones de Uribe. Recordemos sólo dos: cuando su ex ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, lo conminó a que dijera si le interesaba o no un tercer período, contestó lacónicamente: “Sólo si se presenta una hecatombe”; y en una entrevista con Darío Arizmendi para Caracol-Radio, afirmó que lo importante era lograr la “continuidad de la seguridad democrática”. Hasta ahí, Uribe parecía ambiguo, simulador e hipócrita, pero en diciembre de 2008 quedó desnudo en la mitad de la plaza. En primer lugar, aprovechando las sombras de la noche, y cuando nadie lo esperaba, al filo de la hora veinticuatro del 16 de diciembre convocó al Congreso a sesiones extraordinarias, con el único propósito de tramitar su proyecto de referendo en la Cámara de Representantes. Y, en segundo lugar, el 31 de diciembre en Caimito, Sucre, desenfundó ante los colombianos su más poderosa arma: “La culebra está viva y no podemos dejar que vuelva a envenenar la patria”. Los hechos son aleccionadores: Uribe envió a tres de sus ministros y a una de sus secretarias a “atajar los votos” en la Cámara de Representantes, y a tomar atenta nota de quiénes de los miembros de su bancada eran renuentes a respaldar el referendo, para de una vez cortarles sus cuotas burocráticas, como lo hizo a partir del mismo 17 de diciembre. Y el argumento esgrimido desde Caimito es demoledor. En consecuencia, después de comprobar los presupuestos fácticos de la noche decembrina y de escuchar su dialéctica culebrera, los colombianos, y especialmente los conductores y líderes de los partidos y movimientos de oposición, no pueden seguir pensando que a Uribe le interesa dejar las puertas abiertas para el 2014, y que tampoco le disgusta seguir en el sonajero para el 2010. Hoy le interesa sí y solamente sí, tomar posesión por tercera vez el 7 de agosto de 2010, después definirá cómo hace para el 2014, y en aquella fecha creará los mecanismos reformatorios de la Constitución para el 2018. Partiendo de la comprensión objetiva de las ambiciones de Uribe, ¿qué hacer? Estas dos palabras aparentemente simples golpean ahora la inteligencia como un martillo. Ese pronombre interrogativo qué, unido al verbo infinitivo hacer, con tantas acepciones como tiene, deja al imaginario atónito y sin respuesta. Pero si se juntan las dos palabras en una sola, resulta el quehacer, que se presenta en la conciencia como sustantivo, que se convierte en el oficio, la actividad, la tarea, el proyecto, la vocación y la vida misma. Y como los implicados directos e indirectos de la seguridad democrática son millones, el asunto puede estar en boca de un hombre o una mujer, de los 12 ó 15 millones de indigentes que amanecen sin agua ni panela con qué endulzar, ni papel periódico con qué acompañarla, ni energía con qué hervirla. Pero también puede estar como acción o como sustantivo en boca de alguno de los millones de desplazados, de los miles de encarcelados y amenazados de muerte, de los cientos de torturados y de exiliados, que gracias a la seguridad democrática carecen de un verbo para conjugar y un proyecto de vida para realizarse como ser humano. Pero la pregunta ¿qué hacer? frente a la realidad de la seguridad democrática, herencia de un pasado siniestro y punto de partida de un futuro incierto, puede también estar en la conciencia de los filósofos, los maestros, los líderes y activistas políticos. Entonces son ellos quienes deben responder, orientar y conducir los distintos componentes de la sociedad, fraccionada a más no poder. En octubre de 2003, una convergencia política libró con tenacidad una jornada victoriosa: la Gran Coalición Democrática. Los líderes de este colectivo social y político y todas las demás fuerzas alternativas, por derecho propio están llamados a responder. Sin embargo, los simples ciudadanos, quienes tan sólo se representan a sí mismos, pueden igualmente cavilar y participar en la conversación. Cumpliendo ese rol, he aquí un par de ideas: no mirar enemigos a la izquierda, una coalición de todos y con todo, el papel de los intelectuales, cancillería y gabinete de los pueblos, seguir el ejemplo de Latinoamérica, la calle como medio de comunicación y de lucha, ¿el programa? en dos tiempos, en la coyuntura extrema, y, ¿más allá de la coyuntura extrema? No Mirar Enemigos A La Izquierda Con todos y con todo, sin mirar enemigos a la izquierda, debe ser el principio. Las palabras “izquierda” y “derecha” entraron en el vocabulario político con la revolución francesa y la convocatoria de los “estados generales” en 1789 para la elaboración de la Constitución. Durante la discusión, los defensores de los privilegios se sentaron a la derecha, de frente al presidente, y sus contendientes a la izquierda. Desde entonces, la derecha ha sido identificada con el statu quo, el conservadurismo, las ventajas del orden establecido, y la izquierda con el progreso, el cambio, la renovación. En todo caso, en medio de estos dos polos opuestos, se sitúa todo el universo ideológico, que era más fácil de observar y entender cuando en el mundo había dos grandes corrientes de pensamiento y dos sistemas políticos: capitalismo y socialismo. Las corrientes políticas fuertes actúan como imanes que halan y arrastran a las más débiles. Así obró el marxismo entre 1875 y 1914, seduciendo a la socialdemocracia hasta convertirla en su propia identidad; así actuó el comunismo a partir de la Segunda Guerra Mundial, jalando al socialismo democrático hasta colocarlo como una vía intermedia o “tercera vía” –esa sí tercera vía, no la de Giddens, Blair y Santos– entre el capitalismo y la propia ideología comunista. Y mientras los dos bloques políticos –capitalismo y socialismo– existieron, cada uno obraba como polo de atracción sobre los distintos segmentos de la sociedad, y el resultado era cierto equilibrio ideológico. Roto ese equilibrio con el hundimiento temporal del socialismo, la derecha ha impuesto su hegemonía en el orbe. Así operó en la última década del siglo XX y actúa al despuntar el XXI: el neoliberalismo arrastró a la socialdemocracia hacia su propia orilla. Y hasta quienes antes de los 80 eran socialdemócratas han quedado atrapados en las garras del capitalismo salvaje. Ahí está el señor Blair, hombro a hombro con Bush hijo, invadiendo a Irak y disputándose con el petrolero estadounidense el botín de guerra de ese pequeño país de Oriente Medio. Es decir, el neoliberalismo de Reagan, Thatcher y los dos Bush remolcó ideológicamente a la socialdemocracia, sin que a la izquierda de ésta hubiera un polo de atracción que pudiera mantener el punto de equilibrio. En este contexto político, a mediados de julio (11, 12 y 13) de 2004 se reunieron en el Hotel London Metropole Londres 500 representantes de 30 países del mundo, para debatir, entre otras, estas preguntas: ¿Está en crisis la izquierda? ¿cuál izquierda? ¿qué significado tiene hoy este concepto y cómo debe responder a los retos de la globalización? Más que de la izquierda, lo que hubo fue una reunión de gobiernos y dirigentes progresistas, pero su anfitrión denominó a ese encuentro como de centro-izquierda. Claro, si se mira el conjunto –desde Tony Blair hasta Lula–, la denominación es válida. Pero es discutible si se tiene en cuenta el origen y el sentido de los conceptos izquierda y derecha como etiquetas ideológicas para entender el mundo político. Participaron Blair, dueño de casa y quien desde la invasión a Irak no levantaba cabeza, Clinton, los latinoamericanos Lula del Brasil, Lagos de Chile y Kirchner de Argentina, Helen Clasrk de Nueva Zelanda, y medio millar de expertos y dirigentes políticos de todo el mundo. ¿A qué conclusión llegaron al cabo de tres días de tercera vía, centro-izquierda o gobiernos progresistas? A pesar de que estas cumbres son supremamente gregarias y laxas, es preciso destacar varios puntos: volver al Estado garante, a la lucha contra la exclusión social, al control de los monopolios por parte de la sociedad civil, a la búsqueda de derechos y responsabilidades de los inmigrantes. Blair, cada vez más cooptado por la derecha neoliberal, hizo dos peticiones: no al antiamericanismo y no a la antiglobalización. Nuestros líderes latinoamericanos también fijaron sus puntos de vista. “Más mercado justo y menos ayuda supuesta para el desarrollo”, dijo Lagos. “El realismo político no significa abandonar nuestros sueños”, escribió Lula en el diario The Guardian, de Londres.  