Vicios de Inconstitucionalidad del Decreto 1446 de 2026

Vicios de Inconstitucionalidad del Decreto 1446 de 2026: Usurpación de Competencias, Quiebre de la Jurisprudencia y Destrucción del Núcleo Esencial de la Tutela Cristian Beltrán Barrero Introducción La expedición del Decreto 1446 de 2026 (firmado por el Presidente Abelardo de la Espriella y su Ministro de Justicia, Iván Cancino) constituye una abierta extralimitación de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo y revive una controversia estructural en Colombia sobre los límites del poder presidencial frente al control de constitucionalidad.  Al pretender centralizar en el Consejo de Estado el conocimiento exclusivo, en primera instancia, de las acciones de tutela interpuestas contra los actos u omisiones de la Presidencia de la República, la norma genera una grave alteración del ordenamiento jurídico, disimulando una modificación sustancial de competencias bajo la apariencia de un simple acto administrativo de reparto. A continuación se integran y analizan exhaustivamente los argumentos dogmáticos, normativos y jurisprudenciales que demuestran la inconstitucionalidad de esta medida. Fraude a la Constitución, Suplantación del Congreso y Reserva de Ley Estatutaria (Art. 152 C.P.) El núcleo técnico-jurídico del vicio de inconstitucionalidad radica en la violación de la reserva de ley estatutaria. De acuerdo con el literal b) del artículo 152 de la Carta Política, las normas que regulen derechos fundamentales o los mecanismos procesales para su protección —como la acción de tutela— deben tramitarse mediante una Ley Estatutaria cualificada en el Congreso de la República, requerir aprobación por mayoría absoluta, tramitarse en una sola legislatura y someterse a control previo y automático de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Vía Constitucional (Ley Estatutaria):  Proyecto de Ley ► Debates en Congreso ► Control Previo Corte ► Ley  VS. Vía Ejecutiva (Decreto 1446)  Casa de Nariño ► Firma Presidencial ► Acto Administrativo Directo  Usurpación de la función legislativa: Al redefinir ¿Qué despachos conservan o pierden la facultad sustancial de juzgar las actuaciones del Ejecutivo?, la Casa de Nariño no está administrando la correspondencia judicial o equilibrando cargas de trabajo, sino reescribiendo el alcance de la ley sustancial sin ostentar competencia legislativa. El fraude de las "etiquetas": Las reglas de reparto genuinas organizan de forma aleatoria o matemática la distribución de procesos entre jueces que ya tienen la misma jerarquía y competencia. Al excluir de manera absoluta a miles de jueces municipales y de circuito del país para radicar un fuero exclusivo en Bogotá en razón del cargo del demandado (factor subjetivo), el Decreto 1446 utiliza la etiqueta de "reparto administrativo" para camuflar un privilegio procesal inexistente en la Constitución. Vulneración al Debido Proceso, Quiebre del Juez Natural y Conflicto de Intereses Institucional El Artículo 29 de la Constitución exige que la autoridad competente para juzgar un asunto esté preestablecida por la ley de manera general, neutral e imparcial. El Decreto 1446 vulnera este mandato bajo dos dimensiones críticas: Distorsión del Juez Natural: La norma crea un fuero ad hoc en favor del Presidente. En lugar de respetar la competencia a prevención asignada por la Constitución a cualquier juez del lugar donde ocurra la vulneración o amenaza, impone a priori un tribunal específico. Dualidad de Funciones del Consejo de Estado (Juez y Consultor): De acuerdo con el diseño constitucional, el Consejo de Estado cumple una doble función que entra en tensión cuando se le asigna el juzgamiento exclusivo del Presidente: es el máximo tribunal de lo contencioso administrativo y, simultáneamente, el Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno a través de su Sala de Consulta y Servicio Civil. Asesorar jurídicamente a los ministerios y al Ejecutivo tras bambalinas y, al mismo tiempo, actuar como su único juez de tutela en primera instancia destruye la apariencia de imparcialidad exigida por los estándares internacionales y la Carta Política. Prejuzgamiento en el Control de Legalidad: Exigir que las Secciones del Consejo de Estado fallen tutelas en un término de 10 días sobre actos del Presidente contamina la neutralidad de esos mismos magistrados