Curso de Formación Política Parte 5 Critian Beltrán Barrero Panel 4 – Riesgos de la Democracia Objetivo: Analizar los balances y desbalances del régimen político colombiano en la coyuntura actual, reconociendo los riesgos que enfrenta la democracia, el impacto de la corrupción y la violencia política, así como los retos en participación ciudadana y diálogo social. ¿Cuáles son los principales riesgos que enfrenta la democracia colombiana en la actualidad? ¿Qué papel cumple la corrupción en estos riesgos? La democracia colombiana enfrenta actualmente varios riesgos principales, entre ellos la persistencia de la violencia política, el debilitamiento institucional en las regiones y, de manera central, el impacto sistémico de la corrupción.  Principales riesgos para la democracia colombiana Violencia política y control territorial de grupos armados: La intensificación de las disputas territoriales entre grupos armados ilegales (disidencias de las FARC, ELN, bandas criminales) representa un riesgo crítico. Estos grupos ejercen control social y territorial en muchas regiones, amenazando e incluso asesinando a líderes sociales, excombatientes y figuras políticas, lo cual socava la capacidad del Estado para garantizar elecciones libres y seguras, y coarta la participación ciudadana. Debilitamiento de la institucionalidad y falta de presencia estatal: En muchas zonas rurales del país, la presencia del Estado es débil, lo que facilita el avance de economías ilegales y lógicas de caudillismo y clientelismo a nivel local. Esta institucionalidad desigual genera insatisfacción y desconfianza en la capacidad del gobierno para proveer seguridad y servicios básicos. Polarización política y desconfianza pública: Existe una profunda polarización en el espectro político, con cambios constantes de roles entre gobierno y oposición que generan incertidumbre. La constante controversia y la desinformación contribuyen a una creciente falta de confianza en las instituciones públicas y los partidos políticos. Vulnerabilidad del sistema electoral: El sistema electoral es percibido como vulnerable al clientelismo y a la injerencia de actores ilegales, lo que plantea dudas sobre la integridad y transparencia de los procesos electorales, especialmente ante la cercanía de las elecciones de 2026.  Papel de la corrupción en estos riesgos La corrupción es un factor transversal y agravante de todos estos riesgos:  Erosión de la confianza y la legitimidad: La corrupción destruye la confianza pública en las instituciones del Estado y en los dirigentes políticos, lo que debilita la legitimidad del sistema democrático en su conjunto. Financiamiento de la política y captura del Estado: El dinero obtenido ilegalmente a través de la corrupción (especialmente en la contratación estatal) se utiliza para financiar campañas electorales y comprar votos, permitiendo que actores corruptos se mantengan o lleguen al poder para implementar políticas en su propio beneficio. Esto sesga la formulación de políticas y captura los mecanismos de rendición de cuentas. Ineficiencia y desigualdad: El dinero malversado por la corrupción es el que falta para inversión social en salud, educación y desarrollo rural, áreas cruciales para consolidar la paz. Esto exacerba la desigualdad social y la pobreza, perpetuando las condiciones que alimentan la inestabilidad y la violencia. Impunidad y ciclos viciosos: La impunidad en los casos de corrupción es un problema central. La debilidad de la rama judicial y de las entidades de control para sancionar efectivamente estos actos fomenta la repetición de prácticas corruptas, creando un círculo vicioso que afecta directamente el estado de derecho.  ¿Qué desbalances presenta el régimen político actual (sistema de partidos, rol de los movimientos sociales, escenarios y garantías para la participación ciudadana, garantías para la protesta y le diálogo social, planeación y ordenamiento territorial)? El régimen político colombiano actual presenta varios desbalances significativos en su funcionamiento y en la materialización de sus garantías democráticas: Sistema de Partidos El sistema de partidos se caracteriza por un pluralismo atomizado, con alrededor de 35 organizaciones reconocidas, lo que ha complejizado la gobernabilidad y diluido la capacidad de los partidos como intermediarios efectivos entre la ciudadanía y el gobierno. La polarización es alta, y las coaliciones políticas son frágiles y cambiantes, resultando en crisis de gobernabilidad e inestabilidad democrática. Decisiones recientes del Consejo Nacional Electoral (CNE), como la que afectó la fusión del Pacto Histórico en un solo partido, también generan incertidumbre y caos en la estrategia política del oficialismo, debilitando aún más la institucionalidad partidista.  