En Colombia hay intelectuales, académicos y simpatizantes del socialismo que sienten repelencia por las voces “izquierda” y “derecha”, debido al origen circunstancial de estos dos conceptos. En cambio, a los más caracterizados voceros de la derecha les molesta que los señalen como tales y prefieren palabras más sofisticadas, como defensores del orden, de la seguridad, de la fortaleza del Estado y de las instituciones. A pesar de las pocas simpatías que los vocablos izquierda y derecha tienen entre unos y otros, lo cierto es que tales términos hacen parte del lenguaje político local. Y en Colombia son de uso corriente en los medios de comunicación, en las asambleas sindicales y en las propias corporaciones de elección popular. Y de las dos palabras originales se derivan otras como extrema izquierda, izquierda radical, centro, centro-izquierda, extremo centro y extrema derecha. Colombia, cuyas élites tienen alma de títeres, no ha sido ajena al influjo de la derecha mundial. En nuestro país, sólo de manera excepcional han existido breves períodos sin predominio del mesianismo derechista. Hoy, como jamás antes, nuestro país vive la supremacía de la derecha, con actitudes extremas, y cualquier corriente política distinta, por el proceso dialéctico de atracción, corre el riesgo de desaparecer. Pero ahora no es la simple dialéctica lo que actúa sino el propósito deliberado del presidente Uribe. Él recurre a todas las herramientas a su alcance para minar la conciencia y la moral de sus adversarios y críticos. La presión y la simple amenaza serán las primeras avanzadas. El amor a la patria y la necesidad de derrotar al terrorismo serán los pasos siguientes. Y si esto no funciona, vendrá la carga de profundidad: la embajada, el consulado, el ministerio, la alta burocracia. En Colombia, de manera impropia, a esto se le denomina cooptación del adversario. Pero también están los métodos más siniestros, que las fuerzas paraestatales ejecutan en forma complementaria: la masacre, el asesinato selectivo, el desaparecimiento, la tortura, el destierro y el encarcelamiento indiscriminado. Muchos matices tiene la izquierda colombiana. Lo importante para la hora actual es que todos esos matices se conviertan en una gran coalición donde esté de por medio la inclusión, la integración y la reconstrucción de nuestra sociedad. Hay ocasiones en que los simpatizantes del socialismo y los militantes de izquierda nos enamoramos de un pensador, de la línea política de ese pensador, y a veces tan solo de una frase o una consigna de ese pensador. En otros momentos nos enamoramos de una época, y sólo lo que se produjo en ella constituye nuestro alimento espiritual; lo demás no tiene validez ni vigencia. Desconocemos toda la historia del pensamiento político, en la que ni siquiera alcanzamos a ser aprendices. Esos conceptos con los que nos cazamos para siempre nublan la inteligencia y nos arrastran ciegamente a tomar posiciones irreconciliables que influyen de modo negativo en las generaciones más jóvenes, cada vez más desconcertadas y escépticas. El debate es importante, y bienvenido sea, pero sin sacrificar la organización de un movimiento amplio por una frase o un punto de vista individual. Los regodeos ideológicos pueden quedar para mejores épocas, cuando se haya reconstruido la sociedad y defender la Constitución no sea sinónimo de terrorismo. Hora es de desterrar los dogmatismos. Tenemos de sobra con el dogmatismo fundamentalista de Uribe y con el macartismo trasnochado de los paramilitares, que ven un comunista y un guerrillero en cada indigente o vendedor ambulante. El dogmatismo es una forma de pensamiento cerrada, incapaz de tener en cuenta la evolución de la sociedad, incapaz de tender puentes en la praxis política para buscar alternativas de poder. El dogmatismo político corre el riesgo de alejarse cada vez más de los problemas específicos que vive la sociedad en un momento dado; de caer en la alienación y el aislamiento de todos los sectores de la sociedad. Que cada uno de los partidos, movimientos, grupos y colectivos de izquierda conserve su identidad y su sentido de pertenencia, y que libre agudas y reñidas discusiones pero no hasta el punto peligroso de una completa desintegración social, adonde estamos llegando por la polarización radical de buenos y malos –punto de vista de Uribe–, con el desconocimiento del “otro” mediante juicios extremos, opuestos a la experiencia y la razón. Una Coalición De Todos Y Con Todo Con todos y con todo, es el principio incluyente de la hora. Que cada uno de los segmentos en que se dividen la izquierda y los sectores democráticos de Colombia, comprendido por supuesto el liberalismo progresista, piense y abrace a todos los demás, con sus valores, sus experiencias, sus memorias del pasado, sus imaginarios, para que entre todos y todas reconstruyamos la sociedad y hagamos un proyecto de país, de nación, de Estado, bajo el principio del interés general, como alternativa a la exclusión y el proyecto particular, individual y egoísta que inspira el presidente Uribe. Con todo, porque cada uno tiene algo que aportar: su discurso, su experiencia, su audacia para el mitin, su manera de abordar la calle; la expresión del arte, el canto, el teatro, la poesía, la huelga, el paro cívico, la conferencia, la marcha, la protesta, el reclamo, la demanda, la defensa de la Constitución y la resistencia al poder. Bajo el principio con todos y con todo, resulta saludable para la sociedad colombiana que exista una corriente de centro-izquierda en proceso de consolidación, capitaneada por el Polo Democrático Independiente y el ala progresista del liberalismo. Pero, ¡cuánto mejor para el proceso que haya una tendencia más avanzada en el pensamiento político, constituida por la izquierda histórica –Partido Comunista, partidos motoristas, Unión Patriótica–, el Frente Social y Político, Alternativa Democrática y todos los movimientos sociales de mujeres, estudiantes y minorías étnicas, como los indígenas y las negritudes! Todos estos pueden tener concepciones distintas sobre el Estado, la propiedad privada, la soberanía nacional y el conflicto interno, respecto de aquellas que tienen el Pdi y el liberalismo progresista, pero en todo caso esa izquierda más avanzada, siguiendo el proceso dialéctico, es garantía de que el centro-izquierda no sea colonizado y vencido por la poderosa e intransigente derecha gobernante. Todas las fuerzas mencionadas en este párrafo ya han realizado de algún modo varias tareas conjuntas para contener la arremetida autoritaria del actual régimen: lucha contra el