Curso de Formación Política Parte 5 Critian Beltrán Barrero Panel 4 – Riesgos de la Democracia Objetivo: Analizar los balances y desbalances del régimen político colombiano en la coyuntura actual, reconociendo los riesgos que enfrenta la democracia, el impacto de la corrupción y la violencia política, así como los retos en participación ciudadana y diálogo social. ¿Cuáles son los principales riesgos que enfrenta la democracia colombiana en la actualidad? ¿Qué papel cumple la corrupción en estos riesgos? La democracia colombiana enfrenta actualmente varios riesgos principales, entre ellos la persistencia de la violencia política, el debilitamiento institucional en las regiones y, de manera central, el impacto sistémico de la corrupción.  Principales riesgos para la democracia colombiana Violencia política y control territorial de grupos armados: La intensificación de las disputas territoriales entre grupos armados ilegales (disidencias de las FARC, ELN, bandas criminales) representa un riesgo crítico. Estos grupos ejercen control social y territorial en muchas regiones, amenazando e incluso asesinando a líderes sociales, excombatientes y figuras políticas, lo cual socava la capacidad del Estado para garantizar elecciones libres y seguras, y coarta la participación ciudadana. Debilitamiento de la institucionalidad y falta de presencia estatal: En muchas zonas rurales del país, la presencia del Estado es débil, lo que facilita el avance de economías ilegales y lógicas de caudillismo y clientelismo a nivel local. Esta institucionalidad desigual genera insatisfacción y desconfianza en la capacidad del gobierno para proveer seguridad y servicios básicos. Polarización política y desconfianza pública: Existe una profunda polarización en el espectro político, con cambios constantes de roles entre gobierno y oposición que generan incertidumbre. La constante controversia y la desinformación contribuyen a una creciente falta de confianza en las instituciones públicas y los partidos políticos. Vulnerabilidad del sistema electoral: El sistema electoral es percibido como vulnerable al clientelismo y a la injerencia de actores ilegales, lo que plantea dudas sobre la integridad y transparencia de los procesos electorales, especialmente ante la cercanía de las elecciones de 2026.  Papel de la corrupción en estos riesgos La corrupción es un factor transversal y agravante de todos estos riesgos:  Erosión de la confianza y la legitimidad: La corrupción destruye la confianza pública en las instituciones del Estado y en los dirigentes políticos, lo que debilita la legitimidad del sistema democrático en su conjunto. Financiamiento de la política y captura del Estado: El dinero obtenido ilegalmente a través de la corrupción (especialmente en la contratación estatal) se utiliza para financiar campañas electorales y comprar votos, permitiendo que actores corruptos se mantengan o lleguen al poder para implementar políticas en su propio beneficio. Esto sesga la formulación de políticas y captura los mecanismos de rendición de cuentas. Ineficiencia y desigualdad: El dinero malversado por la corrupción es el que falta para inversión social en salud, educación y desarrollo rural, áreas cruciales para consolidar la paz. Esto exacerba la desigualdad social y la pobreza, perpetuando las condiciones que alimentan la inestabilidad y la violencia. Impunidad y ciclos viciosos: La impunidad en los casos de corrupción es un problema central. La debilidad de la rama judicial y de las entidades de control para sancionar efectivamente estos actos fomenta la repetición de prácticas corruptas, creando un círculo vicioso que afecta directamente el estado de derecho.  ¿Qué desbalances presenta el régimen político actual (sistema de partidos, rol de los movimientos sociales, escenarios y garantías para la participación ciudadana, garantías para la protesta y le diálogo social, planeación y ordenamiento territorial)? El régimen político colombiano actual presenta varios desbalances significativos en su funcionamiento y en la materialización de sus garantías democráticas: Sistema de Partidos El sistema de partidos se caracteriza por un pluralismo atomizado, con alrededor de 35 organizaciones reconocidas, lo que ha complejizado la gobernabilidad y diluido la capacidad de los partidos como intermediarios efectivos entre la ciudadanía y el gobierno. La polarización es alta, y las coaliciones políticas son frágiles y cambiantes, resultando en crisis de gobernabilidad e inestabilidad democrática. Decisiones recientes del Consejo Nacional Electoral (CNE), como la que afectó la fusión del Pacto Histórico en un solo partido, también generan incertidumbre y caos en la estrategia política del oficialismo, debilitando aún más la institucionalidad partidista.  Rol de los Movimientos Sociales Los movimientos sociales han adquirido un rol protagónico, siendo vistos por el gobierno actual como un motor esencial para impulsar reformas estructurales y la ejecución de su Plan de Desarrollo. Sin embargo, este rol a veces difuso entre la movilización popular y la gestión estatal puede generar tensiones y expectativas que no siempre se cumplen. El sector social enfrenta dificultades y la necesidad de repensar su rol, enfrentando retos como la diversificación de ingresos y la necesidad de alianzas estratégicas para superar la incertidumbre.  