al momento de resolver, posteriormente, las demandas ordinarias de nulidad o nulidad por inconstitucionalidad contra esos mismos decretos. Destrucción del Núcleo Esencial del Artículo 86 Constitucional El "núcleo esencial" comprende los pilares intangibles de un derecho que no pueden ser restringidos ni vaciados de contenido por ninguna autoridad. El Decreto 1446 destruye cuatro elementos estructurales del amparo constitucional: Pilar Afectado Mandato Constitucional (Art. 86 C.P.) Impacto del Decreto 1446 de 2026 Inmediatez Protección urgente, rápida y sumaria ante la amenaza o vulneración. Mueve el trámite a un alto tribunal corporativo en Bogotá saturado de expedientes, dilatando la emisión de medidas cautelares urgentes. Descentralización Competencia "en todo momento y lugar" dentro del territorio nacional. Impone una barrera de acceso geográfica al obligar a los ciudadanos de regiones apartadas a litigar directamente en la capital. Informalidad Recurso accesible, preferente, no técnico y sin necesidad de apoderado. Desplaza la discusión a la lógica procesal especializada del derecho administrativo, exigiendo rigor técnico que desestimula la defensa directa. Universalidad Todos los jueces de la República son jueces de tutela. Priva a los jueces de circuito y municipales de sus atribuciones constitucionales para vigilar y frenar los excesos del poder central. Evolución Histórica de los Decretos de Reparto y Línea Jurisprudencial de la Corte Constitucional El uso de decretos de reparto para modular el control judicial sobre la Presidencia ha seguido una trayectoria pendular a lo largo de distintos gobiernos, encontrando siempre un freno en la jurisprudencia de la Corte Constitucional: [2000] Decreto 1382 (Pastrana) ► Inaplicado por la Corte Constitucional [2021] Decreto 333 (Duque) ► Centralización en el Consejo de Estado [2025] Decreto 799 (Petro) ► Retorno a la descentralización (Jueces de base) [2026] Decreto 1446 (De la Espriella) ► Reinstalación de la centralización La Corte Constitucional ha mantenido una postura uniforme y vinculante a través de autos de conflicto de competencia (como el célebre Auto 124 de 2009 y pronunciamientos recaídos en 2021, 2024, 2025 y 2026): Principio de Incompetencia del Reparto: Las normas expedidas por el Ejecutivo son simples instrucciones de organización administrativa y no otorgan ni quitan competencia sustancial. Ningún juez de la República puede declarar su incompetencia, rechazar una tutela o anular lo actuado bajo el pretexto de que se inobservó un decreto de reparto presidencial. Precedente sobre el Decreto 1382 de 2000 (Andrés Pastrana): Ante el rechazo masivo de tutelas por parte de los juzgados por supuesta incompetencia, la Corte aplicó la excepción de inconstitucionalidad, suspendiendo la eficacia de la regla de reparto para garantizar el acceso a la administración de justicia. Inaplicación del Decreto 333 de 2021 (Iván Duque): Cuando el gobierno de 2021 intentó un esquema de centralización idéntico en el Consejo de Estado, la Corte (en decisiones como el Auto 368 de 2021) ratificó que el decreto no tenía la fuerza legal para derogar la competencia a prevención otorgada por la Constitución a los jueces territoriales, permitiendo que jueces de base siguieran fallando tutelas sobre temas ambientales y de derechos humanos contra la Presidencia. Reprobación Absoluta en el Test de Proporcionalidad (Juicio de Ponderación) Sometido al escrutinio de la metodología del test de proporcionalidad que aplica la jurisdicción constitucional, el Decreto 1446 no supera ninguna de sus etapas: Juicio de Idoneidad: Centralizar las demandas en la capital no es un medio adecuado para garantizar la tutela urgente y expedita de los derechos fundamentales en las regiones. Al contrario, congestiona un alto tribunal y retrasa el amparo. Juicio de Necesidad: La pretendida "unificación jurisprudencial" no requiere la eliminación de la primera instancia territorial. El ordenamiento jurídico ya cuenta con mecanismos idóneos y menos lesivos, como el proceso de selección y revisión eventual ante la Corte Constitucional. Juicio de Proporcionalidad en Sentido Estricto: La norma impone un sacrificio enorme sobre los derechos de acceso a la justicia, inmediatez y descentralización de los ciudadanos, a cambio de otorgarle comodidad procesal o un blindaje político