referendo, elección de alcaldes y gobernadores – Bogotá y Nariño, para citar sólo dos casos– oposición legislativa a proyectos antidemocráticos de Uribe como el estatuto antiterrorista y la reelección presidencial. Papel De Los Intelectuales Siempre que una sociedad se halla en crisis, se averigua por la opinión de los intelectuales. Ahora, cuando la crisis de nuestro país toca fondo, resulta imperioso pedir la opinión y la solidaridad de los intelectuales. ¿Y quiénes son los intelectuales? Vulgarmente se tiene por intelectual al escritor, el literato, el periodista, el filósofo, el artista, pero es preciso decir con Antonio Gramsci que “todos los hombres son intelectuales, pero no todos tienen en la sociedad la función de intelectuales”. En este sentido, los obreros, los líderes políticos y los hombres de acción que construyen comités, organizan mítines y buscan persuadir con palabra y obra a los demás realizan también un trabajo intelectual. De unos y otros, cada cual según el grado e intensidad de la formación intelectual, su presencia es necesaria en este doloroso momento de miseria, sangre, odio, venganza y exclusión. El papel de los intelectuales es decisivo en esta hora, en el presente y a mediano plazo. El intelectual, cualquiera que sea su actividad (escritor, poeta, pintor, dramaturgo), tiene mayor información que el común de las gentes, y dar a conocer esa información es de suma utilidad, no sólo en público sino asimismo en pequeñas tertulias o comités. El intelectual, el artista, el poeta, el escritor, están en permanente contacto con la conducta del hombre, y este ejercicio les permite adquirir la extraña virtud de ver un poco más allá de los fenómenos que observa el común de los ciudadanos. Al respecto, dice Chomsky: “Los intelectuales se hallan en situación de denunciar las mentiras de los gobiernos, de analizar las acciones según sus causa y motivos, y, a menudo, según sus intenciones ocultas”. No se trata de exigirle al intelectual un comportamiento compulsivo frente al propósito deliberado del presidente Uribe de quebrantar la Constitución. Es decir, que como reacción a la conducta oficial salga como un loco a organizar barricadas y enfrentar la fuerza pública. No se trata de eso, entre otras razones porque en ese mismo instante estará encadenado y hacinado en una cárcel o desaparecido para siempre. El intelectual sólo debe seguir haciendo su trabajo y acentuar alguna praxis política, en la academia misma, en la barriada o el vecindario donde reside. En suma, al intelectual le corresponde analizar los hechos en una perspectiva histórica, desentrañar la ideología que esconde el régimen detrás de los consejos comunitarios, decir la verdad y denunciar las mentiras, contrarrestando en lo posible el arsenal de publicidad política que generosamente ponen todos los medios a disposición del gobierno. Con estas herramientas, el intelectual debe proyectar sus fuerzas a convencer, antes que a vencer. Se imponen, eso sí, unas tareas mínimas en el trabajo del intelectual. Al intelectual que le preocupe y le duela la crisis actual no le basta desembuchar un par de cuartillas, lanzar un canto En general, colorear un lienzo o un muro, dramatizar un hecho en la calle o en medio de cuatro paredes, ante 30 ó 50 personas, y cantar lo que tiene entre pecho y espalda. Todo lo anterior es supremamente valioso y el mensaje simbólico es irremplazable. Pero el momento es tan delicado que el intelectual no puede decir que ya cumplió con su parte, y que lo demás se hace solo o les corresponde a otros. Es preciso que cada uno de los trabajadores intelectuales piense que, más allá de su actividad, 25 ó 30 millones de personas están esperando un discurso y una orientación. El intelectual que no acepte a rajatabla la imposición del gobierno debe pensar que el presidente Uribe tiene las 24 horas al día para hacer politiquería, y a través de todos los medios de comunicación dirigirse a 15 millones de ciudadanos para despertar sus simpatías o presionarlos psicológicamente. Es necesario rescatar a la gente, persona a persona, de los estragos que resultan del abuso del poder y de los medios de comunicación. Este es un proceso político-electoral de ventas, y el mejor vendedor de específicos lo tenemos en la Casa de Nariño, convenciendo a todos, todos los días. ¿A cuántas personas convence al día un intelectual? Una modalidad de trabajo intelectual es la del maestro, la del docente, la del educador. Éste, al igual que el escritor, el poeta, el pintor, puede limitarse a realizar su oficio, pero también puede, al lado de la cátedra de matemáticas, ciencias o primeros auxilios, convencer a sus alumnos sobre la dimensión de la crisis y las posibles soluciones. Ante el interrogante ¿qué hacer?, el magisterio tiene acciones que se deben emprender ya, pero asimismo tareas de mediano y largo plazo. La maestra y el maestro no pueden solazarse realizando sólo las tareas de largo plazo; también habrán de asumir lo que haya que hacer ahora y vislumbrar lo que se deba desarrollar después. Cancillería Y Gabinete De Los Pueblos Es preciso recoger el acumulado histórico, remoto e inmediato que nos han dejado los pueblos. La marcha indígena de septiembre de 2004 nos dejó una enseñanza: el “Congreso de los Pueblos”, celebrado en Cali durante los días 18 y el 19 de septiembre. El aprendizaje por recoger de parte de la Gran Coalición Democrática es crear la Cancillería y el Gabinete de los Pueblos. Quizás en el futuro también se necesitan los “jueces de los pueblos” para tener las tres ramas del poder en manos de los representantes populares, y entonces sí sería un régimen democrático, como lo soñaron sus creadores en la antigua Grecia y seguramente como debió ser en estas tierras antes de la Conquista de América. Más importante que el gabinete propiamente es la cancillería, con un cuerpo de agentes diplomáticos que recorre el mundo, en especial América Latina, la Unión Europea y Norteamérica. Es urgente que la coalición de centro-izquierda, a través de estos enviados, le cuente al mundo lo que está sucediendo en nuestro país, no para que el mundo venga en nuestra defensa ni a organizarnos para la resistencia sino con el objetivo de que la comunidad internacional sepa que la primera lucha del pueblo de Colombia es porque se cumpla la Constitución de 1991. Esos agentes diplomáticos no tienen que inventar nada. Sólo contar lo que aquí sucede. En este sentido, algo han hecho las Ong defensoras de derechos humanos, pero ya es hora de que una coalición política contendiente del régimen que gobierna haga presencia en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, para informar que el presidente Uribe engaña a la comunidad internacional, como ocurrió en Cartagena en febrero de 2005. Pese a que las comunicaciones se hallan en el contexto de la globalización, bien sabemos que en Colombia sólo es noticia lo que salga en los boletines oficiales. Es decir, hay un propósito más de desinformación que de información. Sólo de manera excepcional, como ocurrió en la última semana de septiembre de 2004, hay informes especiales, y son especiales porque dicen la verdad. El resto, es decir, la “verdad” oficial, es lo único que llega a la comunidad internacional. Pero al régimen no le basta esa “verdad” oficial que se transmite a través de los medios de comunicación; el presidente Uribe tiene el cuerpo diplomático que pagamos todos los colombianos, y él lo utiliza para vender su política de defensa y seguridad democrática. La