Modalidades De Contratación En El Proyecto De Ley 166 De 2023 Y Su Efectividad Para Los Trabajadores De La Plataforma Digital Rappi En Bogotá
Cristian Beltrán Barrero
Introducción
El Proyecto de Ley 166 de 2023 en Colombia busca regular las relaciones laborales en plataformas digitales como Rappi, abordando la formalización de contratos, la seguridad social y las condiciones laborales de los trabajadores. Este ensayo crítico analiza si las modalidades de contratación propuestas son efectivas para resolver las necesidades de los repartidores de Rappi en Bogotá, considerando las particularidades de la economía digital. Aunque el proyecto representa un avance hacia la protección de derechos, persisten ambigüedades en la definición de subordinación, la cobertura de seguridad social y la responsabilidad de las plataformas, lo que limita su capacidad para garantizar un trabajo digno (Congreso de la República de Colombia, 2023). Este análisis combina un estudio normativo, entrevistas a trabajadores y referencias internacionales para proponer mejoras que equilibren flexibilidad y garantías laborales (Bejarano-Duran, 2022).
Planteamiento Del Problema
La regulación laboral actual clasifica a los repartidores de Rappi como trabajadores independientes bajo contratos de prestación de servicios, lo que fomenta la informalidad y la desprotección en materia de seguridad social, riesgos laborales y prestaciones (Olaya Cruz, 2022). El Proyecto de Ley 166 de 2023 propone tres modalidades de contratación:
Contrato laboral dependiente, con subordinación plena. Contrato de trabajo autónomo, con afiliación obligatoria a la seguridad social. Contrato de colaboración coordinada, un modelo intermedio que reconoce cierta autonomía pero exige cotizaciones sociales.
Sin embargo, el proyecto no define claramente la subordinación ni aborda la variabilidad de ingresos, generando incertidumbre jurídica (Congreso de la República de Colombia, 2023). Este ensayo se pregunta: ¿Son las modalidades de contratación propuestas en el Proyecto de Ley 166 de 2023 suficientes para garantizar los derechos laborales de los repartidores de Rappi en Bogotá, considerando sus necesidades de flexibilidad, estabilidad y protección social? (Vargas Salazar et al., 2022).
Objetivo
Determinar la efectividad de las modalidades de contratación del Proyecto de Ley 166 de 2023 para resolver las problemáticas de los trabajadores de Rappi en Bogotá, identificando fortalezas, limitaciones y posibles consecuencias adversas (Congreso de la República de Colombia, 2023).
Metodología
Análisis del Artículo 24 del Proyecto de Ley 166 de 2023, que regula las modalidades de contratación (Congreso de la República de Colombia, 2023). Entrevistas cualitativas a repartidores de Rappi en Bogotá para identificar sus necesidades y problemáticas (Bejarano-Duran, 2022). Revisión de jurisprudencia colombiana y legislación comparada (España, México, UE) para contextualizar modelos regulatorios (Rodríguez Fernández, 2021). Evaluación de la figura del contrato realidad en el proyecto y su aplicabilidad (Sanjuanelo Ortiz, 2020). Identificación de riesgos y propuestas de mejora para optimizar la regulación (Perdomo et al., 2022).
Análisis Modalidades de Contratación en el Proyecto de Ley
El Artículo 24 propone tres esquemas contractuales, pero no establece criterios claros para determinar cuándo aplicar cada uno. Por ejemplo:
El contrato laboral dependiente implica subordinación, pero Rappi ejerce control indirecto (algoritmos, penalizaciones), lo que dificulta probar esta relación (Vargas Salazar et al., 2022). El contrato autónomo exige cotizaciones a la seguridad social, but no considera que muchos repartidores ganan menos del salario mínimo, haciendo inviable la afiliación (Hidalgo & Salazar, 2020). El contrato de colaboración coordinada busca un punto medio, pero su ambigüedad genera riesgos de interpretación que podrían perpetuar la precariedad (Congreso de la República de Colombia, 2023). Limitación: La falta de definición de subordinación y la no obligatoriedad de un salario mínimo para los autónomos dejan lagunas que las plataformas pueden explotar (Falla & Triana, 2023).
Problemáticas de los Trabajadores de Rappi en Bogotá: Basado en entrevistas y estudios como el de Sánchez (2020), los repartidores enfrentan:
Inseguridad social: La mayoría no cotiza a salud, pensión ni riesgos laborales, asumiendo estos costos como independientes (Sánchez, 2020). Inestabilidad económica: Los ingresos dependen de la cantidad de pedidos, con penalizaciones por rechazar entregas o bajas calificaciones (Bejarano-Duran, 2022). Riesgos laborales: Accidentes de tránsito y robos son comunes, sin seguros ni apoyo de la plataforma (Solidarity Center, 2020). Discriminación: Los migrantes venezolanos, que representan cerca del 60% de los repartidores, enfrentan xenofobia y barreras adicionales (Bedoya et al., 2024). Falta de infraestructura: No existen espacios de descanso o atención, obligando a los trabajadores a permanecer en la calle (Olaya Cruz, 2022). Consecuencia: La flexibilidad que ofrece Rappi es valorada, pero se traduce en precariedad al carecer de garantías mínimas (Hidalgo & Salazar, 2020).