de facto a la Casa de Nariño, lo que resulta axiológicamente inadmisible en un Estado Social de Derecho. La Excepción de Inconstitucionalidad como Deber Judicial y la Supremacía de la Corte Constitucional Frente a la vigencia del Decreto 1446 de 2026, la institucionalidad colombiana dispone de herramientas inmediatas de contención: Aplicación de la Excepción de Inconstitucionalidad (Art. 4 C.P.): Debido a la supremacía de la Carta Política, los jueces municipales y de circuito no deben rechazar las demandas dirigidas contra el Presidente ni remitirlas al Consejo de Estado. Por mandato del principio de perpetuatio jurisdictionis y en cumplimiento de la jurisprudencia fijada en el Auto 124 de 2009, cualquier juez ante quien se radique una tutela tiene el deber ético, legal y constitucional de aplicar el control difuso, inaplicar el Decreto 1446 por ser abiertamente inconstitucional y resolver de fondo la solicitud de amparo. Prevalencia Absoluta de la Corte Constitucional (Art. 241 C.P.): Como guardiana suprema de la Constitución, la Corte Constitucional ejerce el monopolio de la revisión eventual de todas las acciones de tutela falladas en el país, incluidas las emitidas por las salas del Consejo de Estado. La doctrina constitucional que fije la Corte sobre el alcance del Artículo 86 prevalece sobre cualquier decreto del Ejecutivo o providencia de otros altos tribunales, garantizando que la tutela siga siendo un recurso democrático, popular y descentralizado al servicio de los ciudadanos. Conclusiones Invalidez formal por exceso en la potestad reglamentaria: El Decreto 1446 de 2026 adolece de un vicio insubsanable de inconstitucionalidad formal al suplantar la reserva de ley estatutaria (Art. 152 C.P.). Bajo la apariencia de una norma administrativa de reparto, el Poder Ejecutivo alteró la competencia sustancial de los jueces de la República, creando un fuero de juzgamiento especial para la Presidencia que requiere, de forma incontestable, trámite legislativo cualificado en el Congreso y control previo por parte de la Corte Constitucional. Desmantelamiento del modelo constitucional de amparo: La centralización del juzgamiento de las tutelas contra el Ejecutivo en el Consejo de Estado vacía de contenido los pilares axiológicos del Artículo 86 de la Carta Política. Al sacrificar la inmediatez, la informalidad, la universalidad y la descentralización geográfica, la medida transforma un mecanismo popular de protección urgente en un trámite elitizado, corporativo e inasequible para la ciudadanía en los territorios. Incompatibilidad estructural y quiebre del debido proceso: Asignar la tutela en primera instancia al Consejo de Estado genera una tensión objetiva respecto a las garantías del debido proceso y del juez natural (Art. 29 C.P.). La coexistencia de su rol como órgano supremo consultivo del Gobierno con la función de juzgar sus actos quebranta la apariencia de imparcialidad e introduce un riesgo latente de prejuzgamiento frente a los procesos ordinarios de nulidad por inconstitucionalidad. Desproporción axiológica: El Decreto 1446 reprueba de manera categórica el test de proporcionalidad en sus tres fases (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto). La norma sacrifica el núcleo esencial de los derechos fundamentales de acceso a la justicia a cambio de otorgar comodidad procesal o un blindaje político a la Casa de Nariño, existiendo ya mecanismos idóneos —como la revisión eventual ante la Corte Constitucional— para la unificación jurisprudencial. El imperativo del control difuso y la prevalencia constitucional: Frente al intento de restituir un modelo centralista de juzgamiento, el ordenamiento jurídico colombiano dispone de herramientas de resistencia inmediata. En virtud del mandato de supremacía constitucional (Art. 4 C.P.) y el principio de perpetuatio jurisdictionis, los jueces de base (municipales y de circuito) tienen la obligación ética y legal de aplicar la excepción de inconstitucionalidad para inaplicar el acto administrativo y tutelar los derechos demandados. Corresponde a la Corte Constitucional, en su rol de guardiana suprema de la Carta Política, ratificar la inoperancia sustancial de las normas de reparto sobre la competencia a prevención, preservando a la acción de tutela como el mayor logro democrático del Estado Social de Derecho en Colombia.

