Ventajas Y Desventajas De Los Sistemas De Reparto Simple Y De Capitalización Cristian Beltrán Barrero
| Reparto Simple | Capitalización | Ventajas | Los costos administrativos serían bajos porque no se necesita más de una entidad en cada territorio (economías de escala) para el recaudo de la cotización y el desembolso de las pensiones. También son más bajos al no existir reservas portables (el monto de la reserva para liquidez es mínimo). Se podrían implementar mecanismos de solidaridad. La mujer recibiría la misma pensión que el hombre si los aportes son los mismos y un cotizante de bajos ingresos no tendría que pagar un porcentaje más alto de su ingreso para financiar su pensión. Habría solidaridad intergeneracional. Los jóvenes aportarían para los ancianos y tendrían el derecho a una pensión para sí mismos. Los ancianos trabajaron para aumentar el nivel de vida de los jóvenes y recibirán un reconocimiento de sus esfuerzos por los jóvenes cotizantes. Las eventuales crisis económicas del sector financiero no tendrían un impacto a largo plazo en el desembolso de las pensiones, pues no habría posibilidad de que se afecten las reservas por ser éstas mínimas. El monto de las pensiones no depende de la tasa de interés ni de la rentabilidad de las empresas privadas. El sistema vigente en Colombia es el de reparto simple. En consecuencia, no habría costos de transición si se mantiene este sistema. Si los sueldos reales crecen, las pensiones también pueden hacerlo en la misma proporción. Así se benefician del desarrollo económico los ancianos y sobre todo los pensionados por invalidez.
| Por el sistema de capitalización se aumentaría el ahorro nacional y el mercado de capitales podría fortalecerse. Las cotizaciones y las pensiones estarían estrechamente ligadas. Esto crearía una barrera contra los favores políticos. Habría una relación clara entre esfuerzos individuales y el monto de la pensión. El estímulo económico a la cotización es mayor. Si se presenta en altas tasas de interés, altas ganancias de las empresas en las cuales el Fondo tuviera acciones, y un alto endeudamiento del Estado, la relación entre cotizaciones y pensiones sería muy favorable. Esta posibilidad permitiría que con bajas cotizaciones se obtuvieron altas pensiones. Si hay varias Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías SA FPC, existiría una competencia que aumenta la eficiencia y la rentabilidad No se pierden aportes en caso que el capital acumulado no alcance para gozar de una pensión, pues la SAF los devuelve en este evento en forma de pago único. El mercado de seguros crecería en materia de invalidez, sobrevivencia (sustitución), y rentas vitalicias. Los cambios demográficos no afectarían drásticamente el nivel de cotización ni el monto de la pensión. Habría un incentivo para comprobar con más rigor el derecho a la solicitud de una pensión, sobre todo las de invalidez.
| Desventajas | El reparto simple recibiría todo el impacto de la transición demográfica. Habría que aumentar el monto de las cotizaciones porque el número de cotizantes no crece en la misma proporción que el número de pensionados. Las pensiones se pagan con los ingresos corrientes. Si las pensiones crecen más rápido que los salarios asegurados, como es la situación colombiana, la cotización tiene que subir. El sistema de reparto simple es más débil frente a leyes o reglamentaciones populistas e imprudentes. Por razones electorales se podrían aumentar los beneficios sin garantizarse su financiamiento. Existe el peligro de que no se incorpore el principio de proporcionalidad entre cotizaciones y pensiones. Los cotizantes percibirán en este caso la cotización como un impuesto más, lo que crea un desestímulo para el trabajo y un incentivo para la evasión. El reparto simple no tiene ningún impacto sobre el ahorro. En el peor de los casos el impacto podría ser negativo. Los trabajadores generarían ahorros si no hubiese un mecanismo para asegurarse un nivel de vida digno en la tercera edad. Si hay un seguro IVM necesitan menos ahorros; como consecuencia el ahorro privado merma sin que se aumente el nivel de ahorro por el seguro IVM. La probabilidad de que el sistema de reparto simple necesite en el largo plazo un aporte del presupuesto estatal es grande. Eso podría generar o agravar el déficit fiscal, particularmente al disminuir la base de cotizantes en caso de depresión. Los grupos de presión pueden lograr privilegios. No hay controles eficaces para evitarlo. Es difícil lograr un régimen único. Siempre habrá "razones" para justificar beneficios adicionales.
