Discursos y Dimensiones de la Justicia en Equidad en Colombia Cristian Beltrán Barrero Introducción La justicia en equidad ha ganado relevancia en Colombia como una herramienta para abordar desafíos sociales, jurídicos y culturales, promovida a través de políticas y programas en diversos contextos del país. Este capítulo analiza los discursos que sustentan su implementación, los enfoques de los programas de promoción y los elementos clave para su sostenibilidad, proponiendo un marco integral para su desarrollo. La tesis central es que la justicia en equidad debe construirse desde las dinámicas comunitarias, articulando operadores, normas sociales y redes locales para garantizar su legitimidad y eficacia. Discursos que Promueven la Justicia en Equidad La justicia en equidad se impulsa en Colombia como respuesta a múltiples necesidades sociales, destacándose tres motivaciones principales: mejorar la convivencia, facilitar el acceso a la justicia y descongestionar el sistema judicial (Cuervo, 2004). Estas motivaciones reflejan los desafíos del contexto colombiano y los objetivos de las políticas públicas. Convivencia Pacífica En un país marcado por altos niveles de violencia social, la justicia en equidad se presenta como una herramienta para fomentar la convivencia pacífica. Su capacidad para resolver conflictos con rapidez, integralidad y satisfacción para las partes la convierte en un mecanismo idóneo para: Establecer normas sociales efectivas que regulen comportamientos. Prevenir la escalada de conflictos. Restaurar vínculos sociales rotos. En todos los casos estudiados, los promotores destacan la convivencia como el principal argumento para su implementación. Sin embargo, según Roig (2000), aunque los usuarios suelen conciliar y cumplir los acuerdos, la mejora en las relaciones interpersonales no siempre se logra, lo que sugiere la necesidad de evaluar su impacto real en este ámbito. Acceso a la Justicia La justicia en equidad se promueve como una alternativa accesible para sectores marginados que enfrentan barreras económicas, geográficas y culturales en el sistema judicial tradicional. Sus ventajas incluyen: Bajo costo: Reduce la carga financiera para los usuarios. Proximidad física: Los operadores actúan en comunidades locales, incluso en áreas remotas. Proximidad cultural: Utiliza un lenguaje y procedimientos alineados con las normas sociales de la comunidad. Tanto el Ministerio de Justicia, a través de su Dirección General de Acceso a la Justicia, como el Consejo Superior de la Judicatura, consideran la justicia en equidad un pilar para mejorar el acceso a la justicia, especialmente en contextos de marginalidad. Descongestión del Sistema Judicial En respuesta a la saturación de los despachos judiciales, particularmente en grandes ciudades, la justicia en equidad se plantea como un mecanismo para aliviar la carga de los juzgados. Más de la mitad de las ONG promotoras destacan este objetivo, midiendo su impacto en el número de casos atendidos (Ardila, 2003). Aunque el Consejo Superior de la Judicatura no lo incluye explícitamente en sus políticas de descongestión, los jueces locales reconocen que estas figuras reducen la presión sobre el sistema judicial ordinario. Tensión entre Democratización y Exclusión La justicia en equidad se impulsa con una doble dinámica dentro del Estado: Democratizante: Busca ampliar el acceso a la justicia para sectores excluidos, fortaleciendo la legitimidad del sistema jurídico. Excluyente: Podría consolidar una justicia de menor calidad para poblaciones marginadas, perpetuando su abandono por parte del Estado. Aunque la perspectiva democratizante predomina en los discursos oficiales, su implementación plantea interrogantes sobre si, en la práctica, se está garantizando una justicia de calidad o simplemente delegando responsabilidades a comunidades sin suficiente apoyo institucional. Propuesta para un Programa Integral de Justicia en Equidad Para que la justicia en equidad sea sostenible, debe ir más allá de la mera designación de operadores y centrarse en su integración con las dinámicas comunitarias. Proponemos un programa que contemple tres dimensiones interconectadas: comunitaria, institucional y de redes. Dimensión Comunitaria La justicia en equidad debe construirse desde las normas y estructuras de poder de las comunidades, promoviendo: Identidad y empoderamiento: Reflexión colectiva sobre las normas sociales para alinear las decisiones de los operadores con el justo comunitario. Participación: Procesos participativos en la selección, designación y control de los operadores, asegurando su legitimidad. Autorreflexión: Evaluación de los vectores identitarios y organizativos de la comunidad para que la justicia en equidad sea una extensión de sus dinámicas normativas. Esto implica un enfoque de largo plazo que fortalezca los vínculos entre operadores y comunidades, evitando imponer modelos externos que desconozcan el contexto local. Dimensión Institucional La construcción institucional debe partir de las prácticas existentes de gestión de conflictos, transformándolas en figuras de justicia en equidad. Esto requiere: Identificación de mecanismos locales: En lugar de importar normas, se deben evaluar las prácticas comunitarias de resolución de conflictos. Formación adaptada: Los operadores necesitan capacitación en competencias legales (marco jurídico, metodologías de conciliación) y en la identificación y aplicación de normas sociales. Perfiles contextualizados: Los operadores deben responder a