Formas De Justicia Comunitaria En La Geografía Colombiana  Al emprender un recorrido por la geografía nacional, observamos que, a medida que nos alejamos de los centros urbanos hacia territorios más remotos, la presencia de las estructuras jurídicas del Estado se desvanece progresivamente. En su lugar, emergen con vigor las prácticas de justicia comunitaria, que demuestran una notable capacidad para gestionar los conflictos que surgen en las comunidades. Estas prácticas, lideradas por operadores de justicia comunitaria, se integran de manera autónoma en la dinámica social, respondiendo a las necesidades locales con una eficacia que refleja la riqueza cultural y organizativa de los territorios. Sin embargo, tanto en entornos rurales como urbanos, estas figuras de justicia comunitaria suelen pasar desapercibidas para la mayoría de la sociedad. Su labor, crucial para la transformación de conflictos y la construcción de acuerdos, permanece en gran medida invisible. Esta falta de reconocimiento ha motivado la creación de este ensayo, que busca visibilizar estas experiencias históricas de resolución pacífica de conflictos, las cuales han alejado a las comunidades de la violencia y fortalecido la convivencia a pequeña escala. Es más probable que una persona interactúe con formas de justicia comunitaria o procesos de mediación social que con las instituciones judiciales formales del Estado, y este ensayo invita al lector a reconocer estas prácticas a través de los relatos que se desarrollan en sus capítulos. En Colombia, la justicia comunitaria se manifiesta en diversas formas, como las juntas de acción comunal, los comités de convivencia, los comités de mediación escolar, los sistemas de justicia propia de los pueblos indígenas (taitas, curacas, jaibanás, palabreros), los consejos comunitarios de las comunidades afrodescendientes, los jueces de paz, los conciliadores en equidad y los mediadores comunitarios, entre otros. Estas prácticas constituyen un mosaico de justicias que, dispersas por el territorio nacional, son el resultado de procesos sociales e institucionales arraigados en la autonomía y el gobierno propio. Representan una forma de resistencia civil no violenta, que responde a las demandas de acceso a la justicia y fortalece la cohesión social en contextos diversos. A pesar de la presencia constante de estas alternativas, las personas tienden a recurrir primero a los procesos judiciales convencionales, a menudo con un enfoque confrontacional, utilizando el sistema judicial como una herramienta de intimidación más que de resolución. Frases como “si no me paga, lo demandaré” o “nos veremos en los juzgados” reflejan esta mentalidad. Sin embargo, la judicialización de conflictos contribuye a la congestión de la Rama Judicial, generando procesos largos, ineficientes y, en muchos casos, incapaces de garantizar el derecho fundamental al acceso a la justicia. Según la Corporación Excelencia en la Justicia, en 2021 el índice de congestión judicial fue del 58,1%, y en 2020, del 62,7%, lo que indica que más de la mitad de los procesos judiciales quedan sin resolver. Esta situación no solo perpetúa los conflictos, sino que también agrava las tensiones sociales al dejar desatendidos los vínculos rotos, lo que puede derivar en violencia o emociones no gestionadas. El habitus de los colombianos, entendido como los esquemas de percepción y acción arraigados en la cultura, tiende a priorizar la confrontación sobre la negociación, utilizando el sistema judicial como un medio de venganza más que de restauración de derechos o reconstrucción de relaciones. Aunque es preferible recurrir a la justicia formal antes que a la violencia privada, esta dinámica revela una carencia estructural: la incapacidad del sistema para responder de manera oportuna y efectiva a las necesidades de las comunidades. En este contexto, las formas de justicia comunitaria emergen como pilares de la convivencia pacífica, ofreciendo alternativas no violentas para la resolución de conflictos cotidianos. Estas prácticas, que operan en contextos rurales, urbanos y periurbanos, facilitan el diálogo, promueven acuerdos basados en la justicia y reconocen la diversidad cultural como un recurso para gestionar diferencias. En muchos casos, los Estados han respaldado estas iniciativas, promoviendo figuras institucionales que fomentan el diálogo y la