19991122 Sintesis de Sentencia 099 Expediente 5020

Síntesis de Sentencia: Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil y Agraria Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramírez Gómez Fecha: 22 de noviembre de 1999 (Santafé de Bogotá, D.C.) Referencia: Expediente N° 5020 / Sentencia N° 099 Partes: Conrado Cano Sierra (Demandante/Recurrente) vs. Lázaro Torres Ospina (Demandado) Antecedentes del Conflicto El 10 de marzo de 1992, Conrado Cano Sierra interpuso una demanda ordinaria ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira en contra de Lázaro Torres Ospina. El demandante solicitaba la resolución del contrato de promesa de compraventa contenido en un acta de conciliación previa, la restitución del inmueble y el pago de perjuicios debido al incumplimiento de las obligaciones de pago por parte del comprador. Línea de tiempo del negocio jurídico 18 de julio de 1990: Las partes celebran una promesa de compraventa inicial sobre el lote "La Cima" (40.437 m²), por un valor de $141.529.500. Proceso posterior: Ante el primer incumplimiento, el vendedor demanda la resolución del contrato. 3 de octubre de 1991: En el marco de ese proceso, las partes llegan a un acuerdo conciliatorio (Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira). En dicha audiencia, modifican el contrato original bajo una fórmula novatoria: reducen el terreno y el precio exactamente a la mitad. El Acuerdo Conciliatorio y sus Condiciones El nuevo negocio jurídico, plasmado en el acta de conciliación, fijó las siguientes condiciones comerciales: Concepto Detalle de la Obligación Objeto Lote desmembrado de "La Cima" con una extensión de 20.218,5 m². Precio Total $70.764.750 Cuota Inicial $10.000.000 pagados a la firma de la nueva promesa. Saldo de Capital Dos cuotas iguales de $30.382.375, con vencimiento el 30 de diciembre de 1991 y el 31 de julio de 1992. Intereses Pactados Intereses específicos sobre saldos y un interés del 3% mensual pagadero los días 30 de cada mes (de enero a julio de 1992). Los Incumplimientos Alegados Al momento de presentar la nueva demanda, el promitente comprador había dejado de pagar: $7.000.000 por concepto de intereses acumulados exigibles el 7 de octubre de 1991. $30.382.375 correspondientes a la primera gran cuota de capital del 30 de diciembre de 1991. $822.942,50 por saldo de intereses vencidos al 28 de febrero de 1992. Decisiones de Instancia (Impugnadas) Primera Instancia (8 de noviembre de 1993): El Juzgado de origen negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante. Segunda Instancia (13 de abril de 1994): El Tribunal Superior de Pereira confirmó el fallo absolutorio. El argumento del Tribunal (Ad Quem): Sostuvo que el acuerdo logrado en la audiencia del 3 de octubre de 1991 constituía una conciliación formal que hacía tránsito a cosa juzgada. Al tener esta fuerza legal, el Tribunal consideró que el contrato no era susceptible de una acción de resolución (proceso ordinario). Según su criterio, ante el incumplimiento, el demandante debió acudir exclusivamente a un proceso de ejecución o cumplimiento (vía ejecutiva), y no intentar deshacer el negocio. El Recurso de Casación El demandante interpuso recurso de casación alegando la violación directa de la ley sustancial (por falta de aplicación del artículo 1546 del Código Civil, que regula la condición resolutoria tácita, entre otros artículos). Argumento del recurrente: El hecho de que un contrato se firme ante un juez en una audiencia de conciliación no le quita su naturaleza de negocio jurídico bilateral. Si una de las partes incumple abiertamente lo pactado, la parte cumplida no puede ser forzada a quedar atada indefinidamente a un contrato roto ni limitada únicamente a la vía ejecutiva. La conciliación extinguió el pleito anterior, pero dio nacimiento a un contrato nuevo que puede resolverse si se incumple. Consideraciones Clave de la Corte Suprema de Justicia La Corte centró el debate en definir el verdadero alcance de la cosa juzgada en los mecanismos de conciliación: Naturaleza de la Conciliación: La conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos