El Acceso A La Justicia Como Derecho Fundamental

El Acceso A La Justicia Como Derecho Fundamental  Cristian Beltrán Barrero El acceso a la administración de justicia es un derecho que todo ciudadano posee, se encuentra contemplado en el artículo número 229 de la Constitución Política. Si bien, todo ciudadano tiene y se le debe garantizar el acceso a la justicia, se verá que está muchas veces, a la hora de ejercer su derecho, es inalcanzable o si bien se alcanzará, resulta ineficiente y/o contraproducente. Una problemática que posee varios puntos, ya sea por el difícil acceso con lo que respecta al territorio, atendiendo al problema de un país tangencialmente centralizado, así como, las dinámicas que maneja el sistema judicial, la forma en que está estructurado e incluso, fenómenos de “corrupción” que atentan contra el derecho fundamental; cabe decir que alcanzar la justicia es una meta posible, aunque, los factores de inoperancia, la burocracia, costos y los tiempos que conllevan los procesos legales en el territorio nacional, factores culturales, tales como la mala fama del sistema, el desconocimiento y hasta la geografía, restan eficacia al derecho. Si bien, en el ámbito jurídico constantemente se habla del inquebrantable vínculo que debe tener el derecho con la evolución de la sociedad, sus dinámicas cambiantes e incluso con la creciente era digital, es posible que el derecho se valga de esto para implementar en sus procesos juridicos, herramientas como la inteligencia artificial y así agilizar sus procesos, hacer que la justicia tenga un mayor acceso dentro del territorio, para garantizar el derecho que toda persona posee a hacer uso de la justicia.         Teniendo en cuenta que el acceso a la justicia es un derecho fundamental, consignado como se dijo en la Constitución, este derecho es de naturaleza prestacional, por cuanto lo que debe buscar el Estado es desplegar todo el aparato judicial, para responder a las necesidades de carácter legal que posean las personas, necesidades que deben ser resueltas con respecto al sistema establecido en Colombia, debe ser independiente, imparcial y resuelta en un término razonable (Muñoz, 1999). Es necesario recalcar que el acceso a la justicia como derecho fundamental debe ser garantizado en todo momento por el estado, pues no se tiene certeza de cuándo la persona debe de hacer uso de su derecho fundamental, es por esto que la actividad debe estar presta siempre y en todo lugar, para escuchar y atender los requerimientos que se presenten en la vida de las personas. Para un país como Colombia, que a lo largo de su historia a estado fuertemente marcado por el fenómeno de la centralización, aún hoy en día los lugares y las personas que viven una vida apartados de las grandes urbes tienen dificultades y carencias de todo tipo, en este caso en específico al acceso a la justicia. Camacho (2013) plantea dos tipos de barreras para acceder a la justicia: unas de tipo institucionales, en donde ella menciona la congestión judicial, falta de intención por la modernización de la justicia, la ausencia del estado en ciertos territorios y la falta de confianza o legitimidad en las instituciones. Por otro lado, también están las barreras sociales, más ligado a las comunidades que se trate, ya que se presentan fenómenos como la exclusión del sistema de justicia, detalles de variadas índoles como las económicas, étnicas y raciales, se hace especial mención en los lugares apartados, pues como se venía mencionando, es una problemática bastante tangible en Colombia.  Se evidencia que el acceso a la justicia es un derecho que como muchos otros, no siempre se les es garantizado a todos, el Estado no cumple su función de garante del derecho, deja sin protección a una gran parte de la población que requiere suplir la necesidad de acceder a la justicia. Es así como muchas veces el Estado y la administración de justicia son ajenos para las personas y determinadas poblaciones, ya sea por perjuicio del abandono estatal se ha intentado llevar una vida en la cual ya se tiene plena certeza de que no hay presencia ni ninguna intención del Estado por hacerla, o porque las personas ven el derecho o la justicia como algo complejizado e incomprensible en sus formas de vivir y entender.  