La Ilusión de la Fuerza ¿Por qué la Ofensiva Militar a Gran Escala Agrava y Perpetúa el Conflicto Armado en Colombia? Cristian Beltrán Barrero Introducción El debate sobre la seguridad nacional y la resolución del conflicto armado en Colombia suele ser presa de una constante trampa retórica: la falsa premisa de que la paz es una función directa de la intensidad del fuego militar. Ante el escalamiento de las acciones armadas o la reconfiguración de los actores al margen de la ley, la respuesta recurrente del poder ejecutivo ha sido la apelación a las "ofensivas militares a gran escala". Sin embargo, una mirada rigurosa a la dinámica operacional, la economía fiscal y la sociología de la guerra demuestra que esta política no solo es incapaz de extinguir la conflagración, sino que la intensifica, la fragmenta y la perpetúa. El presente ensayo crítico sostiene que la política de ofensiva militar masiva opera como un "atajo visceral" que ataca las manifestaciones visibles de la violencia mientras desfinancia y agrava sus causas estructurales. Lejos de pacificarlo, la intensificación punitiva degrada el conflicto, transformándolo en un megaconflicto de múltiples violencias simultáneas. A través de un análisis del costo de oportunidad fiscal, la falacia de diagnóstico institucional y la instrumentalización de las pasiones colectivas, se demuestra por qué la vía exclusivamente coercitiva es un modelo insostenible que retroalimenta de forma indefinida el ciclo de la guerra en Colombia. Realidad Operacional y el Costo Humano en la Fuerza Pública Para evaluar objetivamente las implicaciones de una ofensiva militar intensificada, es preciso examinar la afectación directa a los propios miembros de la Fuerza Pública. Aunque en el debate público suelen difundirse afirmaciones sobre incrementos dramáticos de hasta un 400% en las bajas de soldados, la revisión de las cifras oficiales del Ministerio de Defensa y del contexto táctico revela una realidad distinta, aunque no por ello menos grave. No existen consolidados oficiales que corroboren la cifra del 400%; sin embargo, los registros sí documentan un incremento histórico sustancial en agresiones, emboscadas y homicidios de uniformados, con repuntes que oscilan entre el 120% y el 140% en periodos de confrontación agudizada, acompañados de un aumento del 75% al 88% en el número de heridos. Este incremento no es un fenómeno aislado, sino la respuesta directa a la dinámica de operaciones a gran escala en regiones de alta densidad de actores armados como el Catatumbo, el suroccidente colombiano y el Chocó. Al intensificarse las incursiones en áreas de control territorial ilegal, las tropas quedan expuestas a métodos de guerra asimétrica: uso de dispositivos explosivos improvisados, ataques con drones y emboscadas en terrenos minados. Así, el intento de sofocar el conflicto mediante el choque frontal no neutraliza al enemigo de forma limpia, sino que multiplica los frentes de combate y dispara el costo en vidas humanas dentro de las propias filas del Estado. La Metástasis Territorial: De Conflicto Estructural a Megaconflicto Fragmentado El primer gran fallo de la ofensiva militar a gran escala e indiscriminada es que no extingue las organizaciones armadas; las atomiza. Este fenómeno de dispersión transforma un escenario bélico con mandos claros en un entramado incontrolable de violencias hiperlocalizadas: Ruptura De La Cadena De Mando Y Proliferación De Actores: Cuando los ataques aéreos o las incursiones masivas desarticulan los mandos centrales de una estructura, las unidades locales no se rinden. Se independizan y mutan en decenas de disidencias, facciones autónomas y bandas criminales con liderazgos propios. El Estado pasa de enfrentar a un