Beneficios Políticos Y Económicos Del Conflicto Armado Y La Delincuencia Al Programa Político De La Externa Derecha En Colombia ¿Por qué a la derecha no le sirve ni le interesa combatir a las guerrillas? Cristian Beltrán Barrero Introducción En la academia, el periodismo crítico y sectores de izquierda colombiana se consolida con evidencia histórica la realidad de que los sectores políticos de derecha y ultraderecha obtienen réditos del mantenimiento del conflicto armado y la inseguridad, ya que este fenómeno cumple funciones específicas para preservar el statu quo económico, social y político. No se trata necesariamente de una "conspiración malévola", sino de un ecosistema donde la violencia y la polarización resultan funcionales a intereses establecidos. Principales Argumentos De Esta Perspectiva Crítica Mantenimiento Del Statu Quo Y Evitación De Reformas Estructurales: El foco permanente en la seguridad y el "enemigo interno" desplaza la agenda pública hacia temas de orden público, dejando en segundo plano reformas profundas como la redistribución de la tierra, el acceso equitativo a la salud, la educación o los derechos laborales. Una paz plena obligaría a confrontar desigualdades históricas en las que elites agrarias y económicas han sido beneficiarias directas. Capital Electoral Basado En La "Seguridad" Y El Miedo: El discurso de "mano dura", "seguridad democrática" y lucha contra el "terrorismo" ha sido un eje potente de movilización emocional para sectores conservadores. La desaparición total del conflicto armado eliminaría o debilitaría esta bandera electoral central, forzando a estos actores a competir en terrenos menos favorables (desigualdad, inclusión social, reformas económicas). El miedo a la inseguridad —ya sea por guerrilla, disidencias o delincuencia común— genera demanda ciudadana de autoridad fuerte, favoreciendo liderazgos autoritarios o punitivos. Control Territorial, Acumulación De Tierras Y Despojo: Históricamente, el conflicto ha facilitado el desplazamiento forzado y la concentración de la tierra en manos de grandes propietarios. El paramilitarismo (y sus sucesores) ha actuado en muchos casos como instrumento informal de control territorial, protección de intereses económicos (minería, agroindustria, narcotráfico) y silenciamiento de líderes sociales, sindicales o defensores de derechos humanos. Una paz real implicaría restitución de tierras, catastro multipropósito y mayor fiscalización, lo que afectaría directamente privilegios históricos de latifundistas y elites regionales —bases tradicionales de apoyo a la derecha. Chivo Expiatorio Y Evasión De Responsabilidades Estatales: Atribuir la pobreza, el mal funcionamiento de servicios públicos (salud, educación, infraestructura) o la corrupción casi exclusivamente a la guerrilla, al narcotráfico o a la "delincuencia" permite exonerar fallas en la gestión pública, diseño de políticas o corrupción administrativa. Es más sencillo culpar a actores externos que asumir deficiencias sistémicas del modelo económico y político. Justificación Del Gasto Militar Y Presencia Coercitiva: Un conflicto activo legitima presupuestos de defensa elevados, fortalece el aparato militar y facilita asistencia extranjera (como el Plan Colombia). Esto beneficia a sectores vinculados a la industria de seguridad, contratación estatal y control territorial, al tiempo que centraliza poder en el Ejecutivo. Criminalización De La Pobreza Y Control Social: Enfocar la delincuencia común como problema principal (y no como síntoma de exclusión, desempleo o desigualdad extrema) justifica políticas de "mano dura", mayor militarización urbana y aceptación social de medidas autoritarias a cambio de "protección". Esto desvía la atención de las causas estructurales y estigmatiza a sectores pobres o marginados. Contraargumentos Más Frecuentes Desde La Derecha Y Sectores Afines Los sectores de derecha y ultraderecha suelen rechazar esta lectura crítica con varios argumentos recurrentes. Sin embargo, muchos de ellos presentan debilidades cuando se examinan a la luz de los hechos históricos y la experiencia posterior a los acuerdos de paz de 2016. La Exigencia De Una “Paz Con Legalidad Y Sin Impunidad”: La derecha sostiene que los acuerdos “blandos” (como los de San José de Ralito) debilitan las instituciones y terminan fortaleciendo a grupos criminales en lugar de desmovilizarlos de verdad.  