Cancillería de los Pueblos es necesaria porque, a pesar de que el mundo está globalizado, los hechos –tal como ocurren en nuestro país– no traspasan las fronteras. Hacer contacto con gobiernos democráticos y socialistas, con el Parlamento Europeo, con los senadores y representantes demócratas de los Estados Unidos, y con los cuerpos legislativos del resto del continente americano, debe ser una tarea inmediata de la coalición democrática: será su Frente Internacional. Las vinculaciones que los partidos y movimientos políticos que conforman la coalición tienen con la Internacional Socialista deben ayudar en la apertura de puertas a esta Cancillería de los Pueblos. Inmigrantes, Desplazados, Refugiados Y Asilados La Cancillería de los Pueblos debe convertirse en el aliado natural de inmigrantes, desplazados, refugiados y asilados, y de todos aquellos que por culpa de este régimen o de los anteriores, se han quedado sin derecho a un territorio, escenario geográfico, cultural y afectivo, para la realización de los demás derechos fundamentales. Son muchos los millones de colombianos (6, 7 o más, el dato es incierto) que hoy forman las grandes colonias en los Estados Unidos, Venezuela, España, Canadá, México, Ecuador, Aruba, Reino Unido, Suecia, Bélgica y muchos otros países. Se han marchado de Colombia por múltiples circunstancias, no por el mero placer de hacerlo, sino en la búsqueda de un mejor futuro para sí y para su familia o huyendo del destierro o de la muerte. Con el nombre genérico de inmigrante, se identifica a una persona que se traslada desde su país o desde aquel lugar en cual se halla domiciliado a otro, para establecerse con carácter prolongado y con el propósito de trabajar o explotar alguna actividad lícita o lucrativa. En principio, la inmigración como fenómeno social debía tener un carácter colectivo, como la inmigración europea hacia América, a comienzos del siglo XIX. Pero aumentando la pobreza y las necesidades de subsistencia en el mundo, esas reglas se rompieron y ahora cada cual, busca mejor destino, mejores salarios, así sea en las peores condiciones laborales: haciendo los trabajos “sucios” que no desempeñan los naturales de los países desarrollados. En este sentido, los colombianos “hacen de tripas corazón”, y se lanzan a la aventura y al “rebusque” fuera del país, con tanto sacrificio que su fuerza de trabajo alcanzó en el año 2004, para realizar giros a Colombia por 3.800 millones de dólares, superando las exportaciones industriales. Desplazar, es el verbo más desgraciado y en consecuencia también lo son, el participio pasado y el adjetivo desplazado, porque son conceptos que ni siquiera se aplican al ser humano. Para éste, los verbos aplicables son despojar, desterrar o desarraigar. Son sinónimos, y equivale a privar de la propiedad, de la posesión o de la tenencia a una persona, echarla o expulsarla de un territorio, de un lugar, de su domicilio. Pero como las guerras han hecho más desgraciados a los pobres, éstos arrastran tras de sí el poder destructor de las palabras, y hoy la convención aceptada es el “desplazado”. Y frente a este fenómeno social, Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo, después de Sudán, con 4.550.000 desplazados. Cuando los desplazados buscan albergue en otro país, se les denomina refugiados. Los grandes refugiados del siglo XX fueron los republicanos españoles en 1939, y los perseguidos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Hoy el turno es para los colombianos: aproximadamente 550.000 han buscado refugio en municipios fronterizos de Venezuela, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Brasil y Perú. El asilado es una persona que se refugia en una embajada, legión o lugar análogo para buscar protección personal frente a reclamaciones o persecuciones de índole política. En Colombia, muchos profesionales se han visto obligados a recurrir a este mecanismo del derecho internacional, a causa del ejercicio de su profesión, especialmente abogados, maestros, jueces, fiscales y defensores de derechos humanos. Al paso que la Cancillería de los Pueblos presta su solidaridad patriótica a inmigrantes, desplazados, refugiados y asilados colombianos, debe hacerlos partícipes decididos en el proceso de consolidación de la coalición democrática. Seguir Ejemplo De Latinoamérica Se habla de Latinoamérica como si el subcontinente tuviera una cultura homogénea. Aunque estos países comparten un pasado ibérico, y a todos los unen dos lenguas de origen latino y una misma religión, en sus bases precolombinas hay una diversidad de culturas e ideales que aún se mantienen y que resultaría equivocado desconocer y tratar de homogeneizar. Para sólo mencionar algunos ejemplos, el componente indígena es todavía muy sólido y determinante de la nacionalidad en México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia, mientras en Colombia, Venezuela y Chile la población indígena ha disminuido mucho, y el mestizaje se impone con mayor intensidad. Pero en medio de esa diversidad cultural, durante los últimos 12 años los pueblos latinoamericanos se han movilizado, cada nacionalidad a su manera, para resolver unas mismas necesidades y rechazar enemigos y agresores comunes: neoliberalismo, transnacionales, banca multilateral y el acuciante Imperio. Desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego, pasando por Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú y más recientemente Uruguay, las masas heterogéneas pero unidas en la dignidad han dejado oír su voz de protesta y plantón resistencia al poder. Todas las asambleas, los encuentros y las cumbres de presidentes son inocuos porque en ellos no se piensa ni se dialoga: se hace ostentación de poder y vanidad ante los demás. Y la Cumbre Iberoamericana no puede ser la excepción. Sin embargo, en la que se realizó en Santa Cruz de la Sierra en julio de 2003 hubo un testimonio del más hondo contenido sociológico y político. Nadie lo planificó así: el destino de los pueblos también es caprichoso. Acaeció, justo 12 años después que mestizos, indígenas y clase media en general comenzaron a enfrentar el neoliberalismo, y tres semanas más tarde de la huida del presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada ante la implacable ira popular. Durante tres días, el pueblo boliviano, por intermedio de sus instancias sociales y políticas, deliberó y produjo un documento que fue leído por el médico indígena Eduardo Medina ante la Cumbre de mandatarios. No es propiamente una declaración; es un poema épico que contiene la riqueza cultural y material, el sufrimiento y la lucha de las gentes de Latinoamérica. Cada palabra, cada frase, cada párrafo, es una lección de historia y de ciencia política para quienes piensan que este mundo de injusticia y exclusión, así como se ha estructurado, está bien. Y en medio de ese ambiente, el presidente Lula del Brasil enarboló la bandera de la soberanía latinoamericana y convocó a los demás países a luchar contra el Alca. Todavía falta mucha integración y solidaridad entre los pueblos, tanto como visión continental por parte de sus mandatarios, pero la hora del amanecer está llegando. Esos vientos renovadores alcanzaron a tocar las fronteras y el corazón de Colombia en las votaciones del 25 y el 26 de octubre de 2003. El 31 de octubre de 2004, exactamente un año después de que en nuestro país la abstención activa liderada por la Gran Coalición Democrática hundiera el referendo mezquino del presidente Uribe, cuatro países de Sur