actor con doctrina y jerarquía a combatir un mosaico inabarcable de grupos independientes. Urbanización De La Violencia Y Escudos Humanos: Ante el despliegue de fuego de alto poder en áreas rurales abiertas, las facciones armadas se pliegan hacia caseríos, resguardos indígenas y cascos urbanos, utilizando a la población civil como barrera de protección. La confrontación abandona la selva y se traslada a la vida cotidiana de las comunidades a través de la extorsión, el microtráfico y el control social severo. Captura Total De Economías Criminales: Desprovistas de mandos centrales o banderas ideológicas, las estructuras atomizadas degradan su accionar y pasan a depender exclusivamente del control de rentas ilícitas locales (narcotráfico, minería ilegal y extorsión), desatando guerras encarnizadas entre sí por corredores de movilidad. Imposibilidad De Soluciones Globales: La fragmentación del mapa armado anula la eficacia de las negociaciones de paz o pactos humanitarios marco. Lograr un acuerdo con una facción en un territorio determinado resulta inútil cuando en el mismo municipio operan otras tres estructuras autónomas que no responden a ningún mando superior. Dimensión Conflicto Centralizado Megaconflicto Fragmentado (Post-Ofensiva) Cadena de Mando Jerárquica y unificada. Facciones y disidencias autónomas e incontrolables. Despliegue Táctico Áreas rurales abiertas y campamentos. Mimetización en caseríos, resguardos y zonas urbanas. Naturaleza del Actor Discurso político y control territorial. Captura 100% por rentas ilícitas y crimen organizado. Viabilidad de Paz Negociación y verificación centralizada. Inoperancia de acuerdos marco por atomización. La Economía de la Guerra: El Círculo Vicioso del Desplazamiento Fiscal El sostén financiero de una ofensiva militar de gran escala genera una distorsión profunda en el presupuesto público. Bajo la lógica de la "sábana corta", los recursos destinados a equipamiento bélico, aviación, logística y munición de alto poder se restan directamente de la inversión en el desarrollo social. Incremento de la Ofensiva Militar a Gran Escala  Absorción masiva de recursos del Presupuesto Nacional  Desfinanciamiento de Educación, Salud, Cultura y Campo  Profundización de la Pobreza, Brechas y Desigualdad  Aumento del Reclutamiento y Expansión de Rentas Ilegales Recrudecimiento de la Violencia y Necesidad de Más Gasto Militar  Este mecanismo de retroalimentación negativa demuestra que el modelo represivo es económicamente insostenible. Al recortar fondos en educación, infraestructura rural, fomento cultural y deporte para financiar la guerra, el Estado desmantela las pocas alternativas legales disponibles para la juventud periférica. De este modo, la falta de inversión social perpetúa la "cantera inagotable" de reclutas de la que se nutren los grupos armados, haciendo que el propio Estado termine financiando indirectamente las condiciones que garantizan la continuidad de la violencia. La Falacia de Diagnóstico: La "Falta de Bombardeos" como Causa Falsa El error categorial medular de la política de ofensiva militar masiva radica en su incapacidad para distinguir entre los síntomas y las causas del conflicto. Al presentar la intensificación del fuego bélico como la solución prioritaria para la pacificación, el gobierno asume implícitamente una premisa absurda: que la "causa" del conflicto armado en Colombia es la ausencia o insuficiencia de ofensiva militar y bombardeos. Esta postura representa una inversión lógica. La confrontación armada no es el origen de la crisis nacional, sino la consecuencia de factores estructurales históricamente desatendidos: La extrema concentración de la propiedad rural y la ausencia de una reforma agraria. La pobreza