Escenarios y Garantías para la Participación Ciudadana Existen mecanismos formales de participación como referendos, consultas populares y revocatorias de mandato, pero su uso efectivo es limitado y la abstención en ejercicios como las elecciones de consejos de juventud sigue siendo muy alta. Los escenarios de participación se ven afectados por la desconfianza generalizada en las instituciones, y la necesidad de garantizar la seguridad en territorios de riesgo es un desafío constante, como ha señalado la Defensoría del Pueblo en alertas tempranas sobre riesgos electorales.  Garantías para la Protesta y el Diálogo Social El derecho a la protesta social pacífica está garantizado constitucionalmente, pero su reglamentación efectiva sigue siendo una deuda histórica del Estado. Actualmente se tramita un nuevo proyecto de ley estatutaria en el Congreso para regular este derecho, buscando superar intentos fallidos anteriores y cumplir con estándares internacionales. El diálogo social, aunque invocado frecuentemente por el gobierno, enfrenta el desafío de la polarización, lo que dificulta la construcción de consensos amplios y reduce la efectividad de las mesas de diálogo.  Planeación y Ordenamiento Territorial Se evidencia un desbalance entre la visión centralizada y las competencias de las entidades territoriales (municipios y departamentos) para regular el uso del suelo. El Departamento Nacional de Planeación ha avanzado en la recopilación de información para la planificación, pero persisten desafíos en la armonización de las dinámicas económicas y sociales con las capacidades reales del territorio. Existe la percepción de una creciente intervención del poder central en la autonomía municipal sobre el ordenamiento territorial, lo que genera conflictos de competencia y retrasa la ejecución efectiva de los planes de desarrollo territorial.  ¿Qué elementos debería contener una agenda en materia de participación y democracia para los próximos años? Una agenda robusta en materia de participación y democracia para los próximos años debería contener elementos enfocados en recuperar la confianza institucional, fortalecer los mecanismos existentes y garantizar un entorno seguro y equitativo para el ejercicio de los derechos ciudadanos.  Los elementos clave incluyen: Fortalecimiento del sistema electoral y de partidos: Se requiere una reforma integral que aborde la financiación de campañas políticas, el control del gasto electoral y la transparencia del sistema. Esto es esencial para reducir la vulnerabilidad ante la corrupción y la injerencia de actores ilegales. Garantías efectivas para la participación y la protesta social: Es fundamental reglamentar de manera efectiva el derecho a la protesta social pacífica, superando su estigmatización, y asegurar que los escenarios de diálogo social generen consensos reales y vinculantes, y no solo espacios simbólicos. Implementación de un gobierno abierto y transparente: La agenda debe priorizar políticas que promuevan la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. Esto incluye el uso de herramientas digitales para que la ciudadanía pueda vigilar la gestión pública y la ejecución de recursos. Educación cívica y formación para la democracia: Invertir en programas de educación para la participación y la democracia desde edades tempranas es crucial. Una ciudadanía informada y empoderada puede involucrarse de manera más efectiva en las decisiones que le afectan. Desarrollo de capacidades en las organizaciones sociales: Fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil en temas de comunicación, formulación de propuestas y veeduría, para que puedan incidir de manera profesional y estratégica en la agenda pública nacional y local. Planeación participativa y ordenamiento territorial: Asegurar la consolidación de la planeación participativa a través de la revisión y ajuste de la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo, garantizando que los intereses sociales y comunitarios se reflejen en la planificación y el ordenamiento de los territorios. Enfoque territorial y diferencial: Las políticas de participación deben diseñarse con un enfoque territorial que reconozca las particularidades de cada región, especialmente las afectadas por el conflicto, garantizando que todos los sectores (etnias, género, jóvenes) tengan voz y voto en las decisiones locales. Lucha frontal contra la corrupción y la impunidad: La agenda debe incluir mecanismos robustos para sancionar la corrupción asociada a la implementación de políticas públicas, asegurando la integridad de la democracia y la recuperación de la confianza en las instituciones.  Riesgo principal para la democracia hoy: Describe ¿cuál consideras el riesgo más preocupante (violencia política, corrupción, polarización, debilidad institucional, etc.) y explica por qué?. Considero que el riesgo más preocupante para la democracia colombiana hoy es la violencia política y el control territorial ejercido por los grupos armados ilegales, incluso por encima de otros problemas sistémicos como la corrupción o la polarización, debido a las siguientes razones: En primer lugar, la violencia política es la que socava directamente la base fundamental de la democracia: el derecho a elegir y ser elegido libremente, y a participar en la vida pública sin miedo. La capacidad de los grupos armados para amenazar, desplazar y asesinar a líderes sociales, candidatos y votantes en zonas de alto riesgo inhibe por completo la participación ciudadana y distorsiona los resultados electorales, permitiendo la "captura" del Estado a nivel local por intereses criminales. En segundo lugar, este riesgo agrava y se retroalimenta de los demás problemas: la debilidad institucional del Estado en las periferias permite que estos grupos florezcan; la corrupción desvía los recursos que deberían destinarse a fortalecer la presencia estatal legítima; y la polarización política dificulta