Golpe De Estado Judicial En Colombia
Cristian Beltrán Barrero
Una vez más, resuenan los ecos de un posible golpe de Estado en Colombia. No son simples rumores ni algo que podamos descartar a la ligera. Desde 2022, esta idea se ha convertido en la gran obsesión de la oligarquía nacional. El poder económico dicta las órdenes, el viejo régimen traza los planes, los medios de comunicación preparan el terreno y la derecha judicial ejecuta. Esta situación evidencia, una vez más, la desigualdad de poder entre la izquierda y la derecha. Mientras la izquierda representa la resistencia popular al viejo orden y la defensa de lo común, la derecha encarna un culto a los privilegios y la desigualdad. La izquierda cuenta únicamente con el poder de la movilización social y los triunfos electorales. En cambio, la derecha controla los bancos, las grandes fortunas, el aparato de violencia, el poder territorial y mafioso, los medios de comunicación y un arraigo antidemocrático en el Estado. Nunca se repliegan ni son derrotados estructuralmente; su axioma es claro: todo les pertenece. Hoy, algunos magistrados de las altas cortes y la cúpula de la Fiscalía representan ese anclaje antidemocrático en el Estado. Acostumbrados a combinar todas las formas de lucha, consideran su deber derrocar al primer gobierno popular y de izquierda en la historia de Colombia. El discurso sobre el “respeto a las instituciones” es repetitivo y engañoso. Es el mantra de exministros, opinadores, expertos y técnicos, entre otros representantes de la élite nacional. Sin embargo, este “respeto” no es más que una exigencia de sometimiento al statu quo. Por eso, aunque Petro sea presidente, no lo consideran digno de respeto; después de todo, no pertenece a su círculo. Pero si Petro denuncia la corrupción de la derecha judicial, los medios y el llamado “centro” se escandalizan por el supuesto “ataque a las instituciones”. No les interesan las instituciones en sí, sino quién las controla. Los apellidos de siempre gozan de una aura de infalibilidad, mientras que los funcionarios de este gobierno, provenientes del campo popular, son vistos como impostores. Esta percepción tiene profundas resonancias coloniales. Las amenazas de golpe de Estado deben tomarse en serio. En un país marcado por magnicidios, exterminios, violencia oligárquica y un oligopolio mediático cómplice de masacres, no podemos descartar la posibilidad de un golpe contra el gobierno de Petro. La respuesta está clara. Este gobierno existe gracias a la movilización popular, un ciclo creciente que comenzó en 2011 y culminó en 2022. Lo que ha mantenido a Petro hasta ahora es que, pese a los constantes ataques mediáticos, sigue siendo un ícono de las mayorías sociales. Ante las amenazas, la respuesta de Petro es acertada: el llamado a la movilización. No solo porque es el corazón del proyecto democrático, sino porque es nuestro verdadero poder. No hay que temerle a la movilización; es el origen del cambio y su mayor garantía. Un último apunte: en 2013, Alejandro Ordóñez creyó que al destituir al alcalde de Bogotá lo destruiría políticamente. Sin embargo, las inmensas movilizaciones de finales de 2013 y principios de 2014 lograron el efecto contrario: consolidaron la voz y el proyecto político de Gustavo Petro. Si queda alguien lúcido entre los golpistas, debería tomar nota: cualquier violación a la soberanía popular será respondida por el pueblo. Colombia ya no se somete a los designios de tres banqueros de Bogotá. ¿Sueñan con derrocar al gobierno? ¿Sueñan con regresar al antiguo régimen? Que lo intenten.
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