estructural y la desigualdad multidimensional en las periferias. La presencia asimétrica de un Estado que llega a las regiones únicamente mediante la bota militar, pero omite su función garantista como Estado Social de Derecho. La alta rentabilidad de las economías ilícitas como único motor de acumulación local. Pretender resolver la violencia mediante el exterminio del combatiente mientras se mantienen intactas las condiciones socioeconómicas que originan la rebelión y el crimen equivale a intentar curar una enfermedad atacando únicamente sus síntomas. Un bombardeo puede destruir un campamento, pero deja incólume el ecosistema de abandono que generará nuevos combatientes al día siguiente. El Atajo Visceral: Populismo Punitivo y la Evasión de la Transformación Social Más allá de sus fallas operacionales y fiscales, la política de ofensiva militar a gran escala opera fundamentalmente como un dispositivo psicosocial y comunicacional. Se trata de un "atajo facilista" y visceral que renuncia a la planificación racional para instrumentalizar las pasiones más primarias de la sociedad: Explotación de la ira y el miedo: Ante la crueldad de la guerra, la sociedad experimenta dolor e indignación. En lugar de procesar ese dolor mediante la justicia, la reparación y la reconstrucción institucional, la respuesta militar masiva canaliza el resentimiento colectivo hacia la sed de retribución. El despliegue de fuerza se vende como el "castigo ejemplar" que calma de forma inmediata la ira pública. La ilusión triunfalista de la fuerza: La difusión mediática de operativos y neutralizaciones genera una euforia pasajera y una falsa sensación de control. Sin embargo, el impacto televisivo de un bombardeo no altera la vulnerabilidad estructural de las comunidades golpeadas por la violencia. Evasión de la responsabilidad histórica: Transformar el campo, formalizar la tierra, construir escuelas y llevar justicia civil exige tiempo, capital político y gestión administrativa compleja. La ofensiva militar, en cambio, ofrece un espectáculo de contundencia de rápida ejecución. Priorizar la vía armada le permite al Estado eludir la autocrítica sobre su propia negligencia histórica, disfrazando la falta de voluntad para hacer reformas sociales bajo el discurso del heroísmo bélico. Conclusiones La evidencia histórica, económica y sociológica acumulada a lo largo de siete décadas de confrontación en Colombia demuestra de forma incontestable que la política de ofensiva militar a gran escala es una fórmula agotada, ineficaz y contraproducente. Su aplicación no conduce al apaciguamiento del territorio, sino a la degradación y metástasis del conflicto armado, multiplicando las violencias locales y sometiendo a la población civil y a la propia Fuerza Pública a un desgaste insostenible. El verdadero drama de insistir en la respuesta exclusivamente coercitiva es que consolida una trampa diagnóstica: al asumir de manera implícita que la causa de la guerra radica en la falta de contundencia bélica, el Estado justifica un gasto militar desmedido que desfinancia los sectores estratégicos del desarrollo humano, como la educación, la cultura y la transformación agraria. Al golpear los síntomas y profundizar las causas estructurales, la ofensiva militar masiva deja de ser una estrategia de seguridad para convertirse en el motor principal que perpetúa el círculo vicioso de la violencia. La pacificación real y duradera de Colombia no vendrá de la ilusión punitiva ni del espectáculo de la fuerza destructiva, sino de la capacidad del Estado para abandonar las soluciones viscerales y asumir el compromiso histórico de instaurar una presencia institucional integral, equitativa y garantista en cada rincón del territorio nacional.