la construcción de un consenso nacional para enfrentar esta amenaza común. Sin un control efectivo del territorio y la garantía de la seguridad física, cualquier otro avance democrático se construye sobre cimientos muy frágiles y queda a merced de la coerción armada. ¿Cual es el “desbalance” más evidente del sistema político?: Elige uno (sistema de partidos, movimientos sociales, participación ciudadana, protesta social, planeación territorial) y describe el desbalance que observas. El "desbalance" más evidente del sistema político colombiano actual reside en la relación entre los movimientos sociales y los escenarios de participación ciudadana frente a la institucionalidad formal: Observo un desbalance crítico donde la participación ciudadana se canaliza de forma reactiva y visible a través de la protesta social y la movilización en las calles, mientras que los mecanismos institucionales formales (como los consejos de planeación territorial o los espacios de diálogo sectorial) siguen siendo subutilizados, ineficaces o carentes de poder vinculante real. Este desbalance genera dos problemas: por un lado, la movilización social, aunque legítima, no siempre se traduce en cambios de política pública sostenibles; por otro lado, la debilidad de los canales formales profundiza la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, perpetuando un ciclo de insatisfacción y protesta constante que no logra articularse efectivamente con la toma de decisiones del Estado. ¿Cuales son las Consecuencia de ese desbalance? Menciona una consecuencia concreta que ese desbalance genera en la democracia o en la ciudadanía. El desbalance entre la movilización social y los mecanismos de participación institucional genera una consecuencia concreta y perjudicial para la democracia colombiana: la erosión sistémica de la confianza y la legitimidad de las instituciones del Estado. Esta falta de confianza se manifiesta en una creciente apatía y abstencionismo electoral, ya que la ciudadanía percibe que su participación a través de los canales formales es inútil para lograr cambios reales. Además, el Estado pierde legitimidad al ser incapaz de canalizar las demandas sociales de manera efectiva, lo que a menudo desemboca en una mayor polarización y una escalada de conflictividad social y política, dificultando la gobernabilidad y la construcción de consensos nacionales necesarios para la paz y el desarrollo. Propuesta para fortalecer la participación: Plantea una acción o medida sencilla pero relevante que debería incluirse en una agenda democrática para los próximos años. Una acción sencilla pero relevante que debería incluirse en una agenda democrática para fortalecer la participación es la implementación obligatoria de "presupuestos participativos" a nivel municipal y departamental. Esta medida implicaría que un porcentaje específico y previamente acordado del presupuesto de inversión local deba ser asignado por decisión directa y vinculante de la ciudadanía, a través de asambleas comunitarias y plataformas digitales transparentes. El impacto es doble: empodera directamente a las comunidades para decidir sobre sus necesidades prioritarias (infraestructura, salud, educación), y obliga a los gobiernos locales a rendir cuentas de forma inmediata y tangible sobre la ejecución de esos recursos, combatiendo la corrupción y reconstruyendo la confianza en la gestión pública local. ¿Qué aprendizajes deja este panel sobre el fortalecimiento de la democracia y el papel ciudadano frente a los riesgos y desafíos del sistema político actual? El panel deja varios aprendizajes cruciales sobre el fortalecimiento de la democracia colombiana y el papel ciudadano frente a los riesgos y desafíos actuales del sistema político: La fragilidad democrática es real y multifactorial: Se aprende que la democracia colombiana enfrenta amenazas interconectadas, desde la violencia territorial y la corrupción sistémica hasta la polarización y la debilidad institucional. Estos riesgos no operan de forma aislada, sino que se refuerzan mutuamente. La ciudadanía es un contrapeso esencial, pero necesita canales efectivos: El aprendizaje clave es que la participación ciudadana y la movilización social son motores fundamentales para la exigencia de transparencia y cambio. Sin embargo, estas iniciativas pierden efectividad si no logran articularse con mecanismos institucionales sólidos y confiables. El desbalance entre la protesta y la participación formal es un desafío a superar. La confianza institucional es la moneda de cambio democrática: El panel subraya que la erosión de la confianza pública, alimentada por la corrupción y la ineficiencia, es el riesgo más pernicioso a largo plazo. La recuperación de esa confianza es fundamental para la legitimidad del sistema y la gobernabilidad del país. La transparencia y la veeduría son acciones concretas de fortalecimiento: Se concluye que acciones sencillas pero relevantes, como la implementación de presupuestos participativos y el uso de herramientas de gobierno abierto, empoderan directamente al ciudadano, combaten la corrupción desde la base y reconstruyen el tejido democrático local, demostrando que el papel ciudadano va más allá del voto e implica una vigilancia constante de la gestión pública. La paz y la democracia son interdependientes: Finalmente, el panel refuerza la idea de que no puede haber una paz sostenible sin una democracia fuerte, y viceversa. La garantía de seguridad para la participación política es un prerrequisito para que la ciudadanía pueda ejercer plenamente sus derechos y mantener viva la esperanza de un país más equitativo y menos violento.