Condenados y procesados por escándalos de corrupción durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022) Cristian Beltrán Barrero Introducción Durante el periodo presidencial de Iván Duque se presentaron varios escándalos de corrupción en contratación pública, regalías, programas sociales y entidades del Estado. Algunos han avanzado significativamente en la justicia, mientras que otros permanecen en etapas de investigación o han resultado principalmente en sanciones fiscales y disciplinarias. A continuación, un resumen organizado por caso principal, con énfasis en los resultados judiciales conocidos hasta la fecha: Escándalo de “Las Marionetas” (y su extensión “Marionetas 2.0”) Este es el caso con mayor número de condenas y preacuerdos. Se trata de una red que direccionaba contratos públicos a cambio de sobornos, involucrando congresistas, funcionarios y contratistas. Mario Castaño Pérez (fallecido): Exsenador liberal y líder de la red original. Condenado por la Corte Suprema a 15 años y 11 meses de prisión tras aceptar cargos por múltiples delitos (concierto para delinquir, peculado, estafa, entre otros). Falleció en prisión en 2023. Nova Lorena Cañón: Relacionista pública (“lobista”) que gestionaba proyectos ante ministerios. Condenada a 5 años y 4 meses tras aceptar cargos y colaborar como testigo. Daniela Ospina: Compañera sentimental de Castaño. Condenada a 5 años por administrar los recursos de la red. Santiago Castaño Morales y Claudia Marcela Castaño Morales: Familiares involucrados en la administración y pago de coimas. Condenados tras aceptar cargos. Wilmar Herrera: Exalcalde de Norcasia (Caldas). Condenado tras preacuerdo. Ciro Ramírez (exsenador del Centro Democrático): Condenado recientemente (marzo 2026) por la Corte Suprema en primera instancia a 23 años de prisión (279 meses) por concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en contratos, en el marco de “Marionetas 2.0”. También se le impuso inhabilidad para ejercer cargos públicos y una multa superior a 22.000 millones de pesos. Pierre García (exdirector del DPS): Tiene orden de captura vigente y circular roja de Interpol solicitada por la Fiscalía. No ha sido condenado. Caso Centros Poblados (MinTIC) Adjudicación irregular de un contrato de ~1 billón de pesos para llevar internet a zonas rurales. Se giraron 70.000 millones de anticipo con garantías bancarias falsas. Emilio Tapia Aldana (“zar de la contratación”): Condenado por su rol en la falsificación de documentos y fraude. Cumplió parte de la pena y obtuvo libertad condicional en diciembre de 2025 (con periodo de prueba). La Fiscalía embargó bienes por decenas de miles de millones. Tiene condenas acumuladas de casos previos. Luis Fernando Duque: Representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados. Condenado a 4 años y 4 meses tras preacuerdo. Juan José Laverde: Corredor de seguros que tramitó las pólizas falsas. Condenado tras preacuerdo. Jorge Alfonso Molina: Implicado en la falsificación de documentos del Banco Itaú. Condenado. La Contraloría impuso responsabilidad fiscal por 87.000 millones contra el consorcio y sus integrantes. La exministra Karen Abudinen fue declarada víctima en el proceso penal, aunque enfrentó procesos fiscales administrativos. Irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) – Casos de “tamales” y sobrecostos Varios casos regionales de sobrecostos y contratistas sin experiencia (ferreterías, empresas de grúas, etc.). Germán Trujillo Manrique (“Zar del PAE” en Santander): Condenado tras aceptar cargos. Luisa Fernanda Flórez Rincón: Contratista sancionada con multa superior a 4.300 millones e inhabilitada. Otros: Múltiples pliegos de cargos y condenas contra alcaldes, secretarios de educación y contratistas locales (ej. en Cartagena y Chocó). La mayoría son procesos territoriales. OCAD-Paz y recursos de regalías para la paz Denuncias de posibles sobornos (“peaje”) para aprobar proyectos con regalías destinados al posconflicto. Hallazgos fiscales por cientos de miles de millones (algunas denuncias iniciales mencionaron cifras superiores). Mayoritariamente en etapa de investigación preliminar. Investigados: Exfuncionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP), como Luis Alberto Rodríguez, y varios congresistas. No se reportan condenas penales firmes contra altos directivos del gobierno central hasta la fecha. Predominan sanciones fiscales y disciplinarias. Reconstrucción de Providencia tras el huracán Iota Sobrecostos y cuestionamientos a la calidad de las viviendas. Acciones principalmente fiscales y disciplinarias por parte de la Contraloría contra funcionarios de la UNGRD. No hay condenas penales emblemáticas reportadas contra altos cargos. Otros casos relevantes y su estado judicial Odebrecht y campaña de Óscar Iván Zuluaga (2014): Zuluaga fue acusado formalmente por falsedad, fraude procesal y enriquecimiento ilícito. Su hijo David también fue acusado. El proceso avanza hacia juicio, pero no hay condena firme. El caso es previo al gobierno Duque, aunque se investigó durante su periodo. Ñeñepolítica: Investigaciones sobre financiación irregular de la campaña de 2018. Archivada parcialmente contra Duque por falta de pruebas. No hay condenas directas de alto nivel por este caso específico (aunque hay condenas relacionadas con compra de votos en otros contextos). Vacunas COVID-19, medicamentos contra la malaria, UNGRD (pandemia), casas de cartón en Cartagena y “falsa muerte” de Iván Mordisco: Principalmente denuncias, hallazgos fiscales o controversias de transparencia/gestión. No hay condenas penales firmes contra altos funcionarios del gobierno nacional reportadas.  Resumen general La justicia ha sido más contundente en casos como “Las Marionetas” y Centros Poblados, con condenas de prisión contra políticos y contratistas que aceptaron cargos. En cambio, en temas como OCAD-Paz, Ñeñepolítica o sobrecostos en emergencia, los avances se concentran en sanciones administrativas/fiscales y procesos más lentos. En Colombia es frecuente que escándalos mediáticos generen fuertes debates, pero pocos terminen en condenas penales contra los niveles más altos del poder, debido a la complejidad probatoria y la duración de los procesos.