Es entonces como muchas de las personas del territorio viven sin acceso a la justicia o a lo que podría ser peor, en desconocimiento de su derecho fundamental a acceder a ella. Poblaciones en las que se puede vivir en injusticias, con una vulneración a sus derechos constantemente y que el Estado tiene una deuda que sigue a través del tiempo. La falta de inyección de recursos para dar la posibilidad de que la administración de justicia haga presencia en todo el territorio, es una prioridad a tener en cuenta, claro está, subsanando los serios y frecuentes problemas de seguridad de los que sufren muchas de las regiones del país; sin embargo, en dado caso una persona que no tenga su residencia o lugar de trabajo en un municipio o viva cerca de una urbe y quiera hacer uso del sistema judicial, tendría que trasladarse hasta donde pueda iniciar un proceso, teniendo en cuenta que estas comunidades suelen ser marginadas y vulnerables, coincidencialmente aquellas que mayor necesidad de justicia y reparación de derechos necesitan, desde luego, la posibilidad de que su factor económico les alcance para poder acceder a la justicia, es baja. Es así como se reitera que las personas prefieren no hacer uso de su derecho, dejar las cosas como están o incluso tomar medidas por fuera de la administración de justicia legal.  La dificultad del acceso a la justicia no es únicamente para las comunidades alejadas, si bien estas llevan una condición más precaria por el abandono estatal, todas o casi todas las personas en Colombia, que deseen iniciar procesos judiciales, tienen dificultades para llevarlas acabo, puesto que si bien, las instituciones están bien planteadas, el acceso a la justicia se ve truncado por situaciones como la inoperancia, pues muchas veces los procesos no llevan el seguimiento ni la importancia que requieren; los excesos burocráticos, en los que se enredan y entorpecen los procesos; los costos y términos, pues llevar un proceso implica hacer uso de recursos, no sólo del Estado sino de las partes involucradas, esto ligado a la demora en el tiempo, que lleva a muchas personas a desistir de los procesos legales, lo que conduce a que en realidad no se haya tenido acceso a la justicia. Además, en la justicia no es ajena a los casos de corrupción, en los cuales no existe imparcialidad necesaria para el correcto desarrollo del proceso, por lo tanto y de igual manera que con las problemáticas mencionadas, no se tiene un verdadero acceso a la justicia.  Es reiterativo que casos judiciales caigan en el olvido, que no sean tomados en cuenta, que si bien se aceptaron, no se haya llevado el debido proceso o que simplemente, no tienen el seguimiento que debe llevar, para que las personas involucradas tengan un verdadero acceso a la justicia. En materia penal suele ser común escuchar que los procesos terminan por vencimiento de términos ya que no se le presentó al juez un escrito de acusación, entre otras posibles situaciones. Para hacer valer el derecho fundamental es necesario que la administración de justicia lleve todos y cada uno de los procesos de una manera idónea, con eficacia y eficiencia, pero sobretodo diligencia; esto muchas veces se imposibilita por la alta demanda, a lo que se le denomina congestión judicial, en donde los casos quedan represados y se denota una inoperancia.  La burocracia es un proceso inherente a las dinámicas que se realizan dentro de las instituciones, pero el exceso busca entorpecer diligencias y llevar al traste las dinámicas de eficiencia. Los excesos en la cantidad de trámites que deben realizar los que acceden al servicio, unido a la complejidad de los trámites y a que los horarios de servicio y la atención que se presta no corresponden a la demanda de los mismos; estos factores generan  barreras burocráticas para algunos sectores de la población, generalmente ocasionadas por una experiencia anterior, que puede producir desconfianza en la administración de justicia. El costo y el tiempo que toma llevar un proceso imposibilitan a muchas personas hacer frente al mismo. Sin embargo, es un hecho que la población con menores recursos económicos tiene limitaciones que dificultan recurrir a un tribunal o contar con la asesoría adecuada. Los costos económicos que implica adelantar un proceso, tales como honorarios de abogados, peritos, gastos de transporte, costas judiciales, entre otros, hacen que la justicia sea proporcionalmente más cara para aquellos grupos sociales con menos recursos, lo que genera barreras económicas en el acceso al servicio de la justicia, además afecta la probabilidad de contar con una asesoría legal o de poder orientarse adecuadamente para disponer de un abogado idóneo. Si bien se estipuló en el articulo 6 de la ley 270 del año 1996 que la administración de justicia tiene gratuidad, en el año 2010 mediante la ley 1394 se estableció lo que se nombró como arancel judicial, un costo que debe ser acarreado por quien desee hacer uso del servicio judicial, esto sumado con lo costoso que puede llegar a ser que un abogado represente, además de otros cobros como se describe en este párrafo, denotan no más que el acceso a la justicia acarrea gastos que pueden llegar a ser bastante significativos, puesto que al entrar a un proceso es posible que llegue a ser bastante incierto el periodo de tiempo que conlleve, pues a mayor tiempo, mayores cobros. Esto imposibilita a muchos ciudadanos a acceder a la justicia de manera cierta y da herramientas a muchos otros, para aprovechar esta situación para sacar beneficios y utilizar la justicia a su favor.   