América volvieron a jalonar al continente por las vías de la resistencia y la democracia: Venezuela, Brasil, Chile y el pequeño más grande de todos, Uruguay. El más próximo a nosotros por la extensa frontera y los lazos históricos y afectivos, Venezuela, consolidó la revolución bolivariana al obtener 20 de las 22 gobernaciones y la alcaldía Metropolitana de Caracas. En Brasil, el Partido de los Trabajadores, del obrero metalúrgico Luis Inácio Lula da Silva, hoy Presidente, no sólo ratificó sus mayorías sino que además avanzó en la conquista de nuevas alcaldías y gobernaciones, aunque tuvo dos pérdidas sensibles. Una simbólica: Porto Alegre, cuna del Foro Social Mundial; y una real: Sao Paulo. En Chile, en elecciones generales para alcaldías y gobernaciones, la Concentración Democrática del presidente socialista Ricardo Lagos obtuvo el 47.14 por ciento de los votos, superando a la derechista Alianza por Chile, que alcanzó el 40.23 por ciento de los sufragios. La izquierda, representada en La coalición Juntos Podemos, de la que hacen parte el Partido Comunista y el Partido Humanista, tuvo un significativo 8 por ciento de los votos. Pero de lo que más tiene que aprender Colombia es del pueblo de ese pequeño gran país denominado República Oriental del Uruguay. Con más de 40 años de lucha reiterada y persistente, derrotó a los dos partidos tradicionales que gobernaron desde el día de la Independencia, ocurrida en 1825, hace 180 años. En efecto, en 1962, el dirigente sindical socialista Raúl Sendic, inspirado en el rebelde indio Túpac Amaru, fundó el Movimiento Nacional de Liberación del Uruguay – Tupamaros– a partir de la unificación de diversos núcleos socialistas aislados de las distintas tendencias políticas. En pleno auge, en 1971, los Tupamaros concurrieron con otras fuerzas a la fundación del Frente Amplio, el cual recogió a dos de los tres sectores de la izquierda uruguaya: comunistas y socialistas. Desde el principio, de este Frente hicieron parte la Democracia Cristiana, sectores escindidos de los partidos tradicionales, ex ministros y el general de las fuerzas armadas Liber Seregni. El Frente, junto con Encuentro Progresista y Nueva Mayoría, derrotaron mediante plebiscito las privatizaciones neoliberales en los 90, y con el médico Tabaré Vázquez a la cabeza alcanzaron el poder el domingo 31 de octubre de 2004. Los distintos matices de la izquierda colombiana tienen una gran lección en ese histórico domingo de octubre y, por supuesto, un reto: por lo pronto, lograr una unidad como la alcanzada por las fuerzas progresistas en el pequeño gran país del Uruguay, y crear un liderazgo tan vigoroso como el de Venezuela o Brasil. Sólo así podrán atajar las ambiciones mesiánicas del único gobernante incondicional que Bush tuvo en nuestro continente. Pero después de octubre de 2004, hubo otros domingos para la izquierda latinoamericana: el 4 de diciembre de 2005 el presidente Hugo Chávez obtuvo amplia mayoría en la Asamblea Nacional; dos semanas después, el 18 de diciembre, Evo Morales del Movimiento al Socialismo logra la presidencia de Bolivia; el 15 de enero de 2006, en Chile, gana con amplia mayoría el socialista Michelle Bachelet, y el 20 de abril de 2008, Fernando Lugo de la Alianza Patriótica para el Cambio, es elegido presidente de Paraguay. Usar La Calle Como Medio De Comunicación Y Lucha La calle es el espacio público que todos los hombres, mujeres, niños y ancianos pueden pisar y recorrer en las ciudades. La ciudad fue, es y será el motor de la sociedad. La base física de la organización política de la sociedad comenzó siendo una ciudad, pequeña en principio y con el tiempo un poco más desarrollada. Fue la ciudad antigua el centro de todas las actividades, y adquirió mayor injerencia y ponderación en la época preindustrial. En la gran ciudad de hoy se encuentran los despachos gubernamentales, y la inmensa mayoría de la población mundial vive en la ciudad, con sus grandes centros de consumo y especialmente las corporaciones de especulación más poderosas del orbe. La ciudad simboliza el poder, porque allí tiene asiento la más alta burocracia del Estado, y se encuentran los grandes centros comerciales, los museos y las bibliotecas, los colegios y las universidades, los grandes clubes sociales y deportivos, los hoteles, griles y discotecas, las iglesias de todas las religiones y las grandes catedrales, símbolo del poder de Dios. Pero lo más importante de la ciudad, como expresión de resistencia civil, es la calle y todo aquello que se le parezca: plazoleta, parque, plaza, camino público, carretera. Durante el breve instante de la historia en que han gobernado los pobres (marzo-mayo de 1871), sus líderes aguantaron esos heroicos días gracias a que el pueblo peleó centímetro a centímetro en las calles de París. El gobierno de la Comuna cayó cuando el pueblo fue hecho trizas por el ejército oficial. La calle es medio de identidad, instrumento de comunicación y vehículo de movilización. Es la identidad en valores, dentro de la más grande diversidad individual, social y cultural: aquí lo que identifica es el rechazo a la arrogancia, a la prepotencia, a la perniciosa vanidad de la exigua minoría gobernante, que prevalida de sus poderosos arsenales ponen a temblar a los niños y los ancianos, a las mujeres que amamantan a sus hijos o simplemente son el eje de la familia en todo el mundo. Aquí lo que identifica a las mil y una diversidades es la vida humana como valor y principio universales. La calle es un instrumento de comunicación porque tiene la capacidad de poner en contacto a unas personas con otras, y de permitirles compartir sus sentimientos e ideales, así como para que los distintos sectores sociales entablen relaciones estrechas y confiables con los demás. La identidad y comunicación, a la vez, generan la movilización y la organización para resistir la guerra. Cuando los movimientos sociales hayan perdido la calle, lo habrán perdido todo. No es gratuito que los regímenes tiránicos y autoritarios, en los momentos de mayor tensión con el pueblo, restrinjan el uso de la calle y ordenen el “toque de queda”. Trabajadores, campesinos, indígenas, negritudes, jóvenes, mujeres, ambientalistas, homosexuales, desempleados, cocaleros y desplazados, acompañados de intelectuales, actores, cineastas, miembros de Ong, cantantes, pintores, teatreros, deben apoderarse de las calles. En Colombia, durante cien años de lucha en las calles, los trabajadores conquistaron sus derechos. Cuando arribaron al poder los más conspicuos neoliberales y los trabajadores salieron de la calle, éstos perdieron sus derechos. Las organizaciones no gubernamentales han hecho dos publicaciones: El embrujo autoritario (09/2003) y Reelección: el embrujo continúa (09/2004). Los títulos de las dos publicaciones indican que el presidente Uribe ejerce sobre la opinión pública una fascinación de tal magnitud que el pueblo se halla embrujado con su política de seguridad democrática. A pesar de esa fascinación, en septiembre y octubre de 2004 quedó demostrado que el embrujo no es invencible. La semana del 13 al 19 de septiembre es para recordar y conmemorar. La sanción del ex ministro estrella de Uribe, el corrupto Fernando Londoño; la renuncia del director del Dane, César Caballero, por presiones indebidas sobre la oportunidad para publicar una encuesta relacionada con la seguridad de los colombianos; el comienzo del paro camionero que duró 23 días; las manifestaciones del jueves 16 en las principales ciudades