| El sistema de capitalización es un mecanismo a largo plazo (por lo menos de 60 años) y por tanto es muy sensible frente a las inestabilidades económicas o políticas. Crisis o guerras podrían destruir los fondos ahorrados. Con ello se agravaría la pobreza de los ancianos. El sistema de capitalización exige una alta tasa de rendimientos. El monto de las pensiones dependerá en gran parte del desarrollo del mercado de capitales, del éxito de la SAFP, y no tanto de los aportes. El sistema funcionará mejor con un adecuado nivel de competencia, o sea con la presencia de un número significativo de competidores, lo cual generaría costos administrativos más elevados (al impedir las economías de escala). No habría solidaridad en el sistema, entre generaciones, entre niveles de ingreso y entre sexos. Mujeres y hombres casados tendrían pensiones más bajas. Por la mayor longevidad las mujeres necesitan mayores ahorros para tener la misma pensión que los hombres. Los asegurados tendrían que seleccionar una SAFPC y una compañía de seguros. Sería complejo conseguir informaciones confiables, para escoger las mejores ofertas. Los costos administrativos recaería sobre todo en el estrato con menores ingresos. Ellos tienen que pagar comisiones de componente fijo, relativamente más altas que los aportantes con altos ingresos. La implantación de un sistema de capitalización de cotización obligatoria, conlleva costos muy altos en la transición, que podrían (como una opción) ser asumidos por los cotizantes pagando altos aportes y recibiendo bajas pensiones. En la medida en que se financie esta transición con el presupuesto nacional, (otra opción) el déficit fiscal que ello ocasiona, haría difícil contar con los recursos que deben destinarse a los programas de atención a la tercera edad de la población no cotizante. La reglamentación y vigilancia de las SAFPC y de las compañías de seguros exige una alta capacidad del Estado. Un Estado que no ha sido capaz de administrar pensiones, tampoco ofrece suficientes garantías de que pueda controlar poderosos conglomerados económicos. En el peor de los casos un Estado débil tampoco podría administrar competentemente un Fondo en caso de quiebra. El Estado tiene que garantizar los fondos y las pensiones. El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN no tiene actualmente los recursos para hacerlo. El sistema de capitalización exige un mercado de capitales grande y eficiente. Si, por ejemplo, la oferta de acciones y bonos de empresa es muy reducida, la demanda aumentará los precios de las acciones y a mediano plazo los rendimientos serían muy bajos. Habría diferentes opciones para liquidar la pensión: la renta vitalicia, que puede implicar una comisión alta para la compañía de seguros. El retiro programado (véase glosario), que puede ocasionar la pobreza por el agotamiento del capital ahorrado en los fondos. La liquidación por una suma única, que sería la peor: un trabajador que nunca ganó más del salario mínimo recibiría por ejemplo una suma de 5 millones de pesos. ¿Quién podría garantizar que él a los 80 años de edad aún tenga recursos para su sustento?
Se necesitaría un adecuado control para garantizar agilidad en el cobro de las cotizaciones, pues las SAFPC no tendrían ningún interés en tener diferencias con las empresas cotizantes. La administración pública no se vería involucrada para forzar la cotización puntual. Como en el sistema de capitalización el cumplimiento en la fecha de la cotización tiene mucho impacto sobre el monto de la pensión, el trabajador tendría que sufrir las consecuencias de la demora de la empresa aportante para realizar la respectiva consignación.
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