Soluciones Propuestas en el Proyecto y el Contrato Realidad: El proyecto reconoce el principio de primacía de la realidad (Art. 53, Constitución; Art. 23, Código Sustantivo del Trabajo), permitiendo reclasificar contratos si se demuestra subordinación. Sin embargo:
No especifica cómo probar la subordinación en plataformas, donde el control es algorítmico (bonos, bloqueos, calificaciones) (Vargas Salazar et al., 2022). La carga de la prueba recae en el trabajador, lo que requiere procesos judiciales largos y costosos (Sanjuanelo Ortiz, 2020). El acuerdo Rappi-Unidapp (2023) promueve afiliación voluntaria a seguridad social, but no obliga a la plataforma a asumir costos, manteniendo el modelo de independencia (Infobae, 2023).
Limitación: Sin un mecanismo claro para identificar relaciones laborales encubiertas, el contrato realidad seguirá siendo una solución individual, no estructural (Falla & Triana, 2023).
Perspectivas Internacionales
España: La Ley Rider (2021) presume la laboralidad de los repartidores, obligando a plataformas como Glovo a contratar bajo vínculo dependiente. Resultado: Mayor protección, pero reducción de flexibilidad y despidos masivos (BOE, 2021). México: La reforma laboral (2021) exige cotizaciones sociales para trabajadores de plataformas, pero no define subordinación, generando incertidumbre (Diario Oficial de la Federación, 2021). UE: La Directiva de Plataformas (2023) propone un modelo híbrido con derechos mínimos (transparencia algorítmica, cotizaciones), adaptable a cada país (European Commission, 2023). Lección: Colombia necesita un modelo que combine derechos básicos con flexibilidad, evitando cargas que desincentiven el mercado (Rodríguez Fernández, 2021).
Consecuencias Potenciales del Proyecto
Positivas: Mayor acceso a seguridad social y reconocimiento de derechos para algunos trabajadores (Congreso de la República de Colombia, 2023).
Negativas: La rigidez de los contratos dependientes podría reducir la rentabilidad de las plataformas, llevando a recortes o cierres (L&E Global, 2023). La cotización obligatoria sin considerar ingresos variables podría excluir a trabajadores de bajos ingresos (Hidalgo & Salazar, 2020). La ambigüedad normativa podría generar litigios masivos sin resolver la precariedad estructural (Perdomo et al., 2022). Riesgo: Sin ajustes, el proyecto podría fomentar la informalidad al imponer obligaciones inviables para plataformas y trabajadores (Fairwork, 2024).
Propuestas De Mejora
Definir Subordinación Digital: Establecer criteria específicos para identificar el control algorítmico (penalizaciones, bonos, asignación de pedidos) como evidencia de subordinación (Vargas Salazar et al., 2022). Cotización Flexible: Permitir contribuciones a seguridad social basadas en ingresos reales, no en el salario mínimo, para incluir a trabajadores de bajos ingresos (Rodríguez Fernández, 2021). Seguro Obligatorio: Exigir a las plataformas financiar seguros de riesgos laborales para cubrir accidentes y robos (Solidarity Center, 2020). Transparencia Algorítmica: Regular el uso de algoritmos, garantizando información clara sobre asignación de pedidos y calificaciones (European Commission, 2023). Espacios de Apoyo: Obligar a las plataformas a proporcionar áreas de descanso y atención básica en Bogotá (Bejarano-Duran, 2022). Fortalecer la Acción Colectiva: Proteger el derecho a la negociación colectiva y crear canales efectivos de diálogo con los trabajadores (Bedoya et al., 2024). Modelo Híbrido: Adoptar un esquema de colaboración coordinada con derechos mínimos (salud, pensión, riesgos) que preserve la flexibilidad operativa (Fairwork, 2024).
Marco Teórico
Perdomo et al. (2022): Subrayan la necesidad de regular plataformas para garantizar derechos básicos sin eliminar la flexibilidad (Decálogo para una Agenda Laboral 2022-2026). Hidalgo y Salazar (2020): Critican la falsa autonomía promovida por plataformas, que oculta relaciones de dependencia (Precarización laboral en plataformas digitales). Rodríguez Fernández (2021): Propone adaptar la seguridad social a la economía digital, con cotizaciones flexibles (Plataformas digitales: desafíos laborales). Bedoya et al. (2024): Destacan la importancia de la acción colectiva para visibilizar la precariedad (Conflictos en plataformas digitales). Sanjuanelo Ortiz (2020): Analiza el contrato realidad, señalando que encubrir relaciones laborales genera perjuicios fiscales y sociales (Enriquecimiento sin justa causa). Falla y Triana (2023): Evidencian que el contrato de mandato de Rappi no se ajusta a la realidad laboral, abogando por el contrato realidad (La relación laboral para los domiciliarios de Rappi).
Conclusión
El Proyecto de Ley 166 de 2023 es un paso hacia la formalización de los trabajadores de plataformas digitales, pero sus ambigüedades en la definición de subordinación, la falta de flexibilidad en las cotizaciones y la omisión de riesgos laborales limitan su efectividad para los repartidores de Rappi en Bogotá. La regulación debe adaptarse a las dinámicas de la economía digital, combinando protección social con la flexibilidad que valoran los trabajadores. Las propuestas de cotización proporcional, transparencia algorítmica y seguros obligatorios podrían fortalecer el proyecto, evitando que perpetúe la precariedad. Este ensayo aboga por un enfoque multidimensional que garantice un trabajo digno sin comprometer la viabilidad del modelo de plataformas (Congreso de la República de Colombia, 2023; Perdomo et al., 2022).
Referencias
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