20221215 Sïntesis Sentencia STC 16717 DE 2022

Acción de Tutela contra Providencias Judiciales Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil y Agraria M. Ponente: Francisco Ternera Barrios N.° de Proceso: T 0800122130002022-00515-01 N.° de Providencia: STC16717-2022 Fecha: 15 de diciembre de 2022 Decisión: Revoca la decisión de primera instancia y niega la tutela. Accionante: Yobelis Mares Flórez Accionado: Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla Síntesis del Asunto Antecedentes Fácticos La ciudadana Yobelis Mares Flórez promovió un proceso de fijación de cuota alimentaria contra su expareja (con quien convivió 19 años). El Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla rechazó la demanda por no haber sido subsanada en el sentido de acreditar la calidad de compañera permanente mediante prueba solemne (escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial). Asimismo, el juzgado declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto contra dicho auto. La accionante interpuso acción de tutela solicitando el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Problemas Jurídicos ¿Vulnera el derecho al debido proceso la decisión de negar el recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda en un proceso de fijación de cuota alimentaria a favor de un mayor de edad? ¿Se vulnera dicho derecho al exigir la demostración solemne del vínculo (compañera permanente) como requisito previo para dar trámite a la demanda de alimentos? Decisión de la Sala de Casación Civil La Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia de primera instancia constitucional y negó el amparo, con sustento en las siguientes consideraciones: Improcedencia de la Apelación La decisión del juzgado accionado se ajusta al ordenamiento jurídico (artículos 21.7 y 390.2 del Código General del Proceso), los cuales contemplan que los procesos de fijación de cuota alimentaria se tramitan mediante el proceso verbal sumario de única instancia. Por consiguiente, los autos proferidos en este trámite no son susceptibles del recurso de apelación. Razonabilidad en la Exigencia de la Prueba Solemnizada El juzgado accionado fundamentó su decisión en un análisis hermenéutico admisible: Para adelantar el trámite de alimentos, se deben verificar tres presupuestos: La necesidad del alimentario. La capacidad del alimentante. El vínculo o título jurídico entre ambos. El estrado accionado estimó razonable exigir que la calidad de compañera permanente conste en un título idóneo (sentencia, acta de conciliación o escritura pública) inscrito o anotado en el registro civil. La Sala concluyó que, al existir una motivación jurídica razonable por parte del juez natural, la simple discrepancia interpretativa de la tutelante no constituye una vía de hecho que amerite la intervención del juez constitucional. Salvamento de Voto Magistrado: Octavio Augusto Tejeiro Duque Tema: Libertad probatoria en la acreditación del estado civil de compañero(a) permanente en procesos de alimentos Relevancia Constitucional del Asunto El debate planteado trasciende la simple discrepancia interpretativa e involucra garantías fundamentales. La Sala de Casación Civil debió resolver el fondo de la controversia para unificar el criterio jurisprudencial, dada la desproporcionada limitación que la exigencia de una tarifa legal probatoria representa para el acceso a la administración de justicia de quienes conforman familias originadas en vínculos naturales (familias de hecho). Marco Constitucional: Protección de la Familia Fáctica e Irrelevancia del Formalismo A la luz del artículo 42 de la Constitución Política de 1991, el Estado colombiano tiene el deber imperativo de proteger de manera equiparable e igualitaria a la familia, sin distinción de su origen (jurídico o natural): Naturaleza fáctica del vínculo: La Unión Marital de Hecho es una comunidad de vida, permanente y singular, que nace, cobra existencia y surte eficacia jurídica por el hecho mismo de la convivencia, ajeno a cualquier solemnidad inicial. Efectividad de los derechos sustanciales: Exigir formalismos o tarifas legales ajenas a la esencia puramente fáctica de la unión desnaturaliza su origen y obstaculiza el ejercicio efectivo de los derechos y deberes constitucionales que de ella emanan, tales como el deber de auxilio, asistencia y socorro mutuo. Principio general: Como regla general, la calidad de compañero o compañera permanente se demuestra a través del principio de libertad