del país, encabezadas por la Gran Coalición Democrática, la misma que derrotó el referendo. Pero lo más grandioso, lo más significativo, lo más político, lo más social y antropológico si se quiere, de esa semana de septiembre, fue la marcha de los 80.000 indígenas –según los responsables del evento–, que se inició en Santander de Quilichao el martes 14 de septiembre y culminó con el Congreso de Pueblos y Movimientos Sociales en Cali el sábado 18 del mismo mes. Cuatro semanas después, el 12 de octubre de 2004, precisamente a petición de los indígenas se realizaron en las principales ciudades de Colombia las más grandes manifestaciones de los últimos 20 años. En Bogotá, 300.000 personas, en representación de trabajadores, estudiantes, mujeres, indígenas, intelectuales, maestros, partidos y movimientos políticos y sociales, se tomaron las calles y marcharon a la Plaza de Bolívar, y la jornada se repitió el miércoles 12 de octubre de 2005. ¿Y el programa? En Dos Tiempos La Constitución del 91 será el primer tiempo, y lo que faltó por hacer en el 91, el segundo. Ni la coalición democrática ni el líder que resulte consagrado como candidato de la misma, necesitan la genialidad del célebre Goyeneche para estructurar un programa de reconstrucción nacional. Basta cumplir con la Constitución de 1991: eso ya es revolucionario. Parece inmoral pedirles a los 30 millones de pobres o a los 15 de indigentes y las organizaciones sociales y políticas, intérpretes de sus angustias, que se unan para defender el Estado social de Derecho cuyos gobernantes y legisladores les han negado hasta el derecho a la dignidad. Pero, ante el quebrantamiento de la Constitución por parte del presidente Uribe, la opción inmediata es rescatar ese Estatuto y aplicarlo a cabalidad. Después vendrá el segundo tiempo, y con éste otras tareas, pero lo inmediato es preservar la Constitución. Que el Presidente elegido asuma la obligación de representar la unidad nacional y garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos, como lo señala el artículo 188 de la Carta Política, y no el odio, la venganza y la persecución que hoy ejerce el primer magistrado de la Nación. La Constitución trae también una declaración de rechazo implícito a la guerra y una convocatoria a la paz: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Siguiendo los postulados de este principio y ante el fracaso de la guerra total, se impone una salida política al conflicto social y armado, y, en lo inmediato, el intercambio humanitario para lograr que los retenidos por la guerrilla en las profundidades de la selva vuelvan al seno de sus familias. Conceder amnistía o indultos generales a delitos políticos, por mayoría calificada de dos tercios de los votos que emitan los miembros de una y otra Cámara, ello justificado por motivos de conveniencia pública. Es éste otro principio de la Constitución Política que se viola reiteradamente por el presidente Uribe, pues está indultando a los paramilitares, que no son actores de delitos políticos sino de crímenes de lesa humanidad, y no para suplantar el Estado sino para apoyarlo. Asimismo, replantear la política internacional, especialmente la incondicional e inconsulta que ha ejercido por el presidente Uribe con relación a los Estados Unidos. ¿Cuántas veces ha convocado el presidente Uribe a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, durante los siete años que lleva gobernando? ¿Lo hizo antes de apoyar la invasión a Irak? Si bien es cierto que la Constitución de 1991 estableció la internacionalización de la economía, no es menos claro que hace énfasis en su relación con los países de América Latina y el Caribe. Aquí también, el gobierno está violando la Constitución al alienarse y alinearse bajo la órbita de los Estados Unidos. Siguiendo el ejemplo de otros países suramericanos, Colombia prácticamente no tiene sino que cumplir el capítulo de política internacional fijado por la Constitución para la órbita de esta región, y aprender de sus vecinos: de Venezuela, su soberanía; de Brasil, el apoyo a la ciencia y la tecnología; de Argentina, el manejo de la deuda externa y el respaldo a sus científicos; de Chile, el nuevo tratamiento a los derechos humanos, y de Uruguay, la lucha unitaria. En cuanto a seguir el ejemplo de los demás países de América del Sur, es preciso tener en cuenta este principio: la inspiración sólo llega con el trabajo. El liderazgo no se construye en un día. Uruguay necesitó más de 40 años. Si queremos algo grande, no se nos dará. Es decir, se requiere recobrar la dignidad de Colombia, jugar en nuestro propio campo y no seguir hincados de rodillas ante el Imperio. Si Colombia cumple la Constitución, estará reivindicando el sueño de Bolívar, que fue el propósito de los constituyentes de 1991. Imaginar siquiera el esbozo de un programa de gobierno es copiar los 380 artículos de la Carta, y ese no es el propósito de este ensayo. Pero cómo se han cerrado 10 hospitales y 69 más están en crisis por falta de financiación, priorizando la guerra, se hace mención aquí de un principio más: el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo general de la función del Estado la solución de las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y las entidades territoriales, el gasto social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. El segundo tiempo del programa es más exigente. Es lograr lo que la Constitución del 91 no alcanzó en ese momento; además, resolver los problemas que de ayer a hoy se han ahondado y crecen incesantemente. Una constitución –cualquiera, con minúscula, la de cualquier país– no es más que un conjunto de declaraciones que recogen el gran acuerdo del desacuerdo de la sociedad de un país. Una constitución cualquiera no es más que un tratado de paz que en lo esencial concilia todas las tendencias, a pesar de que sean contrapuestas. Al contrario, un régimen constitucional –cualquiera– está en crisis cuando no logra su finalidad esencial, que es encontrar el acuerdo de todos los sectores de la sociedad para que coexistan dentro del desacuerdo. Y en este sentido, a la Constitución de 1991 es preciso hacerle varios reparos. En primer lugar, la Constitución de 1991 no logró el acuerdo del gran desacuerdo en que vivían los diversos sectores de la sociedad colombiana en ese momento. En efecto, aunque la Asamblea Nacional Constituyente que la expidió fue muy participativa y en ella estuvo presente un sector de la guerrilla desmovilizada–el M-19–, los dos movimientos subversivos más antiguos y numerosos, las Farc y el Eln, no estuvieron presentes. Y no hicieron parte de la Constituyente porque no hubo voluntad de parte del Estado para que estas guerrillas depusieron las armas y se incorporarán en el proceso de la conformación de la Asamblea, la articulación y expedición de ese tratado de paz que es la Constitución. La voluntad del establecimiento que hace 18 años expidió la Constitución tenía como propósito –como lo tiene hoy–: arrasar con la guerrilla de las Farc. Se recordará que el 9 de diciembre de 1990, una hora antes que comenzara la elección de los delegatarios a la Constituyente, 44 naves de guerra –entre aviones y helicópteros– bombardean el cuartel general de las Farc en Casa Verde. Pese a esa voluntad de guerra, que no ha cesado un solo momento por parte del Estado y sus voceros, y que por el contrario se ha incrementado, de manera ostensible y artera –paramilitarismo, intervención directa de Estados Unidos, chantaje y desmoralización de