Este argumento pierde fuerza al considerar que, tras casi diez años de vigencia del acuerdo de 2016, los críticos no han logrado proponer ni implementar una alternativa superior que corrija las supuestas deficiencias que señalan. Aunque ningún acuerdo es perfecto, el sabotaje sistemático a su implementación —a través de obstrucción legislativa, desfinanciación parcial o descrédito constante— ha impedido subsanar problemas reales y ha evitado cualquier propuesta concreta y viable que supere lo criticado. El Relato De La “Mano Dura” Y Su Efectividad Histórica: Gobiernos de derecha, especialmente el de Álvaro Uribe, han construido su imagen de éxito en la “lucha contra la guerrilla” presentando resultados operativos que, en la gran mayoría de los casos, se lograron mediante prácticas criminales como los falsos positivos y/o alianzas con paramilitares.  Esto revela más una debilidad estructural del Estado y negligencia en la administración que una estrategia exitosa y limpia. La persistencia de la violencia responde, en buena medida, a esa fragilidad institucional histórica más que a una mera “conveniencia política” del adversario. El Impacto Económico Negativo De La Inseguridad: La derecha argumenta que ningún gobierno racional desearía delincuencia masiva, pues la inseguridad daña la inversión, la economía y la gobernabilidad. Aunque este punto tiene algo de validez a primera vista, se debilita al observar que: La Inseguridad Genera Su Propio Circuito Económico: mercado de seguridad privada (armas, guardaespaldas, mercenarios), protección de actividades ilícitas (narcotráfico, minería ilegal) y beneficios indirectos para ciertos sectores.  La Narrativa De “Caos Y Delincuencia” Sirve Como Herramienta Política Recurrente Para La Ultraderecha: les permite culpar a la inseguridad de los males estructurales del país, desviar la atención de reformas profundas y justificar su permanencia en el poder mediante discursos de autoridad fuerte. La Seguridad Como Prerrequisito Del Desarrollo: Es innegable que el conflicto armado ha sido un factor clave de atraso regional y que la seguridad constituye un requisito indispensable para el desarrollo social y económico sostenible.  Sin embargo, lo que esta postura omite es el rol histórico de elites y sectores de derecha en la perpetuación del conflicto —a través de tolerancia, negligencia y/o colaboración con actores armados ilegales— y su resistencia a cambios estructurales que podrían redistribuir poder y recursos. Conclusión Esta perspectiva crítica sostiene que el conflicto armado y la inseguridad han funcionado, en la práctica, como mecanismos para preservar privilegios económicos y políticos, desviar agendas reformistas y sostener narrativas de “orden” que benefician a ciertos proyectos ideológicos. Coincidimos en que una seguridad robusta es condición indispensable para una paz real y una prosperidad compartida. Pero esa seguridad debe enfocarse en desmantelar economías ilegales y fortalecer el Estado de derecho, no en fabricar resultados artificiales (como falsos positivos) para crear una imagen de éxito. Los procesos de negociación de paz implican necesariamente concesiones —incluyendo límites a la venganza o al castigo pleno— porque, de lo contrario, ninguna negociación sería posible. El debate revela la profunda polarización en Colombia: mientras sectores de derecha y ultraderecha han obtenido réditos políticos y materiales del conflicto, lo presentan simultáneamente a la población como una amenaza inevitable que solo puede enfrentarse con firmeza, justificando así medidas autoritarias, abusos de poder y bloqueo a transformaciones estructurales. Esta contradicción entre beneficio privado y discurso público sigue siendo uno de los nudos centrales del estancamiento colombiano.