que carece de un contenido sustancial propio. Es un contenedor. Su contenido material puede ser una transacción o, como en este caso, un nuevo contrato de promesa de compraventa con efectos novatorios (reemplazó por completo las obligaciones de 1990). El Alcance de la Cosa Juzgada: La ley otorga efectos de cosa juzgada a la conciliación para evitar que las partes revivan el litigio anterior que ya fue superado. Sin embargo, esta protección opera hacia el pasado (bloqueando el debate antiguo), pero no inmuniza las obligaciones futuras nacidas del nuevo acuerdo frente a un incumplimiento. Procedencia de la Acción Resolutoria: Citando a la doctrina clásica (Planiol, Ripert, Colin, Capitant), la Corte aclaró que es perfectamente compatible que un contrato nacido de una transacción o conciliación contenga prestaciones a plazos. Si una de las partes falta abiertamente a sus estipulaciones, la otra mantiene intacto su derecho a pedir la resolución del contrato (Art. 1546 C.C.), ya que la cosa juzgada no puede ser un escudo para prohijar la injusticia del contratante incumplido. Consideraciones sobre el Error del Tribunal (Ad Quem) La Corte Suprema determinó que el Tribunal de segunda instancia incurrió en un error conceptual evidente. Si bien es cierto que el acuerdo conciliatorio produce efectos de cosa juzgada e impide revivir el pleito que le dio origen, estos efectos se limitan estrictamente al litigio inicial. Cuando una conciliación da nacimiento a un nuevo contrato del cual surgen obligaciones recíprocas (como una nueva promesa de compraventa), no se le puede quitar al contratante cumplido la facultad que le otorga el artículo 1546 del Código Civil: la opción de elegir, a su arbitrio, entre la resolución o el cumplimiento del contrato, en ambos casos con indemnización de perjuicios. El error de confusión: El Tribunal equivocó el análisis al fusionar el contrato que causó el primer proceso con el nuevo contrato demandado, tratándolos como si fueran un solo acto jurídico. En realidad, se trata de dos negocios jurídicos perfectamente diferentes. La primera controversia quedó cerrada "indubitablemente, absolutamente y para siempre", pero las fallas y el posterior incumplimiento del nuevo contrato constituyen un problema jurídico diferente y autónomo que no está cobijado por la cosa juzgada anterior. Al no existir el obstáculo procesal invocado erróneamente por el Tribunal, el cargo de casación prospera. Decisión de la Corte Suprema de Justicia (Parte Resolutiva) En armonía con lo expuesto, la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley: CASA la sentencia dictada el 13 de abril de 1994 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. NO IMPONE costas en el recurso de casación. Pruebas Decretadas de Oficio (Previas a la Sentencia de Reemplazo) Antes de dictar la sentencia de reemplazo que defina de fondo el caso, y en ejercicio de las facultades legales (Art. 375 del C. de P. Civil), la Corte decretó de oficio las siguientes pruebas para liquidar correctamente las restituciones mutuas: Dictamen pericial de frutos civiles y naturales:Plazo: 20 días. Designar expertos para avaluar los frutos (arriendos, rentas o utilidades) producidos o que hubiera podido producir el lote desde que el demandado tomó posesión (12 de octubre de 1991). El cálculo debe dividirse en dos periodos: Primera etapa: Desde la entrega del bien hasta la notificación del auto admisorio de la demanda (30 de julio de 1992). Segunda etapa: Desde la notificación de la demanda en adelante. (Los costos de este peritaje serán asumidos por mitad entre las partes). Oficio al Banco de la República:Plazo: 20 días. Solicitar formalmente al Banco de la República un informe técnico que determine el valor actual de un peso colombiano del 3 de octubre de 1991, con el fin de indexar los montos y compensar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Magistrados Firmantes: Jorge Antonio Castillo Rugeles Manuel Ardila Velásquez Nicolás Bechara Simancas Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo José Fernando Ramírez Gómez (Magistrado Ponente) Jorge Santos Ballesteros