las necesidades específicas de cada comunidad, evitando perfiles genéricos. La designación debe ser participativa y transparente, reforzando la legitimidad del operador como autoridad comunitaria y actor del sistema judicial. Dimensión de Redes La sostenibilidad de la justicia en equidad depende de su articulación con redes locales y nacionales que proporcionen apoyo, dirección y control. Esto incluye: Redes locales: Espacios deliberativos que integren diversos actores (estatales, comunitarios, privados) para respaldar a los operadores y garantizar su arraigo. Redes nacionales: Espacios como la Comisión Nacional de Justicia en Equidad, que coordina políticas públicas y fomenta la convergencia entre actores. Redes sectoriales: Asociaciones de operadores (como colegios de jueces de paz o la Asociación Colombiana de Conciliadores en Equidad) que fortalecen su incidencia, aunque deben evitar desvincularse de las comunidades. La construcción de redes deliberativas y democráticas asegura que las figuras sean sostenibles y respondan a las necesidades locales. Evaluación de los Programas de Implementación Los programas de justicia en equidad en Colombia han avanzado significativamente, pero enfrentan desafíos que limitan su sostenibilidad. A continuación, se analizan sus características, carencias y elementos clave para su éxito. Avances y Limitaciones En 2005, había conciliadores en equidad en cerca de 140 municipios, con 1.700 operadores certificados y 400 en proceso, además de más de 1.000 jueces de paz en más de 50 municipios (Roig, 2005; CSJ, 2005). Sin embargo: Falta de coordinación: La coexistencia de figuras como jueces de paz y conciliadores en equidad, sin criterios claros de articulación, genera confusión sobre sus roles y competencias. Enfoque institucional limitado: Los programas se centran en la designación y capacitación de operadores, descuidando la construcción social de la figura. Falta de contextualización: No se diferencian los escenarios de implementación (ciudadanía, pluralidad jurídica, caos), lo que reduce su efectividad en contextos complejos como zonas de conflicto armado. Precariedad logística: Los operadores asumen costos personales y carecen de apoyo institucional continuo, lo que limita su capacidad de acción. Carencias en la Sostenibilidad La falta de una construcción social profunda es la principal debilidad de los programas. La mayoría se enfoca en aspectos institucionales (designación, capacitación) y divulgación, dejando a los operadores la carga de construir la legitimidad de la figura. Esto, combinado con recursos limitados y la falta de continuidad, ha llevado a que muchos procesos se debiliten con el tiempo. Condiciones para el Éxito: Las Cuatro C Proponemos cuatro condiciones esenciales para programas de justicia en equidad sostenibles: Construcción: Los programas deben partir de las dinámicas normativas y organizativas locales, reorganizándolas para crear instituciones arraigadas. Contextualización: Las figuras deben adaptarse a las particularidades culturales, sociales y políticas de cada comunidad, evitando modelos estandarizados. Complejidad: Los programas deben abordar las dimensiones comunitaria, institucional y de redes, articulando operadores, normas sociales y actores locales. Continuidad: La sostenibilidad requiere apoyo institucional estable y espacios deliberativos que orienten y controlen las figuras a largo plazo. Contexto y Operadores El éxito de la justicia en equidad depende de un contexto favorable y operadores adecuados: Contexto: Comunidades con dinámicas identitarias fuertes, insatisfacción con los mecanismos tradicionales de justicia y ausencia de interferencia de actores armados son ideales para estos programas. Operadores: Deben tener claridad sobre su rol, compromiso con la comunidad, conocimiento de las normas sociales y reconocimiento como autoridades locales. Modelos Institucionales en los Programas Los programas reflejan tres modelos institucionales para los operadores: Paralegal: Promovido por ONG como Región y Plural, ve la justicia en equidad como una extensión del sistema judicial para garantizar acceso a sectores marginados, fortaleciendo la legitimidad del Estado (López, 2005; Novoa, 2005). Empresarial: Liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá, enfoca la justicia en equidad como un servicio que responde a la demanda de resolución de conflictos, priorizando la capacitación técnica y la eficiencia (Barreto & Perafán, 2000). Autoridad comunitaria: Aunque es el modelo ideal, es el menos desarrollado, ya que los programas tienden a desvincular a los operadores de las dinámicas comunitarias. En la práctica, estos modelos se mezclan, pero el enfoque empresarial ha ganado terreno, priorizando la capacitación técnica sobre la integración comunitaria. Hacia una Justicia en Equidad Sostenible La experiencia de más de una década en Colombia demuestra el potencial de la justicia en equidad para transformar la gestión de conflictos, pero su sostenibilidad requiere superar las limitaciones actuales. Los programas deben priorizar la construcción social, articulando las figuras con las normas y estructuras de poder comunitarias, y garantizar continuidad a través de redes locales y nacionales. La Comisión Nacional de Justicia en Equidad y espacios como la Mesa Distrital de Justicia Comunitaria de Bogotá son pasos hacia una mayor coordinación, pero el desafío persiste en contextualizar las figuras y fortalecer su legitimidad comunitaria sin sacrificar su validez jurídica.