Además de dificultades de orden económico, pueden darse también factores sociales y/o culturales que inciden en la igualdad de oportunidades que tienen los ciudadanos usuarios del sistema de justicia, para acceder a este.  Entre las dificultades generadas por estos factores podemos mencionar las culturales que se refieren a los valores, lenguajes y representaciones simbólicas de la población que los aleja o los enfrenta al mundo de la administración de justicia, que suelen ser expresadas en una actitud de desconfianza o resignación ante lo institucional, lo que sin duda, desmotiva el recurrir a los tribunales para interponer una acción ante la violación de un derecho, generada por experiencias anteriores negativas con la justicia, ya sean experiencias propias o ajenas, o bien, por una situación general de inseguridad que produce temor a represalias en caso de recurrir a los tribunales. En Colombia existe una cultura del miedo, pues no existe la confianza de que las instituciones del estado protejan eficientemente a la población y de que el delincuente, siempre se sale con la suya. Es el viacrucis de miles y miles de víctimas de la impunidad que en su experiencia, han dejado en el imaginario de un país, una justicia poco o nada eficaz y además, aliada con el delito. Consecuencia de años de guerra impune y de hechos terroríficos sin verdad, ni justicia. Existe también la falta de conocimiento lo que aduce una barrera cognitiva que hace referencia al saber que maneja la población de sus derechos y de la forma de hacerlos efectivos, así como el de las herramientas con las que cuenta el ciudadano y las vías de acceso al sistema judicial; en este sentido, además de conocer los derechos y su alcance, es necesario reconocer que la violación de estos derechos, tiene posibilidades de reparación jurídica y por lo tanto, las maneras de acceder a ella. En este sentido, puede decirse que es común que las personas de menores recursos y menor nivel educativo tienden a desconocer más sus derechos que las otras personas, pues es evidente que la carencia de información y educación, se constituye en un factor determinante en el desconocimiento de los derechos y las formas de ejercerlos. Si bien en el sistema educativo existen en la Educación Básica y Media asignaciones curriculares como Democracia, Cívica y la Cátedra de la Paz (Ley 1732 MEN), para acercar a los educandos al conocimiento básico frente a sus derechos y la denuncia y reparación de éstos si fueren vulnerados, transcurre con programas obsoletos, sin actualización alguna, pero sobretodo, sin conceptos y procesos que permitan a los jóvenes, una idea clara del acceso a la justicia.  Desde el punto de vista sociocultural, también puede identificarse con facilidad las dificultades geográficas, es decir, las problemáticas que acarrea la distancia, las dificultades de desplazamiento o el simple desconocimiento de la ubicación de las autoridades competentes, para que el ciudadano que requiere el servicio, acuda a interponer sus recursos jurídicos. Para muchas de las personas en Colombia, sobre todo aquellas que habitan en zonas rurales, el acceso a los servicios básicos como la educación y salud, están entorpecidas por la distancia geográfica, más aún se hace notorio el aislamiento, cuando de acceso a la justicia se trata.  Todas las problemáticas que son mencionadas conllevan a que en la sociedad se genere un malestar a la hora de pensar en el acceso a la justicia, ya que en realidad y pese a ser un derecho fundamental consagrado, no está garantizado. Se genera una inseguridad entre las personas para llevar a cabo procesos jurídicos, pues al no ver un camino expedito de acceso y soluciones, consideran muchas veces que es mejor no optar por esta opción. El camino al servicio efectivo y eficiente, se encuentra viciado desde muchos punto de vista expuestos aquí, no queda sino esperar que cada ciudadano, desde el que hace parte del sistema judicial, hasta el que lo necesita, actúen con la responsabilidad que corresponde al uso de un derecho público, inalienable, pero sobretodo humano. Es ineludible que, en un país de víctimas, el acceso a la justicia sea una urgencia vital.        Bibliografía Muñoz, E. C. (1999). Acceso a la justicia y debido proceso en Colombia: síntesis de la doctrina constitucional. Anuario iberoamericano de justicia constitucional, (3), 271-318. Camacho, L. (2013). Acceso a la justicia en Colombia. Condiciones de posibilidad y criterios de gestión (tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.