Rol de los Movimientos Sociales Los movimientos sociales han adquirido un rol protagónico, siendo vistos por el gobierno actual como un motor esencial para impulsar reformas estructurales y la ejecución de su Plan de Desarrollo. Sin embargo, este rol a veces difuso entre la movilización popular y la gestión estatal puede generar tensiones y expectativas que no siempre se cumplen. El sector social enfrenta dificultades y la necesidad de repensar su rol, enfrentando retos como la diversificación de ingresos y la necesidad de alianzas estratégicas para superar la incertidumbre.  Escenarios y Garantías para la Participación Ciudadana Existen mecanismos formales de participación como referendos, consultas populares y revocatorias de mandato, pero su uso efectivo es limitado y la abstención en ejercicios como las elecciones de consejos de juventud sigue siendo muy alta. Los escenarios de participación se ven afectados por la desconfianza generalizada en las instituciones, y la necesidad de garantizar la seguridad en territorios de riesgo es un desafío constante, como ha señalado la Defensoría del Pueblo en alertas tempranas sobre riesgos electorales.  Garantías para la Protesta y el Diálogo Social El derecho a la protesta social pacífica está garantizado constitucionalmente, pero su reglamentación efectiva sigue siendo una deuda histórica del Estado. Actualmente se tramita un nuevo proyecto de ley estatutaria en el Congreso para regular este derecho, buscando superar intentos fallidos anteriores y cumplir con estándares internacionales. El diálogo social, aunque invocado frecuentemente por el gobierno, enfrenta el desafío de la polarización, lo que dificulta la construcción de consensos amplios y reduce la efectividad de las mesas de diálogo.  Planeación y Ordenamiento Territorial Se evidencia un desbalance entre la visión centralizada y las competencias de las entidades territoriales (municipios y departamentos) para regular el uso del suelo. El Departamento Nacional de Planeación ha avanzado en la recopilación de información para la planificación, pero persisten desafíos en la armonización de las dinámicas económicas y sociales con las capacidades reales del territorio. Existe la percepción de una creciente intervención del poder central en la autonomía municipal sobre el ordenamiento territorial, lo que genera conflictos de competencia y retrasa la ejecución efectiva de los planes de desarrollo territorial.  ¿Qué elementos debería contener una agenda en materia de participación y democracia para los próximos años? Una agenda robusta en materia de participación y democracia para los próximos años debería contener elementos enfocados en recuperar la confianza institucional, fortalecer los mecanismos existentes y garantizar un entorno seguro y equitativo para el ejercicio de los derechos ciudadanos.  Los elementos clave incluyen: Fortalecimiento del sistema electoral y de partidos: Se requiere una reforma integral que aborde la financiación de campañas políticas, el control del gasto electoral y la transparencia del sistema. Esto es esencial para reducir la vulnerabilidad ante la corrupción y la injerencia de actores ilegales. Garantías efectivas para la participación y la protesta social: Es fundamental reglamentar de manera efectiva el derecho a la protesta social pacífica, superando su estigmatización, y asegurar que los escenarios de diálogo social generen consensos reales y vinculantes, y no solo espacios simbólicos. Implementación de un gobierno abierto y transparente: La agenda debe priorizar políticas que promuevan la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. Esto incluye el uso de herramientas digitales para que la ciudadanía pueda vigilar la gestión pública y la ejecución de recursos. Educación cívica y formación para la democracia: Invertir en programas de educación para la participación y la democracia desde edades tempranas es crucial. Una ciudadanía informada y empoderada puede involucrarse de manera más efectiva en las decisiones que le afectan. Desarrollo de capacidades en las organizaciones sociales: Fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil en temas de comunicación, formulación de propuestas y veeduría, para que puedan incidir de manera profesional y estratégica en la agenda pública nacional y local. Planeación participativa y ordenamiento territorial: Asegurar la consolidación de la planeación participativa a través de la revisión y ajuste de la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo, garantizando