construcción de acuerdos, integrando así la justicia comunitaria en el entramado social. Lejos de ser exclusivas de contextos rurales o comunidades indígenas, las prácticas de justicia comunitaria están presentes en grandes ciudades, municipios intermedios y periferias, permeando incluso el ámbito continental. En América Latina, estas experiencias enfrentan las violencias estructurales heredadas del colonialismo, como el racismo, el sexismo, el clasismo, el patriarcado y el especismo, que se entrelazan en sistemas de opresión que configuran subjetividades y relaciones sociales. Desde una perspectiva interseccional, estas violencias forman una matriz que estructura el orden social, moldeando las formas en que las personas abordan los conflictos y garantizan sus derechos. Sin embargo, frente a estas dinámicas opresivas, las comunidades han desarrollado narrativas de resistencia que priorizan la autonomía, la solidaridad, el cuidado de la vida y el valor de lo común, tejiendo un tapestry de prácticas que desafían las desigualdades y promueven la convivencia. En zonas de conflicto armado, donde las violaciones a los derechos humanos son frecuentes, la intersección de estas desigualdades agrava los desafíos. Las comunidades a menudo enfrentan presiones de actores armados que buscan imponer su control sobre la resolución de conflictos, limitando la autonomía de los operadores de justicia comunitaria. Estos operadores, que actúan desde la resistencia, enfrentan amenazas, confinamientos y, en casos extremos, desplazamiento forzado, lo que pone en riesgo su labor y su seguridad. A pesar de estas adversidades, su trabajo sigue siendo un baluarte de la resistencia civil no armada, promoviendo la justicia y la convivencia en contextos de alta conflictividad. Este ensayo busca responder a preguntas esenciales:  ¿Cómo pueden las comunidades transformar los conflictos en oportunidades para la convivencia? ¿Qué han hecho los Estados y las comunidades para gestionar las diferencias?  ¿Cuáles son los desafíos de las prácticas de justicia comunitaria?  ¿Cómo contribuyen estas experiencias a la construcción de espacios de convivencia?  En este escrito, exploro las historias de quienes optan por resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo, evitando la escalada de la violencia y fortaleciendo los lazos sociales. La justicia comunitaria se define aquí como un sistema de administración de justicia arraigado en la identidad cultural de las comunidades, donde los operadores, legitimados por su autoridad local, gestionan los conflictos según las normas y valores compartidos.  Este sistema se sustenta en tres elementos clave: La comunidad, entendida como un conjunto de estructuras normativas que configuran identidades y proyectos colectivos. La transformación de conflictos, a través de instituciones, procedimientos y actores que regulan las disputas para preservar la convivencia. Las normas sociales, que actúan como referentes para las decisiones, conectando la comunidad con la administración de justicia. La mediación, como práctica central de la justicia comunitaria, se aborda en dos dimensiones: Como un proceso en el que un tercero facilita acuerdos entre las partes, sin imponer decisiones. Como una intervención flexible, basada en las habilidades de mediadores legitimados por sus comunidades, que operan sin un marco normativo estricto, pero con un sustento institucional propio. Estas experiencias, que abarcan desde las comunidades afrodescendientes hasta las campesinas de Sumapaz o Palmichales, reflejan una diversidad de enfoques, pero comparten objetivos comunes: promover la resolución pacífica de conflictos, superar barreras de acceso a la justicia y construir órdenes sociales semiautónomos basados en la cultura y las necesidades locales. En un contexto de desigualdades históricas, la justicia comunitaria se posiciona como una herramienta de transformación social, alineada con una ecología de saberes que reconoce la validez de diferentes formas de conocimiento. Este enfoque desafía la jerarquización de saberes occidentales sobre los comunitarios, promoviendo relaciones más equitativas entre racionalidades diversas. Al hacerlo, no solo se fortalecen las prácticas de justicia comunitaria, sino que se contribuye a la construcción de una sociedad más justa, democrática y en armonía con la diversidad cultural y natural.