los insurgentes–, y no obstante los golpes contundentes que durante 2008 recibieron las Farc, la estructura de los dos movimientos guerrilleros sigue intacta. Si se pretende un acuerdo dentro del desacuerdo, en un segundo tiempo constitucional se deben convocar esas fuerzas insurgentes –Farc y Eln– y lo que éstas representan para expedir ese nuevo tratado de paz que debe ser nuestra Constitución. En segundo lugar, aunque la Carta Política de 1991 elevó a normas constitucionales todos los preceptos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 y muchas otras declaraciones económicas, sociales y culturales ya consagradas en varios códigos, no hizo más que consolidar los intereses económicos, políticos, sociales y militares de la exigua minoría de terratenientes, narcotraficantes, paramilitares, junto con el capital industrial y financiero que detenta el poder político en Colombia. También en un segundo tiempo constitucional, es preciso replantear la distribución de la riqueza y el reparto del poder político. En tercer lugar, la Constitución de 1991 tiene profundas contradicciones e incoherencias ideológicas, que a pesar de ser aquélla un acuerdo del desacuerdo no pueden llegar a ser excluyentes. Para sólo citar un ejemplo, es imposible que un Estado independiente y soberano tenga en su Constitución una declaración como la que hace el artículo 332 de nuestra Carta Política: “El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”. Este principio es tanto como que la declaración de independencia de una nación dijera: “Este país declara su independencia de cualquier otra nación, sin perjuicio de los derechos adquiridos de nuestro antiguo Imperio”. Incoherencias y contradicciones ideológicas de esta naturaleza deben desaparecer en un segundo tiempo constitucional. En cuarto lugar, la reelección presidencial inmediata –lo dijimos en la demanda del acto legislativo 02 de 2004– desquicia toda la estructura del Estado y los frenos y contrapesos del poder público, por la concentración de éste en cabeza del ejecutivo. En consecuencia, conviene revisar toda la organización del Estado, indicando claramente el origen de las ramas y órganos. Se debe evitar al máximo, que todos dependan del presidente de la República y se fortalezcan o se debiliten en la medida en que el ejecutivo les distribuya o niegue factores de poder: burocracia, presupuesto, esquemas de seguridad y protección o persecución. En los dos componentes del programa – lo que está en la Constitución y aquello que se debe adicionar y ejecutar de inmediato– hay problemas que no dan tregua por el daño continuo que producen. Por sí mismos, están carcomiendo todos los valores de esta sociedad, los materiales y los más altos e intangibles principios del ser humano. Son bombas de tiempo que ya estallaron en nuestras propias manos, y con los ojos abiertos contemplamos las llamas que nublan y oscurecen nuestra conciencia. Sólo cinco que hacen sangrar el alma cuando cruzan por la imaginación. Uno, el intercambio humanitario, no aguanta un minuto más. Dos, la deuda pública (externa e interna), así como está estructura es impagable; es preciso estudiar alguna fórmula: renegociación, moratoria o no pago. Tres, desmonte de todas las estructuras paramilitares. Cuatro, negociación política del conflicto armado. Y cinco, dentro de lo que genéricamente se denomina “lo social”, salud-seguridad social-pensiones, son temas que tampoco dan espera. Con un programa como este o con uno parecido, y con un candidato de unidad, impulsado por la coalición democrática, el presidente Uribe no es imbatible. Su pequeña pero funesta política sólo ha servido para empequeñecer a los colombianos y hacerlos sentir culpables de todas sus desgracias. Es tan menguada su dimensión de estadista, que fue incapaz de convencer al Congreso sobre la bondad de su propia reelección y tuvo que recurrir a comprar las conciencias de los legisladores. Es la ineptitud del pobre hombre, que urgido por las primeras palpitaciones del Eros desmesurado, renuncia al encanto de seducir a la inteligente y linda para, en cambio, fletar el cuerpo de la buscona, triste o alegre pero fácil que deambula por las calles del mundo indigno. Ese hombre calamitoso de espíritu dirá del enamoramiento que eso es perder el tiempo, como dice el presidente Uribe de los conciertos de música clásica, y del teatro y el cine. Ninguno de los dos, ni el andrajoso de alma ni el presidente Uribe, tiene preparado el espíritu para tan fina empresa. Para gobernar con justicia y equilibrio se necesita grandeza. En La Coyuntura Extrema Es difícil razonar con objetividad en una coyuntura extrema como la que ahora vive Colombia, como imposible resulta hacer recreación náutica en la mitad de un naufragio. Sin embargo, es inoficioso jugar con varios escenarios para escoger el mejor, si de antemano se sabe que no existe sino uno. Colombia hoy, el país real: el de 30 millones de pobres y 15 de indigentes, el de 4.550.000 de desplazados, esta noción de conflicto armado interno, de guerrilla y contrainsurgencia paramilitar, de falsos positivos y de “chuzadas” telefónicas, de secuestros y de masacres, esta sociedad diversa –de indígenas e intelectuales, de industriales y obreros, de estudiantes y mujeres cabeza de familia–, en política tiene ante sí un escenario cierto: Uribe, el politiquero de oficio y dueño del Ubérrimo, continuará en el poder, si los conductores de los partidos y movimientos de oposición no hacen nada más de lo que han hecho hasta ahora. También es ineficaz hacer elucubraciones con el hundimiento del referendo. No podemos especular con que la Corte Constitucional declare inexequible la norma, pues el resultado puede ser igual al obtenido en 2005: 7-2 o quizá 6-3. Caído el telón de la reelección porque su único protagonista ha destapado sus cartas, los dos partidos políticos de oposición, el Liberal y el Polo, han dado algunos pasos y barajan propuestas para buscar una coalición amplia como alternativa al tercer mandato de Uribe. ¿En qué momento presentar un candidato de coalición amplia? Algunos voceros del Liberalismo y del Polo insisten en señalar puntos de vista como este: “Quiero que mi partido vaya con candidato propio a la primera vuelta, pero no descarto la posibilidad de que podamos hacer una gran coalición en la segunda vuelta para derrotar a Uribe”. Hacer la coalición antes de la primera vuelta parece ser la alternativa viable, en vez de presentar diez candidatos con la ilusión de unificar fuerzas para la segunda, pero con la probabilidad cierta de que Uribe los derroté a todos en las elecciones de mayo de 2010 y no haya uno solo que pueda jugar tres semanas después a nombre de una coalición. No se pueden repetir experiencias fallidas. Ya les sucedió dos veces, tanto al partido Liberal como al Polo: fueron separados en el 2002 y en el 2006, siempre con el propósito de ir coaligados a la segunda, pero esa segunda no llegó nunca. Ahora, no se puede hacer el mismo juego con el argumento de que, entre más candidatos haya en la primera vuelta habrá más equipos de campaña trabajando por una misma causa: derrotar a Uribe. Esta opción matemática resulta convincente en el contexto de la ley de las probabilidades y la ley de los grandes números, pero el mensaje de psicología de masas resulta disperso, anárquico y transmite al universo de votantes una consigna negativa. El electorado envuelto en una psicología de masas, sin mayores análisis racionales y dialécticos, simplemente dirá: aquí sólo