que los intereses sociales y comunitarios se reflejen en la planificación y el ordenamiento de los territorios. Enfoque territorial y diferencial: Las políticas de participación deben diseñarse con un enfoque territorial que reconozca las particularidades de cada región, especialmente las afectadas por el conflicto, garantizando que todos los sectores (etnias, género, jóvenes) tengan voz y voto en las decisiones locales. Lucha frontal contra la corrupción y la impunidad: La agenda debe incluir mecanismos robustos para sancionar la corrupción asociada a la implementación de políticas públicas, asegurando la integridad de la democracia y la recuperación de la confianza en las instituciones.  Riesgo principal para la democracia hoy: Describe ¿cuál consideras el riesgo más preocupante (violencia política, corrupción, polarización, debilidad institucional, etc.) y explica por qué?. Considero que el riesgo más preocupante para la democracia colombiana hoy es la violencia política y el control territorial ejercido por los grupos armados ilegales, incluso por encima de otros problemas sistémicos como la corrupción o la polarización, debido a las siguientes razones: En primer lugar, la violencia política es la que socava directamente la base fundamental de la democracia: el derecho a elegir y ser elegido libremente, y a participar en la vida pública sin miedo. La capacidad de los grupos armados para amenazar, desplazar y asesinar a líderes sociales, candidatos y votantes en zonas de alto riesgo inhibe por completo la participación ciudadana y distorsiona los resultados electorales, permitiendo la "captura" del Estado a nivel local por intereses criminales. En segundo lugar, este riesgo agrava y se retroalimenta de los demás problemas: la debilidad institucional del Estado en las periferias permite que estos grupos florezcan; la corrupción desvía los recursos que deberían destinarse a fortalecer la presencia estatal legítima; y la polarización política dificulta la construcción de un consenso nacional para enfrentar esta amenaza común. Sin un control efectivo del territorio y la garantía de la seguridad física, cualquier otro avance democrático se construye sobre cimientos muy frágiles y queda a merced de la coerción armada. ¿Cual es el “desbalance” más evidente del sistema político?: Elige uno (sistema de partidos, movimientos sociales, participación ciudadana, protesta social, planeación territorial) y describe el desbalance que observas. El "desbalance" más evidente del sistema político colombiano actual reside en la relación entre los movimientos sociales y los escenarios de participación ciudadana frente a la institucionalidad formal: Observo un desbalance crítico donde la participación ciudadana se canaliza de forma reactiva y visible a través de la protesta social y la movilización en las calles, mientras que los mecanismos institucionales formales (como los consejos de planeación territorial o los espacios de diálogo sectorial) siguen siendo subutilizados, ineficaces o carentes de poder vinculante real. Este desbalance genera dos problemas: por un lado, la movilización social, aunque legítima, no siempre se traduce en cambios de política pública sostenibles; por otro lado, la debilidad de los canales formales profundiza la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, perpetuando un ciclo de insatisfacción y protesta constante que no logra articularse efectivamente con la toma de decisiones del Estado. ¿Cuales son las Consecuencia de ese desbalance? Menciona una consecuencia concreta que ese desbalance genera en la democracia o en la ciudadanía. El desbalance entre la movilización social y los mecanismos de participación institucional genera una consecuencia concreta y perjudicial para la democracia colombiana: la erosión sistémica de la confianza y la legitimidad de las instituciones del Estado. Esta falta de confianza se manifiesta en una creciente apatía y abstencionismo electoral, ya que la ciudadanía percibe que su participación a través de los canales formales es inútil para lograr cambios reales. Además, el Estado pierde legitimidad al ser incapaz de canalizar las demandas sociales de manera efectiva, lo que a menudo desemboca en una mayor polarización y una escalada de conflictividad social y política, dificultando la gobernabilidad y la construcción de consensos nacionales necesarios para la paz y el desarrollo. Propuesta para fortalecer la participación: Plantea una acción o medida sencilla pero relevante que debería incluirse en una agenda democrática para los próximos años. Una acción sencilla pero relevante que debería incluirse en una agenda