probatoria, utilizando cualquier medio de convicción pertinente, útil y conducente. Inaplicabilidad del Estatuto del Registro Civil (Decreto 1260 de 1970) La solemnidad del registro exigida para el estado civil en el Decreto 1260 de 1970 no resulta aplicable a la Unión Marital de Hecho por dos razones sustanciales: Inexistencia histórica y normativa del registro: Al expedirse el Decreto 1260 de 1970, el legislador reguló exclusivamente el registro de nacimiento, matrimonio y defunción. La Unión Marital de Hecho y el estado civil de sus integrantes solo ingresaron al ordenamiento formalmente con la Ley 54 de 1990 y la Constitución Política de 1991. Excepción expresa del artículo 105: El artículo 105 del Decreto 1260 de 1970 excluye del requisito de inscripción o registro formal a aquellos hechos respecto de los cuales la ley no exija explícitamente dicha formalidad para su demostración. Alcance Restringido del Artículo 4° de la Ley 54 de 1990 (Modificado por la Ley 979 de 2005) La exigencia de demostrar la condición de compañeros permanentes a través de escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial constituye una excepción de aplicación restrictiva: PRINCIPIO GENERAL: LIBERTAD PROBATORIA (Cualquier medio probatorio pertinente y conducente) EFECTOS DE CARÁCTER PERSONAL (Alimentos, seguridad social) EFECTOS PATRIMONIALES Y OTROS CASOS ESPECIALES Aplica Libertad Probatoria. Son inaplicables las solemnidades del Art. 4° de la Ley 54/90. Exige prueba solemne según: Art. 4° Ley 54/90 (Sociedad Patrimonial). Art. 124 CIA (Adopción). Finalidad puramente patrimonial: El análisis del contexto y la historia legislativa (Proyectos de Ley de 1988, 2003 y 2005) confirma que el artículo 4° de la Ley 54 de 1990 fue diseñado con el propósito exclusivo de otorgar certeza a la declaración, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial y sus efectos económicos, corrigiendo la desprotección patrimonial histórica de los concubinos. Prohibición de extensión analógica: De conformidad con el artículo 31 del Código Civil, no es jurídicamente admisible extender una exigencia formal concebida para regular efectos patrimoniales a pretensiones de carácter estrictamente personal o asistencial, como la obligación de suministrar alimentos derivada del socorro mutuo. Excepciones expresas en la ley: Cuando el legislador ha querido exigir solemnidades específicas en asuntos no patrimoniales, lo ha señalado de forma explícita, como ocurre en la adopción entre compañeros permanentes (art. 124 del Código de la Infancia y la Adolescencia). Precedentes de Altas Cortes: La libertad probatoria para acreditar el vínculo fáctico en asuntos no patrimoniales ni económicos ha sido ampliamente refrendada por: Corte Constitucional: Sentencia C-131 de 2018 (ratio decidendi sobre libertad probatoria para reclamar derechos asistenciales, pensionales y de alimentos). Corte Suprema de Justicia (Sala Laboral): Sentencia SL5524-2016 (la calidad de compañero no nace de ritualidades solemnes sino del devenir cotidiano). Corte Suprema de Justicia (Sala Penal): Sentencia SP659-2021 (rechazo a la tarifa legal probatoria exclusiva para acreditar la unión marital). Aplicación al Caso Concreto: Proceso de Alimentos Requisito procesal de anexo (Art. 85 del CGP): Para admitir una demanda de alimentos promovida por un compañero permanente, la ley exige presentar una prueba sumaria inicial que acredite la legitimación en la causa en la cual se actúa. Celeridad y prevalencia del derecho sustancial: Condicionar el inicio del trámite de alimentos a la consecución previa de una prueba solemne o a la culminación de un juicio declarativo imposibilita la satisfacción oportuna de las necesidades vitales del alimentario, sometiéndolo a una carga desproporcionada e incompatible con el trámite verbal sumario. Suficiencia probatoria de la declaración jurada: La declaración jurada extraprocesal aportada con la demanda —suscrita por la accionante y su convocado— constituía un medio probatorio sumario suficiente para admitir la demanda y dar curso al proceso de fijación de cuota alimentaria, sin perjuicio del debate probatorio ordinario que corresponda al juez de instancia al dictar sentencia. Conclusión: El Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla incurrió en una vía de hecho y vulneró el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la accionante al exigirle, como presupuesto de admisión, una prueba solemne e inaplicable para reclamar la prestación alimentaria.