hay un candidato fuerte. Y, ¿Más allá de la coyuntura extrema? En un año habrá elecciones presidenciales en Colombia. ¿Qué ocurrirá? Nadie lo sabe. Sustituida la Constitución de 1991 por otra distinta, el presidente Uribe lo tiene todo: sede propia en la Casa de Nariño –aunque podrá tomar en arriendo una modesta oficina, así lo aconsejó el magistrado Cepeda para las elecciones de 2006– todos los recursos materiales que necesite, dinero, avión, carros, medios de comunicación, encuestas orientadas y la “ayuda de Nuestro Señor y de María Santísima”. Pero ni siquiera estos personajes míticos serán tan determinantes, como lo será el respaldo paramilitar que el presidente Uribe no quiso rechazar en ninguna de las dos elecciones anteriores. También será determinante la influencia que el actual jefe de Estado ejerce en las agrupaciones de gente de bajos recursos, como indígenas y “familias en acción”. Desde el punto de vista de las formalidades constitucionales y legales, el presidente Uribe actuará como en aquel juego de lucha libre que se llama “sin árbitro y vale todo”. De hecho, así ha procedido durante todo el tiempo de sus dos cuatrienios. La prueba está ahí: cambió la Constitución en su propio beneficio y promovió una ley llamada de “garantías”. Esta ley obligaba a dar a los contendientes de Uribe el mismo tratamiento a partir del 27 de noviembre de 2005, y justo al día siguiente incumplió esas reglas en una entrevista de 90 minutos en Caracol-Radio. Y no pasó nada. ¡Ah! Sí. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Guillermo Mejía, quedó como un paria, como un imbécil, como la bestia sin domar, por haber dicho que se sentía “anonadado”. Fue un desafío a los 45 millones de colombianos, a quienes se les dijo que la ley puede ser pisoteada desde la cúpula del poder. El sancionado será aquel que haga alguna observación. Aunque se pueden contemplar varios escenarios, en la realidad solamente hay dos: que gane o que pierda Uribe. Si gana, no será tampoco el fin del mundo ni de esta sociedad. Desde los primeros vestigios de organización política, hace unos 5.500 años, los grandes bandidos de la historia han sojuzgado los pueblos, pero el mundo sigue siendo un mundo, aunque con millones de injusticias, es verdad. Diez mil o más de paramilitares sueltos, legalizados, blanqueados como un copo de nieve e infiltrados hasta los tuétanos en todas las estructuras del poder, no alcanzarán a destruir a Colombia, porque esta nación tiene muchas reservas espirituales y morales que le permitirán sobrevivir a sus peores males. Seguramente Uribe se volverá más soberbio –y la soberbia será directamente proporcional a los resultados electorales– y acentuará más la persecución contra aquellos disidentes que resistan a su capacidad de seducción y represión: habrá más capturas masivas, más desplazamientos forzados, más desaparecidos, más exiliados, más falsos positivos. También los grandes bandidos de la historia asesinaron a Sócrates, a Espartaco y a Gandhi y entre nosotros a Sucre, Uribe Uribe, Gaitán y Galán y no por ello han desaparecido de la conciencia humana los ideales de justicia y solidaridad. Si gana Uribe no será por el crecimiento económico, la disminución del desempleo, las bondades de la seguridad democrática y la “ayuda de Nuestro Señor y de María Santísima”, y la mano que le presten –sin darse cuenta– sus víctimas: los más pobres de Colombia, los basuriegos incluidos. Dos serán las causas de un segundo mandato de Uribe. En primer lugar, su capacidad de maniobra en la utilización de todos los factores de poder. Y en segundo lugar, la ausencia de un discurso claramente diferenciado del de Uribe, dirigido no a subyugar a su electorado, sino a los 12 o 15 millones de miserables e indigentes, que están esperando no una modulación de la seguridad democrática y el Plan Patriota, sino un grito con el cual se sientan identificados, o quizás un alarido que los despierte de su escepticismo y desesperanza. Si pierde Uribe, no será tampoco la solución inmediata a todas nuestras desgracias. Un largo proceso de reconstrucción de la sociedad colombiana le espera a los sectores democráticos y de izquierda, después de veinticinco años de influencia electoral de los sectores más conservadores y atrasados en el desarrollo político y social: terratenientes, narcotraficantes y paramilitares. Desmontar estas estructuras y propiciar la modernización del Estado y de sus instituciones no será tarea de un día. Y más difícil aún, sacar de la miseria a la mitad de la población colombiana. En cualquiera de los dos escenarios el pueblo necesita procesos de acompañamiento, conductores y guías que vayan más allá de la coyuntura extrema, para superar el drama de la miseria y la exclusión. ¿Qué clase de procesos? Por lo menos cinco: un contexto geográfico- espacial o base social tangible, estable y sólida; un proceso educativo muy claro, profundo y con un componente mínimo de teoría política; unos medios de comunicación que realicen y completen el proceso educativo (televisión, radio, prensa, libros, revistas, cine, teatro, arte, etc.), resisten- cia-defensa a las agresiones del poder, y finalmente, recursos financieros y de liquidez. Claro, el pueblo es el dueño de todas las riquezas del suelo y del subsuelo donde plantó sus pies, pero mientras no tenga los factores de poder para poseer- los, procesarlos y ponerlos a producir, será un miserable. En el entretanto necesita liquidez. ¿Quiénes son los llamados a propiciar estos procesos? Los acompañantes, conductores y guías, quienes deben actuar con más entrega y con menos mezquindad y cálculos de oportunismo extremo. Todos los grandes cambios sociales, democráticos y revolucionarios de la humanidad, los han hecho los pueblos, es cierto, pero acompañados, ayudados y conducidos por oligarcas descarriados que han traicionado su condición y se han entregado a causas nobles. La izquierda colombiana y los sectores democráticos tendrán que hacer la búsqueda de esos ricos descarriados y hacer la operación arrastre: arrebatar esas valiosas unidades y esos cuadros potenciales a la gran oligarquía. El comienzo es la mitad de toda obra y durante el primer cuatrienio de la arbitrariedad, los sectores democráticos dieron un primer paso ganándole a Uribe el referendo de 2003. ¿Por qué no hacer la obra completa impidiéndole un tercer mandato? Una travesía de mil kilómetros, por más riesgosa y difícil que sea, comienza con un primer paso. Si no es capaz de dar ese primer paso, de todo lo demás siempre se es incapaz. Los sectores democráticos, indígenas, mujeres, negritudes, estudiantes, maestros y trabajadores ya han marchado muchos kilómetros. Sólo falta completar el tramo de los mil: los voceros de la coalición democrática tienen la palabra. Si convocan al pueblo de manera coherente y decidida, el pueblo responderá. Bibliografía AMAT, Yamid. “El país quiere más resultados”, en El Tiempo. Bogotá, agosto 29 de 2004.  ARANGUREN MOLINA, Mauricio. Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos. Bogotá, Oveja Negra, 2001. ARISTÓTELES. Política. BALLÉN, Rafael. Carta sin sobre a liberales de izquierda. Bogotá, Colombia Nueva, 1976.  BALLÉN, Rafael. Constituyente y Constitución del 91. Medellín, Editora Jurídica de Colombia, 1991. BALLÉN, Rafael. Teoría general de derecho del trabajo. Bogotá, Forum Pacis, 1993.  BALLÉN, Rafael. Liberalismo hoy. Atajar la dictadura es la opción. Bogotá, Carrera 7ª, 2ª. ed., 2002. 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