democrática para fortalecer la participación es la implementación obligatoria de "presupuestos participativos" a nivel municipal y departamental. Esta medida implicaría que un porcentaje específico y previamente acordado del presupuesto de inversión local deba ser asignado por decisión directa y vinculante de la ciudadanía, a través de asambleas comunitarias y plataformas digitales transparentes. El impacto es doble: empodera directamente a las comunidades para decidir sobre sus necesidades prioritarias (infraestructura, salud, educación), y obliga a los gobiernos locales a rendir cuentas de forma inmediata y tangible sobre la ejecución de esos recursos, combatiendo la corrupción y reconstruyendo la confianza en la gestión pública local. ¿Qué aprendizajes deja este panel sobre el fortalecimiento de la democracia y el papel ciudadano frente a los riesgos y desafíos del sistema político actual? El panel deja varios aprendizajes cruciales sobre el fortalecimiento de la democracia colombiana y el papel ciudadano frente a los riesgos y desafíos actuales del sistema político: La fragilidad democrática es real y multifactorial: Se aprende que la democracia colombiana enfrenta amenazas interconectadas, desde la violencia territorial y la corrupción sistémica hasta la polarización y la debilidad institucional. Estos riesgos no operan de forma aislada, sino que se refuerzan mutuamente. La ciudadanía es un contrapeso esencial, pero necesita canales efectivos: El aprendizaje clave es que la participación ciudadana y la movilización social son motores fundamentales para la exigencia de transparencia y cambio. Sin embargo, estas iniciativas pierden efectividad si no logran articularse con mecanismos institucionales sólidos y confiables. El desbalance entre la protesta y la participación formal es un desafío a superar. La confianza institucional es la moneda de cambio democrática: El panel subraya que la erosión de la confianza pública, alimentada por la corrupción y la ineficiencia, es el riesgo más pernicioso a largo plazo. La recuperación de esa confianza es fundamental para la legitimidad del sistema y la gobernabilidad del país. La transparencia y la veeduría son acciones concretas de fortalecimiento: Se concluye que acciones sencillas pero relevantes, como la implementación de presupuestos participativos y el uso de herramientas de gobierno abierto, empoderan directamente al ciudadano, combaten la corrupción desde la base y reconstruyen el tejido democrático local, demostrando que el papel ciudadano va más allá del voto e implica una vigilancia constante de la gestión pública. La paz y la democracia son interdependientes: Finalmente, el panel refuerza la idea de que no puede haber una paz sostenible sin una democracia fuerte, y viceversa. La garantía de seguridad para la participación política es un prerrequisito para que la ciudadanía pueda ejercer plenamente sus derechos y mantener viva la esperanza de un país más equitativo y menos violento.

Curso de Formación Política Parte 4 Critian Beltrán Barrero Panel 3 – Cultura de Paz Objetivo: Reflexionar sobre los avances, tensiones y desafíos de la implementación del Acuerdo Final de Paz y de la política de Paz Total, reconociendo el papel de los territorios, la ciudadanía y las políticas públicas en la construcción de una paz integral y sostenible. ¿Cuáles son los principales nudos y desafíos en la implementación del acuerdo de Paz de 2016 y la materialización de la política de paz total del actual gobierno? La implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y la materialización de la política de "Paz Total" del gobierno actual enfrentan desafíos y "nudos" críticos interrelacionados, que abarcan desde problemas estructurales de seguridad territorial y desarrollo rural hasta obstáculos políticos y de gestión en las negociaciones simultáneas.  Nudos y desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz (2016) Ocho años después de la firma, si bien se han logrado avances significativos como la desmovilización de las FARC y su transición a la política, persisten desafíos clave, especialmente a nivel territorial:  Seguridad para firmantes y líderes sociales: El asesinato persistente de excombatientes y líderes sociales sigue siendo una de las mayores preocupaciones y un obstáculo crucial para la consolidación de la paz. La inseguridad en los territorios impide un progreso integral. Implementación territorial y presencia estatal: La limitada o nula presencia del Estado en muchas regiones afectadas por el conflicto ha permitido que otros grupos armados ocupen los espacios dejados por las FARC, lo que agrava la violencia local. Reforma Rural Integral (RRI): Este punto fundamental del Acuerdo, que busca un acceso más equitativo a la tierra y desarrollo rural, enfrenta una implementación lenta. La falta de formalización de la propiedad rural y la ausencia de proyectos de desarrollo concretos limitan las oportunidades económicas y perpetúan las condiciones que facilitaron el conflicto. Sustitución de cultivos ilícitos: A pesar de los esfuerzos, las economías ilícitas siguen siendo un motor de la violencia, y la implementación de programas de sustitución sostenibles ha tenido resultados variados e inconsistentes en todo el país. Financiación y voluntad política: La falta de una financiación constante y prioritaria, así como los cambios en el enfoque político de las administraciones gubernamentales a lo largo del tiempo, han afectado el ritmo y la integralidad de la implementación.  Desafíos en la materialización de la política de "Paz Total" La "Paz Total" busca ampliar el marco de paz mediante negociaciones con diversos grupos armados ilegales (como el ELN, disidencias de las FARC y grupos criminales), enfrentando sus propios obstáculos:  Falta de una estrategia de seguridad integral: La política de paz no ha dispuesto de una política de seguridad clara y complementaria. La ausencia de una estrategia de confrontación con los grupos armados, especialmente en la lucha contra el narcotráfico, ha generado un deterioro del orden público en algunas zonas. Multiplicidad de mesas de negociación: El intento de negociar o someter a la justicia a múltiples actores simultáneamente ha generado confusión y ha permitido que los grupos armados aprovechen los ceses al fuego para fortalecerse o expandir su control territorial. Ausencia de un marco jurídico claro: La falta de un "piso jurídico" sólido para el sometimiento a la justicia de grupos criminales ha estancado muchas mesas de diálogo y ha generado incertidumbre legal. Inconsistencias en los ceses al fuego: Los ceses al fuego bilaterales solo han evitado enfrentamientos con la fuerza pública, pero no han detenido la violencia horizontal entre grupos armados rivales, ni la violencia contra las comunidades (desplazamientos, confinamientos), lo que genera escepticismo sobre la efectividad de la política. Polarización y falta de consenso: La política de "Paz Total" no ha logrado un consenso amplio entre actores políticos, sociales y académicos más allá del partido de gobierno, lo que dificulta la gobernanza y sostenibilidad a largo plazo.  En resumen, la persistente inseguridad territorial y la presencia limitada del Estado son los puntos de convergencia donde fallan tanto la implementación del Acuerdo de 2016 como la materialización de la "Paz Total", impidiendo que la paz llegue efectivamente a las regiones más afectadas.  ¿Qué estrategias son pertinentes y necesarias para contribuir a la movilización social por la paz y construir un relato que la articule? Para contribuir a la movilización social por la paz y construir un relato que la articule, se requieren estrategias que fomenten la participación desde la base, la empatía y la comunicación efectiva. Estas son algunas de las estrategias pertinentes y necesarias:  Estrategias para la Movilización Social por la Paz Fortalecimiento de las iniciativas locales y comunitarias: Apoyar y visibilizar las organizaciones de base y comunales que ya trabajan en la promoción de la paz y la resolución de conflictos. Esto incluye a las víctimas, quienes tienen un poder transformador y experiencia en la defensa de la vida y la no repetición. Garantizar la participación ciudadana incluyente: Asegurar que la participación en los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia sea accesible e incluya a todos los sectores de la sociedad, con un enfoque diferencial que considere las particularidades de género, etnia y territorio. Fomentar la educación para la paz y la reconciliación: Implementar programas educativos formales y no formales que promuevan valores como el respeto a la dignidad humana, el diálogo constructivo, la solidaridad y la resolución pacífica de conflictos desde edades tempranas. Promover la transformación territorial: Vincular la movilización social con acciones concretas para la implementación de políticas de desarrollo agrario integral y transformación en las zonas más afectadas por el conflicto. La efectividad de estas acciones depende de la amplia participación comunitaria en su planeación y seguimiento. Utilización estratégica de medios de comunicación y el arte: Usar el arte, la cultura y los medios de comunicación como instrumentos esenciales para la movilización ciudadana, facilitando la expresión de rechazo a la violencia y como canales de formación de opinión.  Estrategias para la Construcción de un Relato Articulador Construir una narrativa desde las regiones: El relato de la paz no debe ser impuesto desde el centro, sino que debe surgir de las experiencias y voces de las regiones y comunidades que han resistido la violencia. El caso de Caicedo, un municipio declarado no violento, es un ejemplo de narrativa de resistencia local. Pasar del lenguaje de guerra al lenguaje de paz: Transformar el lenguaje utilizado en el discurso público y mediático, evitando la estigmatización y promoviendo la comprensión y la inclusión. Visibilizar las "paz imperfecta": Reconocer y valorar los avances diarios y las convivencias pacíficas que ya existen en el país, en lugar de centrarse únicamente en la ausencia total de conflicto. Esto ayuda a mantener la esperanza y a demostrar que la paz es posible a pesar de las dificultades. Poner a las víctimas en el centro del relato: Sus testimonios de resiliencia y fortaleza deben ser la inspiración para la sociedad, mostrando el poder de defender la vida y la importancia de la no repetición. Comunicación transparente y pedagógica: Difundir de manera clara y sencilla los avances, retos y beneficios del Acuerdo de Paz y la política de Paz Total, usando mecanismos de difusión y participación ciudadana para contrarrestar la desinformación y el escepticismo.  En conjunto, estas estrategias buscan pasar de una movilización reactiva a la violencia a una movilización propositiva y proactiva que, articulada por un relato esperanzador y basado en experiencias reales de las comunidades, genere un consenso social amplio y sostenible para la paz en Colombia. ¿Qué propuestas o recomendaciones en materia de instrumentos de política paz considera para incidir en la agenda electoral de 2026? Para incidir en la agenda electoral de 2026, las propuestas e instrumentos de política de paz deben enfocarse en consolidar lo avanzado, corregir falencias y, crucialmente, garantizar un entorno electoral seguro y transparente, lo que se ha denominado "Paz Electoral".  Instrumentos de Política de Paz para la Agenda Electoral de 2026 Los siguientes instrumentos y propuestas son necesarios para que la paz sea un tema central y constructivo en la contienda electoral: Consolidación de la Seguridad Territorial Paz Electoral como eje central: La Procuraduría General de la Nación ha enfatizado la necesidad de garantizar elecciones libres, transparentes y seguras en 2026. Los candidatos deben proponer planes concretos para asegurar la protección de aspirantes, votantes y la integridad del proceso en zonas de riesgo, mitigando la influencia de grupos armados. Fortalecimiento de la presencia estatal integral: Superar la simple presencia militar con una oferta institucional robusta (justicia, salud, educación, desarrollo rural) en los territorios afectados por el conflicto. Los candidatos deben presentar propuestas detalladas sobre cómo lograr esta expansión estatal de manera eficiente y sostenible. Ajustes a la "Paz Total": Proponer un marco jurídico e institucional claro para el sometimiento a la justicia y la negociación con grupos armados. Esto debe incluir criterios transparentes, mecanismos de verificación robustos y la definición de límites claros para evitar que los grupos aprovechen los ceses al fuego para fortalecerse.  Implementación Efectiva del Acuerdo de 2016 Garantías de no repetición y seguridad jurídica: Asegurar la continuidad de los programas de reincorporación y protección de firmantes de paz, independientemente del gobierno de turno. La agenda electoral debe incluir un compromiso inquebrantable con la implementación de los puntos pendientes, especialmente la Reforma Rural Integral (RRI). Financiación y seguimiento transparente: Proponer mecanismos que aseguren la financiación estable para la implementación del Acuerdo y una veeduría ciudadana y de organismos de control más efectiva sobre la ejecución de los recursos, contrarrestando la corrupción.  Construcción de Consensos y Participación Ciudadana Diálogo nacional y construcción de un relato unificado: Impulsar foros, debates y espacios de diálogo para que la sociedad civil, la academia, los organismos de control y los partidos políticos discutan y consensúen una visión de paz a largo plazo que trascienda la polarización política actual. Manejo responsable de la información: Establecer compromisos éticos entre los candidatos para evitar la desinformación y el uso de la política de paz como arma arrojadiza electoral. La Misión de Observación Electoral (MOE) puede desempeñar un papel crucial en este seguimiento. Vinculación de la paz con la agenda anticorrupción: Proponer cambios normativos y estrategias que permitan atribuir responsabilidades penales en casos de corrupción asociados a la implementación de políticas de paz y desarrollo territorial, asegurando que los recursos lleguen a su destino.  En definitiva, la clave para incidir en la agenda de 2026 es que los candidatos presenten propuestas concretas, viables y consensuadas que demuestren un compromiso real con la seguridad y la transformación estructural del país, más allá de consignas políticas. Logros y dificultades que identificas en los procesos de paz en Colombia. Dos logros destacados en los procesos de paz en Colombia son la desmovilización y reincorporación de más del 95% de los excombatientes de las FARC, que ahora participan en la vida política sin armas, y el descenso significativo de ciertos indicadores de violencia, como el secuestro, en comparación con décadas anteriores. Además, el modelo de justicia transicional ha sido reconocido internacionalmente por poner a las víctimas en el centro y abordar las causas estructurales del conflicto.  Dos dificultades persistentes son el asesinato continuo de líderes sociales y excombatientes, lo cual genera gran preocupación y socava la confianza en las garantías de seguridad. La otra dificultad principal es la limitada presencia estatal integral en territorios afectados, lo que ha permitido que otros grupos armados ocupen esos espacios, resultando en un aumento de los desplazamientos y la conflictividad social en 2024 y 2025.  Acción o política concreta que crees que puede fortalecer la paz en los territorios. La política concreta que considero crucial para fortalecer la paz en los territorios es la implementación acelerada de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Estos programas, contemplados en el Acuerdo de Paz, deben ir más allá de la planeación: se requiere una inversión masiva y transparente en infraestructura básica (vías terciarias, salud, educación), formalización de tierras y proyectos productivos sostenibles. Al suplir las necesidades básicas y generar oportunidades económicas legítimas, se atacan directamente las causas estructurales del conflicto, se fortalece la presencia integral del Estado y se reduce la base social y económica de los grupos armados ilegales. ¿Qué papel puede jugar la ciudadanía en mantener viva la paz? La ciudadanía juega un papel fundamental al ejercer una veeduría crítica y constante sobre la implementación de los acuerdos y las políticas de paz, asegurando que los compromisos adquiridos se cumplan y los recursos no se desvíen por corrupción. Además, es vital que los ciudadanos promuevan la reconciliación y la no estigmatización en sus comunidades y espacios de interacción, construyendo un tejido social resiliente que rechace la violencia y la polarización, manteniendo así la paz viva desde la base social y no solo desde la institucionalidad. ¿Qué aprendizajes te deja este panel sobre la construcción de una paz integral y el papel de las comunidades en este proceso? Este panel de reflexión me deja varios aprendizajes clave sobre la construcción de una paz integral y el rol esencial de las comunidades en este proceso: La paz integral es un proceso a largo plazo y territorial: Se aprende que la paz no es un evento estático que termina con un acuerdo firmado, sino una transformación social continua que se materializa o fracasa en los territorios más afectados por la violencia. La seguridad es un prerrequisito, pero la presencia estatal integral es la solución: El panel resalta que, aunque la seguridad física es vital (sin ella no hay movilización), la paz sostenible requiere que el Estado llegue con bienes públicos, justicia social y oportunidades económicas, y no solo con fuerza pública. La ciudadanía y las víctimas son los verdaderos motores de la paz: El aprendizaje más significativo es que la movilización social, la veeduría ciudadana y las narrativas de resistencia de las víctimas son las que mantienen "viva" la esperanza y la exigencia de paz, contrarrestando la inercia institucional y la polarización política. La articulación de relatos es fundamental: Se evidencia que un relato de paz unificado, que surja de las regiones y no del centro, es necesario para generar consensos nacionales y contrarrestar la desinformación y el escepticismo. La paz requiere un compromiso trans-gubernamental: Finalmente, el panel subraya la necesidad de que los instrumentos de política pública de paz trasciendan los cambios de gobierno y las agendas electorales, exigiendo